Aportes Para El Debate Sobre La Gestión Social (Subrayado)

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    22-Dec-2015

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Debate gestion social argentina

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<ul><li><p> 1</p><p>Instituto de Investigaciones Gino Germani </p><p>VI Jornadas de Jvenes Investigadores </p><p>10, 11 y 12 de noviembre de 2011 </p><p>Autoras: Mariel Karolinski1 - IICE-FFyL-UBA - marielkarolinski@yahoo.com.ar </p><p>Mara Ins Maan2 - IICE-FFyL-UBA - mariainesmaanon@yahoo.com.ar </p><p>Eje problemtico 11: Estado. Instituciones. Actores </p><p>Ttulo de la ponencia: Estado, educacin y organizaciones sociales: aportes para el debate </p><p>sobre la gestin social en la provincia de Buenos Aires. </p><p>Introduccin </p><p>En esta ponencia presentamos reflexiones comunes a dos investigaciones en curso que </p><p>comparten el inters por estudiar los diversos modos en que experiencias educativas </p><p>impulsadas por organizaciones sociales en la provincia de Buenos Aires disputan y/o logran </p><p>reconocimiento estatal.3 </p><p>Durante las ltimas dos dcadas, una multiplicidad de organizaciones territoriales se </p><p>han desarrollado en el seno de los barrios pobres del conurbano bonaerense como forma de </p><p>resistir y luchar contra los efectos excluyentes de las polticas neoliberales que implicaron la </p><p>retirada del Estado como garante de los derechos sociales bsicos, entre ellos la educacin. Si </p><p>bien en sus inicios se movilizaron sobre el sistema poltico a partir de una demanda de </p><p>asistencia, luego avanzaron en la creacin de sus propias instituciones y en la gestin de </p><p>polticas pblicas a nivel local (Merklen, 2004/5). </p><p>El crecimiento de este tejido organizacional en los territorios fue una de las formas en </p><p>que se manifest la creciente movilizacin popular a partir de la segunda mitad de los aos </p><p>1 Maestranda en Pedagogas crticas y problemticas socioeducativas, FFyL-UBA. Becaria UBACyT Maestra 2010-2012 en el Proyecto de Investigacin UBACyT (F112 - programacin cientfica 2008-2011): Los modos de construccin de la poltica pblica en el campo educativo: regulacin estatal, actores y procesos en el caso argentino, IICE-FFyL-UBA, bajo la direccin de Myriam Feldfeber. Este trabajo se integra en la sublnea del UBACyT Anlisis de los modos de construccin poltica y vinculacin con el Estado desde experiencias alternativas desarrolladas por Movimientos sociales, coordinada por la Lic. NoraGluz. 2 Maestranda en Pedagogas crticas y problemticas socioeducativas, FFyL-UBA. Investigadora del Proyecto de Investigacin UBACyT (F028 - programacin cientfica 2008-2011): La construccin social del cambio educativo. Una mirada poltico pedaggica a las continuidades y rupturas en las formas de lo escolar., IICE-FFyL-UBA, bajo la direccin de Dora Gonzlez. 3 La de Mariel Karolinski se enmarca en el plan de trabajo de la beca de maestra UBACyT: Estado y organizaciones sociales en las polticas educativas: el caso de la provincia de Buenos Aires (2003-2009), bajo la co-direccin de Myriam Feldfeber y Nora Gluz, con sede en el IICE-FFyL-UBA. La de Mara Ins Maan, se inscribe en su plan de tesis de maestra Las propuestas poltico-pedaggicas de los movimientos sociales y la disputa por lo hegemnico. Estudio del caso Ruca Hueney. </p></li><li><p> 2</p><p>90, que tuvo al movimiento piquetero de trabajadores desocupados como actor protagnico4. </p><p>El estallido de la crisis en diciembre del 2001 expres la acumulacin de estos procesos de </p><p>lucha y a la vez puso en evidencia una fuerte crisis de legitimidad5, a travs del rechazo a la </p><p>autorreferencialidad de la clase poltica hegemnica, reivindicando la intervencin sobre los </p><p>asuntos pblicos por parte de la ciudadana (Natalucci, 2011). </p><p>Esta conflictividad social que tuvo su pico durante el 2002, fue experimentando luego </p><p>un progresivo reflujo, producto de la combinacin entre las dificultades de las organizaciones </p><p>para sostener el nivel de intensidad y continuidad de las movilizaciones; la exigencia por parte </p><p>de la opinin pblica de retorno a la normalidad institucional frente a la amenaza de dilucin </p><p>social (Svampa, 2007); y un proceso de recuperacin gradual de la autoridad estatal y de </p><p>pacificacin del conflicto, impulsado desde el poder poltico, por medio del despliegue de un </p><p>mecanismo asistencial a travs de la distribucin masiva de planes sociales (Campione y </p><p>Rajland, 2006). Esta recomposicin hegemnica iniciada por el gobierno de Eduardo </p><p>Duhalde, continu y se consolid a partir de la asuncin de Nstor Kirchner en el ao 2003. </p><p>En un escenario favorecido tanto por los aires antineoliberales que se iban expresando en la </p><p>regin, como por los primeros signos de reactivacin del crecimiento econmico, el xito </p><p>de Kirchner radic en implementar una serie de medidas que generaron amplia expectativa </p><p>social, recolocando en primer plano el sistema institucional (Svampa, 2009), y neutralizando </p><p>los niveles de conflictividad a travs de una estrategia de construccin de poder dirigida a un </p><p>grupo especfico de las organizaciones populares movilizadas, recuperando sus demandas y </p><p>promoviendo, en ciertos casos, su integracin institucional. Esta situacin conllev </p><p>reconfiguraciones en los posicionamientos polticos de estos colectivos y en las lgicas de </p><p>accin subyacentes: mientras que algunos decidieron incorporarse a los aparatos de gestin, </p><p>otros rechazaron toda vinculacin con las estructuras estatales que limite procesos de </p><p>construccin autnomos (Karolinski, 2011). </p><p>No obstante el devenir que haya transitado cada organizacin, lo que resulta </p><p>indiscutible es que los procesos de lucha y resistencia de las dcadas pasadas dejaron como </p><p>saldo el reconocimiento de las organizaciones populares como interlocutores polticos vlidos </p><p>4 La lucha piquetera se combin con otras modalidades de accin y organizacin como las asambleas barriales y los distintos movimientos de empresas/fbricas recuperadas. 5 Esa crisis se expres en masivos procesos de resistencia y ofensiva popular que produjeron como corolario la huida del entonces presidente Fernando De la Ra (Rajland, 2008) y la dificultad de varios para asumir ese cargo en las semanas subsiguientes. </p><p>lucianoResaltado</p><p>lucianoResaltado</p><p>lucianoResaltado</p><p>lucianoResaltado</p><p>lucianoResaltado</p><p>lucianoResaltado</p><p>lucianoResaltado</p></li><li><p> 3</p><p>para los gobiernos, sea a travs de la asuncin de cargos pblicos, como en la incorporacin </p><p>de sus demandas en la agenda y en polticas concretas. </p><p>Esta situacin se evidencia tanto en Argentina como en diversos pases de Amrica </p><p>Latina en los que durante la ltima dcada han asumido gobiernos de nuevo signo (Moreira </p><p>et al, 2008) que han avanzado en el cuestionamiento y oposicin al consenso hegemnico </p><p>neoliberal de los aos 90, redefiniendo las funciones estatales y recuperando demandas de los </p><p>sectores populares movilizados (Moreira et al, dem; Sader, 2008; Seoane y Taddei, 2010; </p><p>Svampa, 2007; Thwaites Rey, 2010)6. Dentro de este gran polo progresista, los autores </p><p>diferencian entre aquellos pases como Venezuela, Bolivia y Ecuador7 que expresan un </p><p>cambio de rumbo ms claro hacia un modelo alternativo basado en la refundacin del Estado </p><p>y en la redistribucin y socializacin de los ingresos y las riquezas, y otros, como Brasil, </p><p>Argentina, Paraguay y Uruguay8, que recomponen el poder estatal de regulacin e </p><p>intervencin econmica en detrimento del protagonismo del mercado, aunque sin modificar la </p><p>matriz de la estructura social (Sader, dem; Seoane y Taddei, dem). Pese a las divergencias </p><p>sealadas, es posible identificar como aspectos comunes a todos los casos tanto la </p><p>reivindicacin de la poltica en su capacidad de ampliar el campo de los posible ms all de la </p><p>mera gestin de lo existente (Pousadela, 2010), como la asuncin de un posicionamiento de </p><p>mayor autonoma en relacin con las polticas globales, fundamentalmente respecto de los </p><p>organismos internacionales de crdito y de los lineamientos polticos estadounidenses para la </p><p>regin. En este sentido, los procesos de integracin regional y de cooperacin econmica y </p><p>social constituyen una apuesta importante9. Pero este nuevo escenario sociopoltico no est </p><p>exento de contradicciones, en la medida en que los nuevos gobiernos conviven con los de </p><p>pases como Per, Colombia, Mxico y Chile10, que sostienen la aplicacin de polticas de </p><p>corte neoliberal y la firma de tratados de libre comercio con Estados Unidos, en clara </p><p>continuidad con el modelo de la dcada anterior (Sader, dem; Thwaites Rey, dem). </p><p>6 De ah que hayan sido caracterizados por algunos autores como representativos de ese clima de efervescencia social (Massetti, 2010: 82) o que fueron posibles, en mayor o menor medida, por la resistencia de los movimientos al modelo neoliberal (Zibechi, 2009: 247). 7 Hugo Chvez (1999); Evo Morales (2006-2010 y 2010-); Rafael Correa (2007-). 8 Luiz Incio Lula da Silva (2003-2011) y Dilma Rousseff (2011-); Nstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernndez (2007-); Fernando Lugo (2008-); Tabar Vzquez (2004-2010) y Jos Mujica (2010-). 9 El impulso del ALBA (Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra Amrica) resulta paradigmtico. 10 Nos referimos a los gobiernos de Alan Garca (2006-2011); lvaro Uribe (2002-2006 y 2006-2010) y Juan Manuel Santos (2010-); Felipe Caldern (2006-) y Sebastin Piera (2010-). Los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet fueron caracterizados de manera contradictoria por los diversos autores: tanto en directa continuidad con el neoliberalismo de los 90, como dentro de aquellos procesos ms hbridos. </p><p>lucianoResaltado</p><p>lucianoResaltado</p><p>lucianoResaltado</p><p>lucianoResaltado</p><p>lucianoResaltado</p><p>lucianoResaltado</p><p>lucianoResaltado</p><p>lucianoResaltado</p><p>lucianoResaltado</p></li><li><p> 4</p><p>La complejidad y diversidad que presenta el panorama poltico latinoamericano tiene </p><p>su correlato en el campo educativo, que se expresa tanto en las orientaciones de las polticas </p><p>en marcha como en la sancin de nuevas leyes generales en diversos pases de la regin. An </p><p>con sus diferencias, las legislaciones muestran como denominador comn la recuperacin de </p><p>la principalidad del Estado como garante del derecho a la educacin (Saforcada y Vassiliades, </p><p>2011) y el reconocimiento con distintos matices a la participacin de las organizaciones de </p><p>la sociedad civil en el ejercicio de este derecho (Lpez, 2007), a partir de la relevancia y </p><p>visibilidad que han adquirido las experiencias educativas por ellas desarrolladas. </p><p>En el caso argentino, la incorporacin en la Ley de Educacin Nacional N 26.206 </p><p>(2006) de la gestin social como una nueva opcin de gestin educativa constituye un </p><p>avance en esta lnea, aunque presenta una serie de limitaciones: por un lado, se enmarca en la </p><p>redefinicin del sentido histrico de la dicotoma pblico-privado, que desde la reforma de los </p><p>90 ha quedado reducida a un problema de gestin; por el otro, como no establece qu </p><p>experiencias sern incluidas bajo tal definicin, habilita la disputa entre los diversos actores </p><p>por imprimirle sus propios sentidos as como por incidir en los modos en que avanzar la </p><p>reglamentacin en cada jurisdiccin (Karolinski, 2009 y 2011). </p><p>Especficamente en la provincia de Buenos Aires, la Ley de Educacin Provincial N </p><p>13.688 (2007) no incluye esta modalidad de gestin; sin embargo, se han oficializado -bajo la </p><p>rbita de privada- experiencias que buscan ser reconocidas como escuelas de gestin social. </p><p>De aqu que nos interesa identificar quines son los actores involucrados en esta disputa, </p><p>cmo significan tal denominacin, las instancias de articulacin que promueven, y los modos </p><p>de vinculacin que establecen con el Estado para avanzar en sus reivindicaciones. </p><p>El trabajo est organizado en dos partes. En la primera, presentamos una </p><p>caracterizacin de las principales tendencias en las orientaciones de las polticas educativas a </p><p>nivel regional, identificando las rupturas y continuidades con la agenda de los 90 a partir de </p><p>las leyes generales sancionadas, con especial atencin a las particularidades de Argentina. </p><p>Luego, profundizamos en los debates en torno a la gestin social, tomando el caso concreto </p><p>de las autodenominadas escuelas de gestin social de la provincia de Buenos Aires11. Nos </p><p>interesa discutir cmo estas iniciativas interpelan al espacio de lo pblico en educacin, en un </p><p>escenario que refleja las tensiones entre las huellas que dej el neoliberalismo y las </p><p> 11 Para la elaboracin de este trabajo nos valimos de diversas fuentes secundarias: legislacin y normativa vigente, as como documentacin y publicaciones de y sobre las organizaciones involucradas. </p><p>lucianoResaltado</p><p>lucianoResaltado</p><p>lucianoResaltado</p><p>lucianoResaltado</p><p>lucianoResaltado</p><p>lucianoResaltado</p><p>lucianoResaltado</p><p>lucianoResaltado</p></li><li><p> 5</p><p>posibilidades que abren las nuevas legislaciones para ampliar la esfera pblica en tanto </p><p>universalizacin de derechos (Sader, dem). </p><p>90s/ post 90s: qu cambia y qu pervive en la legislacin educativa? </p><p>Las funciones asumidas por los Estados latinoamericanos a partir del Consenso de </p><p>Washington y los cambios y/o continuidades que expresan hoy los gobiernos de nuevo </p><p>signo tienen su correlato en el campo de las polticas educativas. Tanto en los 90 como en el </p><p>transcurso de la ltima dcada se sancionaron en la mayor parte de los pases del continente </p><p>nuevas leyes de educacin que sirven como reflejo del contexto socio-poltico en que nacen, </p><p>los intereses en pugna y el lugar asignado a la educacin su finalidad en el marco de los </p><p>proyectos sociales ms amplios. </p><p> Durante la dcada del 90, el tema educativo fue puesto en el centro del debate y cobr </p><p>un lugar privilegiado en el modelo neoliberal y neoconservador que le otorgaba un rol </p><p>fundamental respecto de las posibilidades de crecimiento econmico y de desarrollo social. </p><p>Sumado a ello, el clima de optimismo que caracteriz los primeros aos de la dcada a partir </p><p>de los efectos iniciales de las reformas, as como la incidencia de las recomendaciones de </p><p>distintos organismos internacionales en materia de polticas pblicas favorecieron que las </p><p>polticas educativas fueran prioritarias en la agenda de los Estados (Lpez, 2007). En estrecha </p><p>sintona con las medidas que conllevaron la reforma estructural del Estado y el rediseo </p><p>institucional de sus funciones sociales, los gobiernos latinoamericanos de esa dcada </p><p>sancionaron leyes generales que promovieron los cambios necesarios para la transformacin </p><p>educativa. </p><p> Dichas leyes evidenciaron el lugar que el neoliberalismo hegemnico otorg a la </p><p>educacin que, segn diversos autores, se caracteriz por en el predominio de la lgica </p><p>mercantil que supone concebirla como un bien de consumo y al servicio del crecimiento </p><p>econmico; la reduccin del gasto pblico y la tendencia a la privatizacin; los procesos de </p><p>descentralizacin, las propuestas de autonoma institucional, de responsabilidad individual por </p><p>los resultados educativos y de aumento de la participacin de cada comunidad escolar; y la </p><p>centralizacin de mecanismos de control como la evaluacin de la calidad segn estndares </p><p>internacionales (Ball, 2002; Feldfeber, 2003; Pulido Chves, 2010; Torres, 2008). </p><p>lucianoResaltado</p><p>lucianoResaltado</p><p>lucianoResaltado</p></li><li><p> 6</p><p> En el caso de nuestro pas, un conjunto de leyes12 establecieron la base normativa que </p><p>orient dicha transformacin. El papel que el Estado argentino haba asumido desde la </p><p>conformacin del sistema educativo, car...</p></li></ul>

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