Aportes para un diálogo sobre el acceso a la justicia y reforma civil en América Latina

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    08-Nov-2015

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El Proyecto Apoyo a los Procesos Regionales de Dilogo para FomentarReformas en el Derecho y Reformas Judiciales en AmricaLatina ejecutado por la Agencia de Cooperacin Alemana GIZ porencargo del Ministerio Alemn de Cooperacin BMZ a travs delCentro de Estudios de la Justicia de las Amricas (CEJA) quiere reforzarel intercambio de experiencias con la reforma judicial en materiasno penales en los pases latinoamericanos. El debate con los actoresde los procesos de reforma tiene el objetivo mejorar el acceso a lajusticia especialmente para personas que pertenecen a grupos vulnerableso desfavorecidos de la sociedad y fortalecer procedimientosjudiciales justos y transparentes que satisfacen las exigencias del estadode derecho. Las personas involucradas en las reformas judicialesnacionales en Amrica Latina a menudo tienen que afrontar problemassemejantes.

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  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA

    Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

  • Publicada por:Centro de Estudios de Justicia de las Amricas

    Domicilio de la empresaRod 1950 Providencia

    Registro Propiedad Intelectual: 231490ISBN: 978-956-8491-27-7

    APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    VersinAgosto de 2013

    ImpresinAlfabeta Artes Grfi casSantiago

    Diseo PortadaFanny A. RomeroArgentina

    Distribucin gratuita

    Una publicacin fomentada por el Gobierno Federal de Alemania a travs de la Deutsche Gesellschaft fr Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

  • NDICE

    Presentacin ............................................................................7Introduccin ............................................................................9

    LOS SISTEMAS DE JUSTICIA NO PENAL EN AMRICA LATINA: INFORMACIN DE LA JUSTICIA CIVIL-MERCANTIL, LABORAL, DE FAMILIA Y CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA ...............................................................19I. Introduccin ..........................................................................19II. Estructura de los sistemas de justicia no penal en Amrica Latina ...................................................................22III. Informacin estadstica de la justicia no penal en los poderes judiciales .........................................................28IV. Conclusiones generales ...........................................................74V. Anexos ..........................................................................79

    LA ORALIDAD EN LOS PROCESOS CIVILES EN AMRICA LATINA.REFLEXIONES A PARTIR DE UNA OBSERVACIN PRCTICA .................................95 Introduccin ..........................................................................95 Captulo I. Contexto y complejidad de las reformas a la justicia civil en Amrica Latina .........................................99 Captulo II. La oralidad en la etapa de juzgamiento: el tratamiento de la prueba ....................................................108 Captulo III. La oralidad en la etapa de preparacin del juicio .....124 Captulo IV. Metodologa para conciliar .................................142 Conclusiones ........................................................................155 Anexo metodolgico .............................................................164

    INVESTIGACIN EXPLORATORIA SOBRE LA EJECUCIN CIVILEN AMRICA LATINA ........................................................................167I. Introduccin ........................................................................167II. Ejecucin civil: ms all de la declaracin de mrito .............169III. Resea del estado de los sistemas de ejecucin en America Latina ................................................................179IV. Anlisis especfi co de experiencias nacionales .......................182V. Sistematizacin y conclusiones..............................................201

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    MODELOS DE EJECUCIN DE SENTENCIAS CIVILES EN EUROPA: EXPERIENCIAS PARA LA IMPLEMENTACIN DE REFORMAS .................................217 Resumen Ejecutivo ................................................................217 Introduccin ........................................................................218 Parte 1. Una introduccin a los modelos de ejecucin civil en Europa .................................................221 Parte 2. Los modelos de ejecucin en Francia, Alemania, Inglaterra y Suecia .................................................................241 Parte 3. Sistematizacin y conclusiones .................................343 Parte 4. Conclusiones y consideraciones para la implementacin de reformas en materia de ejecucin ........367 Anexo. Metodologa ..............................................................369

    MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIN DE CONFLICTOS EN AMRICA LATINA. DIAGNSTICO Y DEBATE EN UN CONTEXTO DE REFORMAS ....375 Resumen ejecutivo ................................................................375 Introduccin ........................................................................376 MASC en Amrica Latina .......................................................378

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  • PRESENTACIN

    El Proyecto Apoyo a los Procesos Regionales de Dilogo para Fo-mentar Reformas en el Derecho y Reformas Judiciales en Amrica Latina ejecutado por la Agencia de Cooperacin Alemana GIZ por encargo del Ministerio Alemn de Cooperacin BMZ a travs del Centro de Estudios de la Justicia de las Amricas (CEJA) quiere refor-zar el intercambio de experiencias con la reforma judicial en materias no penales en los pases latinoamericanos. El debate con los actores de los procesos de reforma tiene el objetivo mejorar el acceso a la justicia especialmente para personas que pertenecen a grupos vul-nerables o desfavorecidos de la sociedad y fortalecer procedimientos judiciales justos y transparentes que satisfacen las exigencias del es-tado de derecho. Las personas involucradas en las reformas judiciales nacionales en Amrica Latina a menudo tienen que afrontar proble-mas semejantes. El programa intenta interconectarlos y apoyarles en sus tareas mediante cinco instrumentos:

    1. El establecimiento de una Plataforma Web que permite un intercambio sobre buenas prcticas.

    2. La produccin de conocimiento a travs de investigaciones exploratorias.

    3. La comunicacin y difusin a travs de seminarios interna-cionales.

    4. La produccin y ejecucin de un Curso Virtual.5. La elaboracin y ejecucin de un ciclo de Video-Chats.

    Parte de las actividades del proyecto consistieron en la investigacin exploratoria sobre diferentes aspectos de la reforma judicial, especial-mente sobre la oralidad de los procedimientos y mecanismos de reso-luciones alternativas. El objetivo de este catastro es contar con las he-rramientas necesarias para establecer un marco terico sobre el cual debiesen orientarse los procesos de reforma, en especial, aspectos

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    cruciales que permitan mejorar la solucin de confl ictos no penales y el mejoramiento del acceso a la justicia por parte de la ciudadana.El resultado de las investigaciones realizadas es la publicacin de este libro, sobre las siguientes temticas:

    1. Investigacin exploratoria sobre oralidad y sistemas por au-diencias en procesos judiciales no penales desarrollada por Erick Ros.

    2. Investigacin sobre la Resolucin Alternativa de Confl ictos desarrollada por Alejandra Mera.

    3. Investigacin exploratoria sobre ejecucin civil realizada por Macarena Vargas.

    4. Investigacin exploratoria sobre el sistema de ejecucin civil en Europa por Natalie Reyes.

    5. Investigacin exploratoria sobre la generacin de informa-cin estadstica en materias civiles por Carolina Villadiego.

    Considerando la complejidad de los procesos de reforma judicial en sistemas heterogneos de Latinoamrica estamos conscientes que las investigaciones dejan ms preguntas que respuestas. Pero esperamos que enriquezcan el debate. Sera un xito si los trabajos animaren a muchos otros abogados profundizar los diferentes aspectos y llenar los mltiples vacos todava existentes.

    El programa recibe dentro del encargo del BMZ el auspicio de la GIZ, que acta conforme con los objetivos generales del Gobierno Federal de Alemania: El respeto y la proteccin de los Derechos Hu-manos, el fomento de la democracia y del Estado de Derecho como requisito del desarrollo econmico. La GIZ agradece a los autores y a los colegas de CEJA por su gran dedicacin y su alto compromiso con los objetivos del proyecto.

    JRGEN KLENKDirector Residente GIZ en Chile

    BETTINA VON DUNGENDirectora de programas de GIZ en Bonn/Alemania

    Centro de Competencias Human Capacity Development Latinoamrica/Caribe

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  • INTRODUCCIN

    En los ltimos veinte aos Amrica Latina ha experimentado un pro-ceso muy intenso de reformas judiciales que han transformado bas-tante radicalmente los sistemas judiciales de la mayora de los pases. En una primera etapa los esfuerzos se concentraron en reformar la justicia criminal, ms recientemente se han orientado a modernizar el otro lado del sistema judicial que an estaba pendiente, que es la justicia civil.

    De inmediato, uno se pregunta por qu hay un inters comn por querer reformar la justicia civil. Cules son las razones que impulsan o motivan a los diversos pases de Amrica Latina para querer incur-sionar en este tipo de procesos. Para entenderlo debemos revisar el contexto poltico que rodea a esta serie de iniciativas regionales.

    Me parece importante recordar, antes de explicar mi planteamiento sobre el contexto de las reformas civiles, el proceso que se vivi en la justicia criminal. Todo este proceso se dio en un cierto contexto po-ltico que fue el que permiti alinear muchas voluntades para tareas tan arduas como aprobar los nuevos cdigos o conseguir el fi nancia-miento para un proceso de reforma que supuso un enorme crecimien-to del aparato de justicia.

    Es muy importante tener en cuenta que si miramos el proceso de re-forma a la justicia penal y analizamos su contexto y aqu estoy sim-plifi cndolo, por cierto ese contexto poltico fue el de la transicin a la democracia. De alguna manera, la reforma a la justicia penal es una hija de la transicin a la democracia, la que convoc, por ejem-plo, la preocupacin por los derechos humanos generada a partir de la dolorosa experiencia de los abusos que venan cometiendo los Estados latinoamericanos respecto a los individuos en el marco de regmenes dictatoriales. Por otro lado, fue muy potente la presencia en ese periodo de la cooperacin internacional que fue un actor fun-

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    damental de la reforma en algunos pases, esa cooperacin tambin estuvo motivada por el proceso de transicin. Fue este marco poltico el que viabiliz la puesta en prctica de ideas que los juristas venan cultivando desde haca mucho tiempo.

    Por eso me parece interesante detenern os sobre el contexto poltico que hoy tenemos en Amrica Latina y que es muy distinto. Yo no soy cientista poltico ni pretendo serlo, y probablemente mi anlisis pol-tico puede ser limitado. A su vez, s que hay mucho temas que consi-derar y que la situacin en general es compleja, pero para efectos de esta presentacin me enfocar en dos fenmenos que hoy da suelen percibirse en cualquier trabajo donde se discuten las perspectivas de Amrica Latina en el tema y que son muy interesantes para proyectar lo que puede ser una reforma a la justicia no penal.

    Por una parte se observa de manera bastante generalizada en toda Amrica Latina una preocupante desafeccin de la poblacin de las instituciones creadas con tanto esfuerzo durante el proceso de transi-cin a la democracia. Esta desafeccin se ve sin duda acentuada en la medida que en nuestros pases sectores importantes de la poblacin estn de hecho excluidos de muchos de los benefi cios de la sociedad moderna y que tampoco cuentan con la posibilidad real de hacer va-ler en su favor las posibilidades de participacin que ofrecen las insti-tuciones del sistema democrtico.

    Una segunda cuestin tiene que ver con el surgimiento de diversos movimientos sociales que se expresan con mucha fuerza en los di-versos pases y que expresan las demandas insatisfechas de los ciuda-danos frente al sistema institucional. Actualmente existen grupos de ciudadanos que en todos los pases se empiezan a organizar, que en algunos casos salen a la calle o que se manifi estan a travs de los me-dios de comunicacin y que hacen demandas bastantes especfi cas y potentes que dan cuenta de esta insatisfaccin expresada de distintas maneras.

    Asimismo podemos observar el surgimiento de la nueva clase me-dia, fenmeno comn en varios pases de Amrica Latina en donde personas que vienen de cierta marginalidad hoy acceden a un em-pleo y adquieren ciertos bienes, empiezan a participar, a validarse y a empoderarse, que es uno de los verbos que ms se conjugan en nuestros pases. Entonces, estos grupos se organizan y demandan una serie de temticas, por ejemplo, asociadas al consumo, al medio am-biente, a los derechos laborales o de grupos minoritarios.

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  • Lo interesante es que esta situacin poltica actual, que es en la que tienen puestos sus ojos nuestros gobernantes y respecto a la cual se sienten permanentemente interpelados y cuestionados, tiene un correlato muy claro en el rea de la justicia. Una parte de estas de-mandas sociales por inclusin y participacin se est traduciendo de manera muy activa en demandas que caen sobre el mundo judicial. Uno podra identifi car probablemente muchas expresiones de esto, pero ac nombraremos algunas.

    Muchos de estos confl ictos que se resuelven a nivel poltico o legis-lativo tienen tambin expresiones judiciales, es decir para darles es-pacio o expresin se requerira que el foro judicial pudiese recibirlas y procesarlas. No obstante, se percibe que cuando estas demandas llegan al mundo judicial se encuentran con ciertas barreras que tie-nen que ver con que el proceso judicial es formalista, y que adems muchas de estas necesidades corresponden a personas que tienen po-cos recursos, o incluso se trata de demandas que individualmente se consideran poco signifi cativas como para justifi car un proceso judi-cial complejo, que requiere contratar un abogado, pagar honorarios, esperar mucho tiempo para que se resuelva, etc. En general hay un problema de acceso a la justicia que uno lo siente muy claro cuando conversa con quienes estn detrs de estos procesos sociales que ve-nimos describiendo.

    Tambin hay muchas de estas demandas que tienen que ver con cuestionamientos asociados a la legitimidad del sistema judicial. Se percibe que el proceso judicial es oscuro y que muchas veces hay problemas de corrupcin. En Amrica Latina es difcil negar que exis-te corrupcin judicial, pero aun cuando no est presente, como los procesos suelen ser pocos transparentes, escritos y de poco acceso al ciudadano comn, existe una percepcin de oscuridad que aumenta la sospecha.

    Adems, hay una percepcin de que en muchos casos el proceso judicial tiene bajos niveles de especialidad y que los temas son alta-mente tcnicos. Por ejemplo, nos ha tocado discutir en temas de sa-lud o medio ambiente y la percepcin es que cuando estos temas se llevan al proceso judicial, nuestros jueces y abogados no cuentan con herramientas tcnicas necesarias para participar en estas discusiones que son ms complejas y que requieren soluciones muy especfi cas en el contexto de disciplinas altamente especializadas.

    Por otro lado, hay un cuestionamiento de legitimidad basado en el que podramos llamar dfi cit democrtico de los jueces. A diferen-

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    INTRODUCCIN

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    cia de otros poderes del Estado, los jueces no son elegidos popular-mente y eso muchas veces genera crticas muy duras a sus decisiones. Podramos dar ejemplos en muchos pases donde se estn dando estos cuestionamientos entre un poder poltico que evoca ser la ex-presin de la mayora, el cual se enfrenta con algunas difi cultades generadas en el nivel judicial, y una de las crticas que se formula es que los jueces no son capaces de expresar la voluntad de la mayora.Finalmente existen cuestionamientos asociados a la efi cacia. Pondr solamente un punto que me parece central y que es uno de los cues-tionamientos de efi cacia ms claro. Aun en aquellos casos en que se logra superar las barreras de acceso al proceso judicial producto de reformas u otras polticas, los usuarios se encuentran con la barrera del cumplimiento de las sentencias. Nuestros sistemas son defi citarios a nivel de procesos declarativos, pero lo son mucho ms en trminos de la posibilidad de obtener una ejecucin efi caz.

    En este contexto, en el que los gobiernos y congresos estn siendo cuestionados por grupos sociales insatisfechos, es natural que su prin-cipal preocupacin frente al sistema judicial consista en favorecer el acceso, esto es, que este se abra a la perspectiva de recibir, pro-cesar y ojal satisfacer a lo menos en parte la enorme cantidad de demandas que las sociedades formulan a la institucionalidad demo-crtica y cuya frustracin es causa de desafeccin e inestabilidad. A partir de esta situacin, lo que estamos observando es el surgimiento de una enorme cantidad de iniciativas de innovacin destinadas a responder a este tipo de demandas. Son en general iniciativas frag-mentarias, que se desarrollan en distintos niveles y alcances y que funcionan en orientaciones y categoras bastantes diferenciadas.

    Mencionar algunos aspectos de estas iniciativas:

    Estamos viendo el surgimiento de una gran cantidad de lo que podra-mos llamar reformas judiciales sectoriales, es decir, normalmente reformas que no emanan del mundo judicial, sino de sectores so-ciales determinados. Por ejemplo, las reformas laborales que vienen desde el mundo de los sindicatos y de los ministerios del Trabajo, sos-tuvieron la necesidad de mejorar la capacidad de respuesta frente a las demandas de los trabajadores, por lo que se plante como posible solucin reformar la justicia laboral. As, podramos tambin vincular las reformas en tribunales familiares, que en realidad fueron la expre-sin de un movimiento vinculado ms bien a la reivindicacin de los derechos de la mujer que se dio en muchos pases con gran fuerza y que plantea como una sus demandas agilizar los procesos destinados

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  • a dar vigencia a derechos importantes. Es as que desde el mundo so-cial se realizan estas demandas y surgen estos procesos.

    Pero tambin hay una gran cantidad de iniciativas destinadas a crear respuestas ms directas. En el mundo poltico es comn que consi-deren muy complejo realizar reformas ms amplias e integrales al mundo judicial, por lo que se generan vas ms rpidas para intentar responder las necesidades ciudadanas. Por ejemplo, hay varios pases en que hay tendencia a hacer crecer la defensa pblica para abordar estos problemas con asesora legal. Otros ejemplos de apuestas a solu-ciones ms directas son la creacin de casas de justicia o de sistemas de justicia comunitaria, o la bsqueda de distintas formas de ubica-cin de servicios judiciales o parajudiciales en sectores, por ejemplo, de marginalidad urbana. En Chile se desarroll hace poco una inicia-tiva de tribunales vecinales que consista en concentrar una serie de servicios destinados para recibir las demandas de justicia de sectores populares urbanos, que inclua mediadores, rbitros, abogados y asis-tentes sociales, etc. Otro ejemplo concreto es la justicia de paz. En va-rios pases se est discutiendo la posibilidad de revivir esta justicia de paz tradicional, ya sea conformada por jueces letrados o no.

    Este movimiento de iniciativas lo percibimos como muy dinmico y que est generando una enorme posibilidad de innovacin, pero creemos que estas experiencias, que se estn empezando a manifes-tar y que estamos empezando a evaluar, dan cuenta que su carcter fragmentario no es solo a nivel temtico. Por ejemplo si se puede re-solver de modo aislado algunos problemas de la justicia laboral o de familia. Tambin es fragmentario desde el punto de vista instrumental. Es decir, est la idea de que cuando se presenta una demanda ciuda-dana que requiere una respuesta de carcter jurdico, la forma de re-solverlo es implementando un determinado instrumento, por ejemplo, estableciendo que se incorporar la mediacin, o que se les dar ms acceso a defensores pblicos. Esta no parece ser una forma efi caz de abordar la problemtica segn lo veremos ms adelante.

    Por otro lado, yo dira que tambin estamos viendo resurgir la idea de la reforma procesal civil integral. Podramos mencionar a Colombia, Chile y Ecuador que estn discutiendo reformas judiciales integrales. Una de las caractersticas que tiene este proceso, para vincularlo con lo que vena planteando, es que este proceso se ve un poco dbil por-que le ha costado vincularse con las fuerzas sociales. Son reformas que tienen una expresin acadmica que se traducen en nuevos cdi-gos, pero que es difcil que puedan adquirir fuerza poltica porque no

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    INTRODUCCIN

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    se vinculan con estas fuerzas sociales que son las que convocan hoy a la poltica.

    Nuestra visin es que el dfi cit de todas estas lneas de trabajo con-siste precisamente en su carcter fragmentario. Existen pases que han avanzado en provisin de mejor defensa pblica. Vamos a poner defensores pblicos a los trabajadores, a los grupos rurales que de-mandan tierras, a grupos indgenas. Los defensores van a poder hacer mucho por ellos, darles informacin, empoderarlos, gestionar una se-ries de acuerdos, etc., pero llega un momento en que deben ir a un proceso judicial y ah volvemos a las tradicionales barreras de acce-so, por ejemplo la lentitud de los procesos. Entonces todo ese trabajo de los defensores, que puede ser muy positivo, lleno de mstica y de buenas intenciones, se topa con el sistema judicial. Entonces surge la pregunta de si se puede avanzar en mejorar la defensa pblica sin modernizar el proceso judicial. Creemos que no.

    Otra solucin planteada es la de la reforma judicial. Su problema es que no siempre el discurso procesal tradicional se hace cargo del tema de acceso. Estas reformas tienden a modernizar, agilizar y dar ms calidad y legitimidad al proceso judicial Se trata de introducir principios como la oralidad o la inmediacin en el marco de los pro-cesos que hoy da el sistema conoce, que son procesos que tienen cierta cuanta y que en general responden a demandas de ciertos sectores sociales relativamente ms integrados. Pareciera ser indispen-sable que cualquier reforma judicial, si es que es esa es la estrategia predominante, debe ser capaz de integrar otros elementos, como por ejemplo toda la temtica del acceso por la va de la provisin de ser-vicios de defensa jurdica, la integracin de respuestas alternativas que funcionen de manera coordinada y coherente con las respuestas judiciales. Lo mismo con los sistemas alternativos. En Amrica Lati-na por ejemplo hay muchas iniciativas de mediacin pero hay una limitacin clara con la contraparte del proceso judicial. En los casos en que se llegue a acuerdo debe pasar por un sistema de ejecucin que funciona muy defi citariamente. O incluso en el desarrollo de la doctrina misma de la mediacin, esta habla de que es un proceso que permite construir un acuerdo participativamente entre sujetos que gozan de derechos, es decir, entre ciudadanos iguales empoderados de ciertos derechos; bueno, si estos sujetos no cuentan con un proce-so judicial que permita reconocer esos derechos, la mediacin no se basa en este sustento bsico.

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  • Otro ejemplo importante es que paralelamente con estas iniciativas motivadas por temas sociales, siguen existiendo muchas iniciativas de innovacin vinculadas a temas de gestin y tecnologa. Nuestros poderes judiciales siguen invirtiendo mucho dinero, y eso es bueno en principio, en mejoras de innovacin de gestin y tecnologa. Pero algo que ya hemos aprendimos en la reforma al proceso criminal es que estas innovaciones tienen que estar conectadas con innovaciones sustantivas. La pura innovacin en tecnologa no genera efectos ben-fi cos en el tema que nos interesa que es ampliar el acceso y brindar servicios de mejor calidad si no est conectada por ejemplo a as-pectos procesales. Tratar de modernizar y agilizar los mismos viejos procesos, por ejemplo, poniendo gerentes en los tribunales o ponien-do programas de seguimiento de casos, sabemos que no funciona en trminos de favorecer el acceso, sus benefi cios tienden a quedarse al interior de la organizacin.

    Lo que nosotros pretendemos a partir de este anlisis tan general es convocar a un dilogo que tenga algunos principios que para noso-tros son fundamentales.

    En primer lugar, queremos sealar que hay bastante informacin en la regin sobre la justicia civil, con lo que queda claro que no partimos de cero. En Amrica Latina se han hecho muchas cosas. En la medida que nosotros hemos comenzado a sistematizar la informacin nos he-mos sorprendido con la gran cantidad de actividades que se han he-cho. El primer paso es conocerlas, tener a mano la informacin para que sean comparables, para luego determinar cules han sido los xitos, alcances y condiciones para lograr esto, y por supuesto cules factores han condicionado algunos fracasos.

    En segundo lugar, queremos que este dilogo sea integrador, que es lo ms difcil. Nosotros percibimos que junto con existir estas inno-vaciones fragmentarias tambin nuestra conversacin es fragmentaria. En general los profesionales que trabajamos en estas distintas reas tendemos a agruparnos en corporaciones, sectores o segmentos que dialogan y se validan mutuamente, pero con poca apertura hacia los dems. Los procesalistas, yo me categorizara en ese mbito, conoce-mos ms bien poco de las dems iniciativas. As por ejemplo, quienes trabajan en la defensa pblica estn muy concentrados en su propia gestin y perspectivas de su crecimiento; quienes trabajan en las reas de mediacin o gestin, les ocurre algo similar. Es indispensa-ble empezar a dialogar entre todos estos grupos que tienen experien-cias valiosas y particulares, lo que es difcil porque generalmente los incentivos no lo favorecen.

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    INTRODUCCIN

  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    Esperamos, como CEJA, crear espacios para tener este dilogo in-tegrado, porque pensamos que en el futuro uno de los principales indicadores de mejora en la calidad de las respuestas que el Estado latinoamericano formula a los ciudadanos en el rea de la justicia, va a depender de un manejo de mltiples instrumentos que funcionen de manera integrada, aun cuando debamos resolver un problema es-pecfi co.

    Si alguien me dijera que debemos resolver un problema por la inefi -cacia en el funcionamiento de las demandas de arrendamiento, por ejemplo, lo ms probable es que yo tenga que recurrir para poder dar respuesta a un conjunto complejo de instrumentos. La respuesta tradi-cional sera hacer una reforma a la ley procesal, pero ya sabemos que eso funciona muy limitadamente, por lo que probablemente vamos a tener que introducir algunas formas de mediacin, tendramos que mejorar la ejecucin (aunque sea solo en ese sector), incluso mejorar tambin la provisin de servicios de asistencia jurdica. Sin esa res-puesta integradora nos parece muy difcil mejorar el acceso y la cali-dad del servicio al ciudadano.

    Como CEJA venimos trabajando en esta temtica hace unos aos, y dentro de las diversas actividades que hemos realizado, se erigen una serie de investigaciones que se elaboraron en reas que nos parecen especialmente sensibles, y que forman parte de esta publicacin y motivan esta presentacin. Estas investigaciones son parte de un pro-yecto ms amplio desarrollado junto a la Agencia de Cooperacin Alemana (GIZ), que tiene por objetivo apoyar los procesos de reforma a la justicia civil en Latinoamrica.

    Una primera investigacin tuvo como objetivo la produccin de informacin cuantitativa. Queremos saber cul es el volumen de la justicia civil, cules son las reas, ingresos y temas que se discuten en nuestros tribunales no penales. La idea central era generar infor-macin estadstica que se transforme en un insumo importante para caracterizar la realidad de los pases respecto a la justicia civil como tambin para disear e implementar los procesos de reforma en la materia.

    Una segunda investigacin aborda un tema que nos parece clave, que es la ejecucin. Queremos conocer lo que se est haciendo en mate-ria de innovacin de ejecucin en Amrica Latina y tambin quere-mos tener un conocimiento lo ms cercano posible a la experiencia comparada, sobre todo la europea, la cual se ha distanciado de la

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  • realidad de Amrica Latina. En Europa estn haciendo en materia de ejecucin cosas que no tienen nada que ver con las que nosotros in-sistimos en hacer, y es muy interesante analizar eso.

    La tercera investigacin se refi ere a la situacin de la oralidad. En Amrica Latina existe bastante experiencia en la introduccin de la oralidad en los procesos no penales. Lo que busca esta investigacin no es abordar tanto el tema doctrinario sino ms bien lo que ha pa-sado realmente en Amrica Latina, si han funcionado las audiencias, por qu funcionan, en qu hiptesis funcionan y cules no.

    Por ltimo, tenemos una investigacin que aborda los mecanismos al-ternativos de solucin de confl ictos (MASC), los cuales han tenido un gran desarrollo en Amrica Latina, por lo que el objetivo de esta in-vestigacin fue realizar un diagnstico del estado actual de la regin en esta materia y a su vez empezar a sistematizar diversas experien-cias en trminos comparativos.

    Todos estas investigaciones esperan ser el inicio de una serie de tra-bajos que permitan contribuir y enriquecer el debate en Latinoamri-ca, para as lograr que los procesos de reforma sean exitosos y pue-dan responder a las expectativas sociales que un sistema de justicia moderno debe razonablemente asegurar.

    CRISTIN RIEGO RAMREZDirector Ejecutivo

    Centro de Estudios de Justicia de las Amricas

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    INTRODUCCIN

  • LOS SISTEMAS DE JUSTICIA NO PENAL EN AMRICA LATINA: INFORMACIN DE LA JUSTICIA CIVIL-MERCANTIL, LABORAL, DE FAMILIA Y CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

    CAROLINA VILLADIEGO BURBANO*

    I. INTRODUCCIN1

    El sistema de justicia no penal en Amrica Latina est compuesto por diversas materias, tales como, civil-mercantil, laboral y de familia. Algunos pases tienen especializadas otras materias contencioso-ad-ministrativas, constitucional, agraria, inmobiliaria, niez y adolescen-cia, entre otras. Lo cierto es que aquellos pases que no cuentan con algunas reas especializadas, las tienen dentro de otras reas, por lo cual, el anlisis de la informacin debe tener presente que cada pas ha defi nido la competencia de sus materias especializadas, sin que haya necesariamente coincidencia entre ellos.

    Durante los ltimos aos ha existido un movimiento encaminado a reformar la justicia no penal. Su motivacin ha sido diversa: inspira-

    * Abogada de la Universidad de los Andes de Colombia, con Maestra en Ciencia Po-ltica y Sociologa de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO.

    1 La elaboracin de este documento cont con la colaboracin de diversas personas que facilitaron informacin ofi cial de los sistemas de justicia de sus pases. De esta manera, quisiera agradecer de manera particular a los presidentes de las Cortes Supremas de Chile, Costa Rica, Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay y Uruguay, as como, a los del Consejo de la Judicatura de Colombia y Ecuador. Igualmente, quisiera agradecer a: Germn Garavano en Argentina; Tere-sa Ledezma, en Bolivia; Gloria Cecilia Cuello, Sigem Arbaje y Melissa lvarez, en Repblica Dominicana; Diego Zalamea y Johanna Surez, en Ecuador; Jaime Emmanuel Valle Torres, en El Salvador; Elosa Amelia Yoc Smith, en Guatemala; Norma Cristina Benavides y Sandra Lizeth Avelar Rajo, en Honduras; Vctor Rodas en Paraguay; y Fernando Tovaglaire, en Uruguay.

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  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    cin en la reforma penal, necesidad de garantizar la oralidad, criti-cas de determinados sectores sobre su funcionamiento (econmico, poltico, organizaciones sociales, etc.), modernizacin de la justicia, entre otras. As, varios pases han reformado algunas de sus reas no penales (Honduras, El Salvador, Costa Rica, Colombia, Chile, por ejemplo); otros, tienen proyectos avanzados de reforma (Chile, Costa Rica, por ejemplo); y otros, discuten este tema en la actualidad. Por ello, la necesidad de analizar la justicia no penal en Amrica Latina recobra importancia en momentos reformistas, pues la experiencia en reforma judicial muestra la necesidad de partir de diagnsticos claros sobre su estructura y funcionamiento, para realizar reformas especfi -cas. Un elemento esencial para lograr este cometido, es proporcionar informacin especfi ca que permita profundizar el anlisis de deter-minados temas de cada una de las reas especializadas, y que nutra las discusiones de reforma.

    Teniendo en cuenta lo anterior, este texto persigue describir los sis-temas de justicia no penal en Amrica Latina, a partir de un anli-sis genrico de su estructura y composicin, y de datos especfi cos sobre su funcionamiento. Para ello, aporta elementos que permiten identifi car las distintas materias no penales en los pases, y algunos anlisis estadsticos en materia civil-mercantil, laboral, de familia, y contencioso-administrativa. Es importante advertir que el anlisis rea-lizado proporciona informacin general sobre la justicia no penal en la regin, que permite extraer algunas conclusiones y recomendacio-nes genricas, pero sobre todo, pone de manifi esto la necesidad de profundizar el anlisis segn las realidades especfi cas de los pases.

    Este documento fue elaborado en el marco de una investigacin para el Centro de Estudios de Justicia de las Amricas, CEJA, y la Coopera-cin Alemana GIZ. Su elaboracin implic una extensa recopilacin de informacin. En primer lugar, se enviaron solicitudes de informa-cin a los distintos poderes judiciales de los pases latinoamericanos, que fueron contestadas por diez pases (Chile, Colombia, Costa Rica, Rep. Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Para-guay y Uruguay). La informacin y los datos de dichos pases corres-ponde a la brindada por ellos en los cuestionarios enviados, salvo en los temas excepcionales mencionados en el anexo N 1 de este texto. En algunos casos, la informacin enviada fue objeto de revisin con las personas correspondientes en cada pas, y aclaracin de inquietu-des sobre la misma. En segundo lugar, se busc y encontr informa-cin estadstica sobre la mayora de pases de la regin. En los pases en los que no se cont con la respuesta a la solicitud de informacin,

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  • los datos presentados en el texto provienen de los informes ofi ciales publicados por los poderes judiciales (Bolivia, Brasil, Nicaragua, M-xico, Per), y de informes secundarios realizados por otras institucio-nes (Argentina).

    En tercer lugar, el documento cont con informacin de dos estudios globales: el informe del Banco Mundial sobre Doing Business2 en 2012, y el informe de The World Justice Project Rule of Law Index3 de 2011. La metodologa empleada para elaborar dichos informes corresponde a la realizacin de encuestas y cuestionarios a distintas personas en los pases (particularmente, abogados), y la elaboracin de resultados a partir de las respuestas realizadas. Por ello, aunque los resultados presentados en dichos informes corresponden a la per-cepcin de los encuestados, no dejan de ser relevantes para un an-lisis comparativo, pues parten de las mismas preguntas para todos los pases.

    Ahora bien, el presente documento est dividido en cuatro partes. A continuacin, se presenta una descripcin de la estructura de los sis-temas de justicia en materia no penal en la regin. Despus se hace referencia a los datos estadsticos comparativos de los sistemas de justicia no penal en Amrica Latina, particularmente, a datos globales de la justicia civil-mercantil, laboral, de familia y contencioso-admi-nistrativa, siendo que el informe realiza mayor nfasis en la primera. Luego se presentan unas conclusiones generales que incluyen suge-rencias para una reforma a la justicia no penal a partir del anlisis de la informacin. Finalmente se adjuntan tres anexos. El primero, es el anexo metodolgico que explica las fuentes de informacin utilizadas en cada pas, los datos empleados para la realizacin de los clculos, los datos enviados por cada pas y algunas aclaraciones sobre los mismos. El segundo contiene los indicadores utilizados en este informe. Y el tercero incluye la solicitud general enviada a los poderes judiciales de la regin para obtener la informacin que aqu se presenta. Por ltimo, es necesario advertir al lector que, debido a la multiplicidad de diferencias entre los pases de la regin para conceptualizar, recolectar y difundir la informacin de la justicia no

    2 La explicacin de la metodologa utilizada en ese proyecto puede encontrarse en: http://www.doingbusiness.org/methodology (ltima vez consultado en febrero de 2013).

    3 La explicacin de la metodologa utilizada en ese proyecto puede encontrarse en: http://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index (ltima vez consultado en febrero de 2013).

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    penal, es difcil obtener datos que permitan realizar comparaciones precisas. Sin embargo, este texto ofrece una aproximacin a ello.

    II. ESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE JUSTICIA NO PENAL EN AMRICA LATINA

    En los pases de Latinoamrica la estructura de los sistemas de justi-cia no penal es compleja. Lo anterior se debe principalmente a que: a) estn compuestos por un sinnmero de instituciones pblicas y privadas que van ms all del Poder Judicial; y b) estn compuestos por diversas reas temticas cuya defi nicin y alcance vara entre los pases, entre las que se encuentran lo civil-mercantil, laboral, familia, contencioso-administrativo, y otras segn cada pas (constitucional, agraria, inquilinato, niez y adolescencia, entre otras). Por ello, ana-lizar la informacin de estas reas desde una perspectiva comparada es complejo, debido a la diversidad de estructuras que componen el sistema en cada pas, y a las reas y subreas especializadas en ellos.

    Ahora bien, en trminos generales, y aunque existen variantes en cada pas, se puede decir que el sistema de justicia no penal en Am-rica Latina est compuesto por rganos que integran el Poder Judicial; justicia indgena que algunas veces formar parte del Poder Judicial y otras veces no lo hace; instituciones del Poder Ejecutivo, organismos pblicos externos a los poderes pblicos mencionados anteriormente; organismos privados y litigantes particulares.

    En el mbito del Poder Judicial, el sistema est compuesto por jueces de primera instancia que pueden ser multicompetentes o especiali-zados; jueces que conocen los recursos contra las decisiones de pri-mera instancia, y las cortes supremas. La mayor carga de trabajo est concentrada en la primera instancia, entre otros motivos, porque los recursos contra decisiones de primera instancia estn ms limitados en los asuntos no penales. Respecto de los jueces de primera instan-cia, estos son de dos tipos: especializados o multicompetentes. Los primeros, usualmente tienen competencia sobre una materia espec-fi ca, principalmente civil-mercantil, laboral, familia, u otra (niez y adolescencia, agrario, inquilinato, y contencioso-administrativo). Y los segundos, tienen competencia mixta en casos civiles, laborales, familiares, e incluso, penales; y algunas veces son considerados pri-mera instancia, y otras veces no lo son, aunque conocen por primera vez una controversia en estas materias.

    22

  • En el mbito de las instituciones distintas al Poder Judicial, el sistema est integrado por diversos programas y servicios. En primer lugar, existe una amplia gama de servicios ofrecidos por el Poder Ejecutivo. Estos incluyen instancias que ejercen funciones jurisdiccionales para la resolucin de controversias (superintendencias en Colombia, por ejemplo); y programas de mediacin, conciliacin y arbitraje que permiten resolver controversias no penales. En segundo lugar, exis-ten instituciones estatales no vinculadas a los poderes ejecutivos que ejercen funciones jurisdiccionales (tribunales especiales), y tambin aquellas que brindan mecanismos alternos de solucin de confl ictos.

    En tercer lugar, se encuentran organismos privados que brindan ser-vicios de representacin legal o mecanismos alternos de solucin de controversias. Y fi nalmente se encuentra un gran nmero de litigantes particulares.

    Fuente: Elaboracin propia.

    La estructura compleja del sistema de justicia no penal genera va-rias consecuencias. La primera, es que el Poder Judicial no detenta de manera exclusiva la potestad de adjudicar las controversias, pues tambin estn facultados en algunos casos organismos del Poder Eje-cutivo, de otros poderes pblicos, o particulares. As, por ejemplo, existen instancias del Poder Ejecutivo que resuelven controversias en materia de consumo, servicios pblicos, contencioso-administrativo y familia; tambin, existen tribunales de libre competencia y de arbitra-mento, entre otras. Esto vara en cada pas.

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    La segunda consecuencia, es que la diversidad de instituciones facul-tadas para adjudicar confl ictos hace difcil que se pueda conocer con exactitud la cantidad de casos no penales que se tramitan anualmente en el sistema de justicia. En efecto, no hay sistemas integrados de informacin que permitan contar con datos absolutamente exactos sobre la litigiosidad de un pas. Usualmente, el Poder Judicial tiene estadsticas de sus ingresos que no involucran los casos conocidos en otras jurisdicciones; y las otras jurisdicciones tienen estadsticas que no involucran los casos de conocimiento del Poder Judicial. Por ejemplo, en aquellos pases donde la primera instancia de los asuntos contencioso-administrativos o de consumo se resuelven en el Poder Ejecutivo, si los casos no ingresan al Poder Judicial despus, no se contabilizan en sus estadsticas.

    La tercera consecuencia es que las materias no penales usualmente son transigibles, lo que ha extendido el uso de mecanismos alternos de solucin de confl ictos, especialmente la mediacin, la concilia-cin y el arbitraje. Su inclusin se ha dado con distintas justifi cacio-nes, tales como el fortalecimiento del acceso a la justicia y la descon-gestin del Poder Judicial, entre otras. Han sido regulados por leyes generales y especfi cas, son brindados de manera pblica o privada, y tambin, al interior o exterior del Poder Judicial.

    La diversifi cacin de la oferta de mecanismos alternos de solucin de confl ictos tampoco ha estado acompaada de un sistema de in-formacin integrado sobre su uso y efectividad. Actualmente, no es posible saber cuntos casos son sometidos a estos mecanismos en todo el pas, en qu materias, cul es su efectividad y cuntas veces se utilizan en un mismo confl icto. Aun as, los mecanismos alternos son una herramienta importante en el sistema de justicia no penal en la regin.

    Tabla 1USO DE MECANISMOS ALTERNOS DE SOLUCIN DE CONFLICTOS EN MATERIAS NO

    PENALES EN 2012

    PAS Poder JudicialOtros organismos

    pblicosOrganismos

    privados

    Argentina S S S

    Bolivia S S S

    Brasil S S S

    Chile S S S

    24

  • PAS Poder JudicialOtros organismos

    pblicosOrganismos

    privados

    Colombia S S S

    Costa Rica S S S

    Rep.Dominicana

    S S S

    Ecuador S S S

    El Salvador S S S

    Guatemala S S S

    Honduras S S S

    Nicaragua S S S

    Panam S S S

    Paraguay S S S

    Per S S S

    Uruguay S S S

    Fuente. Vase: Anexo N 1 Metodolgico. Elaboracin propia.

    Por otra parte, la estructura compleja del sistema de justicia no pe-nal en Amrica Latina tambin se refl eja en la heterogeneidad de las materias que lo integran. En general, este se compone de las reas civil-mercantil, laboral y familia. Pero cada pas tiene otras materias especializadas, tales como: contencioso-administrativo, agrario, in-mobiliario, niez y adolescencia, constitucional, entre otras.

    Esto tiene varias consecuencias. La primera, es que para conocer con exactitud la composicin del sistema de justicia no penal en los pases latinoamericanos, se necesita analizar la estructura particular de cada pas y las materias que integran cada rea. Por ejemplo, la materia contencioso-administrativa en varios pases es independiente de la civil-mercantil, mientras que en otros pases no lo es. Adems, se necesita saber si al interior de las reas defi nidas como no penales se encuentran algunos asuntos penales que deben ser separados en el anlisis de los datos. Esto no siempre es fcil, pues en varios lugares esta informacin no est desagregada. Algunas materias refl ejan estos problemas de manera particular; por ejemplo, los asuntos de nios/as en confl icto con la ley penal que estn integrados a las reas de niez y adolescencia y familia.

    25

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    Tabla 2REAS ESPECIALIZADAS EN EL SISTEMA DE JUSTICIA NO PENAL EN AMRICA LATINA EN

    2012

    PasCivil -

    mercantilLaboral -

    SocialFamilia

    Contencioso-Administrativo

    Multi-competentes

    Otros

    Argentina S S S S S/D S/D

    Bolivia S S S S SS

    (Agrario)

    Brasil S S S/D S/D S S/D

    Chile S S S NO S/DS

    (Cobranza previsional)

    Colombia S S S S SS

    (Agrario)

    Costa Rica S S S S S

    S(Pensiones

    alimentarias, Agrario)

    Rep.Dominicana

    S S S S SS

    (Niez y adolescencia)

    Ecuador S S S S S

    S(Inquilinato, relaciones vecinales)

    El Salvador S S S/D S SS

    (Inquilinato)

    Guatemala S S S S/D SS

    (Nios, nias y adolescentes)

    Honduras S S S S S

    S(Nios, nias y adolescentes, Inquilinato)

    Nicaragua S S S S S S/D

    Panam S S S S/D S

    S(Niez y

    adolescencia y Libre

    competencia)

    Paraguay S S S/D S SS

    (Niez y adolescencia)

    26

  • PasCivil -

    mercantilLaboral -

    SocialFamilia

    Contencioso-Administrativo

    Multi-competentes

    Otros

    Per S S S S/D S S/D

    Uruguay S S S S S S

    Fuente: Vase Anexo N 1 Metodolgico. Elaboracin propia. S/D: Sin dato.

    De otro lado, la estructura compleja del sistema de justicia no penal tambin se refl eja en la diversidad de programas y servicios que brin-dan asesora y patrocinio legal en estas materias en Amrica Latina. Dichos programas son brindados por instituciones pblicas y priva-das. En los primeros, se encuentran los sistemas de defensa pblica que usualmente prestan servicios de asesora y patrocinio en temas prioritarios, como por ejemplo, familia y laboral. Tambin, se encuen-tran instituciones y programas para ciertos asuntos brindados por or-ganizaciones del Poder Ejecutivo (ministerios de Justicia, de Trabajo, instituciones dedicadas a la infancia, entre otras); entidades munici-pales/locales, Defensora del Pueblo, universidades pblicas, entre otras. En los programas brindados por organizaciones privadas, se en-cuentran instituciones que prestan servicios de asesora y patrocinio legal a travs de consultorios o clnicas jurdicas de universidades, organizaciones sin fi nes de lucro, organizaciones de trabajadores, co-legios de abogados, entre otros.

    En materia no penal, los servicios de asesora y patrocinio legal gratui-to no tienen la misma cobertura que en materia penal. Es posible que ello sea consecuencia de la diferencia que hay en los bienes jurdicos tutelados y la priorizacin de los servicios brindados segn el tipo de asunto del que se trate. Aun as, es mayor la cobertura de asesora que de patrocinio legal. En todo caso, existe una amplia gama de oferta de estos servicios que difi culta el seguimiento y supervisin de la calidad de los mismos, pero fortalece el acceso de la ciudadana a ellos.

    Tabla 3SERVICIOS DE ASISTENCIA Y/O PATROCINIO LEGAL EN EL SISTEMA DE JUSTICIA NO

    PENAL EN AMRICA LATINA EN 2012

    PAS Poder JudicialOtros organismos

    pblicosOrganismos

    privados

    Bolivia S/D S S

    Chile S S S

    Colombia S S S

    27

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    PAS Poder JudicialOtros organismos

    pblicosOrganismos

    privados

    Costa Rica S S S

    Rep. Dominicana S/D S S

    Ecuador S S S

    El Salvador S S S

    Nicaragua S S/D S

    Panam S S/D S

    Paraguay S S S

    Uruguay S S S

    Fuente: Vase Anexo N 1 Metodolgico. Elaboracin propia.S/D: Sin dato.

    En suma, la estructura de los sistemas de justicia no penal en Amrica Latina es compleja. En cada pas la estructura vara y est compuesta por una diversidad de instituciones pblicas y privadas. Por ello, co-nocer con exactitud la composicin del sistema de justicia no penal en cada pas es fundamental, para el diseo e implementacin de una reforma a la justicia.

    III. INFORMACIN ESTADSTICA DE LA JUSTICIA NO PENAL EN LOS PODERES JUDICIALES

    A. Informacin general sobre la justicia no penal

    El sistema de justicia no penal est compuesto por diversas reas y materias. Como se ha mencionado anteriormente, lo componen las materias civiles-mercantiles, laborales y de familia en la gran mayora de pases. En algunos, lo componen otras reas especializadas, tales como contencioso-administrativo, constitucional, niez y adoles-cencia (no penal), inquilinato-inmobiliaria, agraria, entre otras. En general, si las materias no se encuentran especializadas, su cono-cimiento est subsumido en otras reas. Por ejemplo, si los asuntos contencioso-administrativos o agrarios no estn especializados, es posible que sean de conocimiento de reas civiles. La mayora de ca-sos son conocidos por instancias del Poder Judicial, aunque, como se describi anteriormente, varios pueden ser de conocimiento de otras jurisdicciones. Por este motivo, conocer con exactitud la litigiosidad en estas materias es difcil, aun cuando se puede tener una aproxima-cin a partir de los datos del Poder Judicial.

    28

  • 1. Acceso y litigiosidad

    La justicia no penal concentra una gran diversidad de controversias, siendo muchas de ellas de gran importancia para las personas. Por ello, analizar el acceso a la justicia no penal y la litigiosidad en sus materias es importante para conocer de manera ms especfi ca las necesidades en materia de acceso a la justicia. En 2010, el peso de la justicia no penal respecto del total de ingresos en la primera instancia del Poder Judicial, oscil entre el 48% y el 86% en varios pases lati-noamericanos. Rep. Dominicana y Mxico (estado de Mxico) fueron los pases que tuvieron el mayor peso de la justicia no penal, mientras que Paraguay tuvo el de menor.

    Como puede verse, los ingresos en estas materias varan entre los pa-ses latinoamericanos. En algunos, la incidencia de las reas no pena-les est alrededor del 50%, mientras que en otros es sustantivamente mayor. Adems, en algunos pases donde la informacin entregada estuvo bastante desagregada, es ms fcil separar las reas penales que estn al interior de esta. Por ello, es importante tener en cuenta que si determinadas materias de naturaleza penal hacen parte de las reas no penales y no se separan en la informacin estadstica, el anlisis del peso de la justicia no penal debe ser analizado con mayor detenimiento. Adicionalmente, es difcil obtener datos exactos y com-pletos en los pases federales.

    Fuente: Vase Anexo N 1 Metodolgico. Elaboracin propia.*Argentina. Los datos son de 2008 e incluyen los ingresos a la primera instancia de los poderes judiciales provinciales, pero no incluyen los datos del Poder Judicial de la Nacin. *Brasil. Los datos incluyen el total de ingresos en primera instancia en los juzgados de primer grado y especiales del nivel federal y estadual de Brasil; pero no incluyen los datos de justicia laboral.*Costa Rica. Se excluy de lo no penal, los asuntos que fueron reportados como con-travencional.

    Grfi co 1

    29

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    Tabl

    a 4

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    201

    0

    PAS

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    ILFA

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    IALA

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    LC

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    AD

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    a*1.

    455.

    303

    667.

    210

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    763

    303.

    554

    202.

    330

    142.

    597

    58.6

    4729

    .758

    N/A

    N/A

    Bol

    ivia

    124.

    265

    110.

    987

    30.3

    4126

    .952

    11.6

    939.

    473

    N/A

    N/A

    4.04

    53.

    398

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    sil*

    14.8

    89.7

    8614

    .674

    .069

    N/A

    N/A

    2.75

    6.78

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    872.

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    N/A

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    le1.

    656.

    003

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    8.36

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    6.02

    815

    9.74

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    /AN

    /A20

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    312

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    3

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    ombi

    a63

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    271

    3.32

    712

    0.39

    410

    3.46

    719

    7.72

    215

    3.78

    517

    5.83

    913

    4.44

    5N

    /AN

    /A

    Cos

    ta R

    ica*

    143.

    759

    58.3

    4026

    .842

    26.3

    0927

    .261

    29.8

    776.

    599

    10.3

    9116

    8.01

    517

    6.40

    2

    Rep

    .D

    omin

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    a20

    .116

    15.1

    2326

    .452

    22.4

    2317

    .183

    11.7

    9475

    038

    116

    .147

    14.6

    51

    Ecua

    dor

    57.3

    3627

    .990

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    1626

    .102

    11.1

    89N

    /AN

    /A42

    0.06

    919

    5.73

    7

    El S

    alva

    dor

    34.0

    0744

    .783

    44.2

    6744

    .067

    7.28

    87.

    406

    N/A

    N/A

    583

    647

    Gua

    tem

    ala

    77.5

    3555

    .492

    39.6

    1937

    .552

    12.7

    7314

    .709

    1.13

    520

    .507

    10.9

    5711

    .541

    30

  • PAS

    CIV

    ILFA

    MIL

    IALA

    BO

    RA

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    TEN

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    Hon

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    s27

    .186

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    9514

    .575

    10.2

    004.

    758

    2.74

    574

    570

    77.

    621

    5.38

    5

    Mx

    ico

    (est

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    129.

    548

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    580

    48.7

    7135

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    N/A

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    N/A

    N/A

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    arag

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    .081

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    16.0

    144.

    161

    3.14

    4N

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    /AN

    /AN

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    25.3

    1425

    .781

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    6527

    .500

    1.82

    12.

    383

    N/A

    N/A

    N/A

    N/A

    Para

    guay

    19.1

    9714

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    N/A

    N/A

    1.83

    21.

    260

    N/A

    N/A

    37.0

    9720

    .127

    Per

    106.

    820

    103.

    981

    85.2

    1783

    .496

    94.8

    5438

    .428

    N/A

    N/A

    N/A

    N/A

    Uru

    guay

    *17

    .222

    3.04

    864

    .013

    11.5

    7710

    .637

    3.34

    388

    344

    044

    .853

    3.14

    7

    Fuen

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    1

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  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    El movimiento de causas en materia no penal tambin es bastante diverso. No solo el volumen de ingresos y egresos vara signifi cativa-mente entre los pases, sino que adems no todos los pases cuentan con las mismas materias especializadas. Por ejemplo, los asuntos contencioso-administrativos estn especializados en algunos pases, y hay gran diversidad de las otras materias no penales especializadas (agrario, niez, trnsito, entre otras).

    El anlisis del movimiento de causas es muy relevante al interior de cada pas para caracterizar la litigiosidad no penal; pero, desde el punto de vista comparativo, se requiere un anlisis diferente. Por ello, es importante analizar la tasa de litigiosidad en materia no penal en la regin. En 2010, esta oscil entre 805 y 13.825 causas cada 100.000 habitantes en la primera instancia del Poder Judicial. Los pases con mayor tasa fueron Chile, Brasil y Costa Rica, y aquellos con la menor, fueron Rep. Dominicana, Honduras y Paraguay. Este anlisis incluy las materias civil-mercantil, laboral, familia, conten-cioso-administrativa, y otras no penales segn cada pas (inmobiliaria e inquilinato, por ejemplo). El promedio regional fue 3.418 casos cada 100.000 habitantes, pero la mayora de pases se encontraron por debajo de este.

    Fuente: Vase Anexo N 1 Metodolgico. Elaboracin propia.*Argentina. Los datos de ingreso y poblacin corresponden a 2008. Los datos incluye los ingresos de la primera instancia de los poderes judiciales provinciales de Argentina y no incluye los ingresos del Poder Judicial de la Nacin. *Costa Rica. Los datos de familia incluyen pensiones alimentarias, y los datos de otras materias excluyen los de contravenciones. *Mxico. El clculo de la tasa de litigiosidad de Mxico se hizo con la totalidad de la poblacin del estado de Mxico y no del pas completo, dado que los datos solo co-rresponden a los ingresos en ese estado.

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  • Existe una gran disparidad en la litigiosidad no penal en la regin, lo que hace necesario examinar las cifras por materia especializada y por pas, para analizar la composicin de la demanda segn la realidad nacional. Con todo, se debe tener en cuenta que la tasa de litigiosidad se construye sobre la base de las materias que se catalo-gan como no penales segn la informacin de los pases, siendo que la informacin es ms completa en unos pases que en otros. Pero adems, se construye sobre la base de lo que efectivamente puede ser no penal, por lo cual, en algunas ocasiones ciertas materias repor-tadas fueron excluidas si tenan caractersticas penales (contravencio-nes en Costa Rica, por ejemplo).

    Adicionalmente, otro asunto sobre el que se debe refl exionar, son las defi niciones de dos conceptos: primera instancia y causa ingresada. Respecto de lo primero, varios pases tienen juzgados de paz o con competencia mltiple que resuelven casos que no son considerados primera instancia, por lo cual, sus ingresos no se ven refl ejados en las estadsticas (Rep. Dominicana, por ejemplo). Tambin, algunos pases tienen juzgados de distintos grados con competencia en pri-mera instancia, lo que implica que algunos de ellos pueden conocer casos de primera y segunda instancia que, si no estn diferenciados en las estadsticas, se pueden contabilizar como si fueran de prime-ra instancia (Colombia, por ejemplo). Adems, es posible que varios casos resueltos por primera vez en juzgados distintos a aquellos con-siderados de primera instancia o que estn fuera del Poder Judicial, no estn contabilizados en los datos de litigiosidad. Un ejemplo de esto son los casos contencioso-administrativos que se resuelven en jurisdicciones distintas al Poder Judicial, o los asuntos constitucio-nales que son de conocimiento de tribunales superiores o cortes de manera directa. As, la primera instancia de los asuntos no penales no necesariamente tiene en cuenta todas las controversias tramitadas, ni siempre consideran la primera instancia real.

    Respecto de la defi nicin de causa ingresada, es importante contar con una defi nicin homognea para saber si son casos nuevos, si son meras diligencias o realmente controversias, entre otros. Sobre esto no hay homogeneidad en la regin, y es difcil contar con datos es-pecfi cos que permitan un anlisis mayor. Sin embargo, es importante considerar que en algunos pases se diferencian los casos nuevos de los reingresados (Bolivia, por ejemplo). Tambin, otros pases como Chile, cuentan casos contenciosos que son en realidad gestiones pre-paratorias de la va ejecutiva, lo que debe llevar a preguntarse si real-mente son contenciosos.

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  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    En suma, es importante analizar la litigiosidad en materia no penal en los pases de la regin. Para ello, es fundamental caracterizar el ingre-so de causas al Poder Judicial, descomponer la carga de trabajo real de los funcionarios judiciales, defi nir con precisin las materias espe-cfi cas que se incluyen, y conocer la composicin de la litigiosidad en torno a estas ltimas. Esto permitir comprender las realidades de la litigiosidad en cada pas.

    2. Egreso, pendencia y congestin

    La capacidad de producir y evitar la congestin del sistema de justi-cia no penal es un asunto importante a analizar, pues el acceso a la justicia no solo es permitir el ingreso, sino tambin obtener un resul-tado en un tiempo razonable. Para ello, varios indicadores deben ser analizados, entre ellos, la tasa de resolucin. En 2010, en la primera instancia del Poder Judicial, el promedio de la tasa de resolucin glo-bal en las materias civil-mercantil, laboral y de familia fue 84% en la regin. Nicaragua y El Salvador tuvieron las tasas ms altas, mientras que Ecuador tuvo la ms baja. Se deben desagregar las tasas de re-solucin de cada una de las materias, pues puede haber variaciones importantes en cada una de ellas. As, el promedio regional de la tasa de resolucin en 2010 en materia civil-mercantil fue 84%; en materia laboral, 81%; y en materia de familia, 89%.

    Fuente. Vase Anexo No.1 Metodolgico. Elaboracin propia.*Argentina. Los datos son de 2008 e incluyen los ingresos a la primera instancia de los poderes judiciales provinciales, pero no incluyen los datos del Poder Judicial de la Nacin. *Brasil. Los datos incluyen el total de ingresos en primera instancia en los juzgados de primer grado y especiales del nivel federal y estadual; pero no incluyen los datos de la justicia laboral.*Costa Rica. Los datos de familia tambin incluyen los de pensiones alimentarias y de violencia domstica.

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  • Ahora bien, aunque la tasa de resolucin denota la productividad del ao, no muestra el atraso o pendencia del sistema de justicia, pero permite inferir que si es inferior al 100%, hay casos pendientes para el siguiente periodo. Respecto de la pendencia, en 2010 la tasa global en materias civil-mercantil, laboral y familia en la primera instancia oscil entre 0,58 y 2,43, en varios pases de Amrica Lati-na, siendo el promedio 1,07. Panam tuvo la tasa ms baja y Costa Rica la ms alta. Esta comparacin tiene en cuenta lo que cada pas involucra en cada una de las materias mencionadas, por lo cual, hay diferencias entre ellas en los pases. Por ejemplo, en Chile, la tasa de pendencia presentada incluye los asuntos contencioso-administra-tivos ya que ellos hacen parte del rea civil, mientras que en Costa Rica estos no se encuentran incluidos, pues esta es una materia dife-renciada.

    La tasa de pendencia global debe ser desagregada en cada una de las materias mencionadas. No se debe perder de vista que la forma de terminacin de casos infl uye en la duracin de los procedimientos, y por ello, si el caso termina con ejecucin y no con sentencia, o trata asuntos que permanecen activos por su propia naturaleza (alimentos, por ejemplo), las tasas de pendencia son mayores en unos casos que en otros. Por ejemplo, en materia civil-mercantil donde la proporcin de asuntos cobratorios es muy alta, es posible que los casos duren ms tiempo que en otras materias donde los procesos terminan con sentencia (declarativos en materia laboral, por ejemplo).

    Fuente: Vase Anexo N 1 Metodolgico. Elaboracin propia.*Costa Rica. Los datos de familia incluyen pensiones alimentarias y violencia domstica.

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    Tambin, debe analizarse la tasa de congestin, pues si los casos ingresan y solo se resuelve una determinada cantidad, el sistema con-centra una congestin en detrimento de la misma justicia. En 2011, la tasa de congestin global en las materias civil-mercantil y laboral en primera instancia oscil entre 1,61 y 4,30 en varios pases de Amri-ca Latina, siendo el promedio 2,51.

    Fuente: Vase Anexo N1 Metodolgico. Elaboracin propia.*Tasa de congestin de 2010.

    En suma, el anlisis de la informacin sobre la tasa de resolucin, pendencia y congestin es fundamental para verifi car, por un lado, la efi ciencia del sistema de justicia, pero igualmente la garanta del ac-ceso real a la justicia de las personas. No es sufi ciente acceder a los tribunales, sino, tambin, acceder a la solucin de la controversia en un plazo prudente. Con todo, es fundamental caracterizar el egreso y la pendencia, para verifi car los asuntos especfi cos donde hay menor o mayor nivel de egreso/pendencia.

    3. Recursos humanos

    El anlisis del presupuesto y de los recursos con los que cuenta el sistema de justicia no penal en la regin es un asunto fundamental a analizar en un proceso de reforma a la justicia. En el marco de esta investigacin, no fue posible obtener datos especfi cos sobre la canti-dad de presupuesto destinado a la justicia no penal, pero fue posible conocer datos sobre jueces y personal que trabaja en esta. As, en 2010, la cantidad de jueces no penales cada 100.000 habitantes en primera instancia en el Poder Judicial oscil entre 1,1 y 7,1, siendo el promedio regional 3,3. Costa Rica y Colombia tuvieron el indicador ms alto, mientras que Rep. Dominicana y Paraguay el ms bajo.

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  • Estos datos deben ser analizados con detenimiento. Por ejemplo, la cantidad de jueces no penales vara al interior de cada una de las reas especializadas, y entre los pases. As, mientras el promedio de jueces con competencia mltiple es mayor en la regin (1,3), el promedio de jueces laborales es mucho menor (0,4). Pero, adems, dado que no todos los pases cuentan con la materia contencioso-administrativa especializada, el promedio de jueces especializados en esta materia es 0,2 cada 100.000 habitantes, lo que no quiere decir que esos jueces sean los nicos que conocen dichos asuntos.

    Adicionalmente, en 2010, el personal de apoyo en los juzgados no penales en los juzgados de la primera instancia del Poder Judicial, oscil entre 4,2 y 36,5 cada 100.000 habitantes. Existe una diferencia importante entre los pases analizados, siendo que Uruguay tiene la mayor cantidad de personal de apoyo en los juzgados mientras que Honduras tiene la menor.

    Fuente: Vase Anexo No. 1 Metodolgico. Elaboracin propia.

    En suma, cualquier anlisis debe tener en cuenta la cantidad de re-cursos con los que cuenta el sistema, entre ellos el personal que tra-baja en estas materias. Sera relevante analizar el presupuesto espec-fi camente destinado a la justicia no penal, y su proporcin respecto del presupuesto global del Poder Judicial. Esta informacin es muy importante en el anlisis de una reforma a la justicia, particularmen-te, para analizar los recursos que tiene, los que pueden redistribuirse, y los adicionales que son requeridos.

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    B. Justicia civil-mercantil en Amrica Latina

    1. Acceso y litigiosidad

    La justicia civil-mercantil es muy importante en el sistema de justicia no penal. Constituye un rea fundamental de los confl ictos derivados de las relaciones entre las personas, es la jurisdiccin residual por excelencia, y, adems, conoce materias que en unos pases estn especializadas (contencioso-administrativo, agrario, por ejemplo). Tambin, es un rea donde hay diversos intereses econmicos en juego, tanto de personas jurdicas como naturales, por lo cual su funcionamiento impacta no solo la vida cotidiana de los ciudadanos, sino tambin la economa del pas. Por ello, el acceso a esta justicia es ampliamente diverso.

    Justamente en materia de acceso a los servicios de la justicia civil, The World Justice Project ha desarrollado un ndice de Estado de De-recho que analiza el acceso. Lo realiza a travs de una metodologa que contiene indicadores y subindicadores que se analizan a travs de cuestionarios enviados al pblico general y a expertos en cada pas4. En 2011, The World Justice Project Rule of Law Index estable-ci que en materia de acceso a la justicia civil, los pases de Amrica Latina oscilaron entre 0,43 y 0,65, en una escala de 0 a 1, siendo 1 el puntaje mayor. Chile tuvo el mayor puntaje y Venezuela el menor. El promedio latinoamericano (0,53) estuvo por debajo del promedio mundial (0,57). El anlisis de este indicador tiene en cuenta: el acce-so a los juzgados, los costos en el acceso, la corrupcin, la duracin de los procedimientos, el cumplimiento de las decisiones judiciales y los servicios de asesora y patrocinio legal, entre otros.

    4 La explicacin de la metodologa utilizada en este proyecto se puede obtener en el siguiente link: http://worldjusticeproject.org/methodology (ltima vez consultado en enero de 2013). Igualmente, los cuestionarios empleados pueden consultarse en el siguiente link: http://worldjusticeproject.org/questionnaires

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  • Fuente. The World Justice Project Rule of Law Index 2011. Factor 7.

    Ahora bien, es interesante analizar el peso de la justicia civil-mer-cantil al interior de la justicia no penal, dada su relevancia y carcter residual. En 2010, su peso en primera instancia oscil entre el 11% y el 73% en la regin, siendo el promedio 45%. Bolivia y Argentina fueron los pases en los que tuvo un mayor peso, mientras que Ecua-dor y Uruguay fueron donde tuvo el menor. As, el comportamiento del peso de la justicia civil-mercantil vara signifi cativamente en la regin, lo que genera algunas refl exiones.

    Primero, caracterizar el ingreso en materia civil-mercantil es muy importante para constatar cules son los tipos de casos conocidos por esta y las diferencias entre los pases. Sobre esto, algunas conclusio-nes que se pueden realizar en el marco de esta investigacin son: i) la defi nicin de materia civil-mercantil en estricto sentido vara en la regin; y ii) en varios pases, los jueces civiles conocen casos que en otros pases son de competencia especializada de otras autoridades. Algunos ejemplos ilustran este punto. La justicia civil-mercantil de Chile conoce los casos de naturaleza contencioso-administrativa, y la de Costa Rica los casos cobratorios independientemente de la natu-raleza de la persona demandante o demandada. Tambin, la justicia civil-mercantil de Colombia conoce casos de asuntos constituciona-les, mientras que la de Costa Rica no lo hace pues la competencia est concentrada en la Corte Suprema de Justicia.

    Segundo, caracterizar el ingreso de lo que se considera primera ins-tancia en la justicia civil-mercantil es muy importante, pues es nece-sario constatar si todos los casos de esta materia que conoce el siste-ma de justicia por primera vez, son considerados ingresos de primera instancia. Sobre esto, una conclusin general que se puede extraer de

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    esta investigacin es que hay una diversidad en la interpretacin del concepto primera instancia en materia civil-mercantil, y por ello, no necesariamente todos los casos civiles-mercantiles conocidos por todas las autoridades judiciales por primera vez se contabilizan como primera instancia. Dos ejemplos ilustran este punto. En Rep. Domi-nicana, los jueces de paz no son considerados primera instancia, por lo cual, aunque los juzgados de paz conocen casos de naturaleza civil-mercantil por primera vez, no son contabilizados en los ingresos de la primera instancia. Asimismo, en Uruguay, aunque los jueces de paz conocen asuntos relativos a la materia civil-mercantil (arren-damientos urbanos sin lmite de cuanta, por ejemplo) y pueden ser considerados como primera instancia, los datos de los casos de su competencia no estn desagregados, por lo cual no se pueden con-tabilizar de manera independiente en la justicia civil-mercantil, sino que son catalogados como otra materia no penal.

    Tercero, refl exionar sobre el comportamiento del ingreso de asuntos civiles-mercantiles permite concluir que es posible que haya reali-dades y dinmicas locales distintas respecto en la litigiosidad en esta rea. Se puede concluir que, aunque es posible realizar anlisis com-parativo sobre determinados temas, es necesario comprender que el comportamiento de la demanda y la oferta vara de manera importan-te en la regin, lo que puede tener explicaciones locales.

    Fuente: Vase Anexo No. 1 Metodolgico. Elaboracin propia. *Los clculos de estos pases se hicieron sobre la base de los informes mencionados en el Anexo 1, y solo sobre las materias reportadas en ellos estrictamente como civil-mercantil, laboral y familia.**Datos de 2008 y no incluyen los del Poder Judicial de la Nacin.

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  • Por otra parte, independientemente del peso de la justicia civil-mercantil en cada pas, es importante analizar la litigiosidad en esta. En 2010, la tasa de litigiosidad oscil en la regin entre 203 y 9.676 causas cada 100.000 habitantes, en la primera instancia del Poder Judicial. Los pases con mayor tasa de litigiosidad fueron Argentina y Chile, y aquellos con menor, Rep. Dominicana y Paraguay. El prome-dio regional de ingreso fue de 1.541 casos cada 100.000 habitantes, aunque la mayora de pases se ubicaron por debajo de este.

    Como puede verse, existe una variedad importante en la litigiosidad civil-mercantil en la regin. El anlisis efectuado evidencia la impor-tancia de caracterizar el ingreso y analizar los motivos por los cuales unos pases tienen una tasa de litigiosidad ms alta que otros. Ade-ms, permite evidenciar que dicha caracterizacin debe estar acom-paada de un diagnstico sobre las caractersticas de las partes en los procesos, la duracin y los costos de los mismos, y la relacin entre el acceso a esta justicia y la litigiosidad.

    Igualmente, se debe tener en cuenta que: i) no todos los casos ingre-sados revisten el mismo carcter de complejidad, por lo que la alta o baja litigiosidad no necesariamente implica alta o baja carga de trabajo real; y ii) algunos pases pueden contabilizar como ingresos gestiones (solicitudes de medidas cautelares, por ejemplo) y no solo controversias. Un ejemplo que ilustra esto es el caso de Chile. Este tiene la tasa de litigiosidad ms alta en materia civil-mercantil, y al mismo tiempo el mayor puntaje en el indicador de acceso a la jus-ticia civil de acuerdo a The World Justice Project. Ello puede sugerir que existe una relacin, en ese pas, entre la posibilidad de acceder a la justicia y la litigiosidad. Ahora bien, si se analizan con detalle los datos de ingreso, se pueden observar dos cosas: i) aproximadamente el 70% de los ingresos de procesos de conocimiento son en realidad gestiones preparatorias de la va ejecutiva, por lo cual es posible in-ferir que no necesariamente constituyen un caso independiente; y ii) la mayora de los ingresos totales de este pas estn asociados a pro-cesos ejecutivos y gestiones preparatorias de la va ejecutiva, que son sustantivamente menos complejos que otro tipo de procesos, por lo que la altsima litigiosidad no quiere decir que haya una elevadsima carga de trabajo. Con todo, estas dos observaciones no desvirtan la alta litigiosidad civil en Chile; simplemente, ejemplifi can la necesi-dad de caracterizar el ingreso y analizar la relacin que existe entre litigiosidad y acceso a la justicia.

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    Fuente: Vase Anexo No. 1 Metodolgico. Elaboracin propia.*Argentina. Los datos de ingresos y poblacin corresponden a 2008. Los ingresos son de la primera instancia del pas, sin incluir los del Poder Judicial de la Nacin. *Mxico. El clculo de la tasa de litigiosidad se hizo con la totalidad de la poblacin del estado de Mxico y no del pas completo.

    De otro lado, si bien el anlisis de la primera instancia es fundamen-tal, pues es la puerta de entrada a la justicia, tambin es importante analizar la litigiosidad en segunda instancia. En 2010, la tasa de liti-giosidad oscil entre 12,5 y 124,8 causas cada 100.000 habitantes en varios pases de la regin. Chile tuvo la tasa ms alta, mientras que El Salvador tuvo la ms baja. Es interesante observar que aunque este indicador no mide la tasa de recursibilidad, permite inferir que existe un ingreso sustancialmente menor de casos en segunda instancia que aquellos ingresados en primera instancia. Por ello, es clave que una reforma a la justicia tenga presente que la primera instancia concen-tra el mayor ingreso de casos. Con todo, es importante estudiar el comportamiento del ingreso de casos en segunda instancia, pues es posible que en algunos pases estos tribunales tengan competencia de primera instancia en algunos asuntos.

    Por otro lado, en general, la proporcin de casos que egresaron es menor a la de casos que ingresaron, lo que implica que el promedio de tasa de resolucin est por debajo del 100%. En efecto, este es de 90%, pues la tasa de resolucin oscil entre el 41,6% y el 125,6% en 2010.

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  • Fuente: Vase Anexo No. 1 Metodolgico. Elaboracin propia.*Uruguay. El anlisis de casos terminados solo tiene en cuenta aquellos terminados por sentencia defi nitiva.

    En suma, el acceso a la justicia civil-mercantil en la regin presenta variantes entre los pases. Por una parte, algunos pases tienen mejo-res ndices de acceso que otros, y por otra, hay una variedad impor-tante en el peso y litigiosidad de esta justicia entre los pases. Una vez ms se hace necesario caracterizar la litigiosidad en esta materia, para conocer el peso de determinados asuntos en ella y la carga real de trabajo de los funcionarios judiciales. Esto permitir precisar las polticas pblicas que se requieran para garantizar el acceso a esta justicia de acuerdo con las realidades locales.

    2. Anlisis del ingreso

    Dado que el anlisis de la litigiosidad debe ser realizado con ms de-talle, es interesante efectuar una breve caracterizacin del ingreso y egreso de los asuntos civiles-mercantiles. Por ejemplo, es interesante conocer el peso de algunos asuntos especfi cos, tales como conten-cioso-administrativos, laborales, o constitucionales, que pueden ha-cer parte del ingreso en esta materia en algunos pases.

    Tambin, se puede analizar el ingreso de asuntos ejecutivos, pues independientemente de la naturaleza de la obligacin que los deriva (laboral, civil, contenciosa, etc.), son procesos que estn asociados al no pago de deudas y al incumplimiento de decisiones con efectos judiciales. En 2010 el peso de asuntos cobratorios-ejecutivos oscil

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    entre el 9% y el 88% del total de ingresos en la primera instancia del Poder Judicial en algunos pases. Costa Rica tuvo el mayor porcentaje de ingresos de estos asuntos, mientras que Bolivia tuvo el menor.

    Estos datos permiten extraer algunas conclusiones. La primera, es que la proporcin de asuntos ejecutivos en la regin es bastante heterog-nea y en varios pases sobrepasa el 50%. La segunda, es que puede haber asuntos asociados a casos ejecutivos que no se contabilicen como tal en el Poder Judicial. Un ejemplo que ilustra este punto es el caso de Chile, donde en 2010 alrededor del 70% del total de los ingresos de los procesos de conocimiento fueron gestiones preparato-rias de la va ejecutiva, lo que signifi ca que el 84% del total de ingre-sos en la justicia civil-mercantil estuvo asociado a procesos ejecutivos y no solo el 48% como refl eja la estadstica.

    La tercera, es que el anlisis del ingreso de procesos ejecutivos debe-ra ser uniforme (independientemente de la naturaleza de la obliga-cin), para tener un panorama claro sobre el peso de estos asuntos en toda la justicia no penal. De hecho, aunque cada pas tiene un diseo distinto, es claro que la contabilizacin y caracterizacin de todos los asuntos ejecutivos permitira generar polticas pblicas especfi cas para generar estrategias para afrontar los otros casos que recibe el sis-tema. En el marco de esta investigacin se pudo constatar no solo que en algunos pases el peso de los procesos ejecutivos es bastante alto, sino que es necesario contabilizarlos para ver su magnitud en el siste-ma. Algunos ejemplos ilustran este punto. En Costa Rica, las cifras de ingresos de procesos ejecutivos en el marco de la justicia civil-mer-cantil son muy altas, pero en ese pas, ellas involucran las controver-sias relacionadas con obligaciones de naturaleza administrativa, por lo cual la justicia civil-mercantil conoce casos de cobros derivados de obligaciones de personas pblicas. En Chile, las cifras de ingresos de procesos ejecutivos en la justicia civil-mercantil involucran asuntos cobratorios de instituciones pblicas, pero no de naturaleza previsio-nal. En Bolivia, la jurisdiccin laboral conoce sus propios procesos ejecutivos; y en Colombia, la jurisdiccin contenciosa conoce los de su competencia.

    Por ello, es importante conocer la proporcin real de procesos eje-cutivos o cobratorios en la justicia no penal, para verifi car la carga de trabajo que ellos implican y buscar salidas especfi cas para su trmite. Adems, es interesante analizar la composicin interna de los procesos ejecutivos, es decir, la proporcin de casos de menor cuanta vs. aquellos de mayor, la naturaleza de las personas deman-

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  • dantes, entre otras. El anlisis especfi co puede mostrar que existen grandes usuarios como demandantes, que muchos casos son de me-nor cuanta, y que una cantidad importante no cuentan con oposicin del demandado5. As, no necesariamente el alto de ingreso de estos procesos incrementa de manera real la carga de trabajo.

    Fuente: Vase Anexo No. 1 Metodolgico. Elaboracin propia.*Chile: El 70% del total de casos ingresados como procesos civiles de conocimiento son gestiones preparatorias de la va ejecutiva, lo que implica que el 84% del total de los procesos en la justicia civil-mercantil estn asociados a procesos ejecutivos.

    Por otra parte, la caracterizacin de la litigiosidad civil-mercantil tambin debe referirse al peso de los asuntos voluntarios. Estos son casos donde no existe controversia o contradiccin entre las partes, aunque son de conocimiento judicial. En general, estn asociados a: i) trmites relacionados con las personas (registro civil, matrimonios, homologacin de actos, entre otras); ii) confl ictos donde no existe controversia por acuerdo entre las partes (liquidaciones de socieda-des o divorcios de mutuo acuerdo, etc.); iii) casos que aunque no tengan controversia involucran derechos considerados prioritarios por el Estado y encargados a la funcin judicial (adopcin, por ejemplo). Igualmente, aunque en varios pases algunos casos voluntarios son conocidos por otras autoridades, la competencia judicial permanece en aquellos lugares donde el Poder Judicial tiene presencia y las otras autoridades no; o por costos adicionales que los servicios prestados por dichas autoridades tienen para los usuarios.

    5 Un anlisis especfi co sobre este tema en Costa Rica, puede verse en: Villadiego Carolina, La Reforma al cobro judicial en Costa Rica, Santiago, diciembre, 2012. En: www.cejamericas.org

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    En 2010, se pudo establecer en algunos pases de la regin que el peso de estos asuntos en primera instancia oscil entre 0,1% y 52%. Como puede verse, la proporcin de ingresos es bastante heterognea en la regin y en algunos pases representa un porcentaje importan-te. Estos datos permiten extraer algunas conclusiones generales. La primera, es que las defi niciones de poltica pblica respecto de los asuntos voluntarios deben realizarse segn las realidades locales, pues es posible que la estrategia para el pas que cuenta con 0,1% de ingresos, no necesariamente sea la misma que para el que tiene 52%.

    La segunda, es que la caracterizacin detallada de los asuntos volun-tarios permite verifi car y defi nir si estos deben ser de conocimiento judicial o no. Parece razonable que los jueces tengan conocimiento solo de casos en los que hay controversia; pero tambin parece ra-zonable que el Estado pueda defi nir materias donde el conocimiento sea judicial, aunque no haya controversia.

    La tercera, es que al igual que en el caso de los procesos ejecutivos, es importante tener claro que los asuntos voluntarios no solo son tpicos de la justicia civil-mercantil, sino tambin de otras reas no penales. Por ello, sera interesante tener en cuenta el volumen global de asuntos voluntarios en la justicia no penal, y defi nir si la justicia civil-mercantil conoce casos voluntarios de otras reas. Por ejemplo, los datos de Rep. Dominicana incluyen asuntos voluntarios de familia y civil-mercantil, pues fueron agrupados as por el Poder Judicial en un informe de 2010. En ese pas, las estadsticas diferencian el movi-miento de casos contenciosos de aquellos no contenciosos, y por ello la tasa de litigiosidad solo se realiza con fundamento en los primeros. Pero si se sumaran los casos contenciosos y los administrativos, la proporcin de estos ltimos sera del 52% sobre el total de ingresos, y la tasa de litigiosidad completa sera de 846 casos cada 100.000 habitantes.

    Tabla 5

    PasPorcentaje de ingresos de asuntos voluntarios en la

    jurisdiccin civil-mercantil en primera instancia en 2010

    Costa Rica 0,1

    Colombia 0,2

    Chile 6

    Honduras 15

    Bolivia 20

    46

  • PasPorcentaje de ingresos de asuntos voluntarios en la

    jurisdiccin civil-mercantil en primera instancia en 2010

    Guatemala* 35

    Rep.Dominicana**

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    Fuente: Vase Anexo No. 1 Metodolgico. Elaboracin propia.*Guatemala. Los datos corresponden a 2011**Rep. Dominicana. Los datos corresponden a civil-mercantil y familia, y el clculo se realiza sobre la base de la suma del total de ingresos de asuntos contenciosos y admi-nistrativos.

    Como puede verse, en varios pases el porcentaje de ingresos de asuntos ejecutivos y voluntarios es signifi cativamente alto. Por ello, es importante refl exionar sobre la utilizacin del sistema de justicia para resolver controversias, pues los procesos ejecutivos tienen un nivel bajo de controversia y los voluntarios no la tienen. El peso de ingre-sos de procesos declarativos o de conocimiento oscil entre el 2% y el 50%, aproximadamente, en la primera instancia en 2010, siendo estos casos donde hay controversia. Por eso, una reforma debe anali-zar los motivos por los cuales la composicin de la demanda de los casos declarativos es menor en algunos pases, las barreras de acceso a la justicia que existen, particularmente de asuntos de pequeas cau-sas, y tambin, la necesidad de diversifi car la respuesta para la solu-cin de casos ejecutivos y voluntarios.

    3. Anlisis del egreso

    Teniendo en cuenta la diversidad del ingreso en materia civil-mercan-til, es importante analizar el egreso. En general, la forma de termina-cin de los asuntos vara signifi cativamente segn el tipo de asunto del que se trate en la justicia civil-mercantil. Usualmente, los proce-sos terminan a travs de sentencia, pero esta no es la nica forma de terminacin, ni su promulgacin signifi ca que el caso egresa del sis-tema de justicia. As, mientras los procesos declarativos generalmente terminan con sentencia, los procesos ejecutivos lo hacen a travs de pago o ejecucin. Pero ello no quiere decir que estos ltimos no ten-gan una sentencia o que no puedan terminar con ella.

    De esta manera, las formas de egreso en materia civil-mercantil son diversas. La tasa de resolucin analiza la proporcin de egresos res-pecto de los ingresos del sistema, independientemente de la forma de egreso. En 2010, en la primera instancia del Poder Judicial, esta osci-l entre el 40% y 142%, siendo el promedio regional 83,9%. Varios

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    pases tenan una tasa inferior al 50% (Costa Rica, Argentina, Hon-duras y Ecuador), y otros, superior al 100% (Colombia, El Salvador y Nicaragua). Esto genera varios interrogantes, entre ellos, las formas de egreso de los casos civiles de acuerdo con los asuntos ingresados. Lo claro es que aquellos pases en los que la tasa de resolucin est por debajo del 100%, acumulan al siguiente perodo casos pendientes.

    Fuente: Vase Anexo No. 1 Metodolgico. Elaboracin propia.*Argentina. Los datos corresponden a 2008 e incluyen los ingresos de la primera instan-cia de Argentina, sin incluir al Poder Judicial de la Nacin.*Brasil. Los datos incluyen el total de ingresos en primera instancia en los juzgados de primer grado y especiales del nivel federal y estadual.

    Ahora bien, la diversidad en la tasa de resolucin en los pases de la regin requiere un anlisis ms detallado, para comprender los moti-vos que generan dichas diferencias y las realidades nacionales a las que pueden estar ancladas. Un primer anlisis puede estar asociado al registro estadstico de egreso de casos, y a qu se considera un egreso en el sistema. En este punto, es claro que el registro del egreso de casos impacta la tasa de resolucin, y por ello es importante tener claro cmo se registra esto en cada pas. Por ejemplo, en casos en los que la decisin judicial establece determinadas obligaciones de trac-to sucesivo (pagos peridicos), puede que el caso solo egrese cuando se ha cumplido toda la obligacin.

    Un segundo anlisis puede estar asociado a la relacin que existe en-tre el tipo de asunto que egresa y su forma de terminacin. En efecto, es posible que a mayor cantidad de procesos ejecutivos que terminan por diversas vas y no solo por sentencia, la tasa de resolucin pueda ser menor ya que son procesos que se pueden demorar ms tiempo.

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  • Esto podra explicar el caso de Costa Rica, que tiene un altsimo in-greso de procesos cobratorios y una baja tasa de resolucin; pero no explicara otros casos donde hay alto ingreso de procesos ejecutivos y altas tasas de resolucin (Colombia, Chile y El Salvador, por ejemplo).

    Por otro lado, el anlisis de la tasa de sentencia, es decir, la propor-cin de casos que terminan con sentencia respecto del total de casos resueltos en el ao, es un indicador importante, particularmente, si se puede contrastar con el tipo de asunto ingresado. En 2010, la tasa de sentencia en varios pases de la regin oscil entre 4,13 y 60 en la primera instancia del Poder Judicial. En Costa Rica y Colombia fue-ron de 4,13 y 34,4, respectivamente, lo que permite inferir que este ndice puede estar directamente relacionado con la proporcin de casos no ejecutivos que ingresaron en ese ao (12% y 31%, respecti-vamente). Pero Bolivia tuvo una tasa de sentencia baja y tambin una proporcin pequea de procesos ejecutivos.

    Fuente: Vase Anexo No. 1 Metodolgico. Elaboracin propia.*Argentina. Los datos corresponden a 2008 e incluyen los ingresos de la primera instan-cia de Argentina, sin incluir al Poder Judicial de la Nacin.

    En suma, el egreso en materia civil-mercantil es heterogneo en la regin. Es importante estudiar la relacin que existe entre los tipos de asuntos que egresan, las formas de terminacin de los mismos, la duracin del proceso judicial, y el registro estadstico de egreso del Poder Judicial. Todo esto permite un anlisis ms detallado de cara a una poltica pblica en esta materia. As, por ejemplo, es probable que un proceso que termina con sentencia se demore menos tiempo que uno que termina con ejecucin, y es posible que varios casos f-ciles terminen con actuaciones distintas a sentencias, particularmen-te, algunos asociados a la jurisdiccin voluntaria (rectifi caciones del estado civil, por ejemplo).

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    4. Anlisis de pendencia y congestin

    Una de las crticas frecuentes al sistema de justicia civil-mercantil es la excesiva demora de los procesos. Con frecuencia se dice que este es excesivamente lento, y de alguna manera, el hecho de que las tasas de resolucin sean inferiores al 100%, implica que varios procesos se demoran ms de un ao y que el sistema acumula casos pendientes. Por ello, el anlisis del atraso o pendencia del sistema de justicia civil-mercantil permite analizar la duracin de los procesos, el incremento de la carga de trabajo, los niveles de respuesta oportu-na y el aumento de los costos para a los usuarios.

    As, en 2010, la tasa de pendencia en materia civil-mercantil en pri-mera instancia oscil entre 0,5 y 5,1 en la regin, siendo el promedio regional 1,6. Algunos pases se ubicaron por encima del promedio re-gional (Colombia, Brasil y Costa Rica), mientras que otros lo hicieron por debajo de este (Nicaragua, Chile, entre otros). La tasa de penden-cia ms alta la tuvo Costa Rica, y la ms baja Nicaragua.

    Estos datos permiten realizar algunas observaciones generales. En primer lugar, la defi nicin de casos pendientes vara entre los pa-ses, pues algunos incluyen los casos activos e inactivos, mientras que otros solo incluyen los pendientes activos. Pero, adems, tambin vara segn los arreglos institucionales que cada pas defi ne en su es-tadstica, para establecer que un caso egres por estar inactivo, o que lo hizo por haber fi nalizado de manera efectiva. En segundo lugar, la pendencia debe ser analizada en cada pas de acuerdo con los asun-tos que se tramitan al interior de las materias, para caracterizarla y verifi car la etapa procesal en la que no avanzan.

    Adicionalmente, la tasa de congestin en materia civil-mercantil en primera instancia en 2011 oscil entre 1,5 y 5,1, siendo el promedio regional 2,6. La tasa de congestin ms alta la tuvo Costa Rica, y la ms baja, Bolivia. Algunos pases se ubicaron por encima del prome-dio (Colombia y Ecuador, por ejemplo), y otros, por debajo de este (Chile y Panam, por ejemplo). El anlisis de la congestin debe rea-lizarse con detalle en cada pas, para caracterizar el tipo de asuntos donde se presenta, las etapas procesales en las que ello sucede y la duracin de los procesos.

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  • Es importante tener presente que la congestin permite analizar si el nivel de ingreso, unido a los casos pendientes, puede ser evacuado en tiempos razonables. En algunos casos, segn la congestin del sistema de justicia, la mora judicial requiere no solo que las tasas de resolu-cin sean superiores al 100% (para que egrese ms de lo que ingresa), sino que se efecten estrategias serias de descongestin judicial, in-cluso como medidas defi nitivas para evitar el atraso futuro. A veces, dichas medidas consisten en mayor asignacin de recursos o personal, pero en la gran mayora de casos son la implementacin de modelos adecuados de gestin, esquemas de evacuacin procesal diferenciada, estandarizacin y normalizacin de prcticas de litigantes y usuarios, y polticas pblicas que racionalicen el uso del sistema.

    Fuente: Vase Anexo No. 1 Metodolgico. Elaboracin propia.*Brasil. Los datos son de la primera instancia en los juzgados de primer grado y espe-ciales del nivel federal y estadual.

    Fuente: Vase Anexo No.1 Metodolgico. Elaboracin propia.*Tasa de congestin de 2010.

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    En suma, la pendencia y congestin en materia civil-mercantil es igualmente heterognea en la regin. Por ello, el anlisis debe partir de la caracterizacin en cada pas. Aun as, este no debe deslindarse de: las caractersticas de la litigiosidad en esta materia, las formas de egreso, las prcticas de litigio de los usuarios, y, particularmente, el modelo de gestin del sistema.

    5. Duracin y costos

    El anlisis de las tasas de pendencia y congestin permite mostrar que la duracin de los procesos civiles-mercantiles puede ser mayor a un ao. Por ello, es importante analizar la duracin de los proce-sos, pues esto es un elemento importante para el acceso a la justicia. Respecto de este tema, es bastante difcil obtener una medicin de la duracin de los procesos civiles-mercantiles. En efecto, solo dos poderes judiciales reportaron directamente la duracin de los proce-sos en primera instancia, y ambos dijeron que era superior a un ao. As, Honduras mencion que en 2010 la duracin del proceso civil-mercantil en los juzgados de letras fue de 18 meses, y Uruguay, dijo que fue 19,4 meses.

    Debido a la falta de datos estadsticos directos, es necesario acudir a dos indicadores mundiales que analizan la duracin de los procesos, aunque lo realizan con una metodologa de encuesta. El primero de ellos es The World Justice Project Rule of Law Index6, que en 2011 analiz: i) la duracin de la adjudicacin del caso, es decir, la dura-cin desde el momento del inicio del caso hasta cuando se adjudica el confl icto; ii) la duracin en la ejecucin de la decisin judicial; y iii) la percepcin general de demora. Segn este estudio, en materia de duracin en la adjudicacin de los procesos civiles en 2011, los pases latinoamericanos oscilaron entre 0,2 y 0,68, en una escala de 0 a 1, siendo 1 el mayor puntaje. Bolivia tena el mejor puntaje,

    6 Vase: World Justice Project, The World Justice Project Rule of Law Index 2011, 2012. En: http://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index Para efectos de este do-cumento, se ha asumido que el indicador relacionado con duracin y costos de los procesos se relaciona con la justicia civil-mercantil, ya que de acuerdo con el detalle del cuestionario realizado a los expertos por parte de The World Justice Project Rule of Law Index, los casos hipotticos involucran disputas civiles entre particulares y disputas entre el Estado y los particulares. Dado que varios pases de la regin no tienen especializada la materia contenciosa-administrativa del rea civil-mercantil, se defi ni para efectos de este informe utilizar los datos que se presentan en este captulo del ndice en esta materia. El detalle de los cuestionarios enviados a los expertos en los pases puede encontrarse en: http://worldjusticepro-ject.org/sites/default/fi les/cc-derecho_civil_y_comercial-2012.pdf

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  • mientras que Venezuela tena el menor. Adems, en materia de demo-ra en la ejecucin, los pases de la regin oscilaron entre 0,37 y 0,76, en la misma escala de 0 a 1. Bolivia tena el mejor puntaje, mientras que Venezuela tena el menor.

    En materia de percepcin general de la duracin de los procesos civi-les, el comportamiento en los pases vari signifi cativamente. En ge-neral, el puntaje oscil entre 0,1 y 0,5, en la escala de 0 a 1, siendo 1 el mayor puntaje. Llama la atencin algunos casos como el de Bolivia y Rep. Dominicana. Estos, tuvieron puntajes altos en los indicadores de duracin en la adjudicacin y ejecucin, pero bastante bajos en el indicador de percepcin. Por el contrario, Brasil tuvo un puntaje ms alto en el indicador de percepcin, que en los otros dos. Es interesan-te observar que aunque los resultados del proyecto se fundamentan en la percepcin de las personas encuestadas, aun ellas presentan di-ferencias de opinin respecto de la duracin del proceso y la percep-cin que los usuarios tienen sobre dicha demora. En cualquier caso, el anlisis de la duracin de los procesos debe incluir una medicin objetiva y tambin la opinin de los ciudadanos/as.

    Fuente: The World Justice Project Rule of Law Index 2011. Indicador 7.7.1, 7.7.2, 7.8.2

    El segundo informe que mide la duracin de los procesos es el de Doing Business de 2012 del Banco Mundial, que analiza el tiempo que lleva hacer efectivo un contrato cuando este es incumplido, con-tando a partir del momento en que se interpone la demanda hasta cuando se obtiene el pago. La metodologa del informe implica el anlisis de ello a travs de un caso tipo relacionado con la justicia civil-mercantil (incumplimiento de un contrato y ejecucin), que es

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    estudiado por abogados en distintos pases7. Esto analiza de manera directa los procedimientos mercantiles en materia de conocimiento y ejecucin, pues se basa sobre un caso hipottico que resuelven ex-pertos en los pases. En Amrica Latina, en 2012, segn este estudio, el tiempo que se demor hacer cumplir un contrato oscil entre 409 y 1.459 das. El pas en el que menos tiempo se demor fue Nicara-gua, mientras que en el que ms se tard fue Guatemala. El promedio regional fue de 708 das, es decir, casi dos aos.

    Fuente: Banco Mundial, Doing Business. 2012. En: http://espanol.doingbusiness.org/

    La duracin de los procesos puede tener un impacto directo en los costos de la justicia civil-mercantil. Los costos permiten analizar el acceso a esta justicia, particularmente para aquellas personas de es-casos recursos. De acuerdo con el anlisis realizado por The World Justice Project Rule of Law Index, en 2011, en materia de costos, los pases de la regin oscilaron entre 0,3 y 0,7, en una escala de 0 a 1, siendo 1 el puntaje mayor. Mxico tuvo el mayor puntaje y Rep. Dominicana el menor. Varios pases estaban por encima del promedio mundial (Guatemala, Brasil, Chile, por ejemplo).

    7 La explicacin metodolgica del indicador de cumplimiento de contratos se puede encontrar en: http://www.doingbusiness.org/methodology/enforcing-contracts

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  • Fuente: The World Justice Project Rule of Law Index 2011. Indicador 7.3.4.

    Por su parte, el informe Doing Business del Banco Mundial analiz el costo de la justicia civil expresado en porcentaje de la cantidad demandada, considerando los costos judiciales y los honorarios de abogados cuando el patrocinio legal es obligatorio. Segn el infor-me, en Amrica Latina el promedio del costo requerido para hacer cumplir un contrato fue 31% del valor total de la deuda en 2012. Los pases con mayores costos fueron Panam (50%), Colombia (48%) y Venezuela (44%); y los de menor costo, Argentina (17%), Brasil (17) y Uruguay (19%).

    Fuente: Banco Mundial, Doing Business. 2012. En: http://espanol.doingbusiness.org/

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    En suma, la duracin y los costos de la justicia civil-mercantil tam-bin es heterognea en la regin. Aun as, parece claro que el pero-do de los procesos es, en general, mayor a un ao en esta materia, y sus costos son bastante altos. Al igual que en temas anteriores, es im-portante caracterizar la duracin y los costos de los procesos civiles-mercantiles, de acuerdo el tipo de asuntos de los que se trata, para disear estrategias adecuadas que permitan disminuir la duracin y racionalizar los costos.

    6. Recursos humanos

    En materia de recursos humanos con los que cuenta el sistema de justicia civil-mercantil, se tiene acceso a los datos de la cantidad de jueces especializados existentes en primera instancia. En 2010, la cantidad de estos jueces civiles cada 100.000 habitantes oscil entre 0,3 y 1,7, siendo el promedio 0,9. Colombia y Ecuador fueron los pases con ms jueces civiles especializados, mientras que Honduras y Chile, aquellos que tuvieron menos.

    Fuente: Vase Anexo No. 1 Metodolgico. Elaboracin propia. *Paraguay. Datos de jueces de 2011.

    El anlisis de los recursos con los que cuenta el sistema de justicia civil-mercantil tambin conlleva al anlisis del ndice de causas ci-viles ingresadas por cantidad de jueces civiles especializados. Dicho ndice oscil en la primera instancia del Poder Judicial en 2010, en-tre 227 y 26.710 causas civiles por juez al ao, es decir, entre 19 y 2.226 por mes. Chile tuvo el ndice ms alto, mientras que Ecuador el ms bajo.

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  • Ahora bien, un anlisis detenido en una reforma a la justicia debe considerar este indicador conjuntamente con la caracterizacin del ingreso, para analizar la carga real en este tipo de asuntos. Por ejem-plo, en Chile, la cantidad de casos por juez es bastante alta, pero en ese pas ms del 80% del ingreso est asociado a procesos ejecutivos, siendo muchos de ellos gestiones preparatorias. Por ello, el anlisis de la carga real de trabajo debe considerar la composicin efectiva del ingreso y las actuaciones que llevan a cabo los jueces en dichos asuntos.

    Adicionalmente, es importante tener en cuenta que varios pases ana-lizados tienen jueces multicompetentes encargados de conocer del ingreso de casos civiles-mercantiles, por lo tanto, el ndice de casos ingresados por juez puede ser sustancialmente menor al mencionado en el grfi co.

    Fuente: Vase Anexo No. 1 Metodolgico. Elaboracin propia.

    En suma, el anlisis de los recursos con los que cuenta el sistema de justicia civil-mercantil es muy importante para la realizacin de un diagnstico claro. Un aspecto fundamental es contar con el anlisis presupuestal de la misma. Tambin, es importante analizar el per-sonal con el que cuenta el sistema y su carga de trabajo real, para verifi car si se requieren ms recursos u otra estrategia para abordar la carga de trabajo.

    7. Mecanismos alternos de solucin de confl ictos

    La justicia civil-mercantil resuelve mayoritariamente confl ictos tran-sigibles y conciliables. Por ello, en esta rea se han implementado

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    mecanismos alternos de solucin de confl ictos, como la conciliacin, la mediacin y el arbitraje. Es importante analizar la cantidad de ca-sos que terminan a travs de estos mecanismos, su efectividad, y si el acceso a ellos se da por el desestimulo que genera acceder al sistema de justicia formal, o por ser una alternativa real para el usuario.

    En general, los procesos civiles-mercantiles pueden iniciarse y/o ter-minarse a travs de estos mecanismos. Varios poderes judiciales de la regin registran datos de casos terminados a travs de estas vas, como por ejemplo, Colombia, Costa Rica y Dominicana. Sin embar-go, no es posible saber la proporcin de casos ingresados al Poder Judicial que terminan a travs de estos mecanismos, ni mucho menos, todos aquellos que no ingresan, pues son resueltos a travs de ellos en otras instancias distintas al Poder Judicial. Este es, sin duda, un tema fundamental a trabajar en esta rea.

    Con todo, The World Justice Project Rule of Law Index 2011 ana-liz la accesibilidad, imparcialidad y efectividad de los mtodos alternos de solucin de confl ictos en la justicia civil. En 2011, los pases de la regin oscilaron entre 0,58 y 0,68, en una escala de 0 a 1, siendo 1 el puntaje mayor. Chile tuvo el puntaje ms alto, y Bolivia el ms bajo.

    Ahora bien, si se analiza con detenimiento cada uno de los subindi-cadores que integran el anlisis mencionado, se pueden realizar ob-servaciones adicionales. Por ejemplo, en trminos de efi ciencia, esto es, que los mecanismos alternos no sean sometidos a demoras irra-zonables, el promedio latinoamericano fue 0,57; Rep. Dominicana tuvo el mejor puntaje (0,70) y Colombia y Mxico el menor (0,44). En trminos de accesibilidad, el promedio regional fue de 0,54, y Rep. Dominicana tuvo el puntaje ms bajo (0,30), mientras que Mxico tuvo el ms alto (0,73).

    En trminos de ejecucin efectiva de estos mecanismos alternativos, el puntaje latinoamericano oscil entre 0,34 y 0,92; siendo Venezuela el pas con menor puntaje y Chile el de mayor. El anlisis de la eje-cucin efectiva de los acuerdos/laudos es muy importante, pues es fundamental garantizar la ejecutabilidad de la decisin. De lo con-trario, solo sern mecanismos que no resuelven de manera real las controversias. Pero adems, si estos mecanismos no prevn formas especfi cas de ejecucin, distintas a las tradicionales que involucran procesos ejecutivos o de ejecucin, su falta de ejecucin terminar en procesos en el sistema judicial.

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  • Fuente: The World Justice Project Rule of Law Index 2011. Indicador 7.9.

    En suma, el uso de mecanismos alternos de solucin de confl ictos en la justicia civil-mercantil es, sin duda, una herramienta importante que ha sido utilizada en el sistema de justicia de la regin. Estos, de-ben implementarse de manera armnica con las dems estrategias del sistema de justicia para brindar no solo diversidad en la oferta a los ciudadanos, sino, tambin, calidad en las soluciones brindadas. Por ello, las polticas pblicas en materia de reforma a la justicia deben partir del anlisis de la calidad de los servicios brindados, su efectivi-dad, y su relacin con las otras estrategias de solucin de confl ictos.

    C. Justicia laboral en Amrica Latina

    La justicia laboral es una de las reas ms importantes del sistema de justicia no penal. En general, en todos los pases de la regin est especializada, y en la mayora hay jueces especializados encargados del conocimiento de estos casos. Tambin, en ella se utilizan con fre-cuencia mtodos alternos de solucin de confl ictos, particularmente, la mediacin y conciliacin. Asimismo, el Poder Ejecutivo (ministe-rios de Trabajo) de varios pases tiene instancias que ofrecen solucio-nes a determinadas controversias laborales. El acceso a esta justicia es fundamental, debido a que las controversias usualmente estn me-diadas por relaciones de subordinacin entre las partes.

    1. Acceso, litigiosidad y egreso

    En trminos generales, en 2010 la tasa de litigiosidad en materia la-boral oscil entre 28 y 1.438 causas cada 100.000 habitantes en la

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    primera instancia del Poder Judicial. Los pases con mayor tasa de liti-giosidad fueron Brasil y Chile, y aquellos con menor, fueron Paraguay y Panam. El promedio regional fue 358 casos cada 100.000 habitan-tes, pero la mayora de pases se ubicaron por debajo de este.

    La caracterizacin del ingreso y egreso en materia laboral es muy im-portante, pues permite saber el tipo de controversias que se tramitan y las caractersticas de las partes. Es fundamental conocer la composi-cin del ingreso para clasifi car el peso de asuntos ejecutivos, volunta-rios y declarativos en esta materia, y, tambin, los asuntos especfi cos que se tratan en cada uno de ellas.

    En este sentido, es importante saber si los procesos ejecutivos o cobratorios derivados de relaciones laborales son de conocimiento de la justicia laboral, pues ello incide en la tasa de litigiosidad. Por ejem-plo, los datos de Chile incluyen los casos de cobranza previsional y so-cial, mientras que los de Costa Rica no incluyen varios procesos cobra-torios asociados a relaciones laborales. En Bolivia, los jueces laborales conocen casos de naturaleza ejecutiva social o coactiva en el marco de su competencia, y aunque tienen una tasa de litigiosidad no tan alta, el ingreso de dichos casos corresponde al 57% aproximadamente del total de ingresos del rea8. De esta manera, es muy importante caracte-rizar el ingreso, para tener presente el movimiento de casos en materia laboral, y disear polticas pblicas acorde con ello.

    Fuente: Vase Anexo No. 1 Metodolgico. Elaboracin propia.*Argentina. Los datos de ingresos y poblacin corresponden a 2008. Los ingresos son de la primera instancia de Argentina, sin incluir al Poder Judicial de la Nacin.*Brasil. Los datos corresponden a los casos ingresados en la justicia de trabajo.

    8 Estos clculos se pueden extraer de: rgano Judicial de Bolivia. Consejo de la Judicatura. Anuario Estadstico Judicial 2010, Bolivia, p. 333.

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  • Otro de los aspectos importantes a analizar es la capacidad de pro-duccin de la justicia laboral. En algunos pases el nivel de egreso fue signifi cativamente menor al nivel de ingreso, como, por ejemplo, en Per, Ecuador y Honduras. La tasa de resolucin de casos laborales en 2010 oscil entre 41% y 131% en la primera instancia del Po-der Judicial, siendo que dos pases tuvieron una tasa inferior al 50% (Ecuador y Per).

    Sera interesante analizar las formas de egreso de los casos segn el tipo de asunto del que se trata. Por ejemplo, en dos pases don-de se incluyen casos de cobranza previsional o social, las tasas de resolucin son menores al 100% (Chile y Bolivia), mientras que en otro, donde varios procesos cobratorios no se incluyen, la tasa de resolucin es superior al 100% (Costa Rica). Con todo, es importante analizar la composicin del ingreso y egreso de los casos, as como caracterizar su forma de terminacin para desarrollar polticas que enfrenten el trmite de manera diferenciada.

    Fuente: Vase Anexo No. 1 Metodolgico. Elaboracin propia.*Argentina. Los datos corresponden a 2008 e incluyen los ingresos de la primera instan-cia de Argentina, sin incluir al Poder Judicial de la Nacin.*Brasil. Los datos corresponden a los casos ingresados en la justicia de trabajo.

    Adicionalmente, la caracterizacin del ingreso y egreso de la segunda instancia es igualmente importante, pues permite analizar la carga de trabajo de estos jueces, la cantidad de jueces que se requieren, el tipo de asuntos que ms ingresan, entre otras.

    En el marco de esta investigacin se pudo analizar la litigiosidad y egreso en segunda instancia. En 2010, la tasa de litigiosidad oscil entre 0,05 y 121 causas cada 100.000 habitantes en varios pases de la regin. Colombia tuvo la tasa ms alta, mientras que Rep. Dominicana

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    la ms baja. Es interesante observar que aunque este indicador no mide la tasa de recursibilidad, permite inferir que existe un ingreso sustan-cialmente menor al de primera instancia. Por ello, es clave tener en cuenta que la primera instancia concentra el mayor ingreso de casos.

    Por otro lado, la proporcin de casos que egresan es menor a los in-gresos cada 100.000 habitantes, lo que implica que el promedio de tasa de resolucin est por debajo del 100%. En efecto, este es de 80%. La tasa de resolucin oscil entre el 42% y el 103% en 2010 en la regin, siendo Paraguay el pas con menor tasa, y Costa Rica el pas con mayor. Al igual que en el anlisis de datos anteriores, es fun-damental caracterizar los asuntos que ingresan y la forma de termina-cin de los mismos, para verifi car los motivos por los cuales egresa una menor cantidad de casos respecto de aquellos que ingresan, y si esta situacin se relaciona con los tipos de asuntos y su forma espec-fi ca de terminacin.

    Fuente: Vase Anexo No. 1 Metodolgico. Elaboracin propia.*Uruguay. El anlisis de casos terminados solo tiene en cuenta aquellos terminados por sentencia defi nitiva.

    En suma, el anlisis del ingreso y egreso en materia laboral en prime-ra y segunda instancia es heterogneo en la regin. Esto implica que una reforma a la justicia debe tener en cuenta las realidades locales y caracterizar el ingreso y egreso en esta materia. Por ello, es importan-te estudiar los tipos de asuntos que ingresan en esta justicia, su peso al interior de la misma, la forma de terminacin de los procesos, los

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  • casos que se conocen en segunda instancia, la tasa de recursibilidad, entre otras.

    2. Anlisis de la pendencia y congestin

    La justicia laboral involucra controversias especialmente sensibles que deben resolverse en tiempos cortos. Pero esta justicia no est exenta de las crticas por la demora de los procesos judiciales, y el hecho de que en varios pases las tasas de resolucin sean inferiores al 100%, implica que los procesos se demoran ms de un ao y que el sistema acumula casos pendientes que lo congestionan. Por ello, el anlisis del atraso o pendencia del sistema de justicia laboral es fundamental para analizar las polticas pblicas adecuadas para contrarrestar la demora.

    En 2010, la tasa de pendencia en materia laboral oscil entre 0,86 y 2,2 en la primera instancia del Poder Judicial en los pases de Amri-ca Latina, siendo el promedio regional 1,29. Panam tuvo la menor tasa de pendencia y Chile la mayor.

    La tasa de pendencia en materia laboral es ms homognea que en materia civil-mercantil. Con todo, es importante caracterizar los ca-sos pendientes, para conocer los asuntos que requieren mayor tiempo para ser resueltos. Por ejemplo, sera interesante analizar si los proce-sos cobratorios al interior de la justicia laboral son una proporcin sig-nifi cativa de casos pendientes, y por ello, Costa Rica tiene una tasa de pendencia relativamente baja y Chile una tasa alta. En cualquier caso, los datos evidencian la necesidad de analizar el comportamiento de la pendencia en cada pas, para identifi car realidades propias, y a partir de ah, disear polticas adecuadas para contrarrestar la pendencia.

    Fuente: Vase Anexo No. 1 Metodolgico. Elaboracin propia.

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    Adicionalmente, la pendencia unida al nivel de ingreso y egreso determina la congestin del sistema de justicia. En 2011, la tasa de congestin en materia laboral oscil entre 1,77 y 3,89 en la primera instancia del Poder Judicial, siendo Panam el pas con menor tasa de congestin, y Ecuador el pas con la mayor. El promedio regio-nal fue 2,61, y la mayora de pases se ubicaron por debajo de este (Colombia, Costa Rica, El Salvador, por ejemplo). Aunque la tasa de congestin en materia laboral es mucho ms homognea que la tasa de congestin en materia civil-mercantil, es menos homognea que la tasa de pendencia laboral.

    Fuente: Vase Anexo No.1 Metodolgico. Elaboracin propia.*Tasa de congestin de 2010.

    En suma, la pendencia y congestin en materia laboral es heterog-nea en la regin, aunque es ms homognea que en materia civil- mercantil. Se debe caracterizar la pendencia y la congestin, sin des-lindar el anlisis de las caractersticas de la litigiosidad, las formas de egreso, las prcticas de litigio de los usuarios y el modelo de gestin del sistema.

    3. Recursos humanos

    En materia de recursos humanos se cuenta con los datos de la canti-dad de jueces laborales especializados en primera instancia. En 2010, la cantidad de jueces especializados cada 100.000 habitantes en la primera instancia del Poder Judicial oscil entre 0,1 y 1,4, siendo el promedio 0,4. Costa Rica fue el pas con ms jueces laborales espe-cializados, mientras que Paraguay y Honduras fueron los que tuvieron menos.

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  • Fuente: Vase Anexo No. 1 Metodolgico. Elaboracin propia. *Paraguay. Datos son de 2011.

    Por supuesto, es fundamental analizar la relacin entre la demanda en la justicia laboral y la cantidad de jueces existentes. Una forma de analizarla es a travs del ndice de causas laborales ingresadas por jueces especializados. En 2010, dicho ndice oscil en la primera ins-tancia del Poder Judicial entre 130 y 3.037 causas laborales por juez al ao, es decir, entre 11 y 253 por mes. Chile tuvo el ndice ms alto, mientras que Panam tuvo el ndice ms bajo. Adicionalmente, varios pases tienen jueces multicompetentes encargados de conocer del ingreso de casos laborales, por lo tanto, el ndice de casos ingre-sados por juez puede ser sustancialmente menor al mencionado en el grfi co.

    Fuente: Vase Anexo No. 1 Metodolgico. Elaboracin propia.

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    Una reforma en materia laboral debe considerar este indicador y la composicin del ingreso de los asuntos para analizar la carga real de trabajo. Por ejemplo, en Chile la carga de casos por juez es bastante alta pero muchos son de cobranza previsional. El anlisis debe rea-lizarse junto con el esquema procesal aplicable, pues las cargas de trabajo difi eren.

    D. Justicia de familia en Amrica Latina

    La justicia de familia es una de las ms relevantes desde el punto de vista de acceso a la justicia en materia no penal, pues ella trata asuntos que afectan la vida cotidiana de las personas. La composi-cin de los asuntos de familia es de las ms complejas de defi nir. En efecto, varios asuntos han sido considerados de naturaleza ms civil que familiar (cambio del estado civil por matrimonio); otros, ms de naturaleza penal que familiar (maltrato infantil, violencia intrafa-miliar); y otros, ms de carcter especializado como los de infancia (adopciones, proteccin de nios/as, entre otras). Por este motivo, conocer de manera precisa la carga de trabajo en materia de familia requiere analizar la composicin de los asuntos que se tramitan en esta materia, y las que pueden ser de conocimiento de otras reas. En varios pases, por ejemplo, la materia de niez y adolescencia ha sido separada del rea de familia, y por ello no la incluyen en esta, pero otros s lo hacen. Tambin, varios pases consideran la violencia intra-familiar de naturaleza penal, y no la incluyen en el rea de familia, mientras que otros s lo hacen.

    1. Acceso y litigiosidad

    Teniendo en cuenta lo anterior es muy importante analizar con dete-nimiento la composicin de la litigiosidad en el rea de familia. En 2010, la tasa de litigiosidad en materia de familia oscil entre 220 y 2.711 causas cada 100.000 habitantes, en la primera instancia del Poder Judicial. Los pases con mayor tasa de litigiosidad fueron Chile y Costa Rica, y aquellos con la menor, fueron Honduras y Colombia. El promedio regional fue de 827 casos cada 100.000 habitantes.

    Estos datos incluyen nicamente los asuntos reportados como familia en primera instancia de manera especfi ca, por lo cual es posible que haya casos no incluidos que pudieron haber sido de conocimiento de jueces multicompetentes. Tambin, es posible que en algunos casos, como el de Argentina, los datos incluyan asuntos de personas meno-res de edad en confl icto con la ley penal. Igualmente, en algunos pa-

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  • ses se incluyen casos que se presentan como especializados pero que son de familia, como por ejemplo en Costa Rica, donde las pensiones alimentarias y la violencia domstica son subespecializadas.

    Fuente: Vase Anexo No. 1 Metodolgico. Elaboracin propia.*Argentina. Los datos corresponden a 2008 e incluyen los ingresos de la primera ins-tancia de Argentina, sin incluir al Poder Judicial de la Nacin. En temas de familia, es posible que los datos incluyan asuntos relacionados con personas menores de edad en confl icto con la ley penal. *Costa Rica. Los datos incluyen asuntos catalogados como familia, y pensiones alimen-tarias y violencia domstica, siendo que estos ltimos se encuentran especializados en ese pas.

    Adicionalmente, respecto de la tasa de litigiosidad en segunda ins-tancia, en 2010 sta oscil entre 9,5 y 47,5 causas cada 100.000 habitantes en varios pases de la regin. Chile tuvo la tasa ms alta, mientras que Colombia la ms baja. Como se ha mencionado ante-riormente, aunque este indicador no mide la tasa de recursibilidad, permite inferir que existe un ingreso sustancialmente menor de casos en segunda instancia. Por ello, es clave que una reforma procesal tenga en cuenta que es en primera instancia donde se concentra el mayor ingreso de casos.

    Por otro lado, es interesante observar la proporcin de casos que egresan en esta materia. En tres de los cinco pases analizados, la cantidad de egresos es menor que la cantidad de ingresos, lo que implica que la tasa de resolucin est por debajo del 100 en segunda instancia.

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    Fuente: Vase Anexo No. 1 Metodolgico. Elaboracin propia.*Uruguay. El anlisis de casos terminados solo tiene en cuenta aquellos terminados por sentencia defi nitiva.*Costa Rica. Los datos incluyen asuntos catalogados como de familia y de violencia domstica.

    En suma, el ingreso en materia de familia en primera y segunda ins-tancia es heterogneo en la regin. Esto implica que una reforma a la justicia debe tener en cuenta las realidades locales y caracterizar el ingreso para conocer los tipos de asuntos que ingresan, la distribu-cin de su peso al interior de la misma, los casos de conocimiento de la segunda instancia, entre otras. Ello permite un anlisis ms detalla-do de cara a una poltica pblica en esta materia.

    2. Egreso y pendencia

    De otra parte, el anlisis de la litigiosidad debe ir acompaada del estudio del egreso y la pendencia, pues es importante analizar la ca-pacidad de produccin del sistema de justicia en materia de familia. En este sentido, por ejemplo, la tasa de resolucin de casos de familia en primera instancia en el Poder Judicial en 2010 oscil entre 70% y 100%, siendo el promedio 89%. En todo caso, en esta materia existe ms homogeneidad en las tasas de resolucin del rea civil-mercantil y laboral. Aun as, las tasas de resolucin estn en casi todos los pa-ses por debajo del 100%, lo que signifi ca que algunos casos se acu-mulan al siguiente perodo. En algunos pases el nivel de egreso fue signifi cativamente menor al nivel de ingreso, como, por ejemplo, en Honduras y Nicaragua.

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  • Fuente: Vase Anexo No. 1 Metodolgico. Elaboracin propia.*Costa Rica. Los datos incluyen los asuntos de familia, pensiones alimentarias y violen-cia domstica.

    De esta manera se puede deducir que la mayora de pases acumulan casos pendientes. En efecto, en 2010, en varios pases de Amrica Latina la tasa de pendencia oscil entre 0,2 y 1,31 en la primera ins-tancia del Poder Judicial, siendo el promedio 0,65. Costa Rica tuvo la tasa de pendencia ms alta, mientras que Chile tuvo la ms baja.

    En materia de familia es importante caracterizar los asuntos que se resuelven y su forma de terminacin. Igualmente, es importante anali-zar cules son los casos que permanecen pendientes, y especialmente los motivos por los cuales ello es as. Por ejemplo, sera pertinente analizar las formas de egreso, particularmente, de aquellos asuntos que deben ser revisados peridicamente, tales como el pago de cuo-tas alimentarias o de visitas de los padres/madres, entre otros.

    Fuente: Vase Anexo No. 1 Metodolgico. Elaboracin propia.*Honduras. Tasa de pendencia de 2011.*Costa Rica. Los datos incluyen familia, pensiones alimentarias y violencia domstica.

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    En suma, el egreso y la pendencia en materia de familia son heterog-neos en la regin. Deben ser caracterizados de acuerdo con la litigio-sidad y el tipo de asuntos que se tramitan en ella.

    3. Recursos humanos

    En materia de recursos se tienen los datos de la cantidad de jueces es-pecializados en primera instancia. En 2010, la cantidad de jueces de familia especializados cada 100.000 habitantes oscil entre 0,1 y 2 en la regin, siendo el promedio 0,6. Chile y Uruguay fueron los pa-ses con ms jueces de familia especializados, mientras que Rep. Do-minicana y Honduras los pases con menor cantidad. En todo caso, es fundamental tener presente que jueces multicompetentes pueden resolver asuntos de familia en primera instancia en los pases.

    Fuente: Vase Anexo No. 1 Metodolgico. Elaboracin propia.

    Adems, respecto del ndice de causas de familia ingresadas por juez, en 2010, este oscil en la primera instancia del Poder Judicial entre 186 y 2.645 causas por juez al ao, es decir, entre 15,5 y 220,4 cau-sas por mes. Rep. Dominicana tuvo el ndice ms alto, mientras que Chile tuvo el ms bajo. Dicho ndice puede ser menor en algunos casos, si se considera que los jueces multicompetentes conocen casos en esta materia en primera instancia.

    Adicionalmente, para conocer la carga real de cada juez en materia de familia, es importante conocer la composicin del ingreso, parti-cularmente, el peso de los asuntos voluntarios, ejecutivos y conten-ciosos, pues es probable que los dos primeros representen una carga menor, aunque se contabilicen igual que los casos contenciosos.

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  • Fuente: Vase Anexo No. 1 Metodolgico. Elaboracin propia.

    E. Justicia contencioso-administrativa

    La justicia contencioso-administrativa es aquella en la que se resuelven controversias donde al menos una de las partes es de derecho pblico, y que se derivan de actos o hechos imputables al Estado. Esta es una de las materias donde hay ms disimilitud en la regin, debido a que: i) no todos los pases la consideran especializada, y por ello, en varios pases se encuentra al interior de la justicia civil-mercantil o la-boral; ii) algunos pueden tener arreglos institucionales diversos para resolver estas controversias, como por ejemplo, tener dividida la com-petencia entre autoridades judiciales y administrativas; iii) otros pases pueden considerarla totalmente especializada en el Poder Judicial; y iv) otros pueden tener algunas submaterias especializadas (fi scal, por ejemplo), pero los dems casos en tribunales civiles o laborales.

    1. Acceso, litigiosidad y egreso

    De esta manera, conocer con exactitud la magnitud de litigiosidad en esta materia es muy difcil, pues se requiere analizar con detalle estos asuntos en cada pas. As, algunos asuntos que en unos pases puedan ser de competencia de jueces contencioso-administrativos, en otros pueden ser de jueces laborales o civiles-mercantiles. Por eso, sera importante caracterizar esta justicia en cada pas para conocer, con exactitud, los asuntos que la integran.

    De acuerdo con los datos que se pudieron relevar en esta investiga-cin, en 2010 la tasa de litigiosidad en materia contencioso-admi-nistrativa en la primera instancia del Poder Judicial oscil entre 7,6 y 379,8 causas cada 100.000 habitantes. Los pases con mayor tasa de litigiosidad fueron Colombia y Argentina, y aquellos con menor tasa fueron Rep. Dominicana y Honduras.

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    Estos datos incluyen solo los asuntos reportados como contencioso-administrativos en primera instancia en cada pas, por lo cual es posible que haya casos no incluidos que fueron de conocimiento de otros jueces. En el caso de Rep. Dominicana, Honduras, Uruguay, Costa Rica y Colombia los datos incluyen los asuntos directamente reportados como contencioso-administrativos. En el caso de Hondu-ras, dichos datos no incluyen la materia fi scal; y en el caso de Costa Rica tampoco incluyen los procesos ejecutivos derivados de una obli-gacin de naturaleza administrativa. En el caso de Bolivia, los datos corresponden a aquellos mencionados como ingresos en materia administrativa, coactivo fi scal y tributario de las ciudades capitales y El Alto; y en Argentina, a los reportados en los poderes judiciales pro-vinciales sin incluir al Poder Judicial de la Nacin.

    Por ello, es importante conocer la composicin del ingreso en mate-ria contencioso-administrativa en cada pas, y los casos que son de conocimiento de otros jueces, para analizar con exactitud las tasas de litigiosidad en esta materia. Dado que cada pas tiene distribuido el conocimiento de estos casos de manera distinta, es fundamental que el anlisis de esta materia se realice de manera omnicomprensiva en el pas. Esto implica, tambin, que es importante defi nir cul es la naturaleza de los casos contencioso-administrativos a nivel local. Es probable que sobre ello no haya acuerdo en la regin.

    Fuente: Vase Anexo No. 1 Metodolgico. Elaboracin propia.*Argentina. Los datos corresponden a 2008 e incluyen los ingresos de la primera instan-cia de Argentina, sin incluir al Poder Judicial de la Nacin.*Bolivia. Los datos corresponden a los casos ingresados en materia administrativa, coactivo fi scal y tributario de las ciudades capitales y El Alto.

    Por otro lado, se debe analizar la tasa de resolucin en materia con-tencioso-administrativa. As, en la primera instancia del Poder Judicial en 2010, la tasa de resolucin oscil entre 51% y 157%, siendo el

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  • promedio 87%. Con excepcin de Costa Rica, las tasas de resolucin estn en casi todos los pases por debajo del 100%, lo que quiere de-cir que existen casos pendientes para el siguiente perodo. En algunos pases el nivel de egreso fue signifi cativamente menor al nivel de in-greso, como, por ejemplo, en Argentina y Rep. Dominicana. Aunque no es posible analizar la tasa de pendencia por falta de datos, la tasa de resolucin permite inferir que en varios pases esta puede ser alta.

    Fuente: Vase Anexo No. 1 Metodolgico. Elaboracin propia.*Argentina. Los datos corresponden a 2008 e incluyen los ingresos de la primera instan-cia de Argentina, sin incluir al Poder Judicial de la Nacin.

    En suma, el anlisis del ingreso y egreso en materia contencioso administrativa es uno de los asuntos ms difciles de comparar en la regin, debido a la heterogeneidad de las competencias en el co-nocimiento de estos casos, y a la diversidad en la defi nicin de lo que se considera un asunto contencioso-administrativo. Por ello, una reforma a la justicia que involucre esta rea debe partir de la caracte-rizacin del ingreso y egreso, de acuerdo con las realidades locales, y de manera armnica con las dems reas de la justicia no penal, particularmente, la civil-mercantil y la laboral.

    2. Recursos humanos

    En materia de recursos con los que cuenta la justicia contencioso-administrativa, la cantidad de jueces contenciosos especializados cada 100.000 habitantes en 2010, oscil entre 0,11 y 0,56 en algu-nos pases de la regin. Colombia y Costa Rica fueron los pases con ms jueces contencioso-administrativos especializados, mientras que Honduras y Uruguay, los pases con menos.

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    Adems, respecto del ndice de causas contenciosas ingresadas por juez, en 2010, este oscil en la primera instancia del Poder Judicial entre 91 y 468 causas por juez al ao, es decir, entre 7,5 y 39 causas por juez al mes. Ahora bien, debido a la diversidad en la estructura judicial-administrativa encargada de conocer estos casos en los pases la regin, el anlisis de esta informacin debe generar una refl exin interna de acuerdo con las realidades locales.

    Fuente: Vase Anexo No. 1 Metodolgico. Elaboracin propia.

    IV. CONCLUSIONES GENERALES

    A. Resumen de la informacin

    El sistema de justicia no penal en Amrica Latina est compuesto por diversas materias, que no necesariamente coinciden entre los distin-tos pases. En general, est integrado por materias civiles-mercantiles, laborales y de familia. Tambin, en algunos pases, por materias con-tencioso-administrativas, constitucionales, agrarias, inmobiliarias, de niez y adolescencia, entre otras.

    Los sistemas de justicia latinoamericanos tienen estructuras comple-jas en materias no penales. No solo incluyen al Poder Judicial, sino, tambin, a instituciones del Poder Ejecutivo, de otros organismos pblicos, y de organizaciones privadas. En materia judicial, adems, no solo existen jueces especializados en distintas reas, sino, adems,

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  • jueces con competencia mltiple que aplican leyes sustanciales e in-cluso procesales diversas. En trminos generales, en 2010, en la pri-mera instancia del Poder Judicial, la globalidad de jueces no penales oscil entre 1,1 y 7,1 cada 100.000 habitantes en la regin.

    En el mbito del Poder Judicial, en 2010, el peso de la justicia no pe-nal en la primera instancia fl uctu entre el 48% y el 86%, siendo el promedio regional 66%. Ese ao, la tasa de litigiosidad en materia no penal (civil-mercantil, laboral, familia y contencioso-administrativo) en primera instancia oscil entre 805 y 13.825 causas cada 100.000 habitantes. Adems, el promedio regional de la tasa de resolucin global en las materias civil-mercantil, laboral y de familia fue 84% en la primera instancia. Y la tasa global de pendencia (civil-mercantil, laboral y familia) fl uctu entre 0,58 y 2,43 tambin en la primera ins-tancia en la regin.

    Respecto de la justicia civil-mercantil, su peso dentro del rea no penal oscil entre el 11% y el 73% en la primera instancia del Poder Judicial, en 2010, siendo el promedio regional 45%. Adems, en su interior, el peso de los asuntos ejecutivos/cobratorios fl uctu entre el 9% y el 88. La tasa de litigiosidad civil-mercantil oscil entre 203 y 9.676 causas cada 100.000 habitantes en primera instancia, y el pro-medio regional fue 1.541 casos. Adems, la tasa de resolucin fl uctu entre 40% y 142%, siendo el promedio regional 83,9%. Asimismo, en 2010, la tasa de pendencia oscil entre 0,5 y 5,1 en la primera ins-tancia, mientras que la tasa de congestin lo hizo entre 1,5 y 5,1 en la misma instancia en 2011.

    Por otra parte, en materia laboral, en 2010, la tasa de litigiosidad fl uctu entre 28 y 1.438 causas cada 100.000 habitantes, en la pri-mera instancia del Poder Judicial; y la tasa de resolucin entre 41% y 131%. Adems, la tasa de pendencia oscil entre 0,86 y 2,2 en la pri-mera instancia del Poder Judicial, mientras que la tasa de congestin entre 1,77 y 3,89 en la misma instancia en 2011.

    Asimismo, en materia de familia, en 2010, la tasa de litigiosidad fl uc-tu entre 220 y 2.711 causas cada 100.000 habitantes, en primera instancia, siendo el promedio regional 827 causas. La tasa de resolu-cin oscil entre 70% y 100%, siendo el promedio 89%. Adems, ese ao la tasa de pendencia fl uctu entre 0,2 y 1,31, siendo el promedio regional 0,63.

    Por ltimo, en materia contencioso-administrativa, la tasa de litigiosi-dad oscil entre 7,6 y 379,8 causas cada 100.000 habitantes en pri-

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    mera instancia. La tasa de resolucin fl uctu entre 51% y 157% ese ao, siendo el promedio 87%.

    B. Sugerencias para analizar la informacin estadstica en una re-forma a la justicia no penal

    La reforma a la justicia no penal debe partir de un anlisis especfi co que caracterice su estructura y funcionamiento en cada pas. Res-pecto de su estructura, debe partir de un hecho cierto: los sistemas de justicia no penales tienen estructuras complejas. Por ello, en cada pas la estructura vara y est integrada por una diversidad de institu-ciones pblicas y privadas. As, una reforma a estas reas debe partir del anlisis de las diferentes herramientas del sistema de justicia no penal, es decir, las competencias encargadas al Poder Judicial y a otras autoridades pblicas; el uso de mecanismos alternos de solu-cin de confl ictos; la existencia de servicios de asistencia legal; la cantidad de abogados litigantes existentes; las demandas ciudadanas ms importantes en esta rea, entre otras. Este anlisis debe entender que cualquier reforma debe disearse desde el punto de vista sist-mico, ms que desde el punto de vista del Poder Judicial. Su nfasis debe ser garantizar el acceso a la justicia de las personas.

    Adicionalmente, respecto de su funcionamiento, el anlisis debe partir del conocimiento de la composicin de las materias no pena-les en cada pas. As, la caracterizacin de la litigiosidad no penal es fundamental para conocer los asuntos que ingresan al sistema de justicia, la forma de terminacin de los mismos, la cantidad de jueces especializados y de competencia mltiple que existen, las autorida-des no judiciales que conocen estos casos, entre otras. Ello permitir tener informacin de calidad para defi nir las polticas pblicas que permiten mejorar el acceso a la justicia segn las mayores demandas ciudadanas. Por esto, la caracterizacin de la litigiosidad debe ser lo ms especfi ca posible, es decir, no solo debe estar desagregada por materias (civil-mercantil, laboral, de familia, entre otras), sino que debe proporcionar informacin especfi ca sobre cada una de ellas.

    Sobre esto, es fundamental conocer: i) cul es la proporcin de los ingresos de los asuntos voluntarios, ejecutivos y contenciosos en las materias no penales; ii) cul es la proporcin de casos de menor y mayor cuanta; iii) cual es la naturaleza de las partes demandantes y demandadas en los procesos; y iv) cul es el uso real de los me-canismos alternos de solucin de controversias, entre otras. Esta infor-macin permite evaluar las mejores estrategias y diseos procesales y extraprocesales para el trmite de los asuntos; enfrentar debates sobre

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  • tasas judiciales y gratuidad de la justicia; analizar la posibilidad de concurrir al proceso sin abogado, entre otras. En fi n, la informacin permite mayor calidad en los debates y propuestas de reforma a la justicia.

    En materia civil-mercantil, por ejemplo, es claro que la proporcin de procesos ejecutivos es bastante alta en muchos pases, por lo que una reforma debe considerar un tratamiento especializado de estos asuntos. Pero, adems, es necesario analizar si los asuntos voluntarios pueden ser competencia de otras instancias distintas al Poder Judicial. Igualmente, es importante tener en cuenta el bajo ingreso de asuntos declarativos que son los que tienen controversia entre las partes, para fortalecer el acceso a la justicia en ellos. En materia laboral y de fa-milia, por ejemplo, es pertinente estudiar el impacto del uso de los mecanismos alternos de solucin de confl ictos y la efectividad real de cumplimiento de sus decisiones, para analizar si funcionan de manera adecuada o son una estrategia que no presenta la efectividad requerida.

    Por otro lado, respecto del funcionamiento del sistema, otro aspecto fundamental a tener en cuenta es la forma de terminacin de los ca-sos en las distintas materias. Es importante analizar cundo termina un caso y cundo se debe defi nir como egresado. Ello tambin per-mite analizar los motivos que explican las distintas formas de termi-nacin de los asuntos y las diferencias en la duracin de los procesos. Este anlisis tambin permite examinar los momentos del trmite pro-cesal en el que ms se tardan los asuntos, y la carga real de trabajo de los jueces y dems involucrados.

    Asimismo, otro aspecto importante a considerar es la pendencia y congestin del sistema de justicia. En esto, es necesario no solo cono-cer los asuntos en los que existe mora judicial, sino, principalmente, cules son las causas para ello. Lo anterior permitir el diseo de distintas estrategias para enfrentar la pendencia y congestin, y la incorporacin de herramientas que las eviten en el futuro. Sobre este punto, diversas medidas pueden ser adoptadas, especialmente aque-llas relacionadas con: la implementacin adecuada de modelos de gestin, esquemas de evacuacin procesal diferenciada, estandariza-cin y normalizacin de prcticas de litigantes y usuarios, y polticas pblicas que racionalicen el uso del sistema.

    En este mismo sentido, los recursos con los que cuenta el sistema de justicia es un asunto muy importante a analizar. Es interesante conocer los recursos econmicos y humanos con los que cuenta ac-

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    tualmente el sistema de justicia no penal en cada una de las materias, para establecer, en caso de una reforma, qu recursos tiene, cules pueden redistribuirse y cules adicionales son requeridos.

    En conclusin, el anlisis de la informacin es altamente relevante para el diseo e implementacin de una reforma a la justicia no pe-nal, de acuerdo con los objetivos de la misma. En trminos generales, la informacin permite: i) el diseo de la reforma desde el punto de vista sistmico, y ii) la planeacin y proyeccin de su implementa-cin. La informacin nutre de manera efi ciente las discusiones sobre las reformas a la justicia no penal en cada pas.

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    AN

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    CO

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    S SO

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    Arg

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    a

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    icas

    Judi

    cial

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    e la

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    a Fe

    dera

    l de

    Cor

    tes

    y Su

    peri

    ores

    Tri

    buna

    les

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    stic

    iade

    las

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    inci

    as A

    rgen

    tinas

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    de B

    ueno

    s A

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    .

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    Just

    icia

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    orm

    aci

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    Just

    icia

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    011.

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    os d

    atos

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    os d

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    plea

    dos

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    rim

    era

    inst

    anci

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    cluy

    en to

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    mer

    a in

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    cia

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    Arg

    entin

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    os d

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    de

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    dos

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    ente

    ncia

    , fue

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    extr

    ado

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    Junt

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    os d

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    de

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    clui

    r as

    unto

    s pe

    nale

    s de

    ado

    lesc

    ente

    s.

    79

    LOS SISTEMAS DE JUSTICIA NO PENAL EN AMRICA LATINA: INFORMACIN DE LA JUSTICIA CIVIL-MERCANTIL...

  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

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    stic

    o Ju

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    corr

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    ingr

    esad

    os

    nuev

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    s eg

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    das

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    ados

    de

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    in.

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    cluy

    co

    mo

    prim

    era

    inst

    anci

    a en

    est

    as m

    ater

    ias

    los

    juzg

    ados

    de

    par

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    pue

    s el

    los

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    ia e

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    nda

    inst

    anci

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    los

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    est

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    ncia

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    ia, e

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    orm

    e de

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    Judi

    cial

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    los

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    esos

    de

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    ueva

    s de

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    ingr

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    aci

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    aci

    n de

    est

    e in

    form

    e so

    lo s

    e tu

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    inis

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    cial

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    tos

    juzg

    ados

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    unto

    s pe

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    se

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    s pe

    nale

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    dos.

    6.

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    das

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    cal

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    s da

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    ivil,

    fam

    ilia,

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    ativ

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    utar

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    re

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    orm

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    ano

    Judi

    cial

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    trat

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    ctiv

    o fi s

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    trib

    utar

    io n

    o se

    con

    tabi

    liz

    com

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    ncio

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    dmin

    istr

    ativ

    o d

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    o a

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    en e

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    l rg

    ano

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    cial

    no

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    sejo

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    iona

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    form

    e la

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    eria

    no

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    y en

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    o pe

    nal,

    no id

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    las

    mat

    eria

    s es

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    te e

    s la

    de

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    ajo,

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    sdic

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    las

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    por

    el C

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    inst

    anci

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    eria

    no

    pen

    al

    incl

    uye

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    de lo

    s ca

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    repo

    rtad

    os c

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    dici

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    le

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    oder

    Judi

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    de

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    iona

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    de

    la

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    n.

    2. S

    erie

    Info

    rme

    Just

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    s F

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    2012

    .

    1. T

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    aci

    n y

    los

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    los

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    ados

    ) cor

    resp

    onde

    n a

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    form

    aci

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    Sup

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    Just

    icia

    de

    Chi

    le.

    2. E

    n m

    ater

    ia la

    bora

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    sum

    aron

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    se

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    civ

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    Judi

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    010,

    cor

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    onde

    n a

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    idas

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    oria

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    pr

    oces

    os e

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    tivos

    .

    81

    LOS SISTEMAS DE JUSTICIA NO PENAL EN AMRICA LATINA: INFORMACIN DE LA JUSTICIA CIVIL-MERCANTIL...

  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

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    aci

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    rela

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    asun

    tos

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    ora

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    ello

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    por

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    Con

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    Sup

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    ados

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    n.

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    osib

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    tos

    incl

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    con

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    que

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    de

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    ient

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    82

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    s en

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    os, y

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    pen

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    e fu

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    por

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    los

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    esta

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    icas

    de

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    cial

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    0/in

    dex.

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    ulta

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    n fe

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    201

    3).

    83

    LOS SISTEMAS DE JUSTICIA NO PENAL EN AMRICA LATINA: INFORMACIN DE LA JUSTICIA CIVIL-MERCANTIL...

  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    Rep

    blic

    aD

    omin

    ican

    a

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    oder

    Judi

    cial

    . Cor

    te S

    upre

    ma

    de

    Just

    icia

    . Res

    pues

    ta a

    l cue

    stio

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    o en

    viad

    o a

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    A e

    n el

    mar

    co d

    e la

    inve

    stig

    aci

    n.

    2. P

    oder

    Judi

    cial

    . Mem

    oria

    s 20

    10, S

    anto

    D

    omin

    go, R

    P, 2

    012.

    1. T

    oda

    la in

    form

    aci

    n y

    los

    dato

    s ut

    iliza

    dos

    corr

    espo

    nden

    a in

    form

    aci

    n ofi

    cia

    l en

    viad

    a po

    r la

    Cor

    te S

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    ia (s

    alvo

    los

    dato

    s re

    laci

    onad

    os c

    on lo

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    s vo

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    s qu

    e fu

    eron

    cal

    cula

    dos

    por

    la a

    utor

    a a

    part

    ir d

    e la

    s es

    tad

    stic

    as

    esta

    blec

    idas

    en

    el in

    form

    e de

    Mem

    oria

    s 20

    10 d

    el P

    oder

    Judi

    cial

    ). 2.

    Los

    dat

    os d

    e la

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    mer

    a in

    stan

    cia

    no in

    cluy

    en lo

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    os e

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    zgad

    os

    de p

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    en R

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    ican

    a ex

    iste

    n tr

    ibun

    ales

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    era

    inst

    anci

    a y

    no

    cons

    ider

    an a

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    juzg

    ados

    de

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    com

    o pr

    imer

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    cia.

    3. L

    os d

    atos

    incl

    uyen

    los

    caso

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    y n

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    os p

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    paz.

    4.

    Los

    dat

    os d

    e fa

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    a no

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    uyen

    tem

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    elac

    iona

    dos

    con

    el

    rea

    de

    infa

    ncia

    y a

    dole

    scen

    cia.

    5.

    El c

    lcu

    lo d

    e lo

    s as

    unto

    s vo

    lunt

    ario

    s se

    rea

    liza

    sobr

    e la

    bas

    e de

    aqu

    ello

    s pr

    esen

    tado

    s en

    la M

    emor

    ia d

    el P

    oder

    Judi

    cial

    , par

    a lo

    cua

    l se

    sum

    an lo

    s as

    unto

    s co

    nten

    cios

    os y

    adm

    inis

    trat

    ivos

    ingr

    esad

    os e

    n m

    ater

    ia c

    ivil.

    Los

    adm

    inis

    trat

    ivos

    pu

    eden

    ent

    ende

    rse

    com

    o v

    olun

    tari

    os,

    pue

    s co

    rres

    pond

    en a

    : Rec

    tifi c

    acio

    nes

    de

    acta

    s de

    l est

    ado

    civi

    l, A

    dopc

    ione

    s, H

    omol

    ogac

    in

    de a

    ctos

    , Dis

    pens

    a m

    atri

    mon

    ial,

    Rat

    ifi ca

    cion

    es d

    e de

    clar

    aci

    n ta

    rda

    , ent

    re o

    tros

    . En

    todo

    cas

    o, lo

    s ca

    sos

    adm

    inis

    trat

    ivos

    incl

    uyen

    civ

    il y

    fam

    ilia.

    Ecua

    dor

    Con

    sejo

    de

    la Ju

    dica

    tura

    de

    Ecua

    dor.

    Res

    pues

    ta a

    l cue

    stio

    nari

    o en

    viad

    o a

    CEJ

    A

    en e

    l mar

    co d

    e la

    inve

    stig

    aci

    n.

    1. T

    oda

    la in

    form

    aci

    n y

    los

    dato

    s ut

    iliza

    dos

    corr

    espo

    nden

    a la

    info

    rmac

    in

    ofi c

    ial

    envi

    ada

    por

    el C

    onse

    jo d

    e la

    Judi

    catu

    ra.

    2. L

    os d

    atos

    rel

    acio

    nado

    s co

    n lo

    s as

    unto

    s no

    pen

    ales

    incl

    uyen

    las

    mat

    eria

    s: c

    ivil,

    la

    bora

    l, fa

    mili

    a, n

    iez

    , con

    stitu

    cion

    al, i

    nqui

    linat

    o, m

    ultic

    ompe

    tent

    e, m

    enor

    es y

    tr

    nsi

    to.

    3. D

    e ac

    uerd

    o co

    n lo

    men

    cion

    ado

    por

    el C

    onse

    jo, e

    n el

    ao

    201

    0, n

    o ex

    ista

    n ju

    eces

    de

    fam

    ilia,

    sin

    o de

    ni

    ez y

    ado

    lesc

    enci

    a.

    84

  • El S

    alva

    dor

    1.

    rgan

    o Ju

    dici

    al. C

    orte

    Sup

    rem

    a de

    Ju

    stic

    ia. R

    espu

    esta

    al c

    uest

    iona

    rio

    envi

    ado

    a C

    EJA

    en

    el m

    arco

    de

    la in

    vest

    igac

    in.

    2.

    rgan

    o Ju

    dici

    al, C

    orte

    Sup

    rem

    a de

    Ju

    stic

    ia. D

    irec

    cin

    de

    Plan

    ifi ca

    cin

    In

    stitu

    cion

    al. U

    nida

    d de

    Info

    rmac

    in

    y Es

    tad

    stic

    a. L

    abor

    juri

    sdic

    cion

    al e

    n ot

    ras

    mat

    eria

    s re

    aliz

    ada

    en e

    l rg

    ano

    Judi

    cial

    en

    2011

    . San

    Sal

    vado

    r. M

    arzo

    201

    2.

    1. T

    oda

    la in

    form

    aci

    n y

    los

    dato

    s ut

    iliza

    dos

    corr

    espo

    nden

    a in

    form

    aci

    n ofi

    cia

    l en

    viad

    a po

    r el

    rg

    ano

    Judi

    cial

    . 2.

    Los

    dat

    os r

    elat

    ivos

    a in

    gres

    os e

    n m

    ater

    ia n

    o pe

    nal c

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    de a

    las

    mat

    eria

    s:

    civi

    l-m

    erca

    ntil,

    labo

    ral,

    de fa

    mili

    a y

    otr

    os,

    sie

    ndo

    este

    lti

    mo

    el d

    e in

    quili

    nato

    qu

    e tie

    ne a

    uton

    oma

    en

    prim

    era

    inst

    anci

    a

    Gua

    tem

    ala

    1. D

    atos

    ent

    rega

    dos

    por

    el

    rgan

    o Ju

    dici

    al

    de G

    uate

    mal

    a. C

    entr

    o N

    acio

    nal d

    e A

    nlis

    is y

    Doc

    umen

    taci

    n Ju

    dici

    al.

    rea

    de D

    ocum

    enta

    cin

    y E

    stad

    stic

    a Ju

    dici

    al.

    Cas

    os in

    gres

    ados

    , res

    oluc

    ione

    s ju

    dici

    ales

    y

    caso

    s re

    suel

    tos

    por

    otra

    s v

    as e

    n lo

    s ju

    zgad

    os d

    e pa

    z m

    vile

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    la R

    epb

    lica

    de G

    uate

    mal

    a, a

    os

    2008

    a 2

    012.

    2. In

    form

    ador

    Est

    ads

    tico

    del O

    J, no

    . 37.

    R

    amo

    civi

    l: tr

    abaj

    o de

    sarr

    olla

    do e

    n lo

    s ju

    zgad

    os d

    e pr

    imer

    a in

    stan

    cia

    del r

    amo

    civi

    l de

    la R

    epb

    lica

    de G

    uate

    mal

    a,

    disg

    rega

    do p

    or r

    egi

    n, a

    o 2

    011.

    1. L

    os d

    atos

    em

    plea

    dos

    fuer

    on to

    mad

    os d

    e aq

    uello

    s en

    treg

    ados

    por

    la Je

    fa d

    e Es

    tad

    stic

    a y

    Doc

    umen

    taci

    n Ju

    dici

    al d

    el C

    ENA

    DO

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    Org

    anis

    mo

    Judi

    cial

    , a

    exce

    pci

    n de

    aqu

    ello

    s re

    laci

    onad

    os c

    on p

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    sos

    ejec

    utiv

    os y

    vol

    unta

    rios

    en

    mat

    eria

    civ

    il.

    2. L

    os c

    lcu

    los

    de la

    pri

    mer

    a in

    stan

    cia

    incl

    uyen

    la s

    uma

    de lo

    s in

    gres

    os e

    n lo

    s ju

    zgad

    os d

    e pa

    z y

    en lo

    s ju

    zgad

    os d

    e pr

    imer

    a in

    stan

    cia.

    3.

    Los

    dat

    os d

    e ta

    sa d

    e lit

    igio

    sida

    d gl

    obal

    en

    mat

    eria

    no

    pena

    l inc

    luye

    n lo

    s as

    unto

    s de

    la m

    ater

    ia c

    ivil,

    labo

    ral,

    fam

    ilia

    y ni

    ez.

    4.

    De

    acue

    rdo

    con

    lo m

    enci

    onad

    o po

    r el

    rg

    ano

    Judi

    cial

    , la

    mat

    eria

    con

    tenc

    ioso

    -ad

    min

    istr

    ativ

    a es

    , en

    el

    mbi

    to ju

    dici

    al, d

    e n

    ica

    inst

    anci

    a y

    de c

    onoc

    imie

    nto

    de tr

    ibun

    ales

    col

    egia

    dos,

    sie

    ndo

    las

    sala

    s de

    los

    trib

    unal

    es d

    e lo

    con

    tenc

    ioso

    -ad

    min

    istr

    ativ

    o.

    5. L

    os d

    atos

    de

    los

    proc

    esos

    eje

    cutiv

    os y

    vol

    unta

    rios

    en

    mat

    eria

    civ

    il-m

    erca

    ntil

    son

    de 2

    011.

    Fue

    ron

    tom

    ados

    de:

    info

    rmad

    or e

    stad

    stic

    o de

    l OJ,

    no. 3

    7. R

    amo

    civi

    l: tr

    abaj

    o de

    sarr

    olla

    do e

    n lo

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    zgad

    os d

    e pr

    imer

    a in

    stan

    cia

    del r

    amo

    civi

    l de

    la

    Rep

    blic

    a de

    Gua

    tem

    ala,

    dis

    greg

    ado

    por

    regi

    n, a

    o 2

    011.

    85

    LOS SISTEMAS DE JUSTICIA NO PENAL EN AMRICA LATINA: INFORMACIN DE LA JUSTICIA CIVIL-MERCANTIL...

  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    Hon

    dura

    s

    1. P

    oder

    Judi

    cial

    . Cor

    te S

    upre

    ma

    de

    Just

    icia

    . Res

    pues

    ta a

    l cue

    stio

    nari

    o en

    viad

    o a

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    A e

    n el

    mar

    co d

    e la

    inve

    stig

    aci

    n.

    2. P

    oder

    Judi

    cial

    , Mem

    oria

    201

    0, V

    ersi

    n

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    imin

    ar. T

    eguc

    igal

    pa.

    1. T

    oda

    la in

    form

    aci

    n y

    los

    dato

    s ut

    iliza

    dos

    corr

    espo

    nden

    a in

    form

    aci

    n ofi

    cia

    l en

    viad

    a po

    r el

    Pod

    er Ju

    dici

    al.

    2. L

    os c

    lcu

    los

    de la

    s r

    eas

    no p

    enal

    es in

    cluy

    en la

    sum

    a de

    las

    sigu

    ient

    es m

    ater

    ias:

    ci

    vil,

    labo

    ral,

    fam

    ilia,

    con

    tenc

    ioso

    (inc

    luid

    o fi s

    cal)

    e in

    quili

    nato

    . No

    se in

    cluy

    e ni

    ez

    y ad

    oles

    cenc

    ia.

    3. L

    os in

    gres

    os e

    n pr

    imer

    a in

    stan

    cia

    en m

    ater

    ia c

    ivil-

    mer

    cant

    il in

    cluy

    en la

    sum

    a de

    lo

    s in

    gres

    os a

    los

    juzg

    ados

    de

    letr

    as c

    ivil,

    paz

    civ

    il y

    paz

    mv

    il.

    4. L

    os d

    atos

    rel

    ativ

    os a

    l pes

    o de

    los

    proc

    esos

    de

    cono

    cim

    ient

    o y

    de e

    jecu

    cin

    se

    real

    iza

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    amen

    te s

    obre

    el t

    otal

    de

    ingr

    esos

    en

    los

    juzg

    ados

    de

    letr

    as c

    ivile

    s, p

    ues

    la in

    form

    aci

    n de

    la d

    istr

    ibuc

    in

    en lo

    s ca

    sos

    de p

    az c

    ivil

    y pa

    z m

    vil

    no e

    st

    desa

    greg

    ada.

    Por

    ello

    , son

    dat

    os p

    arci

    ales

    .

    Mx

    ico

    (est

    ado

    de

    Mx

    ico)

    Pode

    r Ju

    dici

    al d

    el e

    stad

    o de

    Mx

    ico,

    C

    onse

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    Judi

    catu

    ra, P

    rim

    er in

    form

    e de

    labo

    res,

    201

    0.

    1. L

    a in

    form

    aci

    n co

    loca

    da y

    los

    clc

    ulos

    de

    los

    indi

    cado

    res

    se r

    ealiz

    an s

    obre

    la

    base

    de

    la in

    form

    aci

    n pr

    esen

    tada

    en

    el in

    form

    e de

    l Pod

    er Ju

    dici

    al d

    el e

    stad

    o de

    M

    xic

    o.

    2. L

    os in

    gres

    os d

    e pr

    imer

    a in

    stan

    cia

    en m

    ater

    ia c

    ivil

    cons

    ider

    an lo

    s in

    gres

    os e

    n lo

    s ju

    zgad

    os d

    e pr

    imer

    a in

    stan

    cia

    y de

    men

    or c

    uant

    a. E

    s po

    sibl

    e qu

    e lo

    s pr

    imer

    os

    pued

    en c

    onoc

    er c

    asos

    de

    apel

    aci

    n qu

    e pr

    ovie

    nen

    de lo

    s se

    gund

    os.

    3. L

    os d

    atos

    de

    asun

    tos

    no p

    enal

    es e

    n el

    est

    ado

    de M

    xic

    o in

    cluy

    en la

    sum

    a de

    los

    dato

    s de

    las

    mat

    eria

    s ci

    vil (

    juzg

    ados

    y m

    enor

    cua

    nta

    ) y fa

    mili

    a. E

    s im

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    tene

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    s co

    mpe

    tenc

    ias

    en m

    ater

    ia e

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    86

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    de

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    con

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    aci

    n re

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    onad

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    no fu

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    sibl

    e de

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    mat

    eria

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    enal

    es.

    87

    LOS SISTEMAS DE JUSTICIA NO PENAL EN AMRICA LATINA: INFORMACIN DE LA JUSTICIA CIVIL-MERCANTIL...

  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    Uru

    guay

    1. P

    oder

    Judi

    cial

    . Sup

    rem

    a C

    orte

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    n el

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    n.

    2. P

    oder

    Judi

    cial

    . Sup

    rem

    a C

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    de

    Just

    icia

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    isi

    n Pl

    anea

    mie

    nto

    y Pr

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    nuar

    io E

    stad

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    o 20

    10.

    Julio

    de

    2011

    .

    1. T

    oda

    la in

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    aci

    n y

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    Uru

    guay

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    onde

    a

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    2. L

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    form

    aci

    n re

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    iosi

    dad

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    al e

    n m

    ater

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    no

    pena

    l in

    cluy

    e la

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    ater

    ias:

    civ

    il, la

    bora

    l, fa

    mili

    a, c

    onte

    ncio

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    con

    curs

    al.

    3. D

    ebid

    o a

    que

    los

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    los

    caso

    s te

    rmin

    ados

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    iado

    s so

    n so

    lo p

    or s

    ente

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    va, n

    o se

    rea

    lizar

    on in

    dica

    dore

    s do

    nde

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    nec

    esita

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    ro n

    o es

    todo

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    gres

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    os d

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    os d

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    ursa

    l. Lo

    s pr

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    pete

    ncia

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    tiple

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    mat

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    no

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    l, y,

    tam

    bin

    , co

    noce

    n al

    guno

    s as

    unto

    s pe

    nale

    s.

    88

  • ANEXO N 2INDICADORES UTILIZADOS

    Nombre del indicador

    Forma de ser calculado Comentarios

    Tasa de litigiosidad

    (Causas ingresadas/cantidad de poblacin del pas) *100.000 habitantes

    a. La fuente empleada para los datos de poblacin de todos los pases de Amrica Latina, a excepcin de Mxico, fue: United Nations, Population Division, Department of Economic and Social Affairs, World Population Prospects: The 2010 Revision.

    b. Los datos de poblacin de Mxico corresponden a los del estado de Mxico, establecidos como ofi ciales del estado, disponibles en: http://qacontent.edomex.gob.mx/coespo/index.htm?ssSourceNodeId=2743&ssSourceSiteId=coespo (ltima vez consultado en enero 2013).

    c. Los clculos que corresponden a las tasas globales en materia no penal, correspondieron a la suma de los ingresos de las materias civiles, laborales, de familia, contenciosa y otras reportadas por cada pas, que no fueran penales.

    Tasa de resolucin(Causas egresadas/cantidad de causas ingresadas) *100

    Tasa de pendenciaCausas pendientes al fi nalizar el ao/causas resueltas

    Tasa de congestin

    (Causas pendientes al iniciar el ao + causas ingresadas en el ao)/causas resueltas en el ao

    Jueces cada 100.000 habitantes

    (Cantidad de jueces/cantidad de poblacin total) *100.000 habitantes

    Causas ingresadas por juez

    Causas ingresadas/cantidad de jueces

    Personal de apoyo cada 100.000 habitantes

    (Cantidad de personal de apoyo/poblacin total) * 100.000 habitantes

    Tasa de sentencia(Sentencias/casos resueltos) *100

    89

    LOS SISTEMAS DE JUSTICIA NO PENAL EN AMRICA LATINA: INFORMACIN DE LA JUSTICIA CIVIL-MERCANTIL...

  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    ANEXO N 3MATRIZ DE RECOLECCIN DE INFORMACIN PODER JUDICIAL

    Investigacin en materia civil, laboral, familia, comercial y contencioso-administrativa en Amrica Latina

    El Centro de Estudios de Justicia de las Amricas (CEJA), en conjunto con la Cooperacin Alemana GIZ, realiza en la actualidad una inves-tigacin sobre la justicia no penal en los pases de Amrica Latina, particularmente, en las siguientes materias: civil, laboral, comercial, de familia y contencioso-administrativa. Por este motivo, se ha di-seado esta matriz de recoleccin de informacin que contiene un cuestionario de 10 preguntas para los poderes judiciales de los pases de la regin. De esta manera, le solicitamos, de manera atenta, nos enve las respuestas a este cuestionario de acuerdo con las instruccio-nes generales que se mencionan a continuacin.

    Informacin requeridaA. Datos Generales

    Pas

    Institucin

    Direccin fsica

    Telfono

    Fax

    Pgina Web

    Correo Electrnico

    B. Informacin especfi ca

    1) Quin ejerce la mxima autoridad jurisdiccional en asuntos ci-viles, comerciales, de familia, laborales, y contencioso-adminis-trativo en su pas? Descrbala indicando: Nombre Composicin Funcin/Rol Estructura y Competencias

    2) Indique el nmero total de tribunales, cortes y/o juzgados que existen en su pas, en materia civil, comercial, laboral, de familia

    90

  • y contencioso-administrativa, y difernciela por instancia (1a ins-tancia, apelacin, etc.).

    3) Describa la organizacin judicial y distribucin de competencias de los tribunales civiles, de familia, laborales, y contencioso-administrativa en su pas.

    4) Recursos Humanos en Primera Instancia

    Variable 2010 2011

    Cantidad total de jueces civiles (especializados )

    Cantidad total de jueces laborales (especializados)

    Cantidad de jueces de familia (especializados)

    Cantidad de jueces contencioso-administrativos (especializados)

    Cantidad de jueces con competencia mltiple que conocen casos civiles, comerciales, laborales, de familia, entre otros

    Cantidad de personal auxiliar en los juzgados civiles, laborales, de familia, y contencioso-administrativa

    5) Movimiento de causas. Primera instancia

    Ao 2010

    MateriaCausas Ingresadas

    Causas Terminadas

    Duracin promedio de procedimientos

    Causas pendientes al fi nal del periodo

    Civil

    Procesos de conocimiento

    Procesos ejecutivos y de ejecucin

    Familia

    Laboral-Social

    Contencioso-Administrativa

    Otras (especifi que cules)

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    LOS SISTEMAS DE JUSTICIA NO PENAL EN AMRICA LATINA: INFORMACIN DE LA JUSTICIA CIVIL-MERCANTIL...

  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    Ao 2011

    MateriaCausas Ingresadas

    Causas Terminadas

    Duracin promedio de procedimientos

    Causas pendientes al fi nal del periodo

    Civil

    Procesos de conocimiento

    Procesos ejecutivos y de ejecucin

    Familia

    Laboral-Social

    Contencioso-Administrativa

    Otras (especifi que cules)

    6. Movimiento de causas. Segunda instancia

    Ao 2010

    MateriaCausas Ingresadas

    Causas Terminadas

    Duracin promedio de procedimientos

    Causas pendientes al fi nal del periodo

    Civil

    Procesos de conocimiento

    Procesos ejecutivos y de ejecucin

    Familia

    Laboral-Social

    Contencioso-Administrativa

    Otras (especifi que cules)

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  • Ao 2011

    MateriaCausas Ingresadas

    Causas Terminadas

    Duracin promedio de procedimientos

    Causas pendientes al fi nal del periodo

    Civil

    Procesos de conocimiento

    Procesos ejecutivos y de ejecucin

    Familia

    Laboral-Social

    Contencioso-Administrativa

    Otras (especifi que cules)

    7) Describa la forma de terminacin de los asuntos no penales (civi-les, comerciales, familia, laborales, y contencioso-administrativa) en el sistema judicial de su pas, y provea datos estadsticos para ello. Por ejemplo, mencione la cantidad de casos que terminan con sentencia y tambin la cantidad de casos que fi nalizan a tra-vs de otras formas de solucin de controversias.

    8) Mencione datos estadsticos en torno al uso de mecanismos alternativos de solucin de confl ictos en los asuntos civiles, co-merciales, laborales, de familia, y contencioso-administrativo en su pas. Aclare si estos datos corresponden a su uso al interior de instancias judiciales, o fuera de ellas.

    9) Describa los servicios de servicios de asistencia legal que son provedos por entidades estatales y privadas en sus pases, en las materias civiles, laborales, de familia y contencioso-administrativa.

    10) Describa los hechos o hitos relevantes ocurridos en el sistema de justicia de su pas en materia de reformas procesales en asuntos no penales (civiles, comerciales, familia, laborales, contencioso-administrativa) durante los ltimos 3 aos.

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    LOS SISTEMAS DE JUSTICIA NO PENAL EN AMRICA LATINA: INFORMACIN DE LA JUSTICIA CIVIL-MERCANTIL...

  • LA ORALIDAD EN LOS PROCESOS CIVILES EN AMRICA LATINA.REFLEXIONES A PARTIR DE UNA OBSERVACIN PRCTICA

    ERICK ROS LEIVA1

    INTRODUCCIN

    Amrica Latina ha vivido un fuerte proceso de reformas judiciales en las ltimas dcadas. En un primer momento, los pases de la regin focalizaron sus esfuerzos en transformar sus sistemas de justicia penal. Luego, este fe-nmeno se ha ido expandiendo hacia la justicia civil, con iniciativas en di-versas materias del universo no penal, tales como la civil-comercial, familia, laboral y consumo, entre otras. Un aspecto comn a todos estos cambios es el propsito de modernizar y oralizar los sistemas judiciales an fuertemen-te anclados en el modelo procesal, herencia de la poca colonial.

    El presente informe tiene por objetivo realizar un aporte al debate regional sobre la reforma procesal civil, ms concretamente en relacin a la orali-dad, utilizando para ello una perspectiva prctica que d cuenta de la ma-nera en que se estn desarrollando las audiencias y sistematice una serie de refl exiones que deberan ser consideradas por los procesos de reforma.

    En el seno de las reformas a la justicia civil conviven un gran nmero de debates. En estos se enfrentan diversas posturas en torno a los modelos y caractersticas procesales que deben asumir los nuevos sistemas. Hay quie-nes abogan por un modelo inquisitivo en el que el ente jurisdiccional sea el responsable de averiguar la verdad inmanente a cada caso. Otros sos-tienen que el mejor modelo es el adversarial por ser ms respetuoso de los derechos de las personas involucradas en una contienda judicial. Esto a la

    1 Abogado, Magster en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal de la Universidad Diego Portales de Chile. Coordinador del rea de capacitacin e investigador del Centro de Estudios de Justicia de las Amricas.

    95

  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    vez se relaciona con enfrentamientos de infl uencias culturales provenientes de pases del common law y del sistema europeo continental, en especial, de Espaa. Existen tambin discusiones en cuanto a la existencia de un expediente que recopile todos los antecedentes de los casos y, de haberlo, sobre el rol procesal que este ha de cumplir. Relacionado con lo anterior, se debate acerca de los sistemas de registros de las audiencias: si debe ser por medio de actas, audio o video. Hay disputas adems por el nmero de audiencias que deben contemplar los procedimientos: si son necesarias dos o ms audiencias o si basta un sistema de audiencia nica. Se discute tam-bin el lugar que debe ocupar la conciliacin y sobre la conveniencia de contemplar varios procedimientos. En general, existen mltiples discusiones sobre una inmensa gama de disposiciones legales y acerca de la manera que en la prctica deben ser llevadas a cabo por los operadores.

    Es importante destacar desde ya que este reporte intentar evitar dis-cusiones meramente tericas respecto de la oralidad as como invertir grandes esfuerzos por comparar diferentes modelos legales. En su lugar, este documento buscar poner de manifi esto las prcticas obser-vadas en torno a las audiencias con el fi n de examinar cules de estas resultan ms adecuadas y a la vez dilucidar los principales problemas que enfrentan, con independencia de cul sea el modelo procesal adoptado. Lejos de querer agotar la discusin sobre los puntos toca-dos, se pretende enriquecer el debate regional sobre la reforma a la justicia civil desde este enfoque prctico.

    Con tales objetivos, la informacin relevada en este informe ha sido procesada principalmente desde la perspectiva de la calidad de la informacin que es incorporada a la audiencia y conforme a la cual la jueza o juez deber adoptar una decisin. La oralidad as entendi-da constituye no solo una forma posible de realizacin de los actos procesales. Es tambin un mtodo que entrega mejores herramientas para la produccin y depuracin de la informacin. As, se consi-derarn mejores prcticas aquellas capaces de proveer un contexto adecuado para producir ms y mejor informacin y que a su vez per-mitan adoptar mejores decisiones, de acuerdo a los objetivos de cada audiencia2.

    2 Parte importante de las consideraciones que sirven de marco conceptual para la presente investigacin pueden ser revisadas en: Duce, Mauricio; Marn, Felipe; y Riego, Cristin: Reformas a los Procesos Civiles Orales: Consideraciones desde el Debido Proceso y Calidad de la Informacin. En: CENTRO DE ESTUDIOS DE JUS-TICIA DE LAS AMRICAS, CEJA. Perspectivas para una Reforma en Amrica Latina. Santiago de Chile, 2008. Disponible en World Wide Web: http://www.cejamericas.org/index.php/biblioteca/publicaciones-ceja [17-01-2013].

    96

  • Hay pases que en la actualidad se encuentran en una etapa inci-piente de discusin de estas reformas, mientras que otros cuentan ya con una experiencia acumulada importante. Para los fi nes de esta in-vestigacin se han seleccionado a tres de los pases de la regin que cuentan con los sistemas orales ms robustos, esto es, Uruguay, Chile y Per. Sus experiencias son relevantes pues han sido consecuencia de un amplio debate, resistencias y de variados consensos que han buscado expresamente mejorar sus sistemas de justicia por medio de la introduccin de la oralidad a los procesos. No obstante la impor-tancia de estas experiencias, como se seal, constituyen solo una parte del universo de reformas posibles de revisar. En consecuencia, esta investigacin debe ser considerada tan solo como un primer es-fuerzo y que debiera extenderse en el futuro a otros pases.

    La experiencia uruguaya fue seleccionada por corresponder a la pri-mera de las grandes reformas al proceso civil de Amrica Latina, que a su vez estuvo inspirada en el Cdigo Procesal Civil Modelo para Iberoamrica desarrollado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal3. El cdigo uruguayo data de 1989 por lo que ya cuenta con ms de dos dcadas de aplicacin. Por otro lado, el caso de Uruguay resulta relevante, pues en 2009 fue aprobada una ley que establece un nuevo proceso en materia laboral que sustrae de dicho mbito al Cdigo General del Proceso. De esta suerte, el caso uruguayo implica no solo una gran experiencia prctica acumulada, sino tambin una rica evolucin normativa que resulta relevante de analizar y com-prender.

    Chile presenta, por su parte, una serie de aspectos relevantes de con-signar. En primer lugar, da cuenta de procesos de reformas de la lti-ma dcada que ya se encuentran consolidados, a saber, las reformas a las justicias de familia y laboral. A la vez, el modelo de audiencia mismo utilizado es diverso al de Uruguay, en especial en cuanto al rol otorgado a las partes en la produccin de informacin y al sistema de registro.

    3 Una explicacin sobre este Cdigo, sus orgenes y sobre la introduccin de la oralidad en la justicia civil en Amrica Latina, puede ser consultada en la pre-sentacin de la profesora Leticia Lorenzo en el Webinar Oralidad y sistemas por audiencias en procesos judiciales no penales, desarrollado por el Centro de Estudios de Justicia de las Amricas, CEJA, con fecha 24 de septiembre de 2012. Disponible en World Wide Web: http://www.youtube.com/watch?v=DEjJabk5YlY&-feature=share&list=UU7HPMZWN6MidhMCMR_EcHlQ [21-01-2013].

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    LA ORALIDAD EN LOS PROCESOS CIVILES EN AMRICA LATINA. REFLEXIONES A PARTIR DE UNA OBSERVACIN PRCTICA

  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    Por ltimo, la Nueva Ley Procesal del Trabajo de Per reviste inters para esta investigacin, pues corresponde a una reforma reciente que est inserta en un proceso actual de implementacin. Esto puede dar luces respecto de las ltimas tendencias legislativas en la materia, as como de discusiones con plena vigencia entre los operadores respec-to de las prcticas que conforman las audiencias.

    Esta investigacin tiene un carcter cualitativo y se apoya principal-mente en la observacin directa del funcionamiento de los sistemas estudiados. Ello ha sido complementado con una serie entrevistas a diferentes actores relevantes, como jueces, litigantes, acadmicos y personas ligadas a los procesos de discusin e implementacin de las reformas analizadas. Estas entrevistas han buscado especialmente va-lidar y profundizar los hallazgos realizados a partir de la observacin de los sistemas as como relevar informacin de contexto til para comprender las reformas. Por ltimo, esta investigacin ha utilizado una revisin de fuentes documentales referidas fundamentalmente a textos normativos y artculos de doctrina. Mayores detalles pueden ser consultados en el ANEXO METODOLGICO.

    El primer captulo se ocupar de mostrar el contexto general de las reformas a la justicia civil en Amrica Latina, en especial, de los pa-ses en estudio. Con posterioridad, el reporte analizar la oralidad de los procesos en tres momentos diferentes: el juicio oral, la prepara-cin del mismo y la conciliacin. Vale destacar que no habr aqu un tratamiento exhaustivo ni completo de cada uno de los componentes de estas etapas, sino solo de aquellos que durante la investigacin fueron considerados como los de mayor relevancia para los objetivos reseados. Por ltimo, se destinar una seccin fi nal de conclusiones que intentar sistematizar los aportes de esta investigacin para los procesos de reforma a la justicia civil en Amrica Latina.

    Finalmente, cabe mencionar que la informacin contenida en este documento ha sido relevada a partir de un proyecto ms amplio desa-rrollado conjuntamente entre el Centro de Estudios de Justicia de las Amricas, CEJA, y la Sociedad Alemana para la Cooperacin Tcnica, GIZ, dirigido a apoyar los procesos de dilogo regional en materia de reformas a la justicia no penal. De esta manera, el presente informe corresponde a una de las lneas de investigacin de dicho proyecto marco.

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  • CAPTULO ICONTEXTO Y COMPLEJIDAD DE LAS REFORMAS A LA JUSTICIA CIVIL EN AMRICA LATINA

    1. La situacin general en la regin

    El presente captulo busca entregar un panorama general de las refor-mas a la justicia civil en Amrica Latina, de manera de contextualizar adecuadamente esta investigacin. Los procesos de reforma en este mbito se han extendido por toda nuestra regin y han ido cobrando un lugar cada vez ms destacado en el mbito de las polticas pbli-cas judiciales.

    El fuerte proceso reformador a la justicia penal en nuestra regin ha dado paso a una serie de otras reformas judiciales en materias distin-tas a la penal que se han ido sucediendo en el tiempo. La siguiente tabla muestra algunas de las iniciativas legales ms importantes que han intentado introducir la oralidad en los sistemas civiles en los lti-mos diez aos y que puede servir para ilustrar este punto:

    Tabla 1MODIFICACIONES LEGALES A LOS PROCESOS CIVILES EN AMRICA LATINADE LOS LTIMOS DIEZ AOS QUE HAN ESTADO BASADAS EN LA ORALIDAD

    2002 Ley Orgnica Procesal del Trabajo de Venezuela

    2004 Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia de Chile

    2005 Codifi cacin del Cdigo del Trabajo de Ecuador

    2006

    Ley 20.087 que sustituye el Procedimiento Laboral de Chile

    Cdigo Procesal Contencioso-Administrativo de Costa Rica

    Nuevo Cdigo Procesal Civil de Honduras

    2007

    Ley 1.149 de Reforma al Cdigo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social de Colombia

    Ley 8.624 de Cobro Judicial de Costa Rica

    2008 Cdigo Procesal Civil y Mercantil de El Salvador

    2010Ley 29.497 sobre Nueva Ley Procesal del Trabajo de Per

    Ley 18.572 sobre Abreviacin de los Procesos Laborales de Uruguay

    2011Ley 1.437 sobre Proceso Contencioso-Administrativo de Colombia

    Reforma al Cdigo de Comercio de la Federacin de Mxico

    2012 Ley 1.564 sobre Cdigo General del Proceso de Colombia

    Fuente: Elaboracin propia.

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    LA ORALIDAD EN LOS PROCESOS CIVILES EN AMRICA LATINA. REFLEXIONES A PARTIR DE UNA OBSERVACIN PRCTICA

  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    A continuacin se incluye una serie de comentarios con el fi n de ilus-trar de mejor manera la amplitud de las iniciativas de reformas en la regin.

    Es importante mencionar en primer lugar el caso de Argentina por ser un pas federal y en el que han existido diversas reformas desde mediados del siglo pasado que han buscado introducir audiencias al sistema procesal civil, tanto a nivel nacional como de las provincias. En general, se ha tratado de un proceso trunco en el que la oralidad ha convivido tan solo formalmente con las lgicas y prcticas de los procedimientos escritos4.

    Mxico es otro pas federal que merece una mencin aparte. Proba-blemente la reforma ms relevante del ltimo tiempo se ha dado a nivel de la federacin con la introduccin del juicio oral en materia mercantil (reforma al Cdigo de Comercio de 2011). Los estados tam-bin han emprendido reformas en una direccin similar como sucede por ejemplo con Nuevo Len en materias civiles y familiares (2007)5, con el Distrito Federal y las reformas a su Cdigo de Procedimientos Civiles (2009)6 o recientemente con Guanajuato tratndose de la jus-ticia de familia (2012)7.

    4 En este sentido cabe mencionar algunas de las reformas de la ltima dcada en diferentes provincias argentinas que han intentado fortalecer en alguna medida las audiencias previstas en los ordenamientos procesales como en Corrientes (Ley 24-2000), Formosa (Ley 404-2002), Ro Negro (Ley 424-2006), Entre Ros (Ley 9776-2007) y Chaco (Ley 5971-2007). Un anlisis crtico del desarrollo histrico de las reformas judiciales en materia civil en Argentina puede ser consultado en: Oteza, Eduardo: El Fracaso de la Oralidad en el Proceso Civil Argentino. Informe Nacional presentado en el Coloquio de Valencia de 2009 Oralidad y Escritura en un Proceso Civil Efi ciente de la Asociacin Internacional de Derecho Procesal (AIDP). Disponible en World Wide Web: http://www.uv.es/coloquio/coloquio/infor-mes/ip4arg.pdf [18-01-2013].

    5 Decretos 356 de 12 de abril de 2006 y 390 de 10 de septiembre de 2006 que reforman la Ley Orgnica del Poder Judicial, el Cdigo Civil y el Cdigo de Proce-dimientos Civiles y la Ley de Mtodos Alternos para la Solucin de Confl ictos del Estado de Nuevo Len.

    6 Decreto por el que se reforma al Cdigo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Ofi cial del Distrito Federal del da 10 de septiem-bre de 2009.

    7 En agosto de 2012 entr en vigencia la reforma sobre oralidad familiar que impli-c diferentes modifi caciones legislativas como las reformas al Cdigo Civil para el Estado de Guanajuato (Decreto 253 del 27 de Diciembre de 2011); al Cdigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato (Decreto 254 del 27 de diciembre de 2011); y a la Ley sobre el Uso de Medios Electrnicos y Firma Elec-trnica para el Estado de Guanajuato y sus Municipios (Decreto 254 del 27 de diciembre de 2011).

    100

  • El caso de Costa Rica tambin es importante de destacar, pues ade-ms de la reforma legal contenida en la tabla, sus procesos de familia y laboral han abandonado su fi sonoma escrita y adquirido el carcter de orales sin necesidad de cambios legislativos. Estas reformas han sido impulsadas por la Corte Suprema de Justicia a partir de antiguas normas procedimentales que prevean algunas formas de oralidad (sin aplicacin prctica) y de normas constitucionales y de derecho inter-nacional para reglamentar procedimientos por audiencias.

    Colombia es un buen ejemplo de la intensidad que ha adquirido el movimiento reformista. All se acaba de aprobar un Cdigo General del Proceso que es aplicable a un gran universo de confl ictos no pe-nales, tales como de ndole civil-comercial, familiar o agrarios y que tendr plena vigencia a partir del ao 2014. Al mismo tiempo, como muestra la tabla, Colombia presenta en el ltimo tiempo una serie de otras reformas legales que dan cuenta de un proceso de revisin ge-neral de sus procedimientos judiciales.

    Finalmente, es necesario mencionar que existen en la regin mlti-ples proyectos de reforma en debate, hecho que evidencia que este fenmeno goza de plena vigencia y que probablemente seguir ex-pandindose en Amrica Latina8.

    En el apartado siguiente ahondaremos ms en este panorama de la reforma en la regin al revisar de una manera un poco ms especfi ca el contexto de cmo nacen las transformaciones procesales en los pases estudiados en esta investigacin: Uruguay, Chile y Per.

    2. Reformas de Uruguay, Chile y Per

    La primera experiencia de reforma sustancial e integral a la justicia civil tuvo lugar en Uruguay mediante la dictacin del Cdigo General

    8 Por solo citar algunos ejemplos: Proyecto de Cdigo Procesal Civil de Chile (vase la pgina Web ofi cial del Gobierno dedicado a esta materia: http://rpc.minjusti-cia.gob.cl/ [18-01-2013]; Proyecto de Cdigo Orgnico General del Proceso de Ecuador, elaborado por el Consejo de la Judicatura de la Transicin y en actual anlisis por la Corte Nacional de Justicia (vase la siguiente nota de prensa del sitio Web ofi cial del Consejo de la Judicatura: http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/saladeprensa/multimedia/prueba-videos.html?task=videodirectlink&id=168 [18-01-2013]; y el Proyecto de Reforma al Cdigo Procesal Civil y Mercantil de Guatemala (vase el siguiente comunicado del sitio Web ofi cial del rgano Judicial de Guatemala: http://www.oj.gob.gt/uci/index.php?option=com_content&view=article&id=290:proyecto-de-reforma-del-codigo-procesal-civil-y-mercantil&catid=42:noticias-anteriores&Itemid=147 [18-01-2013].

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    LA ORALIDAD EN LOS PROCESOS CIVILES EN AMRICA LATINA. REFLEXIONES A PARTIR DE UNA OBSERVACIN PRCTICA

  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    del Proceso de 1989 que sustituye al Cdigo de Procedimiento Civil de 1877.

    La reforma uruguaya tiene su antecedente directo en la tarea que ya en 1967 el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal se haba propuesto de crear un cdigo modelo en el ramo y que concluy en 1988 con el denominado Cdigo Procesal Civil Modelo para Iberoamrica que busc servir de base a las reformas que encarasen los pases de la regin en el rea9. La importancia de este trabajo es fundamental, pues justamente ha servido de inspiracin para todas las reformas a la justicia civil que han tenido lugar desde aquella fecha en Amrica Latina. Justamente fue Uruguay el primer pas en recoger su sistema por audiencias y lo hizo por medio de adoptar casi inte-gralmente sus disposiciones. Al efecto, el profesor Santiago Pereira Campos seala:

    Por ello es este proyecto (el Cdigo Procesal Civil Modelo para Iberoamrica) la fuente inmediata principal del CGP (Cdigo Ge-neral del Proceso). Ello le atribuye an mayor trascendencia a la reforma procesal civil uruguaya en el concierto internacional, por cuanto no se trata de un modelo uruguayo, sino de la implan-tacin en Uruguay de un modelo construido y aprobado por la ms destacada doctrina procesal internacional, al que se le res-petaron todos sus principios y estructuras fundamentales, incor-porndole tan solo algunos cambios para adaptarlo a la realidad nacional10.

    Para entender adecuadamente esta relacin entre el Cdigo Procesal Modelo para Iberoamrica y el Cdigo General del Proceso de Uru-guay cabe mencionar que parte de los autores del primero fueron los profesores uruguayos Enrique Vescovi, Adolfo Gelsi y Luis Torello, quienes a su vez fueron las personas que lideraron el proceso urugua-yo de reforma.

    Este contexto brinda una de las ms importantes caractersticas del proceso de reforma en Uruguay y que tiene relacin con su gran im-pulso acadmico. Desde haca mucho tiempo que el procesalismo uruguayo reclamaba un cambio del proceso civil, siendo el Antepro-

    9 Ver Prlogo del Cdigo Procesal Civil Modelo para Iberoamrica.10 Pereira Campos, Santiago. La Reforma de la Justicia Civil en Uruguay. Los procesos

    ordinarios por audiencias. En: CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS AMRICAS. Ob. cit., p. 193.

    102

  • yecto de Couture de 1945 uno de sus antecedentes ms remotos11. Fue este desarrollo doctrinario unido con un diagnstico compartido sobre los innumerables problemas de los que adoleca el proceso escrito uruguayo, lo que decant en la nueva estructura procesal con-sistente en un sistema por audiencias.

    Cabe destacar adems que el Proyecto de Cdigo General del Proce-so cont con un alto consenso poltico. Al efecto se seala que todos los partidos aprobaron prcticamente a tapa cerrada la nueva ley y se destaca adems que constituy el primer cdigo aprobado en de-mocracia12.

    En Chile las reformas a la justicia de familia y laboral se dieron en un contexto diferente. Uno de los antecedentes ms relevantes de estas reformas fue a su turno la reforma procesal penal que comenz a regir en el ao 2000 conforme a un programa de implementacin gradual. El vigor e importancia que adquiri dicha reforma instal la discusin sobre nuevos cambios y llev a que en los aos 2004 y 2005 fueran promulgadas las leyes 19.968 que crea los Tribunales de Familia y estatuye sus procedimientos y 20.087 que sustituye el procedimiento laboral contemplado en el Cdigo del Trabajo. Ambas reformas en lo medular abandonan los procedimientos escritos y en su lugar consagran la oralidad procesal.

    Estas reformas chilenas deben ser entendidas adems como corolario de un proceso poltico ms amplio. Son el resultado de grandes trans-formaciones econmicas, polticas y sociales que desde el ao 1990 fueron gradualmente adquiriendo densidad y que decantaron en diferentes demandas sectoriales hacia el sistema judicial. Nos referi-mos a demandas provenientes desde distintos mbitos de la sociedad conforme a sus propios intereses y que a la vez no constituan las pre-ocupaciones tradicionales del sector justicia. Una revisin somera de estas consideraciones puede ayudar a su comprensin.

    Tratndose de la justicia de familia, su reforma se da en medio de un proceso intenso de transformaciones de su legislacin sustantiva, como por ejemplo la Ley 19.585 de Filiacin de 1998 que terminaba con las diferencias entre los hijos nacidos dentro y fuera del matrimo-nio, la Ley 19.947 sobre Matrimonio Civil de 2004 que por primera vez incorporaba al ordenamiento jurdico chileno el divorcio vincular

    11 Ibd. 12 Ibd., p. 195.

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    LA ORALIDAD EN LOS PROCESOS CIVILES EN AMRICA LATINA. REFLEXIONES A PARTIR DE UNA OBSERVACIN PRCTICA

  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    y la Ley 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar de 2005. Estas leyes dan cuenta de un proceso de adecuacin de la normativa interna de Chile a los cambios que la sociedad haba experimentado y a la vez son fruto de un arduo proceso de negociacin poltica entre las fuerzas con representacin parlamentaria. Dicho debate fue promovido y seguido por distintos actores sociales entre los que cabe destacar es-pecialmente a personas identifi cadas con las temticas de gnero. Se comprendi luego que ninguno de estos cambios iban a ser reales si no se combata a la vez la enorme inefi cacia del sistema judicial y su falta de adecuacin al nuevo contexto social13.

    Con la justicia del trabajo sucedi algo similar. Desde la recupera-cin de la democracia en 1990 se sucedieron diferentes reformas parciales de la normativa laboral de fondo. Estos cambios buscaban fundamentalmente mejorar la situacin de los trabajadores que se haba visto fuertemente mermada durante la dictadura (1973-1990) por una fl exibilizacin del mercado del trabajo y una adecuacin del mismo al nuevo modelo de desarrollo impuesto, cuestiones todas que confl uyeron en el Cdigo del Trabajo de 198514. Todas las reformas desde 1990 se dieron en medio de fuertes debates que en lo medular no lograron cambiar al sistema colectivo del trabajo, fuertemente per-seguido y restringido en la poca dictatorial15.

    Paralelamente, se haba desarrollado un proceso de robustecimiento y modernizacin del sistema inspectivo o fi scalizador a cargo de la Di-reccin del Trabajo y que a su turno depende del Ministerio del Tra-

    13 As por ejemplo, el Mensaje con que el Ejecutivo envi al Congreso el Proyecto de Ley sobre Tribunales de Familia, en un su primer prrafo manifi esta que: Una de las caractersticas de nuestro proceso de desarrollo y de nuestra evolucin histrica, es la asimetra que es posible advertir entre, por una parte, el conjunto de trans-formaciones sociales y polticas que nuestro pas ha experimentado en las ltimas dcadas y, por la otra, el estado de sus instituciones jurisdiccionales. Estas, como es sabido, no han acompasado su diseo institucional a los desafos que plantea una sociedad cada vez ms diversa y ms compleja. Esa asimetra no solo se manifi esta en la incapacidad estructural de nuestro sistema de administracin de justicia para hacer frente al crecimiento del litigio que, desde hace ya un par de dcadas, expe-rimenta nuestro pas, sino que se manifi esta tambin en la falta de correspondencia que es posible constatar entre los procedimientos previstos para producir decisio-nes jurisdiccionales y la extrema diversidad de los confl ictos que comparecen ante la judicatura reclamando solucin.

    14 Ver Crdova Muoz, Lorena. Relaciones Laborales y el Proceso de Reformas La-borales. Tesis para optar al grado de Magster en Ciencias Sociales con mencin en Sociologa de la Modernizacin por la Universidad de Chile. Santiago de Chile: 2005. Disponible en World Wide Web: http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2005/cordova_l/sources/cordova_l.pdf [17-01-2012].

    15 Ibd.

    104

  • bajo. Durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos (2000-2006) se comprendi que dicha va de fortalecimiento de la Direccin del Trabajo estaba agotada. Al mismo tiempo, no pareca posible impul-sar una transformacin integral al sistema colectivo del trabajo por diferencias al interior del propio gobierno y por no existir la mayora sufi ciente en el Congreso. En tal contexto, el gobierno crey preferi-ble concentrar esfuerzos en algunas iniciativas particulares como la creacin del seguro de desempleo, algunas modifi caciones al Cdigo del Trabajo (en general referidas a las relaciones individuales) y a otra de las grandes cuestiones pendientes: la reforma a la justicia del tra-bajo16. Es esta circunstancia poltica la que de alguna manera otorga un rasgo distintivo a la reforma procesal laboral chilena.

    Se trat de un proceso poltico liderado principalmente por el Minis-terio del Trabajo durante el cual mantuvo relaciones con el mundo de los trabajadores y empresarios y dio seguimiento al proceso legislati-vo. Sin perjuicio de lo anterior, hubo tambin participacin acadmi-ca a travs de un foro e intervencin del Ministerio de Justicia princi-palmente abocado a los temas de infraestructura dada su experiencia con la reforma procesal penal.

    Cabe destacar que no obstante la gran cercana temporal entre las reformas familiar y laboral en Chile, estas tomaron caminos muy di-ferentes. Estas diferencias abordan tanto sus estructuras procesales como sus programas de implementacin, entre otros aspectos rele-vantes. Es posible atribuir esta situacin precisamente a los diferentes contextos que le dieron impulso poltico y fundamentalmente a la diversidad de actores que participaron en ellas.

    En el caso de Per, la Ley 26.636 denominada Ley Procesal del Tra-bajo, de 1996, estableca un procedimiento oral, que, sin embargo, no fue capaz de ser efectivizado. Es por esto que ms tarde se dict la Ley 29.497, de 2010, ms conocida como Nueva Ley Procesal del Trabajo. Al respecto el profesor Paul Paredes sostiene que la reforma:

    16 El Mensaje del Ejecutivo con que envi el Proyecto al Congreso expresaba que El sistema vigente, caracterizado por la excesiva tardanza en la tramitacin de los pro-cesos laborales, producto tanto de la insufi ciente cobertura de los tribunales como por la propia conformacin del procedimiento, plantean serias difi cultades en rela-cin con el debido acceso a la justicia por parte de los trabajadores, produciendo con ello sentimientos de frustracin y desencanto y la sensacin de que aquellos derechos que les son reconocidos en la prctica se transforman en letra muerta.

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    ha sido impulsada sobre la oralidad porque, en los hechos, la justicia laboral ha venido actuando, estructuralmente formal y sustantivamente como un proceso escrito. Bajo la vigencia de la Ley Procesal del Trabajo muy difcilmente se podra haber afi r-mado que los procesos laborales eran orales. Por qu? Porque en el momento de la audiencia nica los participantes no interac-tuaban. La audiencia solo tena el carcter de una etapa ms por cumplir y, por tanto, resultaba inevitablemente intil17.

    La reforma a la justicia laboral en Per puede ser entendida como un intento por efectivizar una reforma previa que no cumpli con sus objetivos en un contexto de sostenido crecimiento econmico. El fuerte y explosivo crecimiento econmico de Per haba aumentado y complejizado el mundo de las relaciones laborales y era urgente un cambio que se hiciera cargo de las defi ciencias observadas en el proceso vigente18. Se pens que una oralidad efectiva iba a ser idnea para alcanzar los objetivos de disminuir la duracin de los procesos, propender a un mayor acceso a la justicia laboral y lograr una mayor predictibilidad de las decisiones judiciales19.

    Todo este proceso de reforma en Per fue liderado, al igual que en Chile, por el Ministerio del Trabajo. En el caso peruano otro rasgo caracterstico tuvo relacin con un fuerte componente acadmico. El ministro del Trabajo de entonces, el Dr. Mario Pasco Cosmpolis, gozaba de un enorme prestigio como abogado litigante y en la acade-

    17 Paredes, Paul. La oralidad en el nuevo proceso laboral peruano y el acceso a la justicia (al sistema jurdico laboral). Disponible en World Wide Web: http://www.canoparedes.com.pe/site/images/stories/Oralidad_y_procesos1.pdf [17-01-2013].

    18 El profesor Leopoldo Gamarra ha afi rmado a propsito del nuevo sistema que se esperaba una nueva ley procesal debido a la nueva situacin econmica y social del pas.. Asimismo, indica que la Ley Procesal del Trabajo de 1996 no haba logrado superar los graves problemas del volumen de los procesos laborales ni hacer efectivos los derechos sustantivos de los trabajadores. A mayor abundamiento, sostiene que El proceso laboral (bajo la ley de 1996) sigue siendo lento, burocrtico, formalista y no expeditivo. Los procesos judiciales laborales son escritos, complejos, lentos y se encuentran diseados para que duren entre cuatro a seis aos como mnimo. Ver: GAMARRA, Leopoldo. Importancia y Necesidad de los Principios en la Nueva Ley Procesal del Trabajo N 29.497. En: ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA DEL PER. Doctrina y Anlisis sobre la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Lima, Per: 2010. p. 43. Disponible en World Wide Web: http://sistemas.amag.edu.pe/publicaciones/libros4/contenidos/texto_nueva_ley_procesal_traba-jo_noimprimib.pdf [18-01-2013].

    19 Ver Exposicin de Motivos con que el gobierno del presidente Alan Garca (2006-2011) enva el Proyecto de Ley de la Nueva Ley Procesal del Trabajo al Congreso (Ofi cio N 224-2009-PR, 5 de septiembre de 2009).

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  • mia e incorpor al trabajo de redaccin del anteproyecto a distintos profesores universitarios20.

    3. Algunas ideas fi nales sobre este captulo

    A partir de la informacin expuesta en este primer captulo de con-texto podemos afi rmar que en trminos generales el proceso de incor-poracin de la oralidad a la justicia civil en Amrica Latina ha permi-tido que a la fecha un gran nmero de los pases de la regin cuenten con procesos orales en lo civil. Presenta adems un gran vigor que redunda en una creciente expansin tanto para incorporar la oralidad all donde an persisten procedimientos escritos como por perfeccio-nar la oralidad ya existente.

    Por otra parte, podemos concluir que las reformas en nuestra regin constituyen un proceso altamente complejo y heterogneo. Podemos citar como razones principales las siguientes:

    Si bien la mayora de los nuevos procesos han sido establecidos por va de reformas legislativas, existen tambin algunas que lo han sido gracias a las potestades reglamentarias del propio Poder Judicial, como es el caso de Costa Rica.

    Existen factores relevantes que han tenido un peso relativo diferente al interior de cada pas. A modo de ejemplo, y de acuerdo a la expe-riencia de Uruguay, Chile y Per, podemos mencionar como factores determinantes al impulso acadmico, una amplia gama de expectati-vas sociales y polticas y el crecimiento econmico.

    Es un movimiento altamente atomizado y sectorial, cuestin que se observa en los actores que han estado detrs de cada reforma, en la falta de sistematicidad que existe en el tratamiento de diferentes pro-cesos al interior de un mismo pas y por el hecho que han buscado responder a demandas diversas a las que son consideradas tradicio-nalmente como judiciales.

    20 Una explicacin del proceso legislativo de la Ley 29.497 Nueva Ley Procesal Laboral de Per, puede ser consultada en: Arvalo, Javier. Antecedentes de la Re-forma del Proceso Laboral en el Per. En: ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA DEL PER. Ob. cit., pp. 15 y ss.

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    CAPTULO IILA ORALIDAD EN LA ETAPA DE JUZGAMIENTO: EL TRATAMIENTO DE LA PRUEBA

    Un primer elemento que fue analizado por esta investigacin fue el de la metodologa utilizada en la audiencia de juicio, en particular, respecto del trato dado a la prueba. En este sentido, el presente ca-ptulo se centrar en dos aspectos que dan cuenta en buena parte de las lgicas adoptadas en los procesos examinados, a saber, la prueba testimonial y la prueba documental.

    Previo a adentrarnos en el desarrollo de este captulo valga realizar una primera observacin: en todos los sistemas observados hubo efectivamente una audiencia dirigida por una jueza o juez, a la que acudieron las partes y en la que se produjo prueba. Aunque esta pa-reciera ser una observacin bastante gruesa y elemental como para ser incorporada en este informe, resulta del todo importante en ra-zn del contexto general de los procedimientos civiles de la regin fuertemente escritos y en los que impera la delegacin de funciones judiciales. A partir de dicho escenario notablemente superior al que ofrecen los procedimientos escritos, este captulo buscar analizar las prcticas observadas en los juicios orales y as extraer sus principales aspectos positivos y negativos.

    1. Prueba testimonial

    Distintos modelos

    Para efectos del presente informe, se considerar como prueba testi-monial a toda aquella que se traduce en la declaracin de una perso-na en la audiencia de juicio. De esta manera, no estar circunscrita nicamente a la prueba de testigos sino que incluye tambin a la de-claracin de las partes e incluso a la prueba pericial, aun cuando se hable genricamente de testigos.

    Una primera cuestin que debe ser mencionada es que es posible dis-tinguir dos grandes modelos en materia de la metodologa utilizada a propsito de la prueba testimonial.

    Un primer modelo que puede ser denominado como inquisitivo atribuye al tribunal la responsabilidad central en la produccin de la

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  • informacin que aportan los testigos. Esto se traduce en que es la jue-za o juez quien los interroga. Los litigantes solo intervienen marginal-mente para realizar preguntas, normalmente aclaratorias, y siempre con posterioridad al interrogatorio judicial.

    En el segundo modelo observado, ms de tipo adversarial, los liti-gantes tienen el protagonismo en el examen de los testigos. Esto signi-fi ca que el abogado que presenta al testigo en apoyo de los intereses de su cliente debe realizar un primer interrogatorio y luego el aboga-do de la otra parte puede contrainterrogarlo, existiendo preguntas que responden a tcnicas diferenciadas en uno y otro caso. Aqu el rol de la jueza o juez radica principalmente en analizar la informacin que incorpora el testigo, resolver las objeciones o incidentes que se presenten durante la declaracin y en ocasiones realizar preguntas aclaratorias.

    Ninguno de estos modelos est presente de un modo absoluto en la prctica. Sin embargo, es posible sealar que el caso uruguayo (pro-cesos general y laboral) es claramente un sistema tributario del mode-lo inquisitivo y que el chileno (procesos de familia y laboral) tiende a importar uno de corte adversarial. El caso de Per es un poco ms complejo, pues la reforma est en pleno proceso de implementacin gradual por territorio. Esto implica que todava resulta difcil afi rmar que existan prcticas afi anzadas en tal o cual sentido. Sin perjuicio de lo anterior, de lo observado y principalmente de las entrevistas realizadas es posible afi rmar que la tendencia general es la consolida-cin del modelo inquisitivo, sobre todo en la zona norte del pas, no obstante que hacia el sur sea ms comn encontrar a juezas y jueces que prefi eren el modelo adversarial.

    Como fuera mencionado en la introduccin de este informe, se evita-r realizar consideraciones tericas sobre estos modelos de oralidad. No se buscar justifi car qu modelo es mejor o peor que otro, ni tampoco cul de estos responde mejor a las necesidades de defensa de las partes, a los intereses en juego, ni a las disposiciones consti-tucionales de cada pas o de los tratados internacionales de derechos humanos. Lejos de ello, se analizar la realidad de cada sistema para sealar qu aspectos de su funcionamiento (de acuerdo a su propio modelo) merecen ser rescatados, sea para destacar un atributo posi-tivo o para criticarlo y extraer lecciones que puedan ser de utilidad.

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    Principal observacin general:

    Existe un escaso control de la calidad de la informacin que los testi-gos aportan al juicio.

    Esto ocurre tanto si el interrogatorio es realizado por la jueza o juez como si el examen del testigo corresponde a los litigantes.

    En el caso del modelo inquisitivo, en Uruguay fue posible apreciar un cierto formato general de interrogatorio por parte del tribunal que sigue ms o menos la estructura de realizar primero preguntas para conocer la identidad del testigo (nombre, nmero de identidad, fe-cha y lugar de nacimiento, domicilio, estado civil, profesin u ofi cio, etctera) para luego preguntar si conoce al demandante, si conoce al demandado, si sabe por qu fue llamado a declarar y pedir que seale todo lo que l conozca en relacin al caso. Posteriormente, la jueza o juez intenta guiar la declaracin de acuerdo a la informacin que conoce del caso y procurando evitar que el testigo se desve ha-cia puntos que estime pueden ser irrelevantes. Finalizado el interro-gatorio, se da la posibilidad a que los litigantes planteen preguntas al testigo, cuestin que normalmente estos declinan hacer.

    Da la sensacin que las juezas y jueces en Uruguay siguen dicha estructura pues no tienen mayor conocimiento del caso que lo es-trictamente sealado en los respectivos escritos de demanda y con-testacin (que por defi nicin siempre constituyen escritos generales y menos detallados que la propia realidad) y, por sobre todo, porque carecen de un mnimo detalle de la informacin concreta que dicho testigo posee y que puede ser de utilidad para el caso. De esta mane-ra el interrogatorio consiste en una suerte de averiguacin sobre la marcha de la informacin que el testigo posee. Todo esto lleva a que los puntos que podran servir a las partes sean tratados sin grandes detalles y sin un contexto propicio para mostrar la utilidad concreta de esos testimonios para sus pretensiones.

    Es apreciable adems una cierta desidia de los litigantes por utilizar la facultad de interrogar a los testigos con posterioridad a las juezas o jueces. Las personas entrevistadas estiman que normalmente la in-formacin que los testigos tienen es en general extrada por la jueza o juez, aun cuando no abunden los detalles. Otra razn esgrimida y que pareciera de mayor peso que la anterior, es que de ordinario el litigante tampoco conoce con detalle la informacin que ese testigo puede aportar. Consiguientemente, cualquier informacin que el tri-

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  • bunal haya podido extraer parece sufi ciente ante los ojos de los abo-gados.

    Bajo el modelo ms adversarial de Chile, si bien la metodologa es distinta, la sensacin es bastante similar. En general, se ve una baja preparacin de los abogados para utilizar de una manera efectiva las herramientas de litigacin. As, tambin resultan aqu recurrentes las preguntas genricas de si el testigo conoce a las partes y qu infor-macin tiene sobre el caso, sin existir claridad de los datos concretos que el abogado desea mostrar al tribunal. De igual suerte, los contra-exmenes muchas veces consisten en una sucesin de preguntas poco hiladas y cuyas respuestas el abogado no conoce del todo. Al igual que en el caso uruguayo, en Chile una de las razones que ex-plica este escaso control de la informacin aportada por los testigos est vinculada con el poco conocimiento que tienen los litigantes de la informacin que tales testigos pueden aportar, en especial, de sus defectos como modo de preparar y desarrollar los contra exmenes.

    Lo ya sealado para los casos de Uruguay y Chile, puede deberse en gran medida por una falta de diligencia profesional de los acto-res involucrados. Por supuesto que siempre hay juezas y jueces que realizan mejor su trabajo que el resto. Lo mismo puede decirse de los litigantes. Sin embargo, paralelamente a ello es posible encontrar una cuestin ms de tipo estructural del proceso que es importante mencionar y que toca a la metodologa misma del trabajo de los abo-gados.

    En los distintos sistemas estudiados es necesario acompaar a la de-manda la totalidad de los documentos que la parte va a hacer valer en apoyo de sus pretensiones (salvo en el proceso de familia chileno como regla general). En palabras de los entrevistados esto ha sido algo altamente benefi cioso, pues ha permitido disminuir la existen-cia de demandas infundadas y a la vez concentrar el trabajo de los litigantes al inicio del proceso de manera que las audiencias puedan cumplir mejor sus objetivos. En otras palabras, de manera previa a la presentacin de las demandas y contestaciones, los abogados deben procurar reunir la totalidad de los documentos que utilizarn en el proceso, pues con posterioridad a la presentacin de dichos escritos no les ser permitido hacerlo. No suceda lo mismo con los proce-dimientos escritos en donde luego de la fase de discusin haba un plazo o trmino probatorio dentro del cual las partes deban rendir su prueba. As los abogados podan presentar sus demandas y con-testaciones a partir nicamente de los dichos de sus representados y

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    solo con posterioridad averiguar qu prueba poda sostener sus afi r-maciones. Haba tambin una cuestin de incentivos bastante claro. Era habitual en estos procesos escritos y dilatados en el tiempo que los abogados cobraran por acto procesal, siendo los ms importan-tes de ellos la demanda y su contestacin. En consecuencia, exista un fuerte inters de los abogados por presentar estos escritos lo ms pronto posible y postergar el trabajo de recoleccin de la prueba para dicho plazo o trmino probatorio.

    Como se dijo, este deber de acompaar a la demanda y contestacin la totalidad de la prueba documental de cada parte ha sido algo muy positivo. Sin embargo, ha tenido efectos limitados en la medida que su lgica no se extendi a la prueba testimonial. En los hechos, los abogados todava pueden postergar parte importante de la averigua-cin del contenido de la prueba que utilizarn para el trmino pro-batorio, ahora constituido por la audiencia de juzgamiento. Ser en esta donde los litigantes por primera vez, y consecuentemente tam-bin las juezas y jueces, conocern de manera cierta la informacin que poseen estos testigos.

    A partir de la problemtica antes descrita surge la necesidad de debatir en torno a cmo permitir que los litigantes accedan tempra-namente a la informacin de estos testigos de manera de preparar adecuadamente su actuacin en juicio. Esto en razn que los siste-mas estudiados no prevn mecanismos especfi cos con tal fi n. Una alternativa sera la de obligar a los litigantes, del mismo modo que ocurre con la prueba documental, a acompaar a la demanda y con-testacin actas en las que consten los testimonios de los testigos que desean presentar en la audiencia de juzgamiento. Esto obligara a los abogados a realizar una serie de gestiones preprocesales que de paso asegurara un conocimiento cierto de sus propios testigos. Como con-trapartida, notifi cados que sean los actos de demanda y contestacin, cada abogado podr adems conocer el contenido preciso de las de-claraciones de los testigos de la contraria. Todo esto, como es obvio, permitira tambin a las juezas y jueces conocer claramente la decla-racin de cada parte para preparar sus interrogatorios en caso que se est ante un modelo de tipo inquisitivo.

    Con todo, estas declaraciones previas acompaadas a la demanda y contestacin no solo tendran una utilidad preparatoria de la activi-dad en juicio. Tambin serviran para refrescar la memoria a los testi-gos (en caso que pudieren estar olvidando algn elemento importante para la resolucin del caso) y, a la vez, para marcar inconsistencias

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  • entre la declaracin actual del testigo durante el juicio y lo manifesta-do por este previamente, cuestin fundamental para la confrontacin y, por ende, para el control de la calidad de la informacin. Parecen necesarias algunas explicaciones adicionales para comprender mejor este punto. En la medida que no existen declaraciones previas de los testigos, resulta muy difcil evidenciar que el testigo est cambiando su declaracin. En un contexto as, si un testigo no es veraz, el liti-gante o la jueza o juez, segn corresponda, tendr muy pocas herra-mientas para intentar comprobarlo. Por otra parte, si ya la declaracin previa contena informacin falsa o inexacta, el litigante o la jueza o juez podr prepararse para aquello e incluso ofrecer (o disponer) prueba para demostrarlo. Consiguientemente, la inexistencia de declaraciones previas de los testigos importa un escenario en donde resulta muy cmodo a los testigos ser mentirosos o, cuanto menos, inexactos, vagos o ambiguos.

    Es cierto que los sistemas exigen que la parte que ofrece a un testigo debe sealar qu hechos intentar probar por su intermedio. Sin em-bargo, esto carece de real efi cacia en la medida que no permite cono-cer con un mnimo de detalle la declaracin. Menos todava permite confrontar su testimonio actual en juicio con su contenido por cuanto no son realmente declaraciones previas de esta persona. Esto se ve agravado adems con prcticas de los sistemas en los que al ofrecer un testigo se sealan frmulas del tipo para que declare respecto de los hechos de esta causa, para que declare respecto a las circuns-tancias que rodearon al despido, o para que declare sobre la situa-cin patrimonial del padre de los nios.

    Existen tambin alternativas distintas a adjuntar declaraciones previas a la demanda y contestacin. Todas se relacionan con temas de des-cubrimiento de la prueba (discovery del derecho anglosajn) y cmo acceder a informacin de prueba de la que no se dispone o que no se sabe si existe21.

    Esta situacin de bajo control de la informacin que los testigos in-gresan al juicio lleva a que esta prueba tenga una relevancia menor

    21 Esta materia ha tenido un gran desarrollo en el derecho anglosajn. Respecto del contexto del Reino Unido, una breve explicacin puede ser revisada en: Emson, Raymond. Evidence. Gran Bretaa: Palgrave Macmillan Law Masters, 2010. pp. 512 y siguientes. En cuanto a Estados Unidos: Issacharoff, Samuel. Civil Procedure. Nueva York: Foundation Press, 2005. pp. 38 y siguientes; y Glannon, Joseph W. Civil Procedure, Examples and Explanations. Nueva York: Aspen Publishers, 2006. pp. 387 y ss.

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    en los sistemas. De algunas de las entrevistas realizadas puede ex-traerse que existe gran desconfi anza hacia los dichos de los testigos. Se piensa que en estos procesos la prueba principal es la documental y la pericial en los casos que procede. Al mismo tiempo, reconocen mayor utilidad de la prueba testimonial en la medida que puede ayudar en ocasiones a comprender un poco mejor la informacin contenida en los documentos. Pero como se ve, este rol es bastante subsidiario y en general se estima que un caso que posee solo prue-ba testimonial, por ese solo hecho, resulta ser un caso dbil.

    Conforme al contexto sealado, esta debilidad de la prueba testi-monial parece estar bastante justifi cada: si no existe un verdadero control de la informacin que los testigos introducen al juicio, si no es posible confi ar demasiado en la veracidad de estas personas, si no existen mecanismos efectivos para preparar los interrogatorios ni hacer notar inconsistencias en sus relatos, entonces resulta de toda lgica no otorgar mucha fi abilidad a este tipo de prueba.

    Observacin especfi ca para el caso uruguayo:

    La fi nalidad de la audiencia de juicio se desvirta y ms que producir informacin en un escenario de inmediacin, busca generar actas escritas que se incorporan a un expediente sobre la base del cual el caso ser resuelto en el futuro.

    En este punto es necesario abordar dos cuestiones distintas: el forma-to de registro de las audiencias y el momento en el cual la jueza o juez decide el caso.

    En cuanto al registro del proceso, Uruguay ha adoptado un sistema de expediente en el cual, adems de los escritos presentados por las par-tes, se incorporan actas que describen lo sucedido en cada una de las audiencias que tienen lugar. Esto en materia de prueba testimonial se traduce en que la declaracin del testigo es transcrita en un formato resumido por un funcionario judicial que asiste a la juez o juez du-rante la audiencia.

    Como se podr apreciar, esta metodologa de la transcripcin resu-mida de la declaracin de los testigos quita todo dinamismo a la au-diencia, pues la jueza o el juez al llevar a cabo su interrogatorio debe ir realizando las pausas necesarias para que el funcionario pueda redactar el acta. Incluso, en ocasiones, la jueza o juez interrumpe el interrogatorio para verifi car cmo est siendo redactada el acta y dic-

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  • tar ciertos pasajes para que la declaracin refl eje precisamente lo que estima que el testigo dijo.

    Anteriormente se seal que el rol de los litigantes en Uruguay du-rante los interrogatorios era absolutamente marginal, pues estos eran desarrollados ntegramente por las juezas o jueces y que solo excep-cionalmente realizaban un par de preguntas con posterioridad. Sin embargo, esto no signifi ca que los litigantes no tengan ninguna fun-cin que cumplir durante las declaraciones de los testigos. Justamen-te, su principal labor consiste en resguardar que el acta vaya refl ejan-do fi elmente lo sealado por el testigo de modo que su transcripcin no los perjudique. Esto hace an ms engorrosa la audiencia, pues los abogados requieren ir siguiendo el modo concreto en que el acta va siendo confeccionada.

    Algunas salas en Montevideo han instalado monitores en que se pro-yecta la manera en que el funcionario va redactando el acta: un mo-nitor para cada abogado. A su vez, esto tambin es objeto de crticas por algunos litigantes en el sentido que los monitores son demasiado pequeos y no estn instalados en sus escritorios, sino en el estrado de la jueza o juez, cuestin que les difi culta su lectura. Por otra parte, no todas las salas cuentan con estos monitores, por lo que el segui-miento tampoco es siempre posible. Finalizada la declaracin del tes-tigo y luego de algunos minutos en que el funcionario fi naliza el acta, esta es impresa y entregada a la jueza o juez que la fi rma en el acto. Luego, tambin es entregada a las partes que tambin deben leerla y fi rmarla. Cualquier diferencia que los abogados noten es objeto de litigacin: sea que lo hayan podido apreciar durante la redaccin del acta desde los monitores o con posterioridad a la declaracin cuan-do revisan el documento impreso. Son verdaderos incidentes que la jueza o juez debe resolver sealando el modo preciso en que debe quedar redactada el acta para lo cual puede realizar nuevas preguntas al testigo.

    Todo esto evidencia el sentido de la audiencia. Como se indic ante-riormente, la fi nalidad de esta no es tanto escuchar lo que el testigo sabe, sino ms bien confeccionar el acta. Esto convierte a la audien-cia en una suerte de comparendo dirigido por la jueza o juez, quien controla el contenido del acta con la intervencin de los litigantes. La misma preocupacin de los litigantes por la forma precisa en que queda redactada el acta demuestra lo anterior. Es ms importante lo que seala el acta que la declaracin actual del testigo, pues es en

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    razn de ella que ms tarde la jueza o juez dictar sentencia y se re-solver una eventual apelacin.

    El momento en que la jueza o juez dicta sentencia tambin es impor-tante. En el caso uruguayo, la audiencia complementaria fi naliza una vez que las partes han presentado toda su prueba. En tal momento se fi ja una nueva fecha de continuacin para el solo efecto de la pre-sentacin de alegatos. Esta nueva audiencia que en verdad es una continuacin de la audiencia complementaria es conocida tambin informalmente como audiencia de alegatos y se realiza algunas sema-nas despus. Con todo, no se trata de una audiencia en que las partes formulan sus alegatos, sino que tan solo una audiencia en donde la jueza o el juez recibe los escritos que contienen los alegatos de las partes. Es tan solo una formalidad que en ocasiones se entiende cum-plida con la presentacin del escrito en el mesn del juzgado. A par-tir de ese momento comienza a correr un nuevo plazo dentro del cual el tribunal debe dictar sentencia. Durante todo ese tiempo la jueza o juez podr revisar el expediente que contiene, entre otras cuestiones, los escritos de demanda y contestacin, los documentos, las actas tes-timoniales y los alegatos de las partes.

    Segn se ha venido sealando, si bien el sistema uruguayo instituye a las audiencias como los hitos procesales que hacen avanzar el pro-ceso, la metodologa de resolucin de los casos contina siendo la escrita y no la oral. Por este motivo es posible concluir que el sistema uruguayo no es propiamente un sistema oral, sino uno escrito que ha incorporado a la audiencia como una manera de restringir algunos de los peores vicios conocidos en los sistemas por expedientes como la falta de inmediacin y la delegacin de las funciones judiciales22. No obstante, la inmediacin tampoco es salvaguardada en su dimensin temporal. Al no haber inmediatez entre la produccin de la prueba y la decisin judicial, el valor de las actas aumenta en detrimento del de la declaracin propiamente tal de los testigos, ms an si el caso puede ser resuelto en defi nitiva por un tribunal de alzada que no per-cibi directamente la declaracin y solo la conoce mediadamente a travs del acta.

    22 Se estima que un sistema es escrito u oral conforme a la metodologa judicial concreta utilizada para adoptar las decisiones. De esta manera no se sigue aquella clasifi cacin que distingue procesos escritos, orales y mixtos de acuerdo a la for-ma externa en que se materializan los actos procesales. Esta ltima clasifi cacin parece indicar que todos los sistemas son mixtos en la medida que los actos de demanda y contestacin son escritos y anteceden a las audiencias.

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  • Consultados sobre el problema de las actas de la prueba testimonial, algunos actores respondieron que se trata de una cuestin seria, que efectivamente desnaturaliza a las audiencias y que, no obstante, pue-de ser resuelta cambiando el sistema de registro de las mismas. Se piensa que en la medida que existan mayores recursos y sea posible implementar un sistema de registro de video, este aspecto podr ser subsanado. Sin embargo, ello no asegura que la audiencia logre ma-yor dinamismo ni tampoco que se alcance una mejora en trminos de la inmediacin del proceso. Esto, porque las actas, el expediente y la postergacin de la decisin judicial refl ejan no solo un problema de registro de la audiencia, sino, fundamentalmente, uno de metodo-loga judicial.

    Si las juezas o jueces van a continuar entregando sus decisiones tiem-po despus de celebrada la audiencia donde se produjo la prueba, igualmente debern echar manos a los registros, ya no en formato de actas, sino de videos. Esto implica un agravante: la forma de revi-sin de un video es muy distinta a la de un acta. Las juezas y jueces debern nuevamente tomar notas de los videos, abusando del play y pause, volviendo una y otra vez a revisar los mismos. Ya no estar el documento escrito desde el cual resulte ms sencillo hacer referen-cias a la declaracin del tal o cual testigo. Lo mismo suceder con los tribunales de alzada, sin que sea muy factible que estos deseen ver un juicio completo para tomar una decisin. Es cierto que podran solo analizar aquellas secciones de los videos que los litigantes les sealen que resultan relevantes para el caso. Con todo, nuevamente la inmediacin ser afectada: se trata de personas que no percibieron directamente las declaraciones, que tampoco conocern ntegramente la prueba de los casos y que, no obstante, podrn cambiar lo resuelto por el tribunal de primera instancia.

    Lo hasta aqu descrito es tambin apreciable, aunque en menor medi-da, en el sistema laboral de Per. All tambin existe un expediente, aunque la audiencia de juicio es fi lmada por lo que no se da el pro-blema de las actas. La difi cultad surge con la prctica generalizada de las juezas y jueces de diferir la decisin del caso. En consecuencia, luego de celebrada la audiencia de juzgamiento, las juezas y jueces revisan el contenido del expediente y de los videos y adoptan sus decisiones en la soledad de sus despachos. Este problema de diferir el fallo tambin es recurrente en la justicia laboral chilena. Parece entonces que la oralidad en cuanto metodologa para adoptar deci-siones judiciales tiene todava un desarrollo menor a la oralidad en cuanto mera forma de realizacin de actos procesales.

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    2. Prueba documental

    Distintos modelos

    Tratndose de la prueba documental tambin es posible encontrar dos grandes modelos (o cuanto menos prcticas generales) en relacin al modo en que ella es incorporada al debate.

    En Chile, tanto en la justicia de familia como en la del trabajo tiene dos fases fundamentales: (1) Admisin en el que se revisa durante la etapa preparatoria la pertinencia del documento y que no confl uya alguna causal de exclusin; y (2) Produccin del medio probatorio en la audiencia de juicio. Esto quiere decir que en tanto el documento no sea incorporado en este ltimo, no podr ser valorado por la jueza o juez, por mucho que haya sido admitido en la etapa preparatoria.

    La incorporacin de los documentos en Chile es realizada mediante su lectura, que por lo general se hace de una forma resumida de las partes relevantes del documento. Un tpico ejemplo de la incorpora-cin a juicio de una carta de despido, consistira en un litigante que leyendo el documento sealara lo siguiente:

    Prueba documental nmero 1. Carta de despido de fecha 22 de enero del presente ao. Aparece fi rmada por la seora Mara P-rez, bajo el rtulo de Gerente de Recursos Humanos. Est dirigi-da al seor Juan Gonzlez. Concretamente respecto de la causal y hechos fundantes del despido seala: En el da de hoy, se ha resuelto poner trmino al contrato de trabajo que lo vincula con la empresa por la causal del artculo XX del Cdigo del Trabajo, esto es, no concurrencia del trabajador a sus labores, sin causa justifi cada, durante dos das seguidos. Los hechos en que se fun-da la causal invocada consisten en no haber asistido a trabajar en los das 18, 19, 20 y 21 de enero de este ao y sin justifi car de manera alguna dichas inasistencias.

    Luego de la lectura del documento, este es entregado a la jueza o juez. En ocasiones, es utilizada tambin una forma ms sencilla de incorporacin, consistente en simplemente nombrar el documento, como si tratndose del mismo ejemplo anterior el abogado dijera tan solo Prueba documental nmero 1. Carta de despido o Prueba do-cumental nmero 1. Carta de despido, en la que consta la causal y los hechos por los cuales se puso trmino al contrato de trabajo.

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  • En el sistema laboral peruano, en cambio, se pudo observar que los documentos no son propiamente incorporados al juicio. Estos, una vez que son declarados admisibles por la jueza o juez son anexados al expediente y no requieren de ningn paso posterior. Desde ese momento, ya puede ser valorado por la jueza o juez. Es por esto que puede afi rmarse que los documentos son ms bien incorporados al expediente y no al juicio.

    En alguna medida, esta ausencia de incorporacin de los documentos al juicio, se explica por el hecho que la admisibilidad de la prueba documental es resuelta en la misma audiencia de juzgamiento. En otras palabras, el juicio es realizado tan pronto fi naliza la fase inter-media de preparacin del debate y sin solucin de continuidad de la audiencia. Ms adelante se explicar algunas de las caractersticas principales de esta fase intermedia en Per. Basta por ahora con se-alar que los documentos son ofrecidos en los respectivos escritos de demanda y contestacin y las juezas y jueces estudian los mismos con anterioridad a la audiencia, de manera de indicar en esta qu do-cumentos van a ser admitidos y cules no.

    Observacin general respecto de la metodologa de produccin de la prueba documental:

    Existe un escaso anlisis de la informacin contenida en los docu-mentos

    Cualquiera sea la metodologa usada respecto de los documentos, existe un anlisis muy pobre respecto de la informacin que estos pueden aportar para la resolucin del caso. Con esta observacin queremos signifi car que la jueza o juez no es ayudado en la tarea de comprender la utilidad del documento para la decisin judicial. Para una mejor comprensin se explicar esta situacin por separado se-gn los distintos modelos antes reseados.

    En el caso peruano, la sola ausencia de la incorporacin del docu-mento al juicio es bastante decidora de esta falta de anlisis de su contenido. Podra pensarse que este efecto resulta aminorado por el hecho que su admisibilidad es resuelta en el contexto de una misma audiencia. La idea ms o menos sera la siguiente: no es relevante incorporar la prueba documental, porque hasta solo unos instantes nos estbamos ocupando de ella. Pero esto no es as. Si bien es cierto que la jueza o juez ya se ocup de ella al inicio de la audiencia, esto lo fue para el solo efecto de comunicar a las partes su decisin

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    sobre la admisibilidad del medio probatorio. No hay lectura ni discu-sin en torno a qu hechos acredita ni tampoco acerca de cul puede ser concretamente su valor o si pudiera estar siendo contradicha por otra prueba. El sistema, por as decirlo, descansa en la confi anza que esta jueza o juez podr leer el documento por s y concluir luego su utilidad y peso probatorio especfi co. Esto demuestra claramente que la audiencia es desaprovechada en cuanto metodologa de produc-cin de ms y mejor informacin frente a los procesos escritos. As, la audiencia en este sentido se agota en ser nicamente un momento y forma de cumplir ciertos actos procesales.

    En el caso peruano confl uye una difi cultad adicional que tambin podra explicar en parte esta prctica y que consiste en la aplicacin supletoria en materia de prueba del Cdigo Procesal Civil de Per (CPCP). Dicho cuerpo normativo constituy un esfuerzo por introdu-cir la oralidad en el sistema civil de dicho pas, no obstante, lo hizo manteniendo gran parte de las lgicas de los procedimientos escritos. Esto hace que en el sistema laboral peruano no exista un verdadero sistema de libertad probatoria y de sana crtica23. Luego de que la jue-za o juez determina los hechos que requieren prueba y concretamen-te cules son los elementos probatorios que va a admitir, las partes pueden presentar cuestiones probatorias. Dentro de este concepto, encontramos las llamadas tachas a testigos (como por relacin de parentesco) y a documentos (cuando se alega la falsedad o nulidad de los mismos)24. Existe la creencia de que si los documentos no fueron objeto de cuestionamientos en esta etapa, entonces no existe posibilidad de controvertirlos posteriormente. Consecuentemente, se considera innecesario incorporar al juicio un documento que ya fue admitido. Hay as un predominio del sistema de tachas por falsedad o nulidad y no un ejercicio propiamente de anlisis o valoracin de los mismos.

    Esta ausencia de una verdadera libertad probatoria y de sana crti-ca puede ser entendida como una clara desconfi anza del legislador peruano respecto de la idoneidad de las audiencias como instancias para mejorar la comprensin y depuracin de la informacin que

    23 El CPCP parece acoger dicho sistema conforme al tenor literal de sus artculos 191 y 197. Sin embargo, mantiene un sistema de tachas y algunas reglas rgidas de valoracin. Ver, entre otros, los artculos 229, 233 y siguientes, 300 y 303.

    24 El artculo contempla tambin las llamadas oposiciones que se pueden formular respecto de la declaracin de parte, una exhibicin, una pericia o una inspeccin judicial.

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  • aporta la prueba. Parece ms lgico entonces que hayan difi cultades para instalar dicha idea en la comunidad legal.

    Existe una confusin entre admisibilidad, produccin y valoracin de los documentos. En un proceso escrito ello es lgico. Al fi nal del proceso, esto es, concluido el trabajo de construccin del expediente, la juzgadora o juzgador analiza la totalidad de los documentos reco-lectados: en algn momento fueron admitidos y ahora recin estando el proceso en estado para dictar sentencia, los tiene que analizar para su decisin. Los procesos orales parten (o debieran partir) de una base distinta. Aqu, la produccin de la prueba debe ser con inmediacin de las partes y coetnea al proceso de construccin de conviccin de la jueza o juez. Solo en la medida que la prueba es producida en pre-sencia de las partes, estas tienen la posibilidad de controlar la manera en que la jueza o juez toma conocimiento de ella. Esto debiese ade-ms ir acompaado de un anlisis ms profundo y explcito respecto de cmo los documentos sirven o no para la resolucin del asunto en controversia.

    Podra pensarse que en el caso chileno la situacin es diametralmen-te opuesta en tanto s existe en este un sistema ms claro de libertad probatoria y sana crtica y porque presenta adems una incorporacin de los documentos al juicio propiamente tal. Sin embargo, esto tam-poco es del todo cierto. Incluso cuando se utiliza la alternativa ms completa de la lectura resumida de los documentos. Esto ocurre por el modo concreto en que la prueba es introducida al juicio, que pue-de ser denominada como la prctica de la incorporacin en bloque.

    La incorporacin en bloque supone la existencia de un momento pro-cesal al interior del juicio en el que los documentos son ledos por el litigante respectivo uno tras otro, desde el primero hasta el ltimo de los que le fueran admitidos. Todo de una sola vez y sin una debida contextualizacin. Con posterioridad, esta gran cantidad de papeles debe ser revisada por la jueza o juez para efectos de corroborar que todos estos son efectivamente los que el abogado dijo haber ledo y que verdaderamente contienen la informacin que el litigante dijo que contenan. Esto adems con una gran premura por los limitados tiempos de que se dispone para la realizacin de las audiencias.

    Pareciera que esta falta de aprovechamiento de la audiencia como una instancia de real anlisis de la prueba pasa por distintos niveles de desafos no resueltos todava por los sistemas orales estudiados. En primer lugar, parece claro que an no existe un modelo de audiencia

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    lo sufi cientemente maduro y capaz de maximizar las potencialidades de la oralidad para producir informacin de calidad. Esto es de toda lgica considerando los pocos aos de vida de las reformas. No obs-tante, pareciera existir una cierta conformidad con el funcionamien-to actual de los sistemas y pocos esfuerzos por sistematizar y crear modelos concretos que desde la capacitacin y el seguimiento vayan instalndose en los juzgados. Esto adems coincide (y probablemente es parte del mismo problema) con una falta de comprensin de los roles de los actores involucrados, fundamentalmente en cuanto a qu consiste en la prctica la llamada direccin del proceso que es res-ponsabilidad de los tribunales y sobre un mtodo concreto que ayude a los litigantes a comprender qu informacin es la que deben poner a su consideracin y cmo esta debe ser ordenada y presentada.

    Es cierto que las disposiciones legales muchas veces no ayudan en esta tarea de aprovechar a la audiencia de juicio como una metodo-loga de produccin de informacin de calidad. En ocasiones ms bien constituyen un obstculo. Este es el caso precisamente de la prueba documental en el proceso laboral chileno. La propia ley dis-pone el orden especfi co que debe seguir la presentacin de la prue-ba. En concreto, el artculo 454 del Cdigo del Trabajo dispone en el inciso fi nal de su regla primera que El orden de recepcin de las pruebas ser el siguiente: documental, confesional, testimonial y los otros medios ofrecidos, sin perjuicio de que el tribunal pueda modi-fi carlo por causa justifi cada. Una norma como la descrita parece ser un factor relevante para la prctica de la presentacin en bloque de la prueba documental. No obstante, este mismo ejemplo es til para sealar que el modelo concreto de la audiencia es algo que excede a las solas disposiciones legales. De hecho, en el sistema chileno no es raro (como consecuencia de los procesos de capacitacin) que las juezas y jueces permitan a las partes presentar su prueba en un orden diverso, considerando ex ante que la sola voluntad de la parte consti-tuye una causa justifi cada en palabras de la ley. Con todo, los litigan-tes igualmente tienden a presentar la prueba documental en bloque, sea que lo hagan antes o despus de otro tipo de pruebas25.

    25 En el caso laboral peruano sucede algo similar con la ley en el sentido que dispo-ne el orden en que la prueba debe ser diligenciada. En efecto, prescribe que Se actan todos los medios probatorios admitidos () empezando por los ofrecidos por el demandante en el orden siguiente: declaracin de parte, testigos, pericia, reconocimiento y exhibicin de documentos. Ver artculo 46 de la Ley 29.497 sobre Nueva Ley Procesal del Trabajo de Per.

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  • En estos casos sera deseable que la prueba documental fuera incor-porada a travs del testimonio de alguna persona idnea para recono-cerlo y aportar informacin adicional que ayude a comprender mejor de qu manera el mismo se inserta en el relato y posiciones de las partes. Siguiendo con el ejemplo utilizado lneas atrs, sera posible pedir al empleador que declare por qu despidi al trabajador y que luego reconozca la carta de despido y lea y explique su contenido. Luego, si se deseara controvertir algn hecho, el otro litigante o in-cluso el tribunal, segn el modelo de que se trate, podra ir sobre ese punto en su interrogatorio de manera de mostrar las falencias de la calidad de la informacin de dicho relato y del contenido del docu-mento.

    Otra alternativa, ms sencilla que la anterior, consistira en incorporar los documentos a travs de un relato argumentativo de parte de los abogados. Este relato debera ser construido desde los hechos en con-troversia del caso y cmo estos pueden ser acreditados a partir de los documentos. No se tratara ya de una enumeracin de documentos, sino ms de una historia respecto de los hechos afi rmados por su parte y en la que el litigante debiera tener la capacidad de integrar los documentos de una manera ordenada y persuasiva.

    Los formatos descritos no son excluyentes. Perfectamente podran coexistir en un mismo sistema y ser usados de acuerdo a las necesi-dades de cada caso, bsicamente representadas por la complejidad del mismo, el nivel de controversia, el tipo de hechos en disputa y la especie y cantidad de prueba del caso, en especial, de los docu-mentos. En cualquier caso, es requerida en primer lugar una decisin clara de un actor del sistema con el liderazgo sufi ciente para adoptar dicho formato en un modelo de audiencia coherente, junto con pro-gramas de capacitacin idneos y sostenibles en el tiempo.

    El escaso anlisis de la prueba documental explica en parte otro fen-meno tambin complejo que se ha mencionado: la falta de decisin inmediata. Nuevamente, es lgico que ocurra. Si parte importante de la informacin de cada caso, representada por el contenido de la prueba documental, no ha sido verdaderamente analizada durante el juicio, ni menos sujeta a cuestionamientos reales, es evidente que las juezas y jueces no van a estar en condiciones de dar su decisin al trmino de la audiencia. De hecho, en un contexto as, es preferible que no lo hagan. De lo contrario, simplemente estaran fundando sus fallos en gran medida en el azar y los prejuicios ms que en la prue-ba presentada por las partes. Sucede entonces que el sistema desde

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    sus prcticas, como consecuencia de no tener un mtodo riguroso a utilizar en la audiencia respecto de la manera de producir y analizar la prueba documental, prefi ere confi ar en el trabajo autnomo y soli-tario de la jueza o juez cuando se enfrenta al expediente (u otro tipo de registros). En este sentido, es posible apreciar nuevamente cmo la metodologa de resolucin se acerca mucho ms al de procesos escri-tos que al de aquellos regidos por la oralidad.

    La falta de un anlisis profundo de los documentos conlleva otro problema que va ms all de lo que se podra denominar la sola tc-nica jurdico-procesal. Trae aparejado tambin un cuestionamiento bastante serio desde un punto de vista poltico. Uno de los valores asociados a las audiencias es el de la transparencia del sistema. Esta transparencia es instrumentalizada mediante la publicidad de las au-diencias que permite a cualquier persona conocer la manera en que funciona la justicia, acceder al contenido de los casos y comprender por qu las juezas y jueces adoptan sus decisiones. Es claramente un elemento que permite el control ciudadano de la actividad judicial y a la vez condicin indispensable de la legitimidad de su actuar. Cuando parte importante de la informacin de los casos, a saber, la prueba documental, no es verdaderamente incorporada al juicio, si la informacin que estos contienen no es de pblico conocimiento y, en defi nitiva, si el proceso mismo de conocimiento y valoracin de la informacin que estos contienen es realizada por la jueza o juez en su escritorio y no en el escenario dispuesto para ello (la sala del tribu-nal), entonces parte importante de la actividad judicial no est verda-deramente sometida a la publicidad del proceso y consiguientemente al control y escrutinio de la comunidad.

    CAPTULO IIILA ORALIDAD EN LA ETAPA DE PREPARACIN DEL JUICIO

    Los diferentes sistemas analizados en este estudio cuentan con una etapa procesal de preparacin del juicio oral. La fuente de inspira-cin ms cercana de esta estructura procesal la encontramos en el Cdigo Procesal Civil Modelo para Iberoamrica cuya mxima con-crecin est dada por el Cdigo General del Proceso de Uruguay26.

    26 Ver los artculos 301 del Cdigo Procesal Civil Modelo para Iberoamrica y 341 del Cdigo General del Proceso de Uruguay.

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  • En el caso uruguayo esta labor es realizada en la llamada audien-cia preliminar a la que son citadas las partes luego de los actos de demanda y contestacin y que es considerada como de la mxima importancia para el funcionamiento del sistema, habiendo sido cata-logada incluso como el centro de la reforma procesal27.

    Uno de los objetivos principales de esta audiencia preliminar es la de fi jar el objeto del proceso y de la prueba y resolver la admisibilidad de los medios de prueba propuestos por las partes28. Estos objetivos estn tambin recogidos en los sistemas chilenos en las llamadas au-diencias preparatorias29 y en el proceso laboral peruano30.

    En el presente captulo nos centraremos en los antedichos objetivos de la etapa de preparacin del juicio de manera de examinar cmo estn siendo tratados. Adelantando las conclusiones, al efecto no existe una nica metodologa para satisfacerlos. Hay una enorme heterogeneidad en la manera de proceder de las juezas y jueces. Esto nos muestra una vez ms que no existe un modelo claro de audiencia y que la funcin de direccin de los procesos que es entregada a las juezas y jueces no est an dotada de contenidos que se materialicen en prcticas judiciales uniformes y por sobre todo que maximicen la satisfaccin de los objetivos de esta etapa de preparacin del juicio. Es en dicho contexto que este captulo pretende aportar algn grado de sistematizacin de las prcticas observadas durante el estudio de manera de mostrar aquello que se evidencia como positivo y a la

    27 En tal sentido ver: Pereira Campos, Santiago. Ob. cit. Concretamente sobre el punto afi rma que La audiencia preliminar del proceso ordinario bajo la direccin del tri-bunal es, en el nuevo sistema procesal, el acto procesal complejo ms importante, en el cual se plasman y efectivizan de modo ptimo los principios procesales con-sagrados en el CGP (Cdigo General del Proceso). (p. 214).

    28 A ellos se suman otros actos procesales como la verifi cacin de la presencia de las partes, la ratifi cacin de los actos de proposicin (demanda y contestacin), intento de conciliacin por parte de la jueza o juez, resolucin de excepciones previas y saneamiento del proceso. Eventualmente podra adems diligenciarse la prueba, recibir los alegatos fi nales de las partes y dictarse la sentencia defi nitiva.

    29 Ver los artculos 61 de la Ley N 19.968 sobre Tribunales de Familia y 453 del Cdigo del Trabajo de Chile.

    30 El caso peruano es algo distinto, pues no concentra todas estas actuaciones en una sola audiencia previa a la de juicio. Sin embargo, es del todo anlogo. En la au-diencia de conciliacin, una vez fracasado el intento conciliatorio, la jueza o juez debe precisar las pretensiones que sern objeto del juicio. Luego, en la audiencia de juzgamiento, al iniciarse la llamada etapa de actuacin probatoria, la jueza o juez debe fi jar los hechos que no requieren prueba y adems determinar qu prue-bas de las ofrecidas por las partes no van a ser admitida. Solo con posterioridad a tales actos procesales, la prueba puede ser diligenciada. Ver artculos 43 y 46 de la Ley 29.497 sobre Nueva Ley Procesal del Trabajo de Per.

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    vez las situaciones que pudieran ser problemticas. Hacia el fi nal del captulo se realizarn algunas refl exiones acerca de esta etapa con miras de aportar nuevos puntos de vista al debate sobre cmo estruc-turar los procesos civiles, concretamente respecto de esta etapa de preparacin y su vnculo con la del juicio.

    1. Buenas prcticas

    Como se vena sealando, a continuacin se mostrarn algunas bue-nas prcticas en torno a la metodologa utilizada para cumplir con los objetivos de la etapa de preparacin del juicio. Como se ver, se trata de cuestiones que pueden ser asumidas o extendidas en los sistemas procesales sin ninguna necesidad de reformas legales. De hecho, no estn ordenadas expresamente en la ley y son ms bien modos de entender la norma y que podran ser integradas a los modelos de au-diencia como un punto indispensable de los procesos de implemen-tacin de las reformas y concretamente de los programas de capacita-cin con nfasis en las destrezas necesarias para ponerlas en prctica.

    Buena prctica nmero 1

    La jueza o juez estudia el caso de manera previa (demanda y con-testacin con sus respectivos documentos) y llega a la audiencia con una propuesta concreta que somete a la discusin de los litigantes.

    Esta situacin es bastante clara en Uruguay. En las audiencias que se pudo observar en Montevideo fue notorio que las juezas y jueces ha-ban estudiado previamente el contenido de la demanda y contesta-cin, pues tenan un manejo importante de los antecedentes del caso. Exista entonces un trabajo de preaudiencia del tribunal que consista no solo en leer el expediente, sino tambin en redactar un borrador o propuesta de cul debe ser en su criterio el objeto del proceso y de la prueba y cul es la prueba que va a ser admitida. Esta informacin era presentada a los litigantes quienes podan solicitar ciertas modi-fi caciones, como si tal o cual punto requera de alguna aclaracin o que un determinado hecho fuera incluido o excluido de la controver-sia. Estas cuestiones por lo general eran resueltas muy rpidamente en una interaccin directa e informal entre las juezas o jueces y los abogados. El mismo manejo de los antecedentes por parte del tribu-nal facilitaba su pronta decisin.

    Una cuestin que vale la pena destacar es que esta propuesta realiza-da por la jueza o juez era efectivamente un intento por realizar una

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  • preparacin del caso, hacindose cargo de sus propias particularida-des. En otras palabras, era posible observar un real esfuerzo por deter-minar los hechos de la controversia de manera que el juicio versara nicamente respecto de ellos y evitar que este se diluyera en aspectos innecesarios para la resolucin del caso. Esta misma preocupacin se observ por parte de los litigantes atentos a solicitar las correcciones que creyeran necesarias, junto con una apertura de las juezas y jue-ces para modifi car sus propuestas. Hay as un punto adicional al solo estudio del caso y a la propuesta de la jueza o juez. Existe tambin una fl exibilidad en la propuesta y en el debate que permite resolver estas cuestiones de una manera muy sencilla y rpida.

    Esta forma de trabajo judicial torna a la audiencia en un escenario colaborativo, ms all de la contraposicin de intereses que pueda existir entre las partes. Desde luego que puede haber una discusin horizontal entre las partes, cada una intentando cautelar una determi-nada pretensin procesal que contradice a la de la contraria. No obs-tante, dada la propuesta judicial, esta se da en un espacio bastante concreto que facilita que la jueza o juez pueda adoptar su decisin. Al mismo tiempo, evita la desconfi anza inicial que habra entre las partes si esta propuesta naciera de ellas mismas y no del tribunal.

    Nada de esto es espontneo y requiere de competencias especfi cas a desarrollar en la labor judicial. Asimismo, es necesario que se cum-plan algunas condiciones estructurales, en lo fundamental, que efecti-vamente las juezas y jueces tengan acceso a los escritos de demanda y contestacin y a la prueba incorporada a los escritos. Adems, de-ben poder hacerlo con la antelacin sufi ciente para realizar el estudio del caso y disear la propuesta.

    Buena prctica nmero 2

    Existencia de una responsabilidad complementaria de los litigantes: expresar con claridad todos los hechos afi rmados por su contraparte que son controvertidos y cules no.

    Esta es una prctica que se pudo apreciar en algunas audiencias del sistema laboral chileno. Implica un buen ejemplo de cmo dotar de contenido concreto a la funcin de direccin de audiencias que re-cae en las juezas y jueces. De esta forma, el tribunal tiene total claridad de cules son los he-chos en controversia. Ya no solo se basa en el estudio previo del caso,

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    sino que adems concretamente requiere a los litigantes que se pro-nuncien sobre la veracidad de los hechos sustentados por la contra-ria. Incluso, si la jueza o juez considera que algn hecho importante pudiera haber sido omitido por el litigante, insiste sobre el punto y pregunta de manera especfi ca al respecto: El trabajador afi rma que el da que fue despedido, su jefe directo, el Sr. Gonzlez, le dijo que el despido era porque faltaban insumos en la bodega, es eso con-trovertido por su parte?. As, no hay ninguna duda de si ese hecho requiere o no prueba.

    Al igual como se afi rmara antes a propsito del caso uruguayo, esta prctica ciertamente requiere de un dominio bastante intenso de la jueza o juez y de los litigantes respecto de los antecedentes del caso. Es necesario entonces que el sistema prevea los mecanismos para que puedan efectivamente conocer la demanda y contestacin de manera previa a la audiencia. Esto obviamente abarca tambin al co-nocimiento con la debida antelacin del demandante respecto de la contestacin de la demanda, cuestin que en ocasiones no ocurre por disposiciones procesales (como cuando se exige que la contestacin a la demanda sea presentada en la misma audiencia), o por defi cien-cias del sistema de gestin (como cuando la contestacin no es notifi -cada previo a la realizacin de la audiencia o no es subida al sistema informtico de consulta en la oportunidad prevista).

    2. Prcticas problemticas

    Este estudio permiti observar prcticas que tambin pueden ser ca-talogadas como problemticas desde el punto de vista de su efi cacia (cumplir con los objetivos requeridos) y desde la efi ciencia (cumplir los objetivos con el menor gasto de recursos posible). A continuacin se analizarn dos prcticas que pueden afectar alguna de estas dos dimensiones.

    Prctica problemtica nmero 1

    La jueza o juez fi ja el objeto del juicio y los hechos a ser probados a partir de un formato predeterminado siempre igual para los casos de una misma categora.

    Al sealar que la determinacin del objeto del juicio y de los hechos controvertidos es realizada bajo un formato predeterminado, se quie-re referir a que estos van a ser siempre iguales si los casos correspon-den a una misma materia.

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  • As por ejemplo, en un caso en donde se demandan alimentos, con-forme a la prctica aqu sealada, los hechos a probar sern determi-nados de la siguiente manera: (1) Filiacin y edad de los alimentarios; (2) Necesidades de los alimentarios y tasacin de ellas; (3) Facultades socioeconmicas de ambas partes; (4) Cargas de familia; y (5) Cir-cunstancias domsticas de las partes. Podr haber diferencias entre un juez y otro en el fraseo y/o divisin de estos componentes, pero la idea es ms o menos siempre la misma.

    Esta determinacin, como se podr apreciar, no est referida propia-mente a hechos, sino ms bien a elementos normativos de proceden-cia de la accin. De esta forma, todo caso de alimentos, sin importar las distintas aseveraciones de las partes, siempre va a tener los mis-mos hechos controvertidos.

    Esta situacin se relaciona con una falta de cumplimiento de los ob-jetivos de esta etapa y ha sido descrita en detalle con anterioridad en un reporte publicado por el Centro de Estudios de Justicia de las Am-ricas respecto de la judicatura chilena de familia denominado Fun-cionamiento de los Tribunales de Familia de Santiago31. En razn de lo anterior, se seguirn de cerca las consideraciones all sealadas.

    Dicho reporte fue elaborado en un momento en que la justicia de familia de dicho pas estaba abandonando una situacin de colapso inicial ante un defi ciente proceso de implementacin de la reforma (2009-2010). Es por ello que parte de dicho automatismo era expli-cado por el escaso tiempo disponible para la realizacin de las au-diencias. Luego, la implementacin de un plan complejo de gestin por parte del propio Poder Judicial, permiti superar dicha situacin inicial, por lo que se esperaba que este inconveniente pudiera ser de-jado atrs rpidamente.

    Por estos motivos se quiso conocer si acaso este punto haba mejo-rado desde aquellos tiempos. No obstante, se pudo constatar que el automatismo en este aspecto tiende a persistir. Es cierto que las jue-zas y jueces estn ms abiertos en la actualidad a ajustar la determi-nacin de los hechos controvertidos a cada caso. Sin embargo, esto es an una cuestin no generalizada y que depende en gran medida

    31 Ver Fuentes, Claudio; Marn, Felipe; y Ros, Erick. Funcionamiento de los Tribu-nales de Familia de Santiago. En: Reformas de la Justicia en Amrica Latina. Ex-periencias de Innovacin. Santiago de Chile: Centro de Estudios de Justicia de las Amricas, 2010. pp. 399-407 y 411 y 412. Disponible en World Wide Web: http://www.cejamericas.org/index.php/biblioteca/publicaciones-ceja [21-01-2013].

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    de la jueza o juez que asuma la audiencia y la menor o mayor pro-actividad y preparacin de los litigantes respectivos. Con todo, per-manecen problemas en la forma abstracta en que son establecidos los hechos y por el uso recurrente de plantillas en apoyo a dicha labor con prescindencia de las versiones fcticas sostenidas por las partes.

    Existiran distintos factores que conspiran en contra de una mejor de-terminacin, segn se pudo apreciar. En primer lugar, pareciera que las juezas y jueces de familia en Chile carecen del tiempo sufi ciente para estudiar los casos de manera previa a la realizacin de las au-diencias preparatorias. Siendo esto as, resulta difcil que se puedan empapar con las particularidades de cada caso. Por otra parte, por mucho que haya sido posible superar la situacin generalizada de colapso inicial de la justicia de familia, esto no ha sido acompaado de cambios concretos de la metodologa de trabajo utilizada por las juezas y jueces al interior de las audiencias. En tercer trmino, persis-ten fuertes defi ciencias de parte de los litigantes en cuanto a conocer su rol y respecto de dominar los antecedentes de los casos. Muchos de ellos continan sin comprender que deben instar por una real ade-cuacin del establecimiento de los hechos controvertidos a las nece-sidades de sus casos y que no hacerlo los perjudica.

    Cabe destacar ahora que la determinacin del objeto del juicio y los hechos a probar no es una cuestin propia de los procesos orales. Es una actividad propia de cualquier proceso judicial, incluso los escritos. No obstante, la inmediacin de la audiencia otorga mejores condiciones para que el tribunal en interaccin con las partes pueda ajustar adecuadamente los puntos a las necesidades concretas del caso segn fuera mencionado en el Captulo anterior. Una inadecua-da determinacin de estos puntos llevar a que el juicio no constituya un ejercicio de discusin especfi ca de la controversia, afectando a la informacin producida y por ende a la calidad de las decisiones judi-ciales. Adicionalmente a esta premisa existen otras consideraciones importantes de consignar que involucran la necesidad de usar efi -cientemente los recursos con que cuenta el sistema de justicia y a la vez el respeto del debido proceso. Estas dos dimensiones adicionales sern analizadas por separado.

    Malgasto de recursos

    Es labor de las juezas y jueces determinar en cada caso concreto si hay o no una controversia entre las partes que justifi que la necesidad de realizar un juicio. Este solo existir cuando entre ellas haya una disputa sobre los hechos. Si las partes estn de acuerdo en la forma

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  • en que ocurrieron los hechos que fundamentan sus respectivas ale-gaciones, entonces no ser necesario realizar un juicio propiamente tal, con el consiguiente ahorro de recursos. Por el contrario, si existe entre ellas debate respecto de los hechos, es tambin labor de la jue-za o juez determinar cules de esos hechos debatidos son pertinentes, es decir, si la verdad o falsedad de tales hechos tiene incidencia en la cuestin legal a defi nir.

    Desde esta perspectiva, lo que se busca en la audiencia preparatoria es que la jueza o juez sea capaz de separar la paja del trigo y que solo la prueba pertinente sea posteriormente producida en el juicio ya que sera una prdida de tiempo que el tribunal escuchara prueba que acredita hechos no vinculados con el caso o respecto de los cua-les las partes estn de acuerdo.

    El problema es que, en un caso concreto, tomando como referencia el ejemplo de la demanda de alimentos antes citado, puede ocurrir que lo nico controvertido entre las partes sea la capacidad econ-mica del demandado, ya que este en su contestacin acepta que es el padre, que su hija es menor de edad y que efectivamente tiene las necesidades econmicas que la madre indica en la demanda. No obstante, nicamente argumenta que no tiene los recursos para pagar lo que se le est exigiendo. Si se realizara una determinacin en con-creto del objeto del juicio y los hechos controvertidos podra ahorrar-se una gran cantidad de prueba, ya que en este caso solo se requerira aquella tendiente a demostrar la capacidad econmica del deman-dado. Pero esto no en un lenguaje normativo, sino concretamente en relacin a los hechos sostenidos en la contestacin, como por ejem-plo, existencia de gastos mdicos por una determinada enfermedad y el monto de estos. Como la prctica es la de fi jar la totalidad de los elementos normativos de la accin de alimentos como hechos controvertidos, las juezas y jueces igualmente pueden llegar a or-denar que se realice un informe social que d cuenta de la situacin econmica de la demandante, a pesar de no haberse cuestionado sus necesidades32.

    32 El documento anteriormente citado seala otro ejemplo clarifi cador: Un padre demanda el cuidado personal de su hijo, que est actualmente en manos de la madre. El padre solo argumenta que el nio estara mejor con l que con la madre (en otras palabras, fundndose exclusivamente en el inters superior del nio). Dado que la determinacin del objeto del juicio se realiza en abstracto, segn una plantilla preconfi gurada y sin ninguna discusin ni anlisis conforme al caso con-creto, muchas veces este comprende la determinacin de que afecte o no alguna inhabilidad a los padres, en circunstancias que ninguna de las partes ha afi rmado que a la contraria le afecte alguna inhabilidad. Esto lleva a que se decrete como

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    Todo esto implica un enorme despilfarro de recursos. En primer lugar de tiempo. Esto porque la audiencia de juicio tendr un contenido mayor que el necesario y, por ende, se requerir de ms tiempo para su realizacin. Adems esto afecta tambin a los litigantes, pues de-bern producir mayor cantidad de prueba, lo que tambin conlleva un costo. Por ltimo, implica una mayor demanda a las redes de apoyo que normalmente proveen de pericias e informes al sistema de justicia. En el ejemplo, el juzgado solicitar a la ofi cina municipal respectiva realizar una evaluacin de la situacin econmica de la demandante sin ninguna justifi cacin. Esto por su parte deriva en una sobrecarga de trabajo de estas entidades y consecuentemente en un retraso en su capacidad de respuesta. De esta forma, hay una afec-tacin del sistema en su conjunto, incluidos los casos en que dicho informe s pueda ser necesario.

    Limitaciones al debido proceso

    Esta manera de proceder afecta, como ya se seal, una correcta gestin de los escasos recursos del sistema, pero tambin impacta en los derechos de las partes porque cuando se determinan los hechos a probar de manera abstracta, las juezas y jueces prescinden de las versiones sobre los hechos de las partes. Con ello, los tribunales las fuerzan a desviar su actividad probatoria hacia otros puntos, difi cul-tndoles presentar su caso de una manera efi ciente.

    Para presentar su caso, las partes deben tener verdaderas posibilida-des de organizar la informacin que llevan al juicio. Cuando la prc-tica judicial los obliga a probar cuestiones no discutidas, sus posibili-dades para hacer valer sus pretensiones disminuyen. Lo que ocurrir es que en el juicio debern ingresar una gran cantidad de informa-cin impertinente (por no ser controvertida) y, por tanto, la informa-cin efectivamente importante, por ser aquella en la que se centra la controversia, deber disputar con el resto la atencin de las juezas y jueces y el escaso tiempo disponible para la audiencia. Entonces, este es un problema que condiciona el efectivo ejercicio de los derechos de las partes y de paso adems la calidad de las decisiones conteni-das en las sentencias, pues junto con difi cultar la actividad probatoria de las partes, entorpece la labor de las juezas y jueces al verse en la obligacin de percibir y analizar informacin superfl ua. Es probable

    prueba pericial la realizacin de informes psiquitricos y/o toxicolgicos, lo que implica una sobrecarga innecesaria de la red social y una demora en el proceso. (Fuentes, Claudio; Marn, Felipe; Y Ros, Erick. Ob. cit. pp. 400 y 401.

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  • que aumente el riesgo de que lo relevante pase desapercibido y que las partes no puedan aprovechar la oportunidad que les signifi ca el juicio para presentar prueba y confrontarla.

    En defi nitiva, al establecer el objeto del juicio y los hechos a probar en abstracto, se pretende que las partes siempre deban adecuarse al formato preestablecido para el tipo de caso de que se trate. Da igual que las partes planteen sus casos desde su punto de vista particular y que concurran a la audiencia preparatoria con determinadas versio-nes acerca de los hechos, pues el futuro juicio se va a construir sobre la base de un esquema distinto e impuesto previamente por la jueza o juez. As entonces, parece que el nico caso relevante es el de la jueza o juez, ese en el que lo importante es cumplir con todos los elementos normativos exigidos, independientemente de las alegacio-nes de las partes.

    Todo lo anterior hace aparecer un verdadero crculo vicioso que termina con el consiguiente desincentivo para los litigantes de pre-parar convenientemente sus casos. Ellos no se veran en la necesidad cierta de construir sus propias teoras del caso y de conocer a fondo los mismos. Primero, porque siempre debern someterse al mismo esquema judicial y, segundo, porque omitir hacerlo pasa desaperci-bido. Esto no quiere decir que en tales circunstancias los abogados no necesiten construir sus propias teoras del caso o que quienes lo hagan no concurran con ventajas respecto de quienes no. Un aboga-do diligente que prepare de un modo adecuado su participacin en el proceso lograr una mejor defensa para su representado. Lo que se quiere destacar aqu es que la prctica judicial de determinacin abstracta descrita invisibiliza la negligencia profesional de algunos abogados, quienes pueden concurrir a una audiencia preparatoria ms bien para que los jueces le armen el caso y no para exponer el propio, sin siquiera conocer bien los hechos del mismo, situacin frecuente de acuerdo a algunos jueces. Por el contrario, si se aprove-chase la audiencia y la oralidad para una verdadera determinacin del objeto del juicio y de los hechos a probar, ello supondra que los abogados necesariamente deberan llegar mejor preparados, quedan-do al descubierto una preparacin defi ciente.

    Prctica problemtica nmero 2

    La audiencia es entendida solo como una consecucin de actos pro-cesales, sin que exista claridad acerca de los objetivos perseguidos que pudieran guiar de mejor forma la actuacin de los intervinientes.

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    Esta es una conclusin construida fundamentalmente a partir de la observacin de audiencias del sistema laboral de Per. Esto se vin-cula con un comentario general ya realizado en varias oportunidades a lo largo de este documento y que se relaciona con la ausencia de modelos claros de audiencias, como corolario de las mismas dispo-siciones legales y de la inexistencia de programas de capacitacin especfi camente orientados hacia estos aspectos.

    La estructura procesal ordinaria del sistema laboral de Per est divi-dida en dos audiencias: la de conciliacin y la de juzgamiento. Como fuera antes referido, lo que se podra conceptualizar como la prepara-cin del juicio est distribuido entre ambas audiencias.

    La fi jacin de las pretensiones es realizada al trmino de la audiencia de conciliacin una vez que esta ha fracasado y con posterioridad a la presentacin de la contestacin de la demanda que se realiza por escrito en la misma audiencia. Luego, los otros puntos de anlisis del presente captulo (hechos controvertidos y admisibilidad de la prue-ba) son determinados al interior de la audiencia de juzgamiento que a su vez cuenta con una etapa de confrontacin de posiciones, otra de actuacin probatoria, junto con los alegatos (fi nales) de las par-tes y la comunicacin del fallo de la jueza o juez.

    La llamada etapa de confrontacin de posiciones consiste en una ex-posicin oral de las pretensiones del demandante y de los hechos que la sustentan. De igual forma, el demandado debe exponer los hechos por los que contradice la demanda, sea por razones procesales o de fondo33. Con posterioridad se inicia la fase de la actuacin probatoria en la que, en lo que nos interesa, la jueza o juez debe enunciar: (1) los hechos que no requieren de prueba (por no ser controvertidos, por estar presumidos en la ley, por estar determinados en una sentencia judicial que produce el efecto de cosa juzgada o por pertenecer a la categora de hechos notorios); (2) los medios probatorios que decla-ra inadmisible por estar dirigidos a acreditar hechos impertinentes o irrelevantes; y (3) las pruebas que s sern admitidas. Luego, segn se explic con anterioridad, las partes pueden presentar las llamadas cuestiones probatorias, para que fi nalmente tenga lugar la produc-cin de la prueba.

    Todo esto es llevado a cabo como momentos procesales concate-nados que requieren el agotamiento de uno para avanzar hacia el

    33 Artculo 45, Ley N 29.497 sobre Nueva Ley Procesal del Trabajo de 2010.

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  • siguiente, sin que en los hechos exista una continuidad lgica entre ellos ni se comprenda la utilidad de uno para la mejor determinacin del otro.

    Llama la atencin de esta estructura y de la prctica judicial la escasa funcionalidad procesal asignada a la confrontacin de posiciones que como se vea es previa a la determinacin de los hechos controverti-dos y a la determinacin de la admisibilidad de la prueba. No queda claro si este momento est encaminado a facilitar el proceso de pre-paracin del juicio o si propiamente est pensado como un acto an-logo a los alegatos de inicio o apertura del juicio. Por su ubicacin previa a la determinacin de los puntos antedichos y por estar distan-ciada de la produccin de la prueba pareciera estar ms orientada a la preparacin del juicio. A la vez, esta idea parece reforzada por el mismo hecho que las partes se ven impedidas de hacer referencias a la prueba en sus exposiciones en tanto no existe an un pronuncia-miento respecto de su admisibilidad. Esto quiere decir entonces que tal confrontacin de posiciones debiera ayudar a juezas y jueces a determinar los puntos sealados. Sin embargo, de la observacin de audiencias surgen varias dudas al respecto.

    Esta etapa de la confrontacin de posiciones en los hechos pareciera ser un momento meramente formal. Fue posible percibir claramente que los jueces haban estudiado el expediente de manera previa y que los puntos los haban determinado tambin con anterioridad a la audiencia. En seguida, en la audiencia cada parte sostiene su po-sicin sin necesidad que estas se refi eran de una manera especfi ca a lo sostenido por la contraria y luego el juez informa su determinacin (prehecha) de los hechos en controversia y de la prueba admitida. Este momento carece del dinamismo del sistema uruguayo que des-cribimos con anterioridad. En otras palabras, sin importar los dichos de los abogados en la etapa de confrontacin, el juez va a leer la determinacin de los hechos controvertidos y la admisibilidad de la prueba conforme ya lo tena preparado, sin ninguna adaptabilidad.

    Esta falta de real utilizacin de la audiencia es advertida tambin luego en el evento que se planteen discrepancias entre las partes y lo resuelto por el juez. En estos casos, se da un verdadero desorden en el que no queda claro cmo se debe proceder. Por ejemplo, si acaso estas incidencias sobre la prueba deben ser presentadas tan pronto como el juez se refi era al medio probatorio respectivo o si estas de-ben ser promovidas conjuntamente luego que el juez ha fi nalizado con la exposicin de su decisin. Lo mismo sucede respecto de cmo el juez debe administrar la palabra.

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    En lo principal, esta escasa adecuacin de la conducta del juez es manifi esta en un aspecto de mucha mayor importancia que consiste en la ausencia de decisin de los incidentes planteados. Por regla general y casi sin excepcin todo ello es diferido para ser resuelto conjuntamente con la sentencia defi nitiva. Se observa entonces un esquema de extrema rigidez que imposibilita a los jueces adaptar sus decisiones durante la realizacin de la audiencia. Esto en parte pue-de ser explicado por el mismo hecho que no exista una metodologa clara respecto del proceder del juez y de las partes, lo que, por va de consecuencia, lleva a que el juez se vea impedido en la prctica de acceder a informacin sufi ciente y segura para adoptar una decisin inmediata.

    A mayor abundamiento, tampoco pareciera acertada la decisin le-gislativa de incluir la confrontacin de posiciones en este momento, al menos en la manera que es regulada. Si acaso es cierto que busca facilitar la tarea del juez de preparar adecuadamente el juicio, segn se ha dicho, la metodologa ms fructfera tiene que ver con la prepa-racin previa del juez y el debate especfi co que puedan sostener las partes a propsito de una propuesta concreta de aquel. En este senti-do, la informacin aportada por las partes en la confrontacin resulta ms bien una prdida de tiempo en cuanto no aporta nuevos elemen-tos ni es considerada por los jueces. Por otra parte, si busca constituir una especie de alegacin inicial del juicio, esto debiera tener lugar con posterioridad a la determinacin de los hechos controvertidos y a la admisibilidad de la prueba de manera que permitiese incluir en ella referencias a qu medios de prueba van a utilizar para probar los hechos en que fundan sus pretensiones. Otra forma de entender esta confrontacin de posiciones, puede ser en el sentido de una ratifi ca-cin de los actos de demanda y contestacin al modo regulado en la audiencia preliminar del Cdigo General del Proceso de Uruguay. No obstante, no parece posible extraer dicha fi nalidad conforme a su texto legal, sin perjuicio que tampoco sea as utilizada en la prctica.

    Ms interesante que la confrontacin de posiciones descrita pareciera ser la relacin somera de los contenidos de la demanda y la contesta-cin que debe realizar el tribunal del trabajo chileno previo a la de-terminacin de los puntos en anlisis. Aunque existe tambin el ries-go que este momento sea entendido como un mero paso formal, este constituye un espacio para que la jueza o juez exteriorice la manera en que ha entendido el caso. Esto es relevante, pues si existe alguna pretensin o argumento de alguna de las partes que no ha sido ver-daderamente comprendido o si quiera considerado por el juzgador, tienen estas la oportunidad de rectifi car dicha circunstancia. Consti-

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  • tuye entonces una forma de control acerca de cmo se ha producido el proceso de entendimiento del caso por parte de la jueza o juez en su estudio previo. Cabe destacar que esto es importante adems por el hecho que es con posterioridad a esta relacin somera que la jueza o juez va a intentar la conciliacin entre las partes, cuestin que no sucede en el sistema peruano en donde esta es realizada en la au-diencia anterior y de manera previa a la contestacin de la demanda. Como se puede apreciar, esta relacin somera junto con su control por parte de los litigantes ciertamente puede ayudar a los actos desti-nados a la preparacin del juicio. Al tiempo constituye un momento procesal que exige que las juezas y jueces efectivamente hayan estu-diado personalmente y de manera previa los escritos de demanda y contestacin.

    3. Refl exiones generales acerca de esta etapa

    En el presente apartado intentaremos sistematizar nuestras principales conclusiones sobre la preparacin del juicio de manera de sealar de una manera ms clara cules son aquellos puntos que se estima deben ser incorporados a los debates relativos a la reforma procesal civil en la regin.

    Refl exin nmero 1

    En ocasiones la etapa de preparacin del juicio se ve como un ejerci-cio extremadamente sofi sticado en razn de las caractersticas de los casos y/o a la estructura del proceso.

    A veces es posible observar casos de gran sencillez que no parecieran demandar de mucha preparacin. Se trata de casos en que no existe una real controversia, hay poca prueba o en donde existe una gran predictibilidad de la decisin defi nitiva. Ejemplo de esto lo encontra-mos en casos de divorcio de comn acuerdo en donde el juicio cons-tituye tan solo un momento de control judicial del cumplimiento de ciertos requisitos, o en procesos de alimentos en que parece bastante claro desde el primer momento que el demandado va a ser condena-do a pagar el mnimo legal. En estos casos el trabajo de determina-cin de los hechos que requieren prueba y la determinacin de los medios probatorios que van a ser admitidos parece una cuestin in-necesaria. De hecho, las mismas prcticas judiciales parecen asumir-lo en la medida que dan cuenta de un paso absolutamente formal que debe ser cumplido nicamente porque as lo dispone la ley y ojal lo ms rpido posible para as avanzar hacia el siguiente paso procesal.

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    Lo sealado anteriormente es ms vlido an si cruzamos la magni-tud o complejidad de los casos con las estructuras y prcticas proce-sales. En sistemas en que el juicio adopta un formato absolutamente inquisitivo y con muy bajas posibilidades de controlar la veracidad de los dichos de los testigos, parece un exceso de tcnica procesal toda la determinacin previa de la que se vena hablando. Por ejem-plo, la determinacin de los hechos controvertidos sirve tanto para la determinacin de la prueba admisible como para el control de la informacin que es producida en juicio por los testigos. No obstante, si el tribunal tiene la facultad de ordenar prueba de ofi cio, es adems el que realiza los interrogatorios a los testigos y tiene el deber general de averiguacin de la verdad, la determinacin previa pierde efi cacia en tanto la jueza o juez tiene amplias prerrogativas en los hechos para salirse de los mrgenes previamente autoimpuestos. Es difcil imaginar en estos aspectos a litigantes que objeten las actuaciones de la jueza o juez y ms difcil an a juezas y jueces que estn en condi-ciones de abstraerse de su propia decisin y evaluarla desde un punto neutral para acoger las objeciones planteadas: Objecin, Sr. Juez, su pregunta al testigo es inadmisible. Tiene razn, abogado, retiro la pregunta.

    Adems esto se juega tambin a nivel de las prcticas. No es solo si la estructura procesal parece ms o menos adecuada, sino que es ne-cesario ver qu ocurre en los hechos. En juicios en donde la labor de los litigantes se agota casi del todo en controlar el contenido de las actas que se van a incorporar al expediente y no respecto del proceso mismo de produccin de la informacin, los mrgenes establecidos en la preparacin ven drsticamente disminuida su utilidad. Lo mis-mo se puede concluir en procesos que tericamente son ms adversa-riales. Se podra pensar que en estos casos existir una confrontacin ms intensa y resulta indispensable entonces un margen muy claro de qu va a tratar el juicio. No obstante, si la preparacin de los litigan-tes no es la sufi ciente y no existen herramientas concretas para rea-lizar esta confrontacin, el juicio tambin se vuelve un ejercicio de muy bajo rigor. Consecuentemente, una preparacin del modo como si el juicio fuera a constituir algo sofi sticado, la torna en intrascenden-te y en un malgasto de recursos.

    Es probable que estas circunstancias hayan sido consideradas en parte por el legislador uruguayo al momento de establecer el nuevo proce-so laboral y alejarse de la regulacin del Cdigo General del Proceso en este aspecto. La Ley 18.572 sobre Abreviacin de los Procesos Laborales prev un mtodo escrito y mucho ms sencillo. Al efecto,

    138

  • su artculo 13, inciso primero, dispone que dentro de las cuarenta y ocho horas de recibido el escrito de contestacin de demanda o de traslado de las excepciones al actor, el Tribunal fi jar el objeto del pro-ceso y de la prueba, se pronunciar sobre los medios probatorios y ordenar el diligenciamiento de la que corresponda, instrumentando todo lo que sea necesario para agotar su produccin en la audiencia nica. En seguida, su inciso segundo prescribe hiptesis en donde ello no sera necesario: En caso de allanamiento total a la pretensin o cuando no se hubiera contestado la demanda en tiempo, el Tribunal fi jar fecha para el dictado de la sentencia defi nitiva34.

    Interesante es mencionar tambin la experiencia de la justicia de familia en Chile. La ley de tribunales de familia prev una nica estructura procesal consistente en la existencia de dos audiencias: una preparatoria y otra de juicio. Conforme al diseo legal, estas au-diencias estn distanciadas, pues se entiende que es necesario que haya un tiempo sufi ciente entre ambos momentos para que las partes puedan preparar adecuadamente su litigacin. Sin embargo, al poco tiempo de la entrada en vigencia de la reforma de familia, esto fue visto como algo claramente innecesario y se estim que era uno de los factores que incidan en la situacin de colapso inicial. Es por ello que la Corte Suprema dict un auto acordado (reglamento interno) denominado Acta 98-2009, por el que dispone como un principio de gestin interna de tribunales a la concentracin de audiencias. De acuerdo a esta, Cada tribunal, conforme a su estructura, deber establecer Salas que desarrollen en forma concentrada diversas cla-ses de audiencia, distribuidas por tipos, materias, procedimientos o intervinientes35. Adicionalmente, dicha acta dispuso una mayor sofi s-ticacin de los criterios de agendamiento de audiencias junto con la creacin de una tipologa que las clasifi ca segn su complejidad. De acuerdo con todo esto, cada juzgado pas a determinar que las cate-goras de casos ms sencillos sern resueltos en una sola audiencia.

    34 En sistemas comparados resulta interesante el modelo alemn. En este, todas las actuaciones procesales son realizadas en solo una audiencia, lo que a su vez requiere un trabajo previo y bastante intenso de la jueza o juez como manera de preparar la misma. Una explicacin detallada de este modelo puede ser consultado en la presentacin del profesor Norbert Lsing en el Webinar Oralidad y sistemas por audiencias en procesos judiciales no penales, desarrollado por el Centro de Estudios de Justicia de las Amricas, CEJA, con fecha 24 de septiembre de 2012. Disponible en World Wide Web: http://www.youtube.com/watch?v=DEjJabk5YlY&-feature=share&list=UU7HPMZWN6MidhMCMR_EcHlQ [21-01-2013].

    35 Artculo 9, letra b). Acta 98-2009. Corte Suprema de Chile.

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    Lo descrito en el prrafo anterior no quiere decir que la audiencia preparatoria haya sido suprimida en la justicia de familia de Chile. Ms bien esta es desarrollada al inicio de la audiencia concentrada de modo que inmediatamente fi nalizada sta tiene lugar el juicio. Lo ms interesante de esta forma de proceder es que en alguna me-dida parte de la preparacin es realizada de manera previa incluso a la misma audiencia concentrada. Para que este sistema de una nica audiencia concentrada sea posible, es necesario que las partes concurran con toda su prueba a la misma. Es por eso que en la cita-cin misma a la audiencia, el juzgado ordena a las partes que as lo hagan. Por otra parte, en determinados casos los juzgados ordenan la realizacin de prueba con mucha antelacin de modo que est disponible para la audiencia. As sucede por ejemplo en casos de alimentos en donde el juzgado conjuntamente con citar a las partes a audiencia, emite ofi cios solicitando a las administradoras de fondos de pensiones que informen las cotizaciones previsionales de las per-sonas demandadas como manera de conocer cules son sus ingresos. Hay, por tanto, un cuidado especial de parte del sistema para que exista la informacin sufi ciente para que el caso pueda ser efectiva-mente fallado en la audiencia concentrada.

    Refl exin nmero 2

    Ante casos de mayor complejidad, la estructura procesal y las prc-ticas judiciales no resultan sufi cientes para la adecuada preparacin del juicio.

    Se seal anteriormente que existe una especie de inters por sobre-preparar casos cuya sencillez aconsejara adoptar formas menos complejas. No obstante, en el otro extremo tiene lugar el problema inverso: cuando los casos realmente requieren de preparacin, esta no es sufi cientemente lograda.

    Esto puede ser explicado en gran medida por lo mismo que se vena sealando. La preparacin del juicio ha venido siendo asumida como una etapa que es cumplida solo formalmente. Esto se ve acrecentado por el intento de calzar casos sencillos a un diseo complejo desde el punto de vista de la tcnica procesal. Los casos siempre debern pasar por una misma lgica de preparacin. Sin embargo, la gran par-te del universo de ingresos del sistema son casos sencillos. Los casos realmente complejos, esto es, con una controversia total respecto de los hechos sostenidos por las partes, con una enorme cantidad de pruebas, aquellos en los que existen variadas formas de resolucin

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  • y se discute cul de todas ellas es la ms justa, esos en los que cada parte adopta una posicin completamente antagnica a la de la con-traria, son ms bien raros o excepcionales. Siendo esto as, es natural que el sistema los aborde desde una perspectiva superfi cial. El proble-ma deriva entonces en que este abordaje superfi cial va determinando las prcticas cotidianas del sistema. Lo burocratiza y automatiza. Hace que operadores rutinizados pierdan de vista los objetivos reales de la preparacin.

    Por otra parte, aun en los procedimientos ms complejos de dos au-diencias, la preparacin es tarda. Esto sucede cuando, por ejemplo, en la audiencia preparatoria se ordena prueba cuyo contenido solo va a ser conocido en la audiencia de juicio, cuestin que sucede tpica-mente con los ofi cios por medio de los cuales se pide informacin a ciertas instituciones. Tambin ocurre cuando en la audiencia de pre-paracin se ordena la realizacin de una determinada pericia cuyos resultados se espera puedan estar disponibles para el juicio. Al ocurrir esto, pierde todo sentido el sistema de dos audiencias. La lgica de este radica en que el caso quedar completamente preparado en la primera audiencia de manera que durante el tiempo que media entre esta y el juicio las partes puedan preparar su litigacin. Usemos el ejemplo de la pericia. En una estructura compleja de dos audiencias, el informe pericial debera ser acompaado a los mismos escritos de demanda o contestacin. Esto permitira que las partes previeran sus posiciones y argumentos para tener una discusin de calidad en cuanto a su admisibilidad. Luego, si la pericia fuera admitida, las partes contaran con el tiempo que transcurre hasta la audiencia de juicio para preparar los cuestionamientos a dicho informe. Ahora bien, si se tratase de una pericia que requiriere de una orden judicial previa, sera perfectamente posible que tal solicitud fuera realizada en los escritos de demanda o contestacin de manera que esta fuera ordenada inmediatamente por el tribunal y el informe pericial estu-viera disponible en la misma audiencia preparatoria.

    La preparacin es tarda tambin cuando las dos audiencias no son estructuradas justamente bajo la lgica de que una sirva de prepa-racin de la otra. Esto sucede como veamos en Per en donde la preparacin del juicio se realiza mayormente al interior de la misma audiencia de juzgamiento. La primera audiencia tiene por fi nalidad principal realizar la conciliacin y la contestacin de la demanda cuando esta fracasa. Ya ver en el prximo captulo que la conci-liacin es muy excepcional en el contexto peruano, por lo que esta audiencia en los hechos pasa a ser nicamente un momento para que

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    el demandado presente su contestacin por escrito. De esta manera no es posible entender la utilidad efectiva de esta audiencia y menos todava si existe un procedimiento abreviado de nica audiencia que concentra todos estos actos procesales. En consecuencia, no parece justifi cada la existencia de dos procedimientos ni tampoco las di-ferencias de momentos a presentar la contestacin de la demanda como se explicar en el captulo siguiente sobre la conciliacin.

    Por ltimo, los instrumentos legales son insufi cientes. Existe un es-caso o nulo desarrollo de mecanismos efectivos de acceso a infor-macin que las partes no puedan procurarse por s mismas. Esto se observa en primer lugar con la imposibilidad de las partes de conocer con un mnimo de detalle la informacin que detentan los testigos de la contraparte. No se realizarn aqu mayores comentarios por ser un punto ya tratado con anterioridad. Pero esto es solo un as-pecto del mismo. No existen tampoco regulaciones que contemplen de un modo acabado de qu manera y bajo qu supuestos las par-tes pueden acceder a la informacin que posee la contraria o que est en poder de terceros. Esto se refi ere a cuestiones tales como la posibilidad de revisar los documentos y registros de las empresas o examinar ciertos lugares de inters para el caso y que son de acceso restringido. Especial atencin requiere en nuestros das regular el ac-ceso a archivos digitales, equipos electrnicos, servidores, entornos virtuales y bases de datos en sus mltiples modalidades. Hay todo un mundo normativo (legal y jurisprudencial) por desarrollar: hiptesis y estndares de procedencia y cumplimiento, facultades concretas a que habilitaran estas herramientas, formas de ser implementadas, distribucin de los costos y efectos precisos asignados a cada posible resultado.

    CAPTULO IVMETODOLOGA PARA CONCILIAR

    Los distintos sistemas estudiados prevn al intento conciliatorio de la jueza o juez como un aspecto positivo a promover y que tiene lugar en una audiencia. En el caso uruguayo, la conciliacin en general es regulada con un carcter preprocesal y obligatorio (aunque con cier-tas excepciones) y es realizada ante el tribunal36. En tanto, el proceso laboral uruguayo contempla que adems de la conciliacin previa llevada a cabo ante el Centro de Negociacin de Confl ictos Indivi-

    36 Ver artculos 293-298 del Cdigo General del Proceso de Uruguay.

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  • duales de Trabajo o ante la Agencia Zonal del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el tribunal deber intentar la conciliacin dentro del marco de la audiencia nica con posterioridad a la ratifi cacin de las partes del contenido de la demanda y su contestacin37. En Chile, la conciliacin es intentada durante la audiencia preparatoria del pro-ceso de familia y laboral38. En Per, como se ha indicado, el proceso laboral contempla una audiencia denominada audiencia de conci-liacin al interior de la cual esta es intentada39.

    Sin perjuicio de la importancia asignada a la conciliacin y que esta est contemplada en los distintos sistemas, es posible fcilmente con-cluir que no existe una metodologa clara y nica a su respecto:

    - La metodologa usada puede variar de un pas a otro;- Al interior de un mismo pas, la metodologa utilizada puede

    ser diferente entre distintos sistemas procesales.- Sin perjuicio de estar al interior de un mismo sistema proce-

    sal de un mismo pas, la metodologa usada tambin puede variar entre distintas ciudades o zonas geogrfi cas.

    - Incluso, al interior de un mismo pas, sistema procesal y ciu-dad o tribunal, la metodologa puede variar de juez en juez.

    Existe una gran heterogeneidad de prcticas y que en defi nitiva de-penden de la sensibilidad y de las mayores o menores habilidades que tenga la jueza o juez respectivo para conciliar. Por este motivo, en este captulo se intentar mostrar un panorama general acerca de las distintas prcticas observadas as como las condiciones o factores que inciden en su xito o fracaso.

    1. Prcticas observadas

    A continuacin se researn cuatro prcticas observadas en orden de menor a mayor complejidad y que a la vez estn en una relacin directamente proporcional con su capacidad real de conducir a un acuerdo las partes. Como aqu las prcticas son extremadamente he-terogneas, se evitar en lo posible hacer referencias particulares a los sistemas. Ms bien, se tratarn las distintas alternativas usadas en los distintos contextos.

    37 Artculo 14 de la Ley 18.572 sobre Abreviacin de los Procesos Laborales de Uruguay.

    38 Artculos 61 de la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia y 453 del Cdigo del Trabajo.

    39 Artculo 43 de la Ley 29.497 sobre Nueva Ley Procesal del Trabajo.

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    LA ORALIDAD EN LOS PROCESOS CIVILES EN AMRICA LATINA. REFLEXIONES A PARTIR DE UNA OBSERVACIN PRCTICA

  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    Prctica nmero 1

    La jueza o juez se limita a preguntar a las partes si tienen inters por llegar a un acuerdo.

    Esta es la prctica ms sencilla y la que tiene menores posibilidades de obtener un resultado positivo. Se agota en una nica pregunta que la jueza o juez realiza a las partes, como por ejemplo: Hay posibili-dad de llegar a un acuerdo? O Desean conciliar?

    Se trata de una metodologa muy difundida y que en verdad no da cuenta de un verdadero intento conciliatorio. No es de extraar en-tonces que cuando se usa, prcticamente no tiene resultados positi-vos.

    Prctica nmero 2

    La jueza o juez intenta indagar un poco ms acerca de la posibilidad de transar en alguna medida las pretensiones.

    Constituye un mayor esfuerzo por conciliar que la prctica anterior, pero todava muy tibio. En esta, la jueza o juez, despus del primer no de las partes, sigue intentando la conciliacin y en ocasiones trata de desagregar algunos puntos de la contienda para ver si es posible un acuerdo parcial. Un ejemplo concreto sera el siguiente. Imagnese un caso en que una madre demanda a su ex marido por alimentos en favor de sus hijos y este a su vez reconviene solicitando que se fi je la relacin directa y regular de su parte respecto de los mismos (rgimen de visitas o de relacionamiento). El dilogo sigue as: Juez: Hay inters por llegar a un acuerdo? Abogado de la madre: No realmente, magistrado. Abogado del padre: Tampoco de nuestra parte. Juez: Pero si llegamos a un acuerdo nos ahorramos el juicio y

    all cualquiera de las dos partes puede perder. Sera mejor que intentemos un acuerdo ahora.

    Abogado del padre: Magistrado, hemos conversado previamente con la otra parte y no hay posibilidad de acuerdo. Le hemos ofre-cido el mximo dinero que mi representado puede entregar y no lo aceptan.

    Juez: Pero qu sucede con la relacin directa y regular? Abogado de la madre: Tampoco, magistrado, ya lo conversamos

    y no hay posibilidad de un acuerdo.

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  • Es manifi esto que en este caso hubo un mayor inters de parte del juez por conciliar. No obstante, el mtodo utilizado no es el ms efi ciente para lograr el acuerdo. Se trata de un juez insistente, pero en donde la sola insistencia no asegura mejores resultados. Las partes han llegado hasta ese momento porque fueron incapaces de solucionar el problema por s mismas. Todo ello en un contexto de afectacin de las relaciones personales, las que adems se han visto empeoradas por el mismo proceso judicial. En consecuencia, la sola afi rmacin de las partes No hay posibilidad de acuerdo, porque ya lo hemos intentado antes, no debiera ser sufi ciente para que la jueza o juez cesara en su intento. Solo que requiere de un mtodo diverso. Es como un nio intentado derribar un muro con un pelotazo. Si no lo logr con el primero, difcilmente podr hacerlo con un par de pelotazos ms.

    Prctica nmero 3

    La jueza o juez asume un papel ms activo proponiendo puntos de acuerdo

    Esta prctica da cuenta de un mayor esfuerzo an por lograr la conci-liacin. Aqu la jueza o juez asume un rol de facilitador de la nego-ciacin a travs de proponer a las partes ciertos puntos de acuerdo.

    Pensemos en un ejemplo en el que un demandante solicita se con-dene a pagar al demandado una suma de US$2.000 por concepto de indemnizacin de perjuicios por responsabilidad extracontractual. Conforme a esta prctica, la jueza o juez respectivo lo que har es determinar ciertos puntos intermedios y ofrecer esto a las partes como una solucin para no seguir adelante con el proceso (sea total o par-cialmente). En el ejemplo, esto ocurrira si preguntara a las partes: Estaran las partes dispuestas a dar por terminado este caso si el de-mandado pagase una suma de US$1.200 al demandado?

    En ocasiones esta prctica asume una forma un poco ms compleja. Vase el siguiente ejemplo que usa como base el mismo caso ante-rior: Juez: Han conversado previamente las partes sobre la posibili-

    dad de un acuerdo? Abogado del demandante: S, magistrado, pero no hemos llega-

    do a acuerdo. Juez: Y por qu no han llegado a acuerdo?

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    Abogado del demandante: Nosotros ofrecimos a la demandada que nos pague una determinada cantidad de dinero, pero dijo que no estaba dentro de sus posibilidades.

    Juez: Cul era esa suma? Abogado del demandante: US$1.700 Juez: Por qu no acept ese ofrecimiento de acuerdo, Sr. Gar-

    ca (la parte demandada)? Sr. Garca: Porque es injusto y porque tampoco tengo esa canti-

    dad de dinero. No puedo pagar eso. Juez: Y si en vez de pagar US$1.700 usted tuviese que pagar

    US$1.500. Estara en condiciones de aceptar un acuerdo como este?

    Sr. Garca: No, Sr. Juez. Como le dije antes, aunque quisiera no puedo pagar ese dinero.

    Juez: Entiendo, pero usted tambin podra pagar en dos cuo-tas obviamente si el demandante aceptara algo as

    Hay algunos puntos que conviene destacar de esta modalidad. En esta la jueza o juez al ofrecer los puntos de acuerdo, no lo hace des-de una situacin completamente hipottica, sino que a partir de las conversaciones previas entre las partes. As, el trabajo del tribunal se enfoca especialmente en tratar de averiguar las razones por las que las partes no pudieron llegar a un acuerdo durante una negociacin directa e intenta salvar esas distancias por medio de alternativas que pudieran resultar atractivas para las partes. En el ejemplo, la jueza o juez intuye que el principal problema es el de la disponibilidad de recursos del demandado. Por ello le ofrece una suma menor y luego propone que el pago pueda ser fraccionado.

    Otro asunto a destacar es el hecho que la jueza o juez en su tarea se dirige directamente a las partes. En el ejemplo pregunta a la parte demandada (Sr. Garca), pues justamente lo que el juez desea es co-nocer por qu la parte no acept el acuerdo. Esto tiene una utilidad adicional. En ocasiones la negociacin es realizada por los abogados de las partes y con muy poca o nula intervencin de las partes. Esta pregunta entonces es til para que el juez pueda corroborar si la par-te estaba al tanto de las negociaciones y si adems tiene inters por llegar a un acuerdo. No seran raros los casos en que los abogados desechen la posibilidad de terminar una controversia a travs de un acuerdo previo por un inters propio de cobrar un honorario mayor dentro del proceso. De esta manera, el juez puede controlar que no se produzca esta superposicin del inters del abogado al de la parte.

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  • Como es posible apreciar, esta alternativa ofrece mayores posibili-dades de lograr un acuerdo que las anteriores, especialmente si se adopta la segunda modalidad descrita. No obstante, tiene una ca-pacidad muy limitada cuando la distancia entre las partes radica no tanto en los montos o puntos concretos de acuerdo, sino en lo que consideran la justicia de los mismos. Esta cuestin ser tratada en la explicacin de la siguiente prctica.

    Prctica nmero 4

    La jueza o juez intenta el acuerdo explicando con cierto detalle las falencias o riesgos del caso de cada parte.

    Esta prctica es similar a la anterior en cuanto la jueza o juez pro-pone puntos de acuerdo a las partes, sin embargo, difi ere de ella, en que aqu el tribunal lo hace a partir de las circunstancias mismas del caso como un modo que las partes puedan comprender la justicia de los mismos. A continuacin se explicar esta prctica a travs de un ejemplo.

    Un trabajador demanda a su empleadora pidiendo que le pague US$1.000 y lo hace argumentando (conforme al derecho interno) que el despido es nulo y que adems esta le adeuda el pago de horas ex-traordinarias de trabajo. La dinmica de la audiencia es la siguiente:

    Juez: Hay posibilidades de un acuerdo por parte del trabaja-dor?

    Abogado del demandante: Depende de cul sea el ofrecimiento de la empleadora.

    Abogado de la demandada: Magistrado, lo hemos conversado previamente con mi representada y no hay posibilidad de acuer-do.

    Juez: Sra. Ziga (empleadora), por qu no desea llegar a un acuerdo?

    Sra. Ziga: Porque Salas (el trabajador) ha sido un muy mal empleado. Adems, es mentiroso. Por eso fue despedido y ahora estamos en esto, en este tribunal. Es un mentiroso y un aprove-chador. Todo lo que dice es mentira y yo no le debo ni un solo centavo.

    Juez: Entiendo su posicin, Sra. Ziga. Leyendo los anteceden-tes del caso veo que el trabajador est demandando la nulidad del despido y en principio parece un punto fuerte de la deman-da. Supongo que su abogado le habr explicado eso no?

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    Sra. Ziga: No s a qu se refi ere, pero yo no le debo nada a Salas.

    Juez: Me refi ero a que estaba leyendo la carta de despido. Usted debiera saber que esta debe indicar con claridad los hechos por los que se despide al trabajador y adems la causal del Cdigo del Trabajo en que se funda. Eso lo exige la ley. Ahora, la carta del despido, fi rmada por usted, tan solo indica que se pone tr-mino al contrato de trabajo. Por eso le deca que en principio parece un antecedente fuerte de la demanda del trabajador.

    Sra. Ziga (refi rindose a su abogado): Por qu no me explic eso antes?

    Juez: Adems veo que el trabajador est demandando el pago de horas extraordinarias y, no obstante, entre los documentos acompaados en la demanda no hay ningn pacto de horas ex-traordinarias. Es cierto que es posible intentar probar las horas extraordinarias de otra forma en el juicio, pero la ley dispone que esto debe ser pactado por escrito. En principio yo veo que esto es algo ms o menos dbil de la pretensin del trabajador

    Abogado del trabajador: Magistrado, existe alguna propuesta de su parte?

    Juez: S, les quera proponer que la empleadora no pague US$1.000 como demanda el trabajador, pero s US$700. Esto sobre la base de un clculo rpido de acuerdo a la remuneracin del trabajador y lo que le correspondera por la nulidad del des-pido en caso de que en el juicio pudiera ser probado. Excluyo aqu el pago de toda hora extraordinaria porque me parece ms difcil que pueda ser probado. Estara el trabajador dispuesto a aceptar US$700 y dar por terminado este caso? Debe considerar que de lo contrario deber esperar hasta la realizacin del juicio y all va a tener que probar los hechos en que funda su demanda y as cmo en defi nitiva puede recibir ms de estos US$700, tam-bin podra recibir menos Qu me dice?

    Sr. Salas: S, est bien. Me parece bien. Juez: Sra. Ziga? Sra. Ziga: Sr. Juez, creo que est bien, pero no s en verdad.

    Yo no debera pagar nada a esta persona porque es un mentiroso. Pero si no lo desped correctamente asumo que estar bien. Tam-poco puedo pagarle todo ese dinero ahora

    Juez: Usted tiene la facultad de no aceptar este acuerdo y en el juicio probar las alegaciones de su escrito de contestacin a la demanda, pero al igual como le dije al trabajador, la sentencia puede ser mejor o peor que este acuerdo. Ese es su riesgo

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  • Abogado de la demandada: Magistrado, me da unos segundos para hablar con mi clienta?

    Juez: Adelante. Abogado de la demandada (despus de hablar con la Sra.

    Ziga): Magistrado, estamos de acuerdo con el monto, pero mi clienta no puede pagar ese dinero de una sola vez. Ofrecemos pagar el primer cincuenta por ciento con un cheque que el tra-bajador podra cobrar de inmediato y que el resto sea retirado desde la empresa en 30 das ms.

    Juez: Qu opina Sr. Salas? Sr. Salas (luego de intercambiar un par de palabras en voz baja

    con su abogado): S, est bien. Estoy conforme

    El ejemplo muestra en un inicio a una parte demandada absoluta-mente contraria a la posibilidad de llegar a un acuerdo. Esto implica que ninguna de las dos primeras prcticas hubiese sido idnea para llegar a un acuerdo. Probablemente, tampoco la tercera. Si el juez tan solo hubiere propuesto los US$700 dlares como base de arreglo, pero sin explicar las razones por las que consideraba razonable dicho monto, es muy probable que la Sra. Ziga lo hubiese rechazado al estar convencida que su ex trabajador nada deba recibir de ella.

    Resulta evidente que esta metodologa es ms efi caz y efi ciente que el resto. Efi caz, porque plantea mayores posibilidades de llegar a un acuerdo y, efi ciente, porque correctamente conducida este puede ser logrado en un tiempo menor. Esta metodologa plantea una estructura fl exible en la que la jueza o juez va avanzando en diferentes frentes: conocer la mayor o menor disponibilidad de las partes por llegar a un acuerdo, cules son los verdaderos intereses de las partes, explicar las fortalezas y debilidades del caso de cada una de ellas, verifi car que los abogados hayan explicado estas circunstancias a sus representa-dos y que estos estn comprendiendo lo que sucede en la audiencia, proponer puntos de acuerdo, readecuarlos en caso de ser necesario y explorar nuevas alternativas o modalidades de cumplimiento que re-sulten atractivas para las partes.

    Sin perjuicio de todo lo anteriormente descrito, surgen algunos cues-tionamientos desde algunos operadores. Se seala que esta prctica implica un adelanto de criterio del tribunal respecto del caso que com-promete su imparcialidad y que por tanto no debiese ser permitida.

    En primer lugar, se estima que dicha crtica no tiene sustento legal. Todas las legislaciones de los sistemas estudiados presentan dispo-

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    siciones conforme a las cuales el tribunal puede emitir opiniones y proponer bases de acuerdo durante la conciliacin, sin que ello im-plique que la jueza o juez respectivo quede inhabilitado para seguir conociendo del caso40.

    Si el problema no es legal, es entonces de ndole cultural. Incide aqu la manera en que es entendida la imparcialidad del tribunal. Errada-mente se piensa que esta es un atributo que se protege con la reserva judicial. Que juezas y jueces no pueden construir su proceso de con-viccin sino en la sentencia defi nitiva y que si de hecho ello ocurre con anterioridad durante el transcurso del procedimiento, tal cuestin no puede ser exteriorizada. Se piensa que si una jueza o juez emi-te una opinin acerca de las fortalezas o debilidades de un caso de manera previa a la dictacin de la sentencia, vera comprometida su imparcialidad, quedndole vedado desde entonces seguir adelante con el proceso. Sin embargo, no parece posible que la conciliacin pueda tener un real impacto si los tribunales se ven impedidos de dar a conocer sus impresiones acerca de la postura de cada una de las partes. Tanto as que esa es la razn por la que las distintas legisla-ciones disponen que ello no constituye en caso alguno una causal de inhabilidad. Por todo lo anterior, esto del adelanto de criterio es un ms bien un no problema. Ahora, para que esto sea as, es necesa-

    40 En efecto, el artculo 296 del Cdigo General del Proceso de Uruguay dispone que El tribunal no ser recusable ni podr considerarse que ha prejuzgado, por las manifestaciones que realizare en este o en cualquier otro acto conciliatorio. En Chile, la norma ms importante probablemente sea la contenida en el artculo 263 del Cdigo de Procedimiento Civil que si bien regula procedimientos escritos, tiene un carcter supletorio para el resto de la legislacin procesal. Concretamente dispone que El juez obrar como un amigable componedor. Tratar de obtener un avenimiento total o parcial en el litigio. Las opiniones que emita no lo inhabilitan para seguir conociendo de la causa. Por su parte, la Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia de Chile establece en el nmero 5) del artculo 61 que corresponde den-tro de la audiencia preparatoria Promover, por parte del tribunal, la conciliacin total o parcial, conforme a las bases que este proponga a las partes; y el inciso primero de la regla nmero 2) del artculo 453 del Cdigo del Trabajo chileno que Terminada la etapa de discusin, el juez llamar a las partes a conciliacin, a cuyo objeto deber proponerles las bases para un posible acuerdo, sin que las opiniones que emita al efecto sean causal de inhabilitacin. Por ltimo, la Ley 29.497 sobre Nueva Ley Procesal del Trabajo en el inciso segundo del artculo 30 establece que El juez puede en cualquier momento invitar a las partes a llegar a un acuer-do conciliatorio, sin que su participacin implique prejuzgamiento, cuestin que tambin aparece con toda claridad en el Cdigo Procesal Civil peruano que dispone en su artculo 324, inciso segundo, que El Juez no es recusable por las manifestaciones que pudiera formular en esta audiencia.

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  • rio subrayar una serie de condiciones para que la conciliacin se d en un entorno legtimo.

    Desde luego que las opiniones de la jueza o juez deben estar funda-das en los antecedentes de cada caso. Cualquier circunstancia dis-tinta como la apariencia, el sexo, clase social o religin de las partes deben quedar ajenas a la consideracin judicial. Es por esto que el mismo hecho que los tribunales deban explicitar las razones de por qu ofrecen un determinado punto de acuerdo y que esto necesaria-mente deba fundarse en los antecedentes del caso, constituye a la vez una garanta de que el intento conciliatorio del tribunal est siendo legtimo y no movido por circunstancias vedadas.

    Siempre existe el riesgo de que un tribunal intente usar la concilia-cin de una manera extorsiva, como una forma de presionar indebi-damente a las partes para llegar a un acuerdo. Las razones para hacer esto pueden ser muchas: desde el consiguiente ahorro de trabajo ante la no realizacin del juicio y no dictacin de una sentencia hasta el cumplimiento de ciertas metas institucionales que le exijan un de-terminado porcentaje de trminos por va conciliatoria. Es necesario entonces desarrollar una casustica que vaya defi niendo los mrgenes de lo que una jueza o juez puede y no puede hacer durante la conci-liacin.

    Para que este trabajo de defi nicin sea posible, es requisito avanzar en distintas vas de transparencia del sistema.

    Es necesario adems contar con un sistema de registro idneo como sucede con los sistemas de video o audio. Pero no basta con esto. Se requiere tambin que dichos sistemas sean utilizados correctamen-te. Se ha sealado como un problema que en ocasiones las juezas y jueces detienen la grabacin del registro para indicar a los litigantes y a las partes aquellas cuestiones que desean queden exentas de cual-quier tipo de control. Otra prctica execrable es la de conducir infor-malmente la conciliacin y activar el registro nicamente cuando se ha llegado a un acuerdo de manera que en este solo queden grabados sus resultados, mas no la manera en que se lleg a ellos.

    Es importante adems que las audiencias sean efectivamente pblicas y que esto incluya la posibilidad que cualquier persona, incluidas las mismas partes, puedan utilizar sus propios sistemas de registro, sean en audio o video.

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    Por otra parte, si bien es cierto que las opiniones que en principio emitan las juezas o jueces no los inhabilitan a seguir conociendo un determinado caso, ello no quiere decir que puedan emitir cualquier tipo de opinin. Podra una jueza opinar que es mejor que el em-pleador acepte el acuerdo porque de lo contrario lo va a condenar al mximo posible? Que es mejor que el padre acepte el acuerdo por-que l siempre falla a favor de las madres? Que las partes tienen que llegar a un acuerdo porque el caso no tiene ninguna importancia real?

    Todas estas cuestiones en el marco de un caso determinado debieran habilitar a los litigantes a pedir la recusacin de la jueza o juez res-pectivo y quedar tambin dentro de los mrgenes de control dados por los sistemas recursivos.

    Esta forma de proceder genera un aspecto benefi cioso adicional consistente en constituir un incentivo bastante fuerte para que los abogados cumplan con su deber de informar y orientar a las partes respecto de sus posibilidades en el proceso. En el ejemplo transcrito anteriormente, la Sra. Ziga pregunt a su abogado sobre por qu no le haba explicado que ella no haba despedido correctamente al Sr. Salas. De esta forma, mejora el control que existe respecto de la actuacin profesional de los litigantes e incentiva la participacin de las partes en el proceso al estar ms y mejor informadas y tener parmetros concretos con qu evaluar a sus abogados. En el ejemplo, a la Sra. Ziga no le importaba solo el resultado de la demanda, le interesaba tambin conocer cul es la manera correcta de despedir a un trabajador para no volver a tener problemas similares en el futuro.

    Por ltimo, los litigantes debieran estar tambin interesados en que los tribunales procedan de esta forma. Si la conciliacin no prospera tendrn claridad acerca de cmo se ha ido confi gurando el proceso de conviccin del tribunal y tendrn por ende la oportunidad de fo-calizar de mejor forma su actuacin en el juicio en aquellos puntos de su caso que sabe que son considerados dbiles por el juzgador.

    2. Factores que inciden en el xito o fracaso de la conciliacin

    Para que la conciliacin sea exitosa, deben existir ciertas condiciones procesales que hagan posible a juezas y jueces conducir la misma de la manera que fue antes indicada.

    Para que un tribunal pueda ofrecer puntos de acuerdo y que se basen adecuadamente en los antecedentes del caso, es necesario que este

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  • tenga un conocimiento bastante acabado del mismo. Esto pasa por dos cuestiones fundamentales: que el sistema le permita efectiva-mente acceder a dichos antecedentes y que adems tenga el tiempo sufi ciente para poder estudiar los mismos de manera previa a la au-diencia.

    Conspira en primer lugar en contra de esta idea el hecho de estruc-turas procesales que impiden a las juezas y jueces conocer parte im-portante de los antecedentes del caso. Esto ocurre por ejemplo con el procedimiento ordinario de la Ley 29.497 sobre Nueva Ley Procesal del Trabajo de Per en donde la contestacin de la demanda se rea-liza con posterioridad a que la conciliacin ha fracasado entregando el escrito respectivo a la jueza o juez que dirige la audiencia (artculo 43). Esto impide al tribunal conocer la postura del demandado y por ende ofrecer puntos de acuerdo adecuados y basados en los antece-dentes del caso. Todo el conocimiento que la jueza o juez tiene del caso se basa en el contenido de la demanda. Siendo esto as, cual-quier cosa que ofrezca puede ser inapropiada, arbitraria o sesgada. Cosa similar ocurre en Uruguay con la conciliacin previa. Como es realizada en un momento preprocesal, el tribunal no tiene an un sustento claro y fi jo.

    En una buena medida estas circunstancias explican el bajo impacto de la conciliacin en los procesos peruano y uruguayo. Si bien no fue posible acceder a cifras concretas y actualizadas, la opinin de las personas entrevistadas fue que la conciliacin constitua solo un paso formal, salvo algunas excepciones segn la personalidad y prepara-cin especfi ca de la jueza o juez de la audiencia.

    Para que la conciliacin tenga xito es necesario adems que cada parte pueda conocer con exactitud la postura y antecedentes de la contraria, cuestin que no siempre est asegurada. Para estos efectos, el proceso abreviado laboral de Per presenta el mismo contexto que el ordinario. Si bien aqu la contestacin a la demanda es presentada con anterioridad a la realizacin de la audiencia nica, esta solo es notifi cada al demandante una vez que ha fracasado la conciliacin. Si las partes no conocen con certeza la postura de la contraria y los medios probatorios con que cuenta, es difcil que estn dispuestas a ceder en sus pretensiones.

    Otro de los factores indispensables para el xito de las conciliaciones tiene que ver con las habilidades que debe desarrollar el tribunal a su respecto. Sobre este punto, las juezas y jueces entrevistados indicaron

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    no haber recibido capacitaciones. En el mejor de los casos, estas ha-ban sido solo tericas o consistido en cursos de litigacin que muy poco haban aportado a comprender y mejorar su actuacin judi-cial. Parte del problema radica aqu en la enorme heterogeneidad de prcticas y en la ausencia de un modelo claro. En la medida que se adopte la prctica nmero 4 antes sealada como el modelo ptimo a seguir y que este sea incorporado a los programas de formacin y perfeccionamiento judicial, existe un enorme espacio para incremen-tar su uso en los sistemas judiciales.

    Hay un ltimo factor importante, pero que es propio del contexto la-boral peruano. Consultadas algunas personas acerca de por qu la ley procuraba evitar el conocimiento de la contestacin antes del intento conciliatorio, sealaron que ello era precisamente para facilitarla. Se seal que el proceso judicial es un espacio de confrontacin y que la ausencia de contestacin poda morigerar aquello. No parece tener mucho asidero este argumento, pues el contexto de confrontacin lo da inevitablemente el mismo proceso judicial (los abogados, la jueza o juez, la sala del tribunal, etc.).

    De la misma manera, se indic que las juezas y jueces podan sen-tirse ms cmodos conduciendo una conciliacin sin conocer la contestacin o al menos sin que esta fuera conocida por el trabajador. Se piensa que de esta manera gozan de mayor libertad para proponer y aprobar acuerdos, porque de lo contrario podran estar ante una hiptesis de renuncia de los derechos del trabajador. Se cree que los derechos de los trabajadores antes de la contestacin tienen una fi sonoma an difusa, que implicara un mayor espectro de disposi-cin. Esta cuestin se ve reforzada por el llamado test de la irrenun-ciabilidad dispuesto en la ley41. Por otra parte, la irrenunciabilidad de derechos tiene rango constitucional en Per42.

    41 El inciso tercero del artculo de la Ley N 29.497 sobre Nueva Ley Procesal del Trabajo de Per dispone que para que los acuerdos conciliatorios o transaccionales pongan trmino a los procesos, se debe superar el test de la disponibilidad de los derechos, para lo cual se deben considerar los siguientes criterios: (a) El acuerdo debe versar sobre derechos nacidos de una norma dispositiva, debiendo el juez verifi car que no afecte derechos indisponibles; (b) debe ser adoptado por el titular del derecho; y (c) debe haber participado el abogado del prestador de servicios demandante. El artculo 66 inciso fi nal de la antigua Ley Procesal del Trabajo (Ley N 26.636) tambin dispona este test al establecer que Al aprobar la frmula conciliatoria, el Juez deber observar el principio de irrenunciabilidad respecto de los derechos que tengan ese carcter.

    42 El artculo 26, nmero 2, de la Constitucin Poltica del Per prescribe como un principio de las relaciones laborales el Carcter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitucin y la ley.

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  • Esta cuestin de la irrenunciabilidad pareciera constituir un obstculo muy arraigado en el medio legal peruano y que desincentiva mayores esfuerzos por intentar las conciliaciones. Un juez entrevistado afi rm que es complejo aprobar una conciliacin, atendido que es necesa-rio examinar primero si los derechos que el trabajador pudiera estar eventualmente disponiendo encuentran su causa en la Constitucin y las leyes o en el contrato de trabajo. As, la conciliacin nicamente sera vlida si trata solo sobre derechos de carcter puramente con-tractual. No obstante, ello no siempre es claro, pues las disposiciones contractuales normalmente tienen sus antecedentes en normas legales y constitucionales. El temor entonces consistira en un abogado que luego de consentir en el acuerdo intentase la nulidad parcial del mis-mo en todo aquello que pudiera no convenir a su representado, por constituir una renuncia de derechos que la Constitucin y las leyes le aseguran.

    Existira as una concepcin errada de la irrenunciabilidad sobre lo que es necesario ocuparse. Los derechos del trabajador mientras no haya una sentencia judicial que los declare no son tales. Estos requie-ren de una base fctica que debe ser probada y adems de un pro-nunciamiento judicial que subsuma los mismos en una determinada norma y que declare un efecto jurdico cierto en favor del trabajador. Ello no cambia de manera alguna con la contestacin de la demanda o su ausencia. Por otra parte, de ser as, la sola decisin del traba-jador de no presentar una demanda podra ser entendida como una renuncia a sus derechos implicando una infraccin del texto consti-tucional. Esto signifi cara que el trabajador estara siempre obligado a demandar. Como esto es un absurdo, parece claro que si no hay una renuncia prohibida por la Constitucin cuando el trabajador no persi-gue ningn tipo de prestacin al no presentar una demanda (o inclu-so abandonando el proceso despus de haberla presentado), menos an la hay cuando este s persigue un pago por medio de negociar un acuerdo.

    Se hace necesario reinterpretar el concepto de la irrenunciabilidad, defi nir claramente las hiptesis vedadas y acompaar este trabajo con procesos efectivos de capacitacin.

    CONCLUSIONES

    Para fi nalizar, se ha querido reservar esta seccin en la que sin bus-car caer en demasiadas reiteraciones, se desea sistematizar algunos de los puntos ms importantes arrojados por esta investigacin y que

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    se estima debieran importar una nueva perspectiva a recoger por los procesos de reforma.

    Se ha visto que las reformas se han ido expandiendo por la regin y que han respondido a contextos y fi nalidades muy heterogneas. Se ha buscado as hacer frente a los innumerables vicios que aquejaban (y aquejan) a los procedimientos escritos y a la vez concretar deman-das que se han instalado en los sistemas de justicia desde sectores muy diversos.

    Sin perjuicio de los enormes avances experimentados, la oralidad no ha podido instalarse an del todo. Esta existe y determina la forma en que se deben desarrollar los actos procesales. Hay audiencias efectivamente dirigidas por una jueza o juez que se relaciona directa-mente con las partes y la prueba. No obstante, esta idea de oralidad es parcial. La oralidad no es solo una forma procesal. Es tambin un mtodo.

    As como la oralidad constituye un mtodo judicial, la escritura tam-bin lo es, siendo su mxima expresin el expediente y sus formalida-des que buscan garantizar la seguridad y permanencia de la informa-cin en el tiempo. La oralidad, en cambio, difi ere de la escritura en cuanto mtodo, en que est representada por la audiencia. Como este es un escenario de inmediacin y coetaneidad, las formas procesales no deben estar dirigidas a la conservacin de la informacin, sino a la depuracin de la misma. De lo contrario la oralidad, en cuanto mtodo de produccin de informacin, no presenta ninguna venta-ja por sobre la escrituracin y en parte esto es lo que sucede en los sistemas de la regin: predominio de una oralidad meramente formal incapaz de enriquecer efectivamente la labor judicial.

    Entendida la oralidad como un mtodo con una potencialidad mayor de producir ms y mejor informacin que la escrituracin, resulta indispensable analizarla conforme a su utilidad real de enriquecer la calidad de las discusiones y por, sobre todo, de las decisiones judi-ciales.

    Eso se ha querido hacer en este estudio: ver si la oralidad est siendo asumida como una instancia depuradora de la informacin que se produce en los procesos. As, se pudo constatar algunas prcticas, unas mejores que otras, y que muestran de un modo muy concreto los avances y defi ciencias de la instalacin de la cultura de la orali-dad en los sistemas de justicia civil de la regin.

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  • Una primera consideracin general radica en que la oralidad exige una gran preparacin de parte de quienes ejercen la judicatura. Esta preparacin incluye no solo conocimientos de derecho o destrezas especfi cas de la labor judicial, sino tambin de un gran rigor en el tratamiento de los casos.

    En primer trmino, las juezas y jueces deben preparar adecuadamen-te los casos que habrn de conocer en las audiencias. Esto implica un estudio exhaustivo de los escritos de demanda y contestacin y la totalidad de sus anexos. Solo as podrn desarrollar efi caz y efi cien-temente sus responsabilidades. Como algo positivo, se puede indicar, por ejemplo, la relacin somera del caso que el juez laboral chileno debe realizar al inicio de la audiencia preparatoria. Como se vio, lo obliga a estudiar el caso y permite a las partes controlar que el proce-so de entendimiento del mismo sea correcto. Este conocimiento aca-bado es el que adems le permite interpretar un rol activo para arribar a acuerdos mediante conciliaciones y a preparar adecuadamente los juicios, resolviendo inmediatamente todas las cuestiones que le pu-dieran ser presentadas por los litigantes.

    Otro tanto sucede con el juicio. All las juezas y jueces deben mejo-rar su forma de aproximacin a la prueba a travs de incrementar su interaccin con los litigantes y las partes como manera de acceder a ms y mejor informacin. Para ello requieren ejercer realmente su rol de direccin de las audiencias, pero se ha visto que si esto no va de la mano con la adopcin de modelos concretos que se hagan cargo de las fi nalidades de cada acto procesal, dicha direccin deviene en una mera declaracin carente de contenido.

    Esta mayor rigurosidad profesional, tambin alcanza a los litigantes. Estos tambin requieren de un conocimiento acabado de los casos y estar preparados para el vrtigo de las audiencias. No pueden aban-donar en manos de los tribunales su tarea de sistematizar la informa-cin de los casos y presentarla de una manera clara a los intereses de sus representados. Sin perjuicio de todo lo anterior, el principal desafo deriva del mayor control que existe a su respecto. Este control es ejercido tanto por las partes como por el tribunal. Los abogados debern ser muy rigurosos en su tarea de explicar a sus clientes las complejidades del caso y, en especial, de las verdaderas posibilidades de obtener un pronunciamiento judicial favorable.

    Desde el punto de vista legal, el desarrollo de la oralidad en cuanto mtodo si bien ha tenido avances, todava lo es en un estado muy

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    LA ORALIDAD EN LOS PROCESOS CIVILES EN AMRICA LATINA. REFLEXIONES A PARTIR DE UNA OBSERVACIN PRCTICA

  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    embrionario. Se observa positivamente la exigencia de que el ofre-cimiento de prueba deba ser realizado en los respectivos escritos de demanda y contestacin. Sin embargo, la inexistencia de instrumen-tos concretos que permitan a las partes conocer con exactitud la informacin de la que disponen los testigos de la contraria es todava una cuestin pendiente.

    Las estructuras procesales tampoco parecieran haber resuelto ade-cuadamente el problema de cuntas audiencias requieren los pro-cesos judiciales ni menos qu contenidos deben tener. Se ve todava una tensin importante al interior de los sistemas sobre este punto: Cundo es necesario realizar una audiencia? Qu cosas podran ser resueltas por escrito y cules requieren indefectiblemente que sean analizadas en el marco de una audiencia? Infl uye aqu una concep-cin extremadamente ritualizada de la preparacin del juicio. De ordinario se piensa que esta necesariamente debe ser realizada en el marco de una audiencia y que la nica diferencia radicara en que si esta debe ser llevada a cabo de manera distanciada en el tiempo o en el marco de una misma audiencia antecediendo al juicio propia-mente tal. Omite esta idea al hecho que la preparacin puede incluso anteceder a cualquier audiencia y que distintos casos pueden tener a la vez diferentes necesidades de preparacin. Por otra parte, se ha visto que sistemas de dos audiencias en donde una de ellas concentra la etapa de preparacin en ocasiones no son sufi cientes para asegurar su adecuada preparacin.

    Los sistemas incluso contemplan ms de un procedimiento, distin-guiendo entre procesos de nica o de dos audiencias segn lo que en principio podra ser la complejidad de los asuntos que conocen. As, se piensa que los casos ms complejos requieren de una preparacin mayor y por tanto precisan de dos audiencias. Luego, los ms simples pueden ser resueltos en solo una. No obstante que esto pudiera pa-recer lgico, el problema como se vena diciendo es que en los he-chos no pareciera existir mayor diferencia precisamente por el modo meramente formal que asume la preparacin. De igual manera, los criterios legales de mayor o menor complejidad resultan con fre-cuencia demasiado gruesos para ser de utilidad. Estos pululan por lo general alrededor de la cuanta o la materia. Se entiende que es ms complejo (y requiere de dos audiencias) un caso que tiene una cuan-ta sobre una determinada suma o si pertenece a una cierta categora o materia. Sin embargo, ello desconoce que normalmente la mayor o menor complejidad y por tanto las mayores o menores necesidades de preparacin estn dadas por el grado de controversia que exista entre las partes sobre los hechos, sobre la cantidad de prueba y sobre

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  • las posibilidades de acceder a determinados medios probatorios. Esta discusin puede ser mucho ms fecunda si se aborda desde la pers-pectiva de qu herramientas o instrumentos concretos de preparacin requiere un determinado caso, ms que el nmero de audiencias que es necesario cumplir. Esto implica entonces pensar dotar a un mismo procedimiento de una fl exibilidad tal que permita a los tribunales adaptar la respuesta del sistema judicial a las necesidades de cada caso, y no tanto establecer ex ante una gran variedad de audiencias o procedimientos para diferentes categoras de casos.

    Respecto del juicio oral es posible realizar las mismas consideracio-nes. A pesar de los muchos avances que han existido, persiste an un formato bastante formal, en parte condicionado tanto por los mismos problemas estructurales antes mencionados como por el ritualismo de la preparacin. Si distintos casos pueden tener distintas necesidades de preparacin, pueden tener tambin diversas formas de resolucin. En cambio, se intenta someter a todos ellos a un mismo esquema de juicio oral. Este es el modo ms complejo del que disponen los sis-temas judiciales para resolver las controversias. Cuando es usado a todo evento, es fcil que se rutinice y pierda vigor. Cuidar que este mantenga su importancia y capacidad de producir informacin de alta calidad que permita resolver adecuadamente los casos ms com-plejos, requiere explorar vas alternativas ms simples de resolucin que pueden ir desde formatos de audiencias que simplifi quen las formas procesales, en especial las de produccin de la prueba, hasta sistemas de resolucin escrita a los que las personas puedan acceder si lo desean.

    Es posible pensar en diversos diseos de juicio oral, unos ms sofi s-ticados que otros y a la vez distintas formas de preparacin, tambin con diferentes grados de sofi sticacin. De esta manera, la preparacin debera ser llevada a cabo conforme al modelo concreto de juicio oral que exista en cada localidad y a la vez segn las particularidades propias de cada caso. Pensar que todos los casos exigen un mismo tipo de juicio oral y por tanto siempre un mismo formato de prepara-cin es un error que est incidiendo en la calidad de la justicia civil y en la correcta administracin de los recursos con que se cuentan para ello. Se hace necesario avanzar hacia frmulas procesales fl exibles que permitan a cada jueza y juez utilizar diversos mecanismos para adecuar la respuesta judicial a las necesidades concretas de cada caso.

    Se ha intentado dejar de lado la discusin sobre modelos inquisitivos versus modelos adversariales. No se ha querido hacer referencias

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    LA ORALIDAD EN LOS PROCESOS CIVILES EN AMRICA LATINA. REFLEXIONES A PARTIR DE UNA OBSERVACIN PRCTICA

  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    acerca de si uno es mejor que el otro o sobre qu ventajas e incon-venientes pueden presentar. En su lugar, se ha preferido advertir las distintas prcticas adoptadas en los sistemas estudiados para analizar en su mrito cules resultan ms adecuadas en su objetivo de produ-cir ms y mejor informacin. La observacin de las mismas parecen dejar en claro que cualquiera que sea el modelo adoptado, la labor judicial es mejor cuando esta asume un rol activo y conforme a obje-tivos claramente defi nidos y comprendidos. Sucede as, por ejemplo, cuando el juez inquisitivo uruguayo da lugar a una discusin hori-zontal entre las partes para adecuar de mejor manera el objeto del proceso, los hechos controvertidos y la prueba admisible y tambin cuando el juez adversarial del sistema laboral chileno decide inquirir directamente a los abogados y a las partes acerca de la conformidad o no respecto de los hechos afi rmados por la contraria para exacta-mente el mismo fi n. No es posible fi nalizar este reporte sin tratar un tema que si bien no forma parte de los objetivos precisos de esta investigacin, fue ma-nifi esto durante la observacin de los sistemas en estudio. Todava persisten sistemas bastante artesanales de gestin de los despachos de tribunales que conspiran en contra de su capacidad de producir au-diencias y decisiones judiciales, incidiendo en bajos nmeros de au-diencias diarias y altas de tasas de suspensin. Resulta indispensable que los procesos de reformas aborden la cuestin de la profesionali-zacin de la administracin de tribunales como uno de sus objetivos principales.

    BIBLIOGRAFA

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    LA ORALIDAD EN LOS PROCESOS CIVILES EN AMRICA LATINA. REFLEXIONES A PARTIR DE UNA OBSERVACIN PRCTICA

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    Principales fuentes normativas y relacionadas

    Chile

    1. Cdigo de Procedimiento Civil de 1902.2. Ley N 19.968 sobre Tribunales de Familia de 2004 y su Mensaje.3. Ley N 20.084 que Sustituye el Proceso Laboral de 2005 y su

    Mensaje.4. Acta 98-2009 de la Corte Suprema.5. Proyecto de Cdigo Procesal Civil de Chile de 2012.

    Per

    1. Constitucin Poltica del Per de 19932. Cdigo Procesal Civil de 1993.3. Ley 26.636 sobre Ley Procesal del Trabajo de 1996.4. Ley 29.497 sobre Nueva Ley Procesal del Trabajo de 2010 y su

    Exposicin de Motivos.

    162

  • Uruguay

    1. Cdigo General del Proceso de 1989. 2. Ley 17.823 sobre Cdigo de la Niez y Adolescencia de 2004.3. Ley 18.572 sobre Abreviacin de los Procesos Laborales de 2009.

    Otros

    1. Anteproyecto de Cdigo Procesal Civil Modelo para Iberoamri-ca del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y su Prlogo de 1988.

    2. Ley Orgnica Procesal del Trabajo de Venezuela de 2002.3. Ley 8.624 sobre Ley de Cobro Judicial de Costa Rica de 2007.4. Decreto por el que se reforma al Cdigo de Procedimientos Ci-

    viles para el Distrito Federal de Mxico, publicado en la Gaceta Ofi cial del Distrito Federal del da 10 de septiembre de 2009.

    4. Ley 1.564 sobre Cdigo General del Proceso de Colombia de 2012.

    Otras Fuentes

    1. Webinar Oralidad y sistemas por audiencias en procesos judi-ciales no penales, desarrollado por el Centro de Estudios de Jus-ticia de las Amricas, CEJA, con fecha 24 de septiembre de 2012. Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=DEjJabk5YlY&feature=share&list=UU7HPMZWN6MidhMCMR_EcHlQ [21-01-2013].

    2. Notas de prensa y afi nes:

    - Suplemento Especial de Prensa del da lunes 5 de noviembre de 2012 sobre Nuevo Proceso Laboral en Lima. Lima, Per.

    - Sitio Web ofi cial del Consejo de la Judicatura. Debate del C-digo Orgnico General del Proceso, 12 de septiembre de 2012: http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/saladeprensa/multimedia/prueba-videos.html?task=videodirectlink&id=168 [18-01-2013].

    - Sitio Web ofi cial del rgano Judicial de Guatemala: Proyec-to de Reforma al Cdigo Procesal Civil y Mercantil: http://www.oj.gob.gt/uci/index.php?option=com_content&view=article&id=290:proyecto-de-reforma-del-codigo-procesal-civil-y-mercantil&catid=42:noticias-anteriores&Itemid=147 [18-01-2013].

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    LA ORALIDAD EN LOS PROCESOS CIVILES EN AMRICA LATINA. REFLEXIONES A PARTIR DE UNA OBSERVACIN PRCTICA

  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    ANEXO METODOLGICO

    La presente investigacin ha utilizado una metodologa cualitativa, con un predominio de la observacin directa del funcionamiento de los sistemas estudiados. A la vez se han realizado entrevistas como una manera de validar y profundizar los hallazgos observados as como para obtener informacin contextual de utilidad para compren-der los distintos procesos de reforma. Por ltimo, se realiz una revi-sin documental a lo largo de toda la investigacin.

    Cabe precisar que para la realizacin de estas actividades se realiza-ron visitas a las ciudades que se indican en la siguiente tabla:

    Ciudad Fechas

    Concepcin, Chile 20 a 22 de septiembre de 2012

    Montevideo, Uruguay 16 a 20 de octubre de 2012

    Lima, Per 6 y 7 de noviembre de 2012

    Tacna, Per 8 y 9 de noviembre de 2012

    Adicionalmente, se desarrollaron actividades de investigacin en la ciudad de Santiago de Chile a lo largo del proyecto. Por ltimo, los principales hallazgos de esta investigacin fueron pre-sentados en dos actividades de difusin en las que fue posible discutir los mismos con diferentes actores de distintos pases de la regin. Las actividades fueron las siguientes:- Seminario Internacional Dilogo Nueva Justicia organizado

    por el Centro de Estudios de Justicia de las Amricas, CEJA, en conjunto con el Ministerio Federal de Cooperacin Econmica y Desarrollo de Alemania, la Sociedad Alemana para la Coope-racin Tcnica (GIZ), el Consejo de la Judicatura de Ecuador y la Defensora Pblica del Ecuador y con el Apoyo del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Esta actividad se desarroll en la ciudad de Quito, Ecuador, durante los das 26 y 27 de no-viembre de 2012.

    - Congreso Internacional Reformas a la Justicia Civil en Amrica Latina organizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Amricas, CEJA, en conjunto con la Universidad de Tarapac de Chile y con el auspicio de la Asociacin Nacional de Magistra-dos del Poder Judicial de Chile, que se desarroll en la ciudad de Iquique, Chile, durante los das 6 y 7 de diciembre de 2012.

    164

  • A continuacin se indica una explicacin resumida de cada una de las tcnicas utilizadas.

    1. Observacin

    Constituye el principal mtodo de recabo de informacin utilizado durante el estudio.

    La primera modalidad utilizada fue la de la observacin de audien-cias. Para esto fue necesario concurrir hasta los respectivos juzgados e ingresar a las salas de audiencias. La siguiente tabla muestra un re-sumen del nmero, materias y ciudades de las respectivas audiencias:

    Pas N de audiencias Ciudad Materias

    Chile 13 Santiago y Concepcin Familia y Laboral

    Per 4 Tacna Laboral

    Uruguay 11 MontevideoCivil-Comercial; Familia y

    Laboral

    En el caso de Per cabe destacar que el menor nmero de audiencias encuentra explicacin en la tambin menor carga de trabajo de la ciudad de Tacna. No obstante, se pudo analizar a otras seis audien-cias en formato de videos digitales que los actores locales propor-cionaron desde el sistema de registro audiovisual de las mismas. Con ello, se pudo revisar un total de diez audiencias laborales de la ciu-dad de Tacna, Per.

    La observacin de audiencias fue complementada adems con una interaccin directa con los operadores locales, normalmente la jueza o juez y en ocasiones los abogados litigantes. Ello ocurra fundamen-talmente en los espacios entre cada audiencia y en oportunidades tambin durante las mismas cuando la jueza o juez explicaba los diferentes momentos de la audiencia, y por qu haba tomado tal o cual decisin. En todos estos momentos fue posible consultar dudas y verifi car qu tan comn era lo sucedido en las audiencias.

    Otra forma de observacin estuvo dada por marchas exploratorias al interior de los juzgados. En estas se efectuaron recorridos al interior de tribunales en compaa de un actor local que explicaba las distin-tas dependencias, unidades y actividades. Adems, hubo interaccin con otras personas que explicaban sus funciones y respondan dudas.

    165

    LA ORALIDAD EN LOS PROCESOS CIVILES EN AMRICA LATINA. REFLEXIONES A PARTIR DE UNA OBSERVACIN PRCTICA

  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    2. Entrevistas

    Durante la investigacin se entrevist a un total de 33 personas, cuya informacin desagregada por pas se seala en la siguiente tabla:

    Pas

    N d e personas entrevis-tadas

    Ciudades en que se realiz las entrevis-tas

    Detalle

    Chile 10Concepcin y San-tiago

    2 jueces; 2 defensores laborales; 1 abo-gado de la Corporacin de Asistencia Judicial en materia familiar; 3 aboga-dos privados; 1 funcionario administra-tivo de juzgado; y 1 ex funcionario de gobierno.

    Per 13 Lima y Tacna

    6 jueces; 1 funcionario del Poder Judicial ligado a los programas de ca-pacitacin; y 6 litigantes privados que adems tienen la calidad de profesores universitarios y que estuvieron ligados a la discusin e implementacin de la reforma laboral desde la academia o el gobierno.

    Uruguay 10 Montevideo

    5 jueces, 1 persona ligada al Centro de Estudios Judiciales y 4 litigantes priva-dos que adems tienen la calidad de profesores universitarios.

    3. Revisin documental

    La revisin documental de desarroll durante toda la investigacin y correspondi fundamentalmente a dos grandes subgrupos: fuentes normativas y artculos doctrinarios. La informacin de las principales fuentes consultadas puede ser apreciada en la bibliografa del reporte.

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  • INVESTIGACIN EXPLORATORIA SOBRE LA EJECUCIN CIVILEN AMRICA LATINA

    MACARENA VARGAS PAVEZ1

    I. INTRODUCCION

    Como nunca antes la regin experimenta vientos de cambio en mate-ria procesal civil. No es casualidad que luego de un periodo de gran-des y profundas reformas en los sistemas de enjuiciamiento criminal hoy sea el turno del rea no penal, particularmente lo que atae a los asuntos civiles y comerciales.

    Tal vez uno de los mbitos ms complejos de la judicatura civil lo constituye la cobranza judicial, ya que exige disear procedimien-tos giles y expeditos, pero a la vez respetuosos de los derechos del acreedor y del deudor. Pero, adems, se trata de un tipo de asuntos que tienen un alto impacto social, no solo afectan en forma directa el patrimonio de los intervinientes, sino que su regulacin y aplicacin generan efectos en el sistema productivo, comercial y fi nanciero de un pas.

    No obstante lo anterior, se trata de una de las temticas ms abando-nadas del derecho procesal. En efecto, una revisin de la literatura especializada muestra que, en general, los autores se limitan a descri-bir las etapas, requisitos y plazos de los procedimientos ejecutivos sin ofrecer una mirada comprensiva e integral de la ejecucin como un elemento esencial para la efi cacia de las resoluciones judiciales.

    Tampoco se hace mencin, salvo excepciones, a la estrecha relacin entre la ejecucin civil y el derecho de acceso a la justicia o tutela

    1 Abogada, Universidad Diego Portales, Magster en Gestin y Polticas Pblicas, Universidad de Chile. Profesora de Derecho Procesal, Universidad Diego Portales, Candidata a Doctora en Derecho, Pontifi cia Universidad Catlica de Valparaso.

    167

  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    judicial, como si este derecho se satisfi ciera exclusivamente con la posibilidad de concurrir al rgano judicial y obtener una decisin fundada. Sin embargo, como sabemos, una sentencia sin posibilida-des de llevarla a cabo no es ms que una declaracin de intenciones que vuelve al sistema judicial en una construccin puramente terica e inefi caz.

    Este tratamiento doctrinario secundario y separado de los procedi-mientos de ejecucin, tal vez puede explicar que a nivel de reformas procesales los procedimientos ejecutivos experimenten compara-tivamente menos cambios (o cambios menos signifi cativos) que los procedimientos declarativos y que, en general, tanto la estructura procedimental como el modelo orgnico estrictamente judicial se mantenga ms o menos en los mismos trminos que antao.

    Lo anterior llama la atencin por el peso que tiene la ejecucin en la composicin del litigio civil en los sistemas judiciales de la regin, alcanzado en algunos pases sobre el 80% del total de casos ingresa-dos. A ello hay que aadir las variadas difi cultades de ndole prctico que se observan en el desarrollo cotidiano del procedimiento ejecuti-vo que lo desva de su fi nalidad y lo torna un instrumento engorroso e inefi caz.

    Las tendencias procesales europeas, sin embargo, han avanzado hacia procedimientos basados en la oralidad y simplifi cacin de las formas, a lo que se unen modifi caciones orgnicas tendientes a su desjudicializacin, lo que ha signifi cado entregar todas o algunas de las fases de los procedimientos ejecutivos a rganos o agentes distin-tos del juez, dotando de mayor agilidad al sistema.

    Este es el marco conceptual a partir del cual se realiza la investiga-cin, cuyos resultados a continuacin se presentan. Este estudio tuvo como objetivo general analizar la situacin actual de los sistemas de ejecucin civil en algunos pases en la regin, de modo de determi-nar los aspectos clave que debiesen ser consideradores en un proceso de reforma judicial.

    Como objetivos especfi cos se plantearon los siguientes: (a) levantar informacin sobre la situacin normativa en materia de ejecucin civil en cuatro pases de la regin: Uruguay, Colombia, Costa Rica y Chile; (b) detectar ncleos problemticos en estos sistemas, causas y consecuencias, y (c) proponer iniciativas de mejora de cara a proce-sos de reformas judiciales.

    168

  • Los cuatro pases estudiados con mayor profundidad fueron selec-cionados ya que todos ellos han experimentado o estn experimen-tando modifi caciones en sus sistemas de justicia civil, en general, y en particular, en materia de ejecucin. Se incluye Uruguay por ser pionero en la incorporacin de la oralidad en la regin; a Costa Rica por la especializacin que exhibe su legislacin en el rea de la co-branzas de deudas; y a Colombia y Chile, por tratarse de dos pases que se encuentran en medio procesos de reforma, el primero con un nuevo cdigo ya aprobado y en fase de implementacin, y el segun-do, con un proyecto de ley en fase de tramitacin parlamentaria.

    Para abordar esta temtica en forma completa considero relevan-te presentar en forma previa a los resultados del estudio, algunas ideas sobre los lineamientos jurisprudenciales que en esta materia ha desarrollado el derecho internacional de los derechos humanos, en particular la Corte Europea de Derechos Humanos, cuestin que se desarrolla en la primera parte de este documento. En la segunda parte se describe el estado de las reformas en los sistemas de ejecu-cin en la regin en aquellos pases que han emprendido procesos de cambio en esta rea, en particular de El Salvador, Honduras, Per y Guatemala. En la siguiente seccin se realiza un anlisis especfi -co de la legislacin vigente y propuestas de modifi caciones de los pases que fueron objeto del estudio: Colombia, Costa Rica, Chile y Uruguay. Finaliza este documento con un conjunto de conclusiones y propuestas.

    Por ltimo, deseo agradecer a todas las personas de distintos pases que colaboraron en forma generosa al desarrollo de este trabajo, en especial a Santiago Pereira de Uruguay, a Gerardo Parajeles de Costa Rica y a Hernando Durn de Colombia, quienes aportaron valiosa informacin acerca del estado del arte en sus respectivos sistemas judiciales.

    II. EJECUCIN CIVIL: MS ALL DE LA DECLARACIN DE MRITO

    El tratamiento marginal y separado de la declaracin de mrito que la doctrina otorga a la ejecucin civil se ve contrastado por las ten-dencias jurisprudenciales de las cortes internacionales de derechos humanos. En efecto, de un tiempo a esta parte se observa una clara tendencia a concebir el derecho a la ejecucin como parte del cat-logo de garantas constitucionales procesales, en particular como par-

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    INVESTIGACIN EXPLORATORIA SOBRE LA EJECUCIN CIVIL EN AMRICA LATINA

  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    te integrante del derecho fundamental de acceso a la justicia o tutela judicial.

    La Corte Europea de Derechos Humanos (en adelante Corte EDH) ha venido desarrollando con fuerza esta lnea jurisprudencial desde hace ms de 15 aos. As, ha conformado una doctrina que a esta altura se encuentra consolidada y que puede resumirse en cuatro puntos cen-trales:

    Nocin de un nuevo derecho de acceso a la justicia. Doctrina de las obligaciones positivas de los Estados. Principio de efi cacia y derecho a un plazo razonable. Sistemas balanceados entre acreedores y deudores.

    Lo mismo se observa, aunque con menor intensidad, en la jurispru-dencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelan-te Corte IDH), tal como se podr revisar ms adelante.

    Este nuevo enfoque de la ejecucin impone, a mi juicio, a los pases de la regin un conjunto de desafos de cara a los procesos de re-forma al proceso civil que se encuentran experimentando varios de ellos. Una breve refl exin acerca sobre el particular se plantea hacia el fi nal de este apartado. 1. Jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos

    a. Nocin de un nuevo derecho de acceso a la justicia

    La Corte EDH ha sostenido que la ejecucin forzosa forma parte del contenido bsico del derecho fundamental de acceso a la justi-cia o tutela judicial. Esta postura se observa ntidamente en el fallo Horsnby vs. Grecia de 19972.

    En 1984, el matrimonio britnico Horsnby solicit una autorizacin para la apertura de un centro de idiomas en la isla de Rodas. El Mi-nisterio de Educacin griego deneg la solicitud, sealando que la normativa vigente prescriba que solo personas de nacionalidad grie-ga podan acceder a este tipo de autorizacin. Ese mismo ao, el ma-trimonio Hornsby acudi a las autoridades correspondientes, las que rechazaron la solicitud, razn por la cual los afectados acuden a la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas. Esta Corte, en 1988,

    2 Corte EDH. Hornsby vs. Grecia. Sentencia de 19 de marzo de 1997.

    170

  • acoge el requerimiento presentado, lo que provoc en una sentencia condenatoria para el Estado griego.

    A pesar de dicho pronunciamiento, las autoridades griegas continua-ron denegando la licencia, lo que motiv un pronunciamiento del Consejo de Estado griego a favor del matrimonio Hornsby. Debido a las peculiaridades del proceso contencioso-administrativo griego, la Administracin no ejecut la sentencia del Consejo de Estado, provo-cando as una nueva demanda de los seores Hornsby, esta vez ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

    En su fallo la Corte EDH sostuvo que:

    El Tribunal recuerda que el derecho de acceso, a saber, el derecho a apelar a un Tribunal en materia civil, constituye un aspecto esencial. Sin embargo, este derecho ser ilusorio si el ordenamiento jurdico interno de un Estado contratante permitiera que una sentencia judi-cial defi nitiva y obligatoria quedara inoperante en detrimento de una parte. En efecto, no se entendera que el artculo 6.1 describiera en detalle las garantas del procedimiento equidad, publicidad y cele-ridad otorgadas a las partes y que no protegiera la ejecucin de las decisiones judiciales; si este artculo se refi riera exclusivamente al ac-ceso al juicio y el desarrollo de la instancia, esto correra el riesgo de crear situaciones incompatibles con el principio de la preeminencia del derecho que los Estados contratantes se han comprometido a res-petar ratifi cando el Convenio.(Lo subrayado es comentario del autor)

    Y en otros de sus acpites establece:

    El artculo 6 de la Convencin Europea de Derechos Humanos es-tablece no solo que los fallos deben ser dictados bajo estndares de justicia, sino que adems estos estn hechos para ser efectivos3.

    Este caso marca un antes y un despus en materia de reconoci-miento de la dimensin de efi cacia de las resoluciones judiciales y su directa vinculacin con el derecho de acceso a la justicia o tutela ju-dicial, toda vez que propone una concepcin de este derecho amplia e inclusiva de las fases posteriores de la sentencia defi nitiva. Ello ha trado como consecuencia el desarrollo jurisprudencial de principios,

    3 Corte EDH. Hornsby vs. Grecia. Sentencia de 19 de marzo de 1997.

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    requerimientos y estndares a los que los Estados contratantes de la Convencin Europea de Derechos Humanos han debido ajustarse.

    b. Doctrina de las obligaciones positivas de los Estados

    En segundo trmino, la Corte EDH ha sostenido que los Estados tie-nen el deber de organizar sus sistemas judiciales, de modo de per-mitir que los tribunales puedan cumplir con los requerimientos del artculo 6 de la Convencin Europea.

    En el fallo Soering vs. Reino Unido de 1989, la Corte EDH seal que el objetivo y propsito de la Convencin requiere que sus disposicio-nes sean interpretadas y aplicadas de modo que las garantas que ella contiene tengan un correlato en la prctica y no se vuelvan ilusorias4.

    De este modo se ha sostenido que la Convencin no est destinada a proteger derechos para que sean tericos o ilusorios, sino que dere-chos que sean prcticos y efectivos, y esto tiene que ver con el lugar prominente que tiene el derecho a un proceso equitativo en las so-ciedades democrticas. El Estado debe proporcionar la infraestructura necesaria y los medios idneos para la efectiva realizacin de las re-soluciones judiciales a travs de la fuerza pblica, si ello es necesario.

    c. Principio de efi cacia y derecho a un plazo razonable

    Por otra parte, la Corte EDH considera que la exigencia de la razona-bilidad de los plazos no excluye a las fases posteriores a la declara-cin de mrito. Por el contrario, ellas tambin deben ser desarrolladas en un tiempo razonable. Esta lgica proviene del reconocimiento de la ejecucin como una parte integral del derecho a un juicio justo bajo el artculo 6 de la Convencin, tal como fue establecido en el caso de Horsnby vs. Grecia y otros5. Esto implica que la fase de eje-cucin pertenece al tiempo relevante que se mide en una determina-cin de plazo razonable.

    En el caso Hornsby vs. Grecia, al no ejecutar la sentencia del Consejo de Estado, la Corte sostuvo que:

    4 Corte EDH. Soering vs. Reino Unido. Sentencia de 7 de julio de 1989.5 Corte EDH. Hornsby vs. Grecia. Sentencia de 19 de marzo de 1997, prrafo 40;

    Zappia vs. Italy. Sentencia de 26 de septiembre de 1996, prrafo 22; Silvia Pontes vs. Portugal, Sentencia de 23 de marzo de 1994, prrafo 36; Corte EDH.

    172

  • Al abstenerse por ms de cinco aos de tomar las medidas nece-sarias para dar cumplimiento a una decisin fi nal y ejecutable en el presente caso, las autoridades griegas privaron a las disposiciones del artculo 6, prr. 1 de la Convencin (art. 6-1) de todo efecto til.En consecuencia, ha habido una violacin de dicho artculo (art. 6-1)6.

    En este tema, tanto la Corte EDH como la Corte IDH consideran que la razonabilidad de los plazos no es una cuestin susceptible de determinar ex ante en forma abstracta, sino que debe determinarse de acuerdo a la especifi cidad del caso concreto. Para estos efectos, am-bas cortes han desarrollado una doctrina consolidada acerca de los criterios que permiten determinar la razonabilidad del plazo en cada caso. Estos son: (a) complejidad del asunto; (b) actuacin procesal de los interesados; y (c) comportamiento de las autoridades judiciales7.

    Esto se liga directamente con el derecho a un debido proceso y cons-tituye un elemento clave en la confi guracin de esta nueva nocin de derecho de acceso a la justicia o tutela judicial. As, el Estado est obligado a erradicar la demora en la administracin de justicia y pro-pender hacia una correcta y efi caz administracin. Debe evitar dila-ciones injustifi cadas o tardanzas excesivas, que vayan ms all de la duracin normal de un proceso judicial, exigencia aplicable a todo tipo de procedimientos, incluidos los ejecutivos.

    d. Sistemas balanceados entre acreedores y deudores

    Por ltimo, la Corte EDH ha sostenido que si bien el acreedor tiene el derecho de exigir el cumplimiento de la obligacin en forma pronta y gil, el deudor tambin debe ver protegidos sus intereses en forma adecuada, tal como se puede revisar en el fallo Olsby vs. Suecia de 2012.

    En este caso un ciudadano sueco es demandado ejecutivamente por el Estado por una deuda por impuestos de aproximadamente 110.000

    6 Corte EDH. Hornsby vs. Grecia. Sentencia de 19 de marzo de 1997, prrafo 45 (traduccin propia).

    7 Por ejemplo, en el caso de la Corte IDH ello se puede observar en Caso de La Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, Sentencia de 31 de enero de 2006; Caso de la Masacre de Mapiripn vs. Colombia, Sentencia de septiembre de 2005; Caso Garca Asto y Ramrez Rojas vs. Per, Sentencia de 25 de noviembre de 2005; Caso Balden Garca vs. Per, Sentencia de 6 de abril de 2006; Caso Lpez lvarez vs. Honduras, Sentencia de 1 de febrero de 2006.

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    euros. Luego de la notifi cacin y el requerimiento de pago, con fe-cha 19 de agosto de 2005 se le notifi ca que se ha embargado de su cuenta bancaria la suma de 950 euros y que tiene un plazo de tres semanas para apelar a partir de la fecha en que fue notifi cado. En esa fecha el demandado se encontraba de vacaciones fuera del pas, por lo que tom conocimiento de esta decisin el 8 de septiembre. Con fecha 24 de agosto la autoridad respectiva pag la deuda al acreedor (el propio Estado). El 22 de septiembre el demandado solicit recti-fi cacin de la decisin dentro del plazo establecido para recurrir de tres semanas. No obstante, la apelacin fue desestimada porque el pago por el embargo haba obtenido fuerza legal desde el 15 de sep-tiembre debido a la rpida distribucin del pago en este caso. Luego sigui todos los cursos legales correspondientes dentro de la justicia interna, pero sin xito.

    En el fallo, la Corte EDH establece que hubo una violacin del artculo 6 1 de la Convencin Europea, porque las circunstancias descritas muestran que el demandado no tena una oportunidad real para recurrir a la orden y por lo tanto se menoscabe su derecho a la tutela judicial efectiva. En llegar a su fallo, la Corte explica que el derecho de acceso a la justicia y los pasos encaminados para asegu-rar este derecho, no estn dirigidos solo en benefi cio del acreedor, sino que tambin de los deudores, tal como se puede apreciar en la siguiente cita:

    As, mientras que la Corte est de acuerdo con el Gobierno en que los acreedores tienen un inters para hacer valer sus derechos de for-ma rpida y efi ciente, tambin considera que los deudores tienen que ser capaces de proteger correctamente sus intereses8.

    Desde un punto de vista general y prctico, se trata entonces de di-sear procedimientos que den un tratamiento respetuoso de los de-rechos de ambas partes. As, se debe respetar al deudor su derecho a la propiedad, a la privacidad y a que la coaccin que se le imponga para entregar informacin acerca de su situacin fi nanciera y/o el pa-radero de sus activos sea respetuosa de sus derechos fundamentales. Por ejemplo, las medidas de incautacin o embargo no pueden cons-tituir una expropiacin arbitraria de los bienes del deudor ni se puede consentir que estos sean vendidos a bajo precio, pues ello podra constituir una violacin a lo prescrito en la Convencin Europea de

    8 Corte EDH. Caso Olsby vs. Suecia, Sentencia de 21 de junio de 2012.

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  • Derechos Humanos y, en particular, a lo dispuesto en el artculo 1 del Protocolo N 1 sobre proteccin de la propiedad. Desde esta perspectiva la doctrina ha elaborado algunos plantea-mientos. Por ejemplo, Alain Wandji Kamga sostiene que la ejecucin adems de la exigencia de calidad antes sealada debe ser leal o correcta9. Una ejecucin leal o correcta supone la honestidad de las partes tanto a propsito de la informacin que se deben recpro-camente como en relacin a la eleccin de las medidas ejecutivas y formas de evitar el embargo de bienes. Esta lealtad obliga al acreedor a otorgar informacin al deudor de la demanda seguida en su contra por medio de una notifi cacin previa a toda decisin judicial y de la notifi cacin del requerimiento de pago en forma previa al embargo. A ello se aade la obligacin de cumplir con los requisitos mnimos para solicitar la ejecucin, lo que se traduce en exigencias de preci-sin y claridad de la demanda.

    Sostiene el mismo autor, que tambin obliga al acreedor a una agre-sin proporcional a los bienes del deudor. Se exige la razonabilidad de los medios utilizados, de modo de evitar que las medidas ejecu-tivas decretadas puedan afectar derechos fundamentales del deudor, como el derecho a la propiedad o a la privacidad (principio de la adecuacin y limitacin de la agresin ejecutiva)10. Esto se traduce, por ejemplo, en el derecho a la libre eleccin de las medidas de eje-cucin y la sancin de los abusos que pueda cometer el acreedor al momento del embargo.11

    Ahora bien, como contrapartida, se exige al deudor el deber de infor-macin tanto de su direccin como de sus activos,12 de modo de con-tar con informacin completa y veraz que pueda permitir la satisfac-cin del crdito del acreedor. Esto es lo que se ha denominado como deber de transparencia patrimonial, de veracidad y colaboracin, deber tambin exigido a terceros13. Para conseguir el cumplimiento

    9 Wandji Kamga, Alain-Douglas, Le droit lexcution force. Rfl exion partir des systmes juridiques camerounais et franais, Germany, 2009, p. 195.

    10 Prez Ragone, lvaro. Principios de la ejecucin civil singular. En: Derecho Procesal Contemporneo. Ponencias de las XXII Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal, Ral Tavolari (coord.), Santiago, 2010, p. 1126; Bonet Navarro, ngel, El juicio sobre la sufi ciencia en la ejecucin de sentencias de condena, Madrid, 2009, p. 190.

    11 Wandji Kamga, Alain-Douglas, p. 197.12 Ibd. 13 Prez Ragone, lvaro y Silva lvarez, scar, El imperativo de transparencia

    patrimonial del deudor como requisito funcional para una ejecucin civil efi ciente, Talca, 2009, p. 81.

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    de este deber el legislador puede incentivar tanto al deudor como a terceros a travs de sanciones conminatorias, esto es, medidas coer-citivas personales o patrimoniales, tales como las astreintes o multas.

    Agrega otra doctrina, en esta misma lnea, que la facilitacin de con-venios que pueden ser negociados por los agentes u rganos de eje-cucin constituye una de las manifestaciones de la bsqueda de este equilibrio entre las partes. Esta opcin es la que ha asumido Francia, que contempla un intento de conciliacin antes de las audiencias fi jadas en la ley, y tambin se observa en menor medida en el siste-ma de ejecucin austriaco y alemn, se busca el empoderamiento de los agentes de ejecucin para la bsqueda de acuerdos de pago entre acreedores y deudores14.

    2. Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

    En esta materia la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Dere-chos Humanos ha tenido un desarrollo menos signifi cativo que su par europea.

    Esto llama la atencin, pues a diferencia de lo que ocurre en la Con-vencin Europea, el Pacto de San Jos de Costa Rica contiene una norma expresa que sirve a este propsito. En efecto, el artculo 25.2. letra c) consagra expresamente que los Estados se comprometen a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisin en que se haya estimado procedente el recurso.

    Sin embargo, en los ltimos aos se advierte una clara tendencia que se encamina en la misma direccin. Un ejemplo de esta visin lo constituye el fallo del caso Meja Idrovo vs. Ecuador de 2011. En el ao 2000, el Coronel Sr. Jos Alfredo Meja Idrovo fue dado de baja por medio de una nota que agradeca sus servicios y le informaba de su nueva condicin como ofi cial en servicio pasivo, lo que se forma-liz a travs de dos decretos ejecutivos dictados en enero de 2001. El afectado solicit a la autoridad castrense la reconsideracin de esta decisin, la cual que fue rechazada.

    El Sr. Meja interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Conten-cioso-Administrativo de Quito, el cual fue declarado inadmisible. La sentencia fue confi rmada por el Tribunal Constitucional. En octubre

    14 Hess, Burkhard. Different enforcement structures, en: Enforcement and enforceability-Tradition and reform (editors Van Rhee, C.H. y Uzelac, A.), Oxford, 2010, p. 44.

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  • de 2001, el afectado present un recurso ante el mismo tribunal solicitando se declarara la inconstitucionalidad e ilegalidad de los referidos decretos y se reordenara su reincorporacin a las Fuerzas Armadas. En marzo de 2002, el recurso fue acogido, determinndose la inconstitucionalidad de actos que decretaron a baja del Sr. Meja y disponindose la reparacin por los daos ocasionados al afectado, sentencia notifi cada a las partes y publicada en el Registro Ofi cial en abril de 2002. Sin embargo, luego de 7 aos el fallo segua sin cum-plirse, razn por la cual el afectado acude al sistema interamericano de derechos humanos.

    En el fallo dictado por la Corte IDH se desarrolla un acpite aparte una serie de consideraciones en torno a la tutela judicial efectiva en la ejecucin de fallos internos, refi rindose en particular al artculo 25.2. letra c) de la Convencin Americana, a saber:

    La Corte considera que la ejecucin de las sentencias debe ser regida por aquellos estndares especfi cos que permitan hacer efectivos los principios, inter alia, de tutela judicial, debido pro-ceso, seguridad jurdica, independencia judicial, y estado de derecho. La Corte concuerda con el Tribunal Europeo de Dere-chos Humanos al considerar que para lograr plenamente la efec-tividad de la sentencia la ejecucin debe ser completa, perfecta, integral y sin demora15.

    Una ptica similar se advierte en el caso Baena Ricardo vs. Panam, si bien no se utiliza la expresin ejecucin o similares, se observa una mencin explcita y directa a la necesidad de implementacin de las resoluciones judiciales como requerimiento estatal. En efecto, la Corte IDH sostiene que

    el proceso debe tender a la materializacin del derecho reco-nocido en el pronunciamiento mediante la aplicacin idnea de dicho pronunciamiento.

    3. Desafos que impone la consideracin de la ejecucin como par-te integrante del derecho de acceso a la justicia

    Como es posible advertir, este nuevo enfoque de la ejecucin como parte integrante del derecho fundamental de acceso a la justicia o tu-tela judicial supone buscar un equilibrio entre dos valores igualmente

    15 Corte IDH. Caso Meja Idrovo vs. Ecuador. Sentencia de 5 de julio de 2011.

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    relevantes para todo sistema de administracin de justicia: la efi cacia y agilidad de los procedimientos versus la proteccin de los derechos de ambas partes.

    La legislacin procesal europea ya ha avanzado en este mbito y han utilizado diversos mecanismos legales para lograr este equilibrio. Para dotar al sistema de mayor agilidad y efi cacia se han introducido refor-mas al modelo orgnico a travs de la racionalizacin de la interven-cin judicial, lo que en nuestra regin se conoce comnmente como la desjudicializacin de la ejecucin. Ello opera entregando al juez la tarea de resolver solo aquellas cuestiones que susciten controversia entre las partes, por ejemplo la resolucin de las excepciones inter-puestas por el deudor, y entregando aquellas que carecen de conten-cioso a agentes u rganos distintos del juez, incorporando la fi gura de los ofi ciales de ejecucin, como los huissiers de justice en Francia o high court enforcement offi cer en Inglaterra.

    En esta materia, las legislaciones de Europa muestran distintos mode-los segn el tipo de rganos y agentes que pueden llevar a adelante estas tareas16. En general, se pueden distinguir cuatro modelos que van desde sistemas de ejecucin a cargo de funcionarios judiciales, como ocurre en Espaa, pasando por agencias administrativas inde-pendientes del Poder Judicial, como en el caso de Suiza, hasta la en-trega de las tareas de ejecucin a ofi ciales estatales supervisados por la autoridad, como sucede, por ejemplo, en Francia, Holanda, Blgi-ca y Portugal, entre otros17. La gran mayora de los pases europeos ha optado por este ltimo modelo entregando gran parte de las fases y actuaciones del procedimiento ejecutivo a ofi ciales estatales.

    Por otra parte, con el fi n de proteger los derechos de las partes en for-ma igualitaria, en algunas legislaciones se consagran en forma expre-sa derechos y deberes para ambos. Por ejemplo, se exige al deudor el deber de informacin, colaboracin y transparencia tanto en relacin con su paradero para efectos de su notifi cacin como en relacin a sus activos para efectos del embargo. En algunas legislaciones ello se

    16 Hess, Burkhard, Comparative analysis of the nacional reports, en: Enforcement agency practice in Europe, Adenas, M., HESS, B., Oberhammer, P. (editors), (London, 2005), pp. 25-51.

    17 Villadiego, Carolina. Estudio Comparativo Cobranzas de deudas y procedimientos de ejecucin en Europa. CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS AMRICAS (CEJA), Santiago, 2008. http://www.cejamericas.org/portal/index.php/en/biblioteca/biblioteca-virtual/cat_view/43-documentos/66-informes-comparativos?start=15. Pgina visitada el 20 de julio de 2010.

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  • cumple mediante la imposicin al deudor de la obligacin de realizar una declaracin jurada de sus bienes una vez que ha sido requerido de pago, so pena de aplicarle sanciones o medidas conminatorias. Se refuerza esta idea con la entrega al rgano jurisdiccional de faculta-des para realizar averiguaciones sobre el patrimonio de ejecutado, mediante la solicitud de informacin a diverso tipo de organismos y personas y adems otorgando al juez acceso a registros pblicos y/o privados.

    Como contrapartida, se exige al acreedor que las medidas ejecutivas que lleve adelante en contra del ejecutado sean proporcionales al monto de lo adeudado y que no signifi quen una agresin patrimonial desmedida, que pueda dejar en una posicin de insolvencia al deudor.

    III. RESEA DEL ESTADO DE LOS SISTEMAS DE EJECUCIN EN AMRICA LATINA

    Una revisin del estado del arte en materia de reformas procesales civiles en la regin muestra distintos niveles de avance y desarrollo. Algunos pases han aprobado nuevas legislaciones en los ltimos 10 aos, como es el caso de El Salvador y de Honduras, cuyos cdigos reformados ya se encuentran en plena vigencia.

    En otros pases las reformas se encuentran en un estado embrionario, es decir, en una fase de elaboracin y discusin de anteproyectos, ya sea tanto al interior del Poder Judicial como del Poder Ejecutivo, como ocurre por ejemplo en Guatemala y Ecuador; mientras que en otros pases como Chile, los proyectos de ley se encuentran en pleno proceso de tramitacin parlamentaria ante el Congreso Nacional. Por ltimo, en otros, las propuestas de reforma ya han sido aprobadas por el Poder Legislativo y se encuentran prontas a entrar en vigencia, tal como sucede por ejemplo en Colombia.

    En otras palabras, el panorama es diverso y muestra distintos niveles de avance en materia de procesos de reforma, en general, y de cam-bios en materia de ejecucin, en particular. Sin perjuicio de lo ante-rior, es posible delinear a grandes rasgos los modelos y las tendencias procesales que se observan en la regin.

    En primer lugar, en relacin a la estructura de los procedimientos ejecutivos se observa una clara propensin hacia la incorporacin de la oralidad a travs de procedimientos por audiencias, con el fi n de

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    dotar de mayor agilidad y efectividad al sistema y mejorar las condi-ciones de acceso a la justicia de los ciudadanos.

    Esa parece ser una constante en todos los procesos de reformas lleva-dos adelante hasta ahora, no hay dudas que los procedimientos basa-dos en la escrituracin y en la lgica del expediente estn en retirada. Por ejemplo, en Per se adopt el Cdigo Procesal Civil en el ao 1993, estableciendo la oralidad de los procedimientos precisamente para hacer frente a la demora de los procesos civiles, los cuales po-dan tener una duracin de hasta 12 aos si se interpona el recurso de casacin ante la Corte Suprema18.

    Estos lineamientos centrales abarcan tambin a los procedimientos ejecutivos, y ello se observa, por ejemplo, en la inclusin de audien-cias para la resolucin de las excepciones que pueda oponer el deu-dor al ttulo invocado por el acreedor. Esto se advierte en el Cdigo Procesal Civil y Mercantil de Guatemala, aprobado en 1963, que in-nova en esta materia e incorpora una audiencia en caso de oposicin de excepciones por parte del deudor en la que el juez oir al ejecu-tante, pudiendo recibir prueba en caso de ser necesario (art. 331).

    En materia de reconocimiento de los derechos y deberes de las par-tes, Honduras y El Salvador, que cuentan con cdigos reformados en 2006 y 2008, respectivamente, presentan interesantes cambios que resultan coherentes con las tendencias procesales europeas modernas.

    Por ejemplo, en el caso del Cdigo Civil y Mercantil de El Salvador se impone al deudor la obligacin de manifestar bienes sufi cientes para satisfacer el crdito del acreedor por medio de una declaracin bajo palabra de honor, en la cual debe sealar los bienes que integran su patrimonio. Si no lo hace, incurrir en las sanciones a que hubiere lugar por la desobediencia al mandato judicial (art. 611). Lo mismo se observa en el Cdigo Procesal de Honduras, que consagra casi en iguales trminos la obligacin del deudor de realizar una declaracin jurada sobre los bienes y derechos de los que sea titular y que resul-ten sufi cientes para hacer frente a la ejecucin. De no hacerlo, ser objeto de una sancin de desobediencia y de multas coercitivas (art. 805).

    18 CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS AMRICAS, Avance en Amrica Latina y el Caribe de la Reforma a Justicia Civil, en: Nueva Justicia Civil para Latinoamrica: aportes para la reforma, pp. 38 y 39.

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  • Asimismo, en ambas legislaciones se faculta al juez a investigar los bienes del ejecutado. El Cdigo Civil y Mercantil de El Salvador dice que el juez puede solicitar informacin a los registros pblicos acerca de todos los bienes, saldos de cuentas y depsitos que pudiera tener en entidades fi nancieras, hasta el lmite de la cantidad objeto de eje-cucin. Ello se realizar cuando el acreedor no haya podido obtener tal informacin en forma previa (art. 612) Por su parte, en Honduras, el juez podr solicitar informacin a los organismos y registros pbli-cos sobre los bienes del deudor, saldos de cuentas y depsitos que pueda tener en entidades fi nancieras (art. 806). Adicionalmente, se consagra el deber de colaboracin en la averiguacin por parte de las personas y entidades a las que se dirija el juez, quienes estarn obli-gadas a entregar la informacin requerida sin dilaciones, pudiendo imponer multas a quienes no cumplan este deber (art. 807).

    Incluso ambas legislaciones van ms all y consagran derechos o principios de la ejecucin forzosa, cuestin que resulta especial-mente novedosa en Latinoamrica. Por ejemplo, en El Salvador se establece el derecho a hacer efectiva la ejecucin en los casos que sea procedente (art. 551) y el principio de completa satisfaccin del ejecutante, que consagra el derecho del acreedor a ser indemnizado por los daos y perjuicios sufridos en razn del incumplimiento, sea a causa de dolo, negligencia, morosidad del ejecutado o cualquier contravencin al tenor de la obligacin que se ejecuta. La ejecucin solo terminar cuando el derecho del ejecutante haya quedado com-pletamente satisfecho (art. 552).

    Por su parte, en Honduras se consagra en forma explcita del derecho a la ejecucin forzada, tal como se observa en la siguiente transcripcin:

    Artculo 742.- Derecho a la ejecucin forzosa. 1. La ejecucin forzosa tendr la fi nalidad de hacer cumplir el

    contenido de un ttulo y dotar de efectividad a la tutela judicial otorgada.

    2. El litigante que hubiera obtenido a su favor ejecutoria, podr solicitar su cumplimiento forzoso de conformidad con las reglas que se establecen en este Cdigo.

    Tambin se consagra el principio de completa satisfaccin del eje-cutante, consistente en el derecho de este a ser indemnizado en los daos y perjuicios sufridos por incumplimiento, dolo, negligencia o morosidad del ejecutado, as como por cualquier contravencin al contenido de la obligacin que se ejecute. Solo se pondr fi n a la

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    ejecucin cuando haya quedado completamente satisfecho el dere-cho del ejecutante (art. 743).

    Sin embargo, no se observan modifi caciones sustantivas desde una perspectiva orgnica, mantenindose el modelo judicial que predo-mina en la regin. En general, nuestros pases han sido reacios a in-novar en este mbito, ya sea por razones culturales, constitucionales o econmicas, y se ha conservado el esquema tradicional, pese a los signifi cativos cambios introducidos en materia de diseo procedimen-tal y reconocimiento de los derechos del acreedor y del deudor.

    En efecto, y tal como veremos ms adelante en el anlisis detallado de los pases objeto del estudio, la implementacin de sistemas que propenda a la desjudicializacin de la ejecucin se observa solo en un caso, en el proyecto de ley de Cdigo Procesal Civil de Chile.

    IV. ANLISIS ESPECFICO DE EXPERIENCIAS NACIONALES

    El presente apartado tiene como objetivo presentar los resultados de la investigacin sobre sistemas de ejecucin civil en los cuatro pases objeto del estudio: Costa Rica, Colombia, Chile y Uruguay.

    Parte importante de la investigacin estuvo orientada a recopilar antecedentes legislativos de cada uno de estos pases que permitan conocer la legislacin procesal civil en materia de ejecucin, sus principales instituciones y comprender la forma en que se desarrollan los procedimientos ejecutivos en cada uno de ellos.

    En cada uno de los casos estudiados se advierten distintos niveles y etapas de los procesos de reforma. En el caso de Chile, en marzo de 2012 ingres al Congreso Nacional el proyecto de ley que crea el nuevo Cdigo Procesal Civil, actualmente en proceso de tramitacin parlamentaria19. Esta propuesta legislativa que encuentra sus bases en el proyecto de ley presentado durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en mayo de 2009 modifi ca en forma sustancial el sistema de ejecucin chileno y cuenta entre sus principales innova-ciones la introduccin de la fi gura del ofi cial de ejecucin.

    19 Proyecto de ley que crea el Nuevo Cdigo Procesal Civil presentado por el gobierno del presidente Sebastin Piera con fecha 12 de marzo de 2012 (Boletn 8197-07).

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  • En el caso de Colombia, en julio de 2012 fue aprobado el nuevo Cdigo General del Proceso, cuya implementacin se har en forma gradual a partir de su promulgacin20. De este modo, en la actualidad hay algunas normas del nuevo cdigo que ya estn vigentes, otras lo harn a partir del 1 de octubre de 2012, otras desde julio de 2013 y el resto el 1 de enero de 2014. Dentro de estas ltimas se encuentran las relativas a la ejecucin civil.

    Por ello, en el caso de estos dos pases, el anlisis que a continua-cin se presenta incluye tanto la legislacin actualmente vigente en los respectivos cdigos de procedimiento civil como el proyecto de reforma chileno (en adelante PRPC) y el nuevo cdigo procesal civil colombiano (en adelante CGPC).

    Uruguay, en cambio, plantea una situacin distinta. Si bien la legisla-cin procesal civil ha sido objeto de reforma, esta se llev a cabo a fi -nales de la dcada de los ochenta (1989), siendo uno de los primeros pases latinoamericanos en introducir modifi caciones sustantivas al sistema de enjuiciamiento civil a travs del Cdigo General del Pro-ceso del Uruguay (en adelante CGPU)21.

    Por ltimo, Costa Rica plantea un escenario especial, toda vez que si bien la justicia civil no ha sido objeto de una reforma global, el sistema de ejecucin ha experimentado cambios relevantes, particu-larmente a travs de la Ley de Cobro Judicial del ao 200722. En la actualidad se discute un proyecto de ley de reforma que integrar esta normativa que se dise para operar transitoriamente.

    Ahora bien, para llevar adelante este estudio comparado se estable-cieron criterios de anlisis que permitirn al lector obtener una visin general de la situacin de la ejecucin civil en los cuatro pases estu-diados.

    Los criterios de anlisis y las razones por las cuales estos fueron ele-gidos son los siguientes:

    20 Ley 1.564 de 12 de julio de 2012 por medio de la cual se expide el Cdigo General del Proceso y se dictan otras disposiciones.

    21 Cdigo General del Proceso de la Repblica Oriental del Uruguay. Ley 15.982 de 18 de octubre de 1988 vigente a partir del 20 de noviembre de 1989.

    22 Ley 8.642 de Cobro Judicial de 7 de octubre de 2007. Entr en vigencia seis meses despus, el 20 de mayo de 2008.

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  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    Data de la legislacin estudiada. Aunque puede parecer de Pero-grullo, conocer las fechas en que las legislaciones y/o las refor-mas estudiadas fueron dictadas, entrega informacin relevante del contexto general que motiv su creacin y su adecuacin a las concepciones doctrinarias y jurisprudenciales del momento en que estas fueron elaboradas.

    Estructura del procedimiento ejecutivo. Resulta interesante cono-cer la forma en que los procedimientos ejecutivos se estructuran y cmo se llevan a cabo, esto es, si prima la oralidad y el modelo por audiencias o, si por el contrario, prima la escrituracin y la lgica del expediente. Por la naturaleza de los juicios ejecutivos, la preeminencia de la oralidad o la escrituracin se observa en escasas fases del procedimiento, principalmente en la forma en que se conocen y resuelven las excepciones que puede oponer el ejecutado y/o en los incidentes que pueden presentar las partes durante el juicio.

    Agente u rgano encargado del procedimiento de ejecucin. El diseo orgnico de los sistemas de ejecucin civil es una cues-tin de especial inters, pues si bien en nuestros pases ha preva-lecido el modelo judicial donde el juez lleva adelante la ejecu-cin, en el derecho procesal civil europeo desde hace ya varios aos se ha optado por sistemas de ejecucin desjudicializados, entregando parte de las actuaciones procesales particularmente aquellas que carecen de contencioso a rganos o agentes distin-tos del juez, como los huissier de justice en Francia o los bailiffs en Inglaterra. Adems del modelo judicial, una revisin de la le-gislacin procesal europea da cuenta de varios modelos, a saber: (a) judicial atenuado, (b) privado, (c) adscrito a la administracin pblica.

    Existencia del deber de informacin y colaboracin del deudor. De un tiempo a esta parte la legislacin procesal europea ha ve-nido incorporando este deber tambin llamado de transparencia patrimonial, de veracidad y colaboracin que obliga al deudor a entregar informacin completa y veraz acerca de su paradero y de sus activos, de modo de permitir la satisfaccin del crdito del acreedor. En muchas de ellas, se contempla adems la posi-bilidad de aplicar sanciones conminatorias al deudor que incum-pla este deber, omita bienes en la declaracin de su patrimonio o entregue informacin insufi ciente, tales como las astreintes o multas.

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  • Facultades del juez para investigar los bienes del deudor. Con el mismo fi n sealado en el punto anterior, esto es, satisfacer el crdito del acreedor, algunas legislaciones han entregado al juez facultades para investigar de ofi cio el patrimonio del deudor.

    Posibilidades de aceptar o convenir acuerdos de pago entre acreedor y deudor. Algunas legislaciones procesales contemplan instancias para facilitar convenios negociados entre las partes en distintas fases del procedimiento ejecutivo. Ello se observa, por ejemplo, en la legislacin francesa donde se contempla un intento de conciliacin antes de las audiencias fi jadas en la ley y, tambin aunque en menor medida, en el sistema de ejecucin austriaco y alemn23, orientados hacia exploracin de acuerdos de pagos entre acreedores y deudores.

    Regulacin de procedimiento monitorio. Vinculados a la ejecu-cin civil, muchas legislaciones europeas contemplan procedi-mientos monitorios o frmulas monitorias. Estos procedimientos tienen como objetivo la obtencin de ttulos ejecutivos de ma-nera rpida y con escasa intervencin del rgano jurisdiccional, que permita la apertura de un procedimiento ejecutivo posterior. Por regla general, proceden en aquellos casos en que el objeto del juicio est dotado de cierto grado de certeza inicial.

    A continuacin se presentan los resultados del anlisis de los cuatro pases objeto del estudio desde una perspectiva contextual como legal. Se busca presentar al lector/a antecedentes que les permitan tener una visin panormica del funcionamiento del sistema de eje-cucin en cada uno de estos pases, sus fortalezas y debilidades, as como los antecedentes tenidos a la vista por las autoridades a la hora de iniciar procesos de reformas en esta materia.

    1. Colombia

    Colombia, como la mayora de los pases de la regin, cuenta con un modelo judicial de ejecucin. Es decir, entrega al juez el conocimien-to de todas las fases de la ejecucin, con la asistencia de colaborado-res o auxiliares de la administracin de justicia.

    23 En el sistema alemn la posibilidad de convenir acuerdos entre al acreedor y el deudor se pretende incorporar a la legislacin, con la reforma que entr en vigencia a comienzos de 2013.

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    El proceso de ejecutar una providencia judicial comienza con la pre-sentacin de una demanda, la cual si es inadmitida se otorgan 5 das para subsanarla. Previo al mandamiento ejecutivo, el juez ordena que el ejecutante preste una caucin por eventuales perjuicios que llegue a sufrir el ejecutado. Una vez presentada esta caucin, se admite la demanda y, en el caso de ser solicitadas, se ordenan las medidas previas. En cumplimiento de esos embargos, el juez enva ofi cios a distintas entidades (ej., la ofi cina de trnsito en caso de embargo de un vehculo o la ofi cina de registros pblicos en caso de un bien in-mueble).

    Luego de que estn efectuados los embargos, se lleva a cabo la no-tifi cacin al ejecutado. Posteriormente el ejecutado puede presentar excepciones frente a la demanda, por lo cual el juez podr decretar pruebas y recibir alegaciones antes de dictar una sentencia. Despus de la sentencia, la cual puede ser apelada en la mayora de los casos, el procedimiento en general consiste en que el juez tase el valor de lo ejecutado y ordene avaluar los bienes embargados para que sean subastados y con su producto se le pague al ejecutante. El remate se puede hacer por fuera del Poder Judicial.

    Este proceso est recargado con una gran cantidad de formalidades, muchas veces inocuas. Adems, al igual que varios pases de la re-gin, en Colombia parte importante de la congestin de los tribunales se debe a los procedimientos ejecutivos que alcanzan a un 64% del total de causas ingresadas a la justicia civil24.

    Para combatir el problema de la sobrecarga de la judicatura civil, el ao 2010 se dict la Ley 1395 ms conocida como la Ley de Des-congestin Judicial que introdujo modifi caciones al rgimen proce-sal civil tendientes a mejorar la gestin administrativa de los tribuna-les de justicia25.

    Esta normativa incluye tambin reformas al procedimiento ejecutivo, en atencin a problemticas especfi cas que este tipo de asuntos pre-sentaba. En primer lugar, la legislacin anterior regulaba el secuestro de los bienes embargados sin exigirse garanta alguna a los deposita-rios o secuestres. La nueva ley, como se observa en el proceso vigen-

    24 Villadiego, Carolina. Los sistemas de justicia no penal en Amrica Latina (). Ob. cit.25 Matson Carballo, Arturo Eduardo. Comentarios a las medidas de descongestin en

    materia de contencioso-administrativo adoptadas por la Ley 1395 de 2010, Colombia, 2010. http://200.30.74.19/Descarga/PDF/ciencias_Derecho/Libro_Comentarios_a_las_medidas.pdf

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  • te, asegura la solvencia econmica de los depositarios (secuestres) por medio de la exigencia de una garanta por una alta suma de dine-ro, sujetndolos de este modo a un rgimen de mayor seriedad26.

    En segundo lugar, en la prctica se constataba el desarrollo de malas prcticas en la fase de remate de los bienes, en manos de verdaderas mafi as de los llamados remateros. Para evitar estas malas artes, la ley de 2010 deroga la causa genrica para pedir la nulidad del re-mate originada en la omisin de formalidades previas a la subasta y obliga al juez a realizar un control de legalidad a la hora de ordenar el remate (por ejemplo, corregir vicios, descartar alegaciones poste-riores), establecindose que las irregularidades deben alegarse antes de la adjudicacin, si no no sern odas.

    Por otra parte, se dispuso que las ofertas se deben presentar en un sobre cerrado, se confi eren 5 das al juez para aprobar el remate y se estableci que el valor mnimo del remate siempre ser del 70% del avalo, de modo de evitar que los interesados se abstengan de parti-cipar para bajar el valor. A ello se aaden otras importantes modifi ca-ciones, tales como precisar el alcance de los mecanismos de defensa del ejecutado contra el mandamiento de pago; se establece que solo sern tramitadas las excepciones formuladas con expresin de funda-mento fctico; se sustituye el trmite escrito de las excepciones por una audiencia; se exige la presentacin de una alternativa en caso de objecin, para darle mayor seriedad, entre otras.

    La principal modifi cacin en materia procesal civil en Colombia, lo constituye el Cdigo General del Proceso (en adelante CGP) publi-cado en el Diario Ofi cial el 12 de julio de 2012 por medio de la Ley 1564. Su implementacin se har en forma gradual a partir de su pro-mulgacin. Las normas relativas a la ejecucin civil se aplican desde el 1 de enero de 2014.

    En materia orgnica, el CGP mantiene el sistema tradicional entre-gando al juez civil el conocimiento de todas las fases de la ejecucin, con la asistencia de colaboradores o auxiliares de la administracin de justicia.

    26 Rojas Gmez, Miguel Enrique. Implicancias de la ley de descongestin en el rgimen del proceso ejecutivo. En: Impacto de la Ley 1395 de 2010 frente a la Administracin de Justicia, Universidad de los Andes (coordinador Horacio Cruz Tejada), 2011.

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    La regulacin del proceso ejecutivo se encuentra en los artculos 422 a 472 del CGP, y en ellos se regulan los siguientes aspectos:

    Se entrega al juez la facultad de investigar los bienes del deudor. Se elimina la obligacin de prestar caucin para los embargos

    previos. La discusin de los requisitos del ttulo ejecutivo solo se puede

    hacer a travs de un recurso de reposicin contra el mandamien-to de pago.

    Las excepciones se resuelven en audiencia, donde se practican las pruebas y se dicta sentencia.

    Por otra parte, se contempla como una de las principales novedades de la reforma un procedimiento monitorio de tipo casi formulario para asuntos de mnima cuanta con el objetivo de conseguir un ttulo ejecutivo, el cual se recoge en los artculos 419 a 421.

    Por ltimo, el nuevo CGP incluye un procedimiento de insolvencia de la persona natural no comerciante, regulado en los artculos 531 a 576. Este instrumento procesal tiene por fi nalidad que la persona del insolvente pueda negociar sus deudas mediante acuerdos con sus acreedores, convalidar acuerdos privados y liquidar su patrimonio. Bajo el CGP, son competentes para conocer los procedimientos de negociacin y convalidacin de acuerdos los Centros de Conciliacin del lugar del domicilio del deudor, acreditados ante el Ministerio de Justicia. En el caso que surjan controversias, conocer el asunto el juez civil municipal del domicilio del deudor o del domicilio donde se lleve el procedimiento de negociacin y convalidacin. Estos jue-ces tambin sern competentes para conocer del procedimiento de liquidacin patrimonial.

    2. Costa Rica

    Costa Rica tiene una de las legislaciones ms modernas en materia de ejecucin civil. Ello se debe a la dictacin de la Ley 8.642 de Cobro Judicial de 2007 que se aplica al recaudo de obligaciones dinerarias, lquidas y exigibles fundadas en documentos pblicos o privados con fuerza ejecutiva o sin ella, a cargo de tribunales civiles especializados en el cobro de obligaciones dinerarias (art. 1).

    Esta reforma surge como consecuencia del alto porcentaje de causas que representaba la cobranza judicial dentro de la carga de los tri-

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  • bunales civiles27. Segn los datos del estudio elaborado por Carolina Villadiego sobre estructura y datos de la justicia no penal en Amrica Latina en el 2010, el ingreso de juicios ejecutivos correspondi a un 88% de las causas civiles. Este alto porcentaje puede explicarse por-que este tipo de juicios incluye tambin el cobro de obligaciones de naturaleza administrativa28.

    Otro estudio de la misma autora, a propsito ahora de la Ley de Cobro Judicial, muestra que el aumento de los procedimientos de cobranza en los ltimos aos, presenta un incremento promedio de 56.8%. Un detalle de estos se puede observar en el grfi co que a con-tinuacin se presenta29.

    27 Quirs Camacho, Jenny. Implementacin de la oralidad en materias distintas a la penal en Costa Rica, en: Reformas de la Justicia en Amrica Latina. Experiencias de Innovacin, CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS AMRICAS, 2010, pp. 305 a 369.

    28 Villadiego, Carolina. Los sistemas de justicia no penal en Amrica Latina: Estructura y datos de la justicia civil-mercantil, laboral, de familia y contencioso-administrativa, Informe Final, CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS AMRICAS, 2012.

    29 Villadiego, Carolina, Reforma al Cobro Judicial en Costa Rica, Centro de Estudios de Justicia de las Amricas. 2012.

    Grfi co 1AUMENTO DE LOS INGRESOS DE COBRANZA (2005 2010)

    Fuente: Carolina Villadiego. Reforma al Cobro Judicial en Costa Rica, Centro de Estu-dios de Justicia de las Amricas. 2012.

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    A ello se suma la dispersin de los procedimientos que regulaban esta materia, pues antes de la reforma, cada tipo de cobro tena su mtodo, existiendo cuatro sistemas ejecutivos distintos. Esta ley pre-tendi unifi carlos en uno solo, ya sea que se trate de ejecutar una letra, un cheque o un pagar. Adems, se unifi c la ejecucin de la hipoteca y la prenda. Otros factores que impulsaron esta reforma fue-ron la excesiva duracin de los procedimientos, las difi cultades en la fase de apremio y problemas derivados de la organizacin y gestin de los tribunales.

    El procedimiento contemplado en esta normativa tiene una estructura mixta, de modo que la demanda y contestacin se deben realizar por escrito, mientras que las dems gestiones se llevan a cabo mediante audiencias orales.

    Una vez admitida la demanda a tramitacin y notifi cado el ejecuta-do de la resolucin que ordena el pago de lo adeudado, este tiene 15 das para oponerse, oposicin que solo puede fundarse en cuatro causales: (a) falsedad del documento, (b) falta de exigibilidad de la obligacin, (c) pago, y (d) prescripcin. En su escrito de oposicin, el ejecutado debe ofrecer la prueba que pretende rendir y llevarla luego a la audiencia. En dicha oportunidad, el juez debe intentar la conci-liacin entre las partes, haciendo el llamado de rigor.

    Por ltimo, cabe mencionar que se puede apelar la sentencia que rechaza la demanda, que da lugar a las excepciones y la que se pro-nuncia sobre la oposicin, todo ello en forma oral en la audiencia o dentro de tercero da. En relacin con la tasa de oposicin por parte del ejecutado, la evidencia muestra que la oposicin de excepciones alcanza al 2.5% a 3% del total (aos 2008-2009), razn por la cual se lleva adelante un escaso nmero de audiencias en este tipo de pro-cedimientos30. Por su parte, un estudio ms reciente muestra que la tasa de oposicin es de aproximada un 10%31.

    Una importante modifi cacin que trajo consigo la Ley de Cobro Ju-dicial dice relacin con el modelo orgnico, pues en esta materia la legislacin costarricense innova en comparacin con sus pares de la regin. Si bien mantiene el conocimiento de la ejecucin en manos

    30 Quirs Camacho, Jenny. Implementacin de la oralidad en materias distintas a la penal en Costa Rica. CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS AMRICAS.

    31 Villadiego, Carolina, Reforma al Cobro Judicial en Costa Rica, Centro de Estudios de Justicia de las Amricas. 2012.

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  • del juez, se innova al crear tribunales civiles especializados en prime-ra y segunda instancia en cada circuito judicial. En una primera etapa se abrieron dos juzgados especializados en la ciudad de San Jos: el primero para personas privadas y el segundo cuando interviene el Estado. Adems, se autoriz a la Corte Suprema de Justicia a designar uno o varios tribunales con funciones de cobro especfi cas.

    Adicionalmente a la Ley de Cobro Judicial, en el ao 2008 se promul-g la Ley de Notifi caciones que establece que las demandas de cobro de deudas podrn ser notifi cadas en el domicilio que el deudor infor-ma al momento de adquirir la obligacin (domicilio contractual), lo que ha sido una til herramienta para el desarrollo de los procesos32.

    Por otra parte, cabe sealar que la legislacin costarricense contem-pla la fi gura del ejecutor, como un auxiliar de la administracin de justicia encargado, entre otras funciones de practicar embargos33. En el acta de aceptacin del cargo, el tribunal prevendr al ejecutor que deber abstenerse de embargar aquellos bienes que legalmente sean inembargables, salvo que se trate de ejecuciones prendarias, cuando los bienes por embargar hayan sido dados en garanta de la obliga-cin cuyo cumplimiento se exige.

    Cuando se trate de un embargo que deba practicarse en un lugar di-ferente de aquel en el que radique el tribunal que conoce del asunto, deber comisionarse al del lugar donde se hallen los bienes, para que disponga la ejecucin de la diligencia de acuerdo con las reglas ex-presadas anteriormente. Devuelto el expediente por el ejecutor, una vez practicado el embargo, el tribunal examinar el acta de embargo, y si se hubieren secuestrado bienes que no puedan perseguirse, de

    32 Comunicacin personal con Gerardo Parajeles con ocasin de CEJAWEBINAIR sobre Sistemas de Ejecucin en procesos judiciales no penales. CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS AMRICAS, 10 de diciembre de 2012.

    33 Art. 632. Funcionario ejecutor. a. Persona designada por el tribunal a solicitud del ejecutante. b. Puede ser un notario. c. No pueden ser ejecutores: jueces, actuarios y alcaldes. d. Se deben depositar antes los honorarios y gastos por la parte, los que sern fi jados

    por el juez, actuario o alcalde. e. Si los bienes estn en un lugar distinto de aquel del tribunal, se encomendar al

    ejecutor del lugar donde se hallaren los bienes. f. Juez resuelve exceso o defecto del embargo.

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    ofi cio levantar el embargo de dichos bienes y los pondr a disposi-cin del demandado34.

    En materia de TICs, la Ley de Cobro Judicial incorpor dos herra-mientas que han sido valoradas positivamente por los operadores del sistema, a saber, la recepcin de documentos digitales, el expediente electrnico y la fi rma hologrfi ca. A ello se aade el embargo electr-nico, en virtud del cual el juez inmediatamente despus de la deman-da y en caso que proceda, podr embargar on line.

    Entre los logros alcanzados por esta ley, se destaca la agilidad que ha adquirido la tramitacin de los procedimientos ejecutivos, por ejemplo, se da curso a las demandas en 5 das. A ello hay que agre-gar que se ha generado una mejor comunicacin entre los juzgados y el Registro Pblico y los bancos, lo que ha permitido el embargo de cuentas bancarias mediante un correo electrnico y el uso de la tecnologa. Ello ha redundado en la duracin del procedimiento que de acuerdo a las estadsticas judiciales se redujo de 6 meses a 1.5 meses35.

    Con todo, llama la atencin el bajo porcentaje de causas terminadas. Por ejemplo, en el ao 2010 ingresaron al sistema 65.275 casos y ter-minaron 8.603, es decir, un 13.1%, tal como se puede observar en el siguiente cuadro36.

    Tabla 2CASOS ENTRADOS Y TERMINADOS EN JUZGADOS DE COBRO JUDICIAL

    Ao Casos ingresados Casos terminados % de terminados

    2008 30.628 833 2,7

    2009 71.687 10.610 14,8

    2010 65.275 8.603 13,17Elaboracin propia. Fuente: Datos del Consejo Superior del Poder Judicial de Costa Rica, Sesin N 46-11 del 17 de mayo de 2011, y Departamento de Planifi cacin del Poder Judicial de Costa Rica, Anuario Judicial 2010, Juzgados civiles.

    34 Para mayor informacin revisar: Reglamento para regular la funcin de ejecutores y peritos en el Poder Judicial; Circular de la CS (65-2006). Boletn Judicial 95 de 18 de mayo de 2006 y Artculo 160, Ley Orgnica del Poder Judicial.

    35 Quirs Camacho, Jenny. Implementacin de la oralidad en materias distintas a la penal en Costa Rica, p. 351.

    36 Villadiego, Carolina, Reforma al Cobro Judicial en Costa Rica, CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS AMRICAS. 2012.

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  • Estos datos pueden tener mltiples explicaciones: un alto porcenta-je de desistimientos de los acreedores ante deudores inubicables o insolventes, problemas de funcionamiento del sistema judicial, de-mandas que se presentan con otros fi nes (por ejemplo, para castigar deudas incobrables), entre otros que escapan de los objetivos de este estudio, pero que, sin embargo, debieran llamarnos a la refl exin. Como se ver a continuacin, algo similar se observa en el caso chi-leno.

    3. Chile

    Entre las razones por las cuales el Ejecutivo chileno inicia un proceso de reforma a la justicia civil, es precisamente los problemas que se derivan de la inefi cacia de la ejecucin y la sobrecarga que signifi ca para el sistema judicial37. Segn datos provenientes del Poder Judicial de Chile, ms del 90% de las causas que ingresan a los tribunales con competencia civil corresponde a juicios ejecutivos y gestiones prepa-ratorias de la va ejecutiva, tal como se puede observar en el siguiente cuadro38.

    Tabla 2PROPORCIN DE CAUSAS POR TIPO DE PROCEDIMIENTO DE INTERS RESPECTO DEL

    TOTAL DE CAUSAS TERMINADAS EL AO 2009

    Procedimiento1. Proporcin con

    respecto al total (%)2. Cantidad de causas

    ao 2009

    Ejecutivo 96,45 1.090.426

    Ordinario 1,46 16.506

    Sumario 0,98 11.079

    Otros 1,11 12.550

    Total 100,00 1.130.561

    Fuente: Informe TCC, CEJA.

    Por otra parte, se observan serios problemas en relacin con la dura-cin de los procedimientos ejecutivos. La evidencia emprica muestra que los procedimientos ejecutivos terminados en el ao 2009 tuvie-

    37 Proyecto de ley que crea el Nuevo Cdigo Procesal Civil, presentado por el gobierno del presidente Sebastin Piera, con fecha 12 de marzo de 2012 (Boletn 8197-07).

    38 CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS AMRICAS, Informe Final Estudio de Anlisis de Trayectoria de las causas civiles de los Tribunales Civiles de Santiago (Santiago, 2011), pp. 51 y 52.

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    ron una duracin promedio que fl ucta entre 500 (sin excepciones) y 1.000 das (con excepciones).

    En efecto, de acuerdo a un estudio sobre trayectoria de causas civiles realizado por CEJA en 2010, se observa que la duracin promedio de un procedimiento ejecutivo con oposicin es de 1.070 das, es decir, casi 3 aos, mientras que en aquellos donde no se registra oposicin de excepciones, la duracin promedio es de 522 das, esto es, prc-ticamente la mitad de lo que demora una causa ejecutiva con oposi-cin39.

    Llama especialmente la atencin de la situacin de los casos sin opo-sicin de excepciones por parte del ejecutado, cuya duracin es de casi un ao y medio, pues ello no se condice con la naturaleza de las gestiones a efectuar que no implican menor complejidad y se redu-cen casi exclusivamente a la realizacin de los bienes del deudor.

    Por otra parte, los datos estadsticos plantean dudas acerca del fun-cionamiento del sistema de justicia civil para responder adecuada-mente a este tipo de casos. Datos estadsticos del ao 2009 prove-nientes del Poder Judicial revelan la alta concentracin de salidas tempranas tngase por no presentada la demanda, demanda sin movimiento o no da curso a la demanda, las que acumulan ms del 96% de las formas de trmino de los procedimientos ejecutivos.

    Conforme a datos de procesos terminados durante el 2009, solo el 1,7% de los casos fi naliza con una respuesta efectiva a la pretensin del demandante, ya sea a travs del pago del crdito (1,3%) o la dic-tacin de una sentencia defi nitiva (0,4%), tal como se puede observar en el siguiente cuadro.40

    39 CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS AMRICAS, Informe Final Estudio de Anlisis de Trayectoria de las causas civiles de los Tribunales Civiles de Santiago (Santiago, 2011), pp. 51 y 52.

    40 CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS AMRICAS, Informe Final Estudio de Anlisis de Trayectoria de las causas civiles de los Tribunales Civiles de Santiago (Santiago, 2011), p. 51.

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  • Tabla 3CAUSAS TERMINADAS POR TIPO DE TRMINO TRAMITADAS POR PROCEDIMIENTO

    EJECUTIVO, CANTIDAD Y PORCENTAJES RELATIVOS Y ACUMULADOS EN EL AO 2009

    Tipo de trmino Total ejecutivo% respecto al

    total% acumulado

    Tngase por no presentada la demanda

    644.166 82,8 82,8

    Demanda sin movimiento 77.913 10,0 92,8

    No da curso a la demanda 26.543 3,4 96,2

    Retiro de demanda 11.917 1,5 97,7

    Pago de crdito 9.906 1,3 99,0

    Sentencia defi nitiva 2.829 0,4 99,4

    Fuente: Base de datos detallada a nivel de rol de cada causa terminada en 2009, CAPJ.

    Al igual que en el caso de Costa Rica, cabe preguntarse, por un parte, por las razones del alto porcentaje de salidas tempranas y, por otra, de la baja proporcin de sentencias y pago de la deuda. En el caso chileno, ello podra explicarse por la normativa tributaria relativa a la incobrabilidad de los crditos. En efecto, el Servicio de Impuestos Internos de Chile exige como uno de los requisitos para admitir la deduccin de castigos el haber agotado prudencialmente los medios de cobro por parte del acreedor, lo que se puede hacer de diversas formas. Si se trata de deudas superiores a 50 Unidades de Fomento se exige haber requerido judicialmente al deudor y haber realizado las actuaciones procesales propias y razonables del procedimiento judi-cial de que se trate41.

    Otro aspecto del actual procedimiento que se cuestiona por los ex-pertos, dice relacin con el exceso de excepciones que puede oponer el ejecutado, en total 18 excepciones. Ello, unido a las difi cultades para notifi car al deudor por falta de informacin acerca de su ubica-cin y al ocultamiento de bienes sobre los cuales trabar el embargo constituye en la prctica obstculos que entorpecen la satisfaccin del crdito por parte del acreedor42.

    41 Circular N 24 de 24 de abril de 2008 sobre Tratamiento tributario del castigo de crditos incobrables. http://www.sii.cl/documentos/circulares/2008/circu24.htm Pgina visitada el 5 de abril de 2011.

    42 Ried, Jos Miguel, Juicio ejecutivo y proteccin del crdito: su impacto en el mundo econmico y comercial, en: Justicia civil y comercial: una reforma pendiente. Bases

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    Desde otro prisma, el deudor tampoco est en mejores condiciones. La defensa del ejecutado tiene un carcter restrictivo, ya que se debe hacer dentro de un trmino fatal muy reducido (4 y 8 das) y con una serie de requisitos para que sea admisible. Por otra parte, el procedi-miento no contempla incentivos para el pago del deudor ni instancias de convenios o acuerdos alternativos, aunque en la prctica se obser-va este tipo de actuaciones en una bajsima proporcin43.

    A ello hay que aadir que en esta materia el sistema chileno est completamente ajeno al uso de tecnologas de la informacin (TICs) para mejorar la efi ciencia de la ejecucin, como ocurre por ejemplo en Costa Rica y Brasil.

    En relacin con el diseo procedimental, al igual que la gran mayora de los pases sin reforma, Chile cuenta con un procedimiento basado en la escrituracin que no incluye siquiera una audiencia en caso de oposicin de excepciones. Todo el procedimiento se lleva a cabo a travs de la lgica del expediente, sin que las partes tengan instancias de encontrarse cara a cara entre ellas ni con el juez de la causa.

    Por ltimo, desde un punto de vista orgnico, el procedimiento est entregado al juez, quien est a cargo de todas las gestiones del proce-dimiento. Colaboran con las tareas ejecutivas, los receptores judicia-les y los martilleros pblicos en tanto auxiliares de la administracin de justicia.

    En este contexto, el proyecto de ley ingresado en marzo de 2012 al Congreso Nacional busca establecer un procedimiento ejecutivo idneo y efi caz para el cobro de los crditos, reconociendo la impor-tancia de esta materia como parte del derecho de acceso a la justicia.

    Sin duda, la mayor innovacin del proyecto es la decisin de desjudi-cializar la ejecucin civil a travs de la incorporacin de la fi gura del ofi cial de ejecucin, quien estar encargado de llevar adelante algu-nas fases del procedimiento ejecutivo. Este agente, cuya adscripcin orgnica an no est defi nida, tiene entre sus funciones la recepcin y control de la solicitud de ejecucin presentada por el acreedor; la emisin de una decisin de ejecucin con la cual se da inicio a la eje-

    para el diseo de la reforma procesal civil, Silva, Jos Pedro; Garca, Jos Francisco y Leturia, Francisco J. (editores) (Santiago, 2006). pp. 485 a 489.

    43 En efecto, las estadsticas judiciales de casos terminados en 2009 dan cuenta que un 0,154% de los casos registra como forma de trmino un avenimiento y un 0,034% una transaccin. CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS AMRICAS, Informe Final Estudio de Anlisis de Trayectoria de las causas civiles de los Tribunales Civiles de Santiago (Santiago, 2011), p. 28.

    196

  • cucin; la notifi cacin de esta decisin; el embargo de bienes del deu-dor y la realizacin de estos, entre otras (artculos 422 y siguientes).

    Una vez notifi cado de la decisin de ejecucin, el deudor podr interponer una demanda de oposicin dentro del plazo de 10 das para ante el tribunal competente, el cual, luego del examen de ad-misibilidad, ordenar la notifi cacin de dicha demanda al acreedor. El ejecutante, a su vez, tendr un plazo de 10 das para contestar de esta demanda.

    Otra de las innovaciones de este proyecto dice relacin con el deber de informacin patrimonial y colaboracin que obliga al deudor a de-clarar bajo juramento ante el ofi cial de ejecucin en forma completa y veraz los bienes sufi cientes de su patrimonio. Ello deber realizarse en el acto de notifi cacin de la decisin de ejecucin y en caso que esta no se efecte oportunamente, incluya bienes de terceros, omita bienes o no d a conocer las cargas o gravmenes que recaen sobre ellos, el juez podr imponerle sanciones conminatorias de hasta 20 UTM a benefi cio del ejecutante, las que podrn repetirse las veces que sea necesario.

    Este deber de colaboracin se extiende a todas las personas y entida-des pblicas o privadas que puedan entregar al ofi cial de ejecucin informacin y documentacin, los que tambin podrn ser objeto de sanciones conminatorias. Se reduce, adems, en forma ostensible el nmero de excepciones que podr oponer el ejecutado, pasando de 18 a solo 6 excepciones. Por ltimo, se regula la posibilidad de aceptar o convenir propuestas alternativas de pago del crdito, acuerdos que debern ser fi rmados ante el ofi cial de ejecucin y que pondr trmino al procedimiento ejecutivo y la posibilidad de acuerdos en la etapa de realizacin de los bienes a travs de planes de enajenacin de los bienes embarga-dos, en los que podr intervenir el ofi cial de ejecucin. El plazo en la oposicin de excepciones aumenta, pudiendo oscilar entre 10 a 30 das segn el lugar donde fuere notifi cado el ejecutado.

    4. Uruguay

    Como ya se ha sealado, Uruguay se encuentra en un escenario dis-tinto si se compara con los otros tres pases objeto del estudio. Ello, pues su sistema de justicia fue pionero en la regin en la introduccin de la oralidad a los procedimientos civiles a travs del Cdigo Gene-ral del Proceso en 1989.

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  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    En relacin con la materia objeto de esta investigacin, es importante precisar que la legislacin uruguaya distingue claramente entre un pro-ceso monitorio de conocimiento no de ejecucin en el que obtenida una sentencia de condena, se sigue luego el proceso de ejecucin.

    El proceso de estructura monitoria (o procedimiento ejecutivo) se consagran en el artculo 351 a 370, mientras que los procesos de eje-cucin se encuentran regulados en los artculos 371 a 406 del Cdigo General del Proceso, sobre la base de tres captulos (disposiciones generales, va de apremio y otras especies de ejecucin).

    Se observan dos etapas principales, una destinada al estudio de la admi-sibilidad de la accin planteada (monitorio o ejecutivo), que comprende una fase escrita (demanda y oposicin) que contempla la realizacin una audiencia en caso de oposicin de excepciones. La otra etapa consiste en la realizacin de las medidas ejecutivas propiamente tales, desde el embargo hasta la liquidacin y pago (proceso de ejecucin)44.

    El modelo orgnico es de corte judicial, entregndose al juez todas las gestiones propias de la ejecucin, sin perjuicio de la asistencia de auxiliares o colaboradores del sistema de administracin de justicia. Uno de ellos es la fi gura del alguacil, funcionario delegado especfi co de la ofi cina judicial, que tiene como funcin practicar todas las diligencias que los jueces les encomienden, en especial aquellas en que por su naturaleza pueda ser necesario el empleo de la fuerza pblica45. En el caso de la ejecucin, el alguacil est a cargo de realizar la traba de embargo46.

    4546

    44 Pereira Campos, Santiago y Labat, Santiago, La Ejecucin Civil. Relato Nacional Por Uruguay. Instituto Iberoamericano De Derecho Procesal. XXII Jornadas Iberoamerica-nas De Derecho Procesal, 26 al 28 de Agosto de 2010, Santiago de Chile.

    45 Artculo 132 de la ley 15.750 orgnica de la judicatura y de organizacin de los tribunales. Los alguaciles debern:

    1) Practicar todas las diligencias que los jueces les encomienden, en especial aquellas en que por su naturaleza pueda ser necesario el empleo de la fuerza p-blica.

    2) Ejecutar a pedido de los interesados y sin necesidad de orden judicial, las in-timaciones de pago, protestas de daos y perjuicios o los actos equivalentes para dejar constancia de la mora del deudor.

    Las diligencias que les fueren ordenadas, debern ser cumplidas bajo la ms severa responsabilidad disciplinaria y en riguroso orden cronolgico, del que solo podrn apartarse mediante orden o autorizacin expresa del juez, la que se extender en el libro respectivo.

    46 Artculo 380.1 Traba y efi cacia. El embargo se decretar por el tribunal y se trabar por el alguacil. Cdigo General del Proceso.

    198

  • En la actualidad la ejecucin civil experimenta problemas similares a otros pases de la regin, principalmente en relacin la duracin de los procedimientos, cuya extensin promedio es superior a un ao. Pese a que el procedimiento ejecutivo post-CGPU tiene una estructu-ra sumaria, se observan importantes demoras para hacer efectivas las etapas posteriores al embargo.

    As lo sostienen los profesores Santiago Pereira y Santiago Labat en el informe sobre ejecucin civil presentado en las XXII Jornadas de De-recho Procesal de 2010, a saber: La duracin del proceso de ejecu-cin suele ser siempre superior a un ao y, en muchos casos, insume varios aos. Las estadsticas que elabora la Suprema Corte de Justicia consideran la duracin del proceso de conocimiento hasta obtener sentencia defi nitiva fi rme pero no existen estadsticas de los procesos de ejecucin47.

    Todo indica que el cuello de botella est en la fase de apremio, es decir, en el proceso de ejecucin, pues el procedimiento ejecutivo (monitorio) demora aproximadamente 3 meses si no se oponen ex-cepciones (lo cual ocurre en ms del 80% de los casos), y si se opo-nen excepciones la duracin es similar a un proceso ordinario (entre 14 y 16 meses, es decir, poco ms de un ao)48.

    Tambin se advierte otro tipo de difi cultades derivadas de la ausencia de normas que regulen la declaracin de bienes del deudor, existiendo un fuerte sistema de secreto bancario, comercial y profesional. Tampo-co se regula la posibilidad de embargar cuentas bancarias del deudor.

    Todo indica que el procedimiento ejecutivo no ha tenido la efi cacia mostrada por el procedimiento declarativo y que urge una reforma en esta rea, de hecho en la actualidad existe en el Parlamento una propuesta legislativa que contiene un conjunto de modifi caciones destinadas a acelerar el procedimiento, entre las cuales hay algunas referidas a los procedimientos de ejecucin.

    En lo medular ellas apuntan a mejorar el sistema actual, dotndolo de mayor celeridad y efectividad y que este se realice a menores costos. Para ello, la propuesta se hace cargo de algunos, tanto de pro-

    47 Pereira Campos, Santiago y Labat, Santiago, La Ejecucin Civil. Relato Nacional Por Uruguay. Instituto Iberoamericano De Derecho Procesal. XXII Jornadas Iberoamerica-nas de Derecho Procesal, 26 al 28 de agosto de 2010, Santiago de Chile.

    48 Comunicacin personal va correo electrnico con Santiago Pereira. 15 de enero de 2012.

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  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    blemas normativos como de orden prctico, generalizando algunas soluciones que se dan en la prctica. Por ejemplo, se perfecciona la regulacin entorno a la factura de venta de mercaderas; se exige que la presentacin de excepciones se realice en forma clara y concreta de modo de evitar maniobras dilatorias; se incorpora el efecto no suspensivo a la apelacin de la resolucin que rechaza in limine las excepciones, entre otras.

    En este proyecto se mantiene la ejecucin en manos del juez, no observndose modifi caciones al modelo orgnico. Sin embargo, los profesores Pereira y Labat consideran que siguiendo las tendencias procesales modernas podra encomendarse a privados o a ofi ciales especializados, con control posterior del juzgado, la realizacin de las medidas ejecutivas propiamente tales49.

    Para fi nalizar, a continuacin se presenta un cuadro que sintetiza la informacin detallada.

    Tabla 4

    Criterio

    ChileUruguayCGPU

    Costa RicaLey

    Cobro Judicial

    Colombia

    CPC PRPC CPC CGPC

    Data legislacin

    1903 2012 1989 2007 1947 2012

    Estructura procedimiento

    EscritoPor

    audienciasPor

    audienciasPor

    audienciasEscrito

    Por audiencias

    Modelo orgnico

    Judicial Pendiente Judicial Judicial Judicial Judicial

    Plazo oposicin excepciones

    4-8 das

    10-30 das 10 das 15 das 10 das 10 das

    Deber de informacin deudor

    No S No No No S

    Facultades de investigar bienes

    No No No No No No

    Posibilidad de acuerdos partes

    No S No S No S

    Procedimiento monitorio

    No S Si S No S

    Incorporacin TICs

    No No No No No S

    Fuente: Elaboracin propia.

    49 Ibd.

    200

  • V. SISTEMATIZACIN Y CONCLUSIONES

    El objetivo del estudio realizado fue analizar la situacin actual de los sistemas de ejecucin civil en algunos pases de la regin, de modo de determinar los aspectos claves que debiesen ser consideradores en un proceso de reforma judicial.

    Luego de conocer el estado actual de varios pases de la regin en materia de ejecucin civil, es posible dar respuesta a algunas pregun-tas que nos permiten conformar una visin panormica del estado de la cuestin.

    Por ejemplo, al inicio de este estudio nos preguntbamos: Cul es el peso de los juicios ejecutivos en la composicin del litigio civil? Qu caractersticas tienen los procedimientos ejecutivos? Se basan en la oralidad o en la escrituracin? Cmo opera en la prctica? Son rpidos y efi cientes o en cambio tienen una duracin ms all de lo razonable? Qu modelo orgnico es el predominante? Prima un modelo judicial u otro? Las nuevas reformas incorporan las tenden-cias procesales europeas de desjudicializacin de la ejecucin?

    A continuacin se presentan un conjunto de refl exiones que a prop-sito de los datos recabados en materia de ejecucin a nivel regional pretenden presentar una mirada global del estado del arte en nuestros pases, seguidas de algunas propuestas que buscan contribuir a mejo-rar los procesos de reforma en curso.

    1. Refl exiones en torno al estado del arte de la ejecucin

    Varios puntos surgen del estudio de los datos recopilados, los que sin tener la pretensin de ser exhaustivos y defi nitivos, nos muestran, en trminos generales, la cara de nuestros procedimientos ejecutivos.

    a. Distribucin del ingreso de los asuntos civiles

    Podemos comenzar sealando que en los pases de la regin ms de la mitad de la carga de la justicia civil corresponde a cobranza de deudas50. Algunos escapan a esta cifra y alcanzan a un 88%, como

    50 Villadiego, Carolina. Los sistemas de justicia no penal en Amrica Latina: Estructura y datos de la justicia civil-mercantil, laboral, de familia y contencioso administrativa, Informe Final, CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS AMRICAS. Diciembre de 2012.

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    sucede en Costa Rica, y en otros, como Bolivia, solo llega a un 9%, tal como se observa en el siguiente cuadro51.

    Grfi co 2

    Estos ndices de ingreso de causas pueden explicar la percepcin de los actores del sistema que gran parte de la congestin de los tribuna-les obedece al alto nmero de causas ejecutivas. Como se observa de los cuatro pases estudiados, Costa Rica y Colombia presentan por-centajes de ingresos sobre el 50%.

    b. Excesiva duracin de los procedimientos ejecutivos

    La evidencia emprica muestra que en varios pases la ejecucin dista de ser efi ciente y gil, sino que, por el contrario, exhibe una duracin excesiva que se aleja de los parmetros planteados por la jurispruden-cia internacional de los derechos humanos.

    Por ejemplo, en Uruguay la duracin de los procedimientos ejecuti-vos es superior a un ao, como ya se mencionara, y en Chile la situa-cin es similar, la duracin promedio fl ucta en promedio entre un ao y medio (si no se oponen excepciones) y tres aos (con excep-ciones). Llama especialmente la atencin la demora de los casos sin oposicin de excepciones, toda vez que no hay controversia alguna entre partes y el procedimiento se reduce casi exclusivamente a los trmites propios de la realizacin de los bienes.

    Es importante considerar que la demora per se, cualquiera sea el pro-cedimiento de que se trate, constituye una barrera de acceso a la jus-

    51 Ibd.

    202

  • ticia o tutela judicial efectiva (justicia retardada, justicia denegada), pero en el caso de los procedimientos ejecutivos ello resulta an ms relevante. Ello, pues ataca directamente el derecho del deudor a obte-ner la satisfaccin de su crdito en forma oportuna y produce efectos sistmicos que impactan a corto o mediano plazo al sistema fi nancie-ro y productivo de un pas.

    Si bien la demora en la ejecucin puede deberse a problemas de funcionamiento de los sistemas judiciales, excesivamente burocr-ticos y formalistas, ello tambin puede explicarse en algunos casos por la situacin econmica en que se encuentra el deudor, en par-ticular aquel que carece de bienes sufi cientes para responder a la obligacin. Durante el curso de un procedimiento ejecutivo y ante un primer intento de embargo fallido, el acreedor realiza nuevas ave-riguaciones para dar con el paradero de algn otro bien, y as sucesi-vamente, lo que puede prolongar la tramitacin del asunto en forma excesiva y, en muchos casos, sin xito. Esta situacin puede explicar tal vez el bajo porcentaje de casos que fi nalizan con sentencia de trmino o pago efectivo de la deuda, tal como se pudo apreciar en el caso chileno y costarricense.

    Aunque se trata de una dimensin que escapa del funcionamiento de sistema o de la adecuacin del procedimiento ejecutivo como instru-mento procesal que tiene que ver ms bien con problemas sociales y econmicos que afectan a un nmero importante de la poblacin de los pases latinoamericanos, considero que se trata de un rea intere-sante de ser explorada de modo de evaluar la correlacin que existe entre la efi cacia del sistema y el perfi l de los litigantes.

    c. Baja tasa de oposicin de excepciones

    Por otra parte, resulta interesante reparar en un punto que tienen en comn varios pases latinoamericanos, esto es, la baja tasa de oposi-cin de excepciones por parte del ejecutado. Los datos muestran que en general no alcanza a ms de un 10% de los casos, como sucede por ejemplo en Costa Rica52. En Chile no supera el 3% a 5%53, mien-tras que en Argentina alcanza al 28% de los casos54.

    52 Comunicacin personal con Gerardo Parajeles. 10 de diciembre de 2012.53 CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS AMRICAS, Informe Final Estudio de Anlisis de

    Trayectoria de las causas civiles de los Tribunales Civiles de Santiago (Santiago, 2011).

    54 Chayer, Hctor y Elena, Sandra,, Innovacin en la Justicia Civil, CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS AMRICAS, pp. 283 a 294.

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    Estos datos muestran la escasa controversia que plantean este tipo de asuntos, si el deudor no se opone, la gran parte de las gestiones judiciales se reducen a los trmites propios de la realizacin de los bienes (embargo, retiro, subasta, liquidacin, etc.) y que cuestionan la necesidad de la intervencin judicial en todas las fases del proce-dimiento.

    Ello tambin puede explicarse por la capacidad de los litigantes para responder adecuadamente en tiempo y forma ante una demanda ejecutiva, especialmente si se trata de deudores de escasos recursos que deben acudir a la asistencia jurdica gratuita para defender en el juicio.

    d. Diseo procedimental basado en la escrituracin

    En relacin al diseo de los procedimientos debemos sealar que va-rios pases de la regin mantiene procedimientos basados en la escri-turacin y formalismo, lo que explica por qu nuestros procedimien-tos encuentran sus bases en el proceso romano o comn de la Edad Media, que rega al proceso espaol, que no incorpor los cambios a la estructura del proceso que trajo consigo la Revolucin Francesa, como la oralidad y la publicidad, la preeminencia del principio de contrariedad y la libre conviccin como mecanismo de valoracin de la prueba.

    No obstante lo anterior, desde un tiempo a esta parte se observa una fuerte tendencia hacia la oralidad de los procedimientos, lo que se ha visto plasmado en las reformas que han experimentado varios pases en los ltimos aos, como por ejemplo en Uruguay desde 1989 y ms recientemente en El Salvador y Honduras, y en otros, que se encuen-tran en fase de cambio, como sucede en Colombia.

    e. Modelo orgnico judicial En relacin con la estructura orgnica se constata una primaca casi absoluta del modelo judicial, es decir, es el juez quien concentra to-das las funciones ejecutivas, aun cuando en la puesta en prctica de varias gestiones obtenga la colaboracin de organismos auxiliares de la administracin de justicia. No se observan cambios sustanciales en este aspecto.

    Ello se explica nuevamente por la tradicin espaola que marca nues-tras legislaciones y que no ha innovado mayormente en este tema. En efecto, es importante destacar que pese a que en los ltimos aos la

    204

  • Ley de Enjuiciamiento Civil ha sido objeto de reformas, estas no han seguido la tendencia europea de la desjudicializacin, mantenindo-se el sistema de ejecucin en manos de la judicatura.

    En la bsqueda de modernizar el sistema de justicia civil espaol y dotarlo de mayor agilidad, en el 2009 se aprob una reforma con-sistente en la aprobacin de dos leyes: (a) la Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la legislacin procesal para la implantacin de la nueva Ofi cina Judicial, y (b) la Ley Orgnica 1/2009 de 3 de noviembre, complementaria de la anterior, y por la que se modifi ca la Ley Orgnica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial.

    Esta reforma incorpor, entre otros aspectos, la implementacin de un nuevo modelo organizativo a travs de la Ofi cina Judicial y modi-fi ca la distribucin de funciones entre el juez y el secretario judicial del tribunal, entregando a este ltimo facultades de acordar los me-dios o instrumentos ejecutivos previstos en la ley para que la ejecu-cin sea judicialmente despachada (art. 545.4 LEC)55.

    f. Problemas de ndole prctico

    Se observa tambin algunos problemas en la operacin prctica del sistema judicial que hacen que el procedimiento ejecutivo muchas veces no logre su objetivo la satisfaccin del crdito del acreedor o que este se logre en mucho tiempo, atentando contra el derecho a un proceso en un plazo razonable.

    La literatura revisada muestra ciertas difi cultades que parecen ser comunes en la regin. Por ejemplo, se constatan serios problemas para notifi car al deudor por falta de informacin acerca de su ubi-cacin o paradero. Lo mismo ocurre en relacin a la determinacin de su patrimonio, lo que difi cultan la traba del embargo, ya sea por prcticas destinadas al ocultamiento de bienes a travs de maniobras fraudulentas o por medio de acciones legales que permiten eludir las obligaciones contradas, como por ejemplo el traspaso de bienes a terceros.

    Una forma de paliar estas malas prcticas lo constituye la regulacin, por una parte, del deber de informacin, transparencia y colabora-

    55 Ley Orgnica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislacin procesal para la implantacin de la nueva Ofi cina Judicial, por la que se modifi ca la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

    205

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    cin del deudor que se recoge por ejemplo en la actual legislacin de El Salvador, de Honduras y en la Ley de Cobro Judicial de Costa Rica. Por otro lado, ello tambin se puede evitar otorgando facultades al juez o al rgano o agente encargado de la ejecucin para investigar el patrimonio del deudor, inquiriendo informacin a organismos p-blicos o privados.

    Un factor adicional y que agudiza este tipo de prcticas dice relacin con la existencia de sistemas registrales defi cientes y/o parciales o respecto de los cuales no es posible acceder fcilmente por parte del ejecutante o por el propio tribunal, en virtud del secreto bancario que rige en varias de nuestras legislaciones.

    Tambin se reportan malas prcticas en la etapa de subasta de los bienes, donde parece ser comn la presencia de empresas dedicadas a la adquisicin, principalmente de bienes races en remates judicia-les (verdaderas mafi as dicen algunos) que acceden a los inmuebles a muy bajo precio. En general, la percepcin es de una enorme falta de transparencia y de gran opacidad del sistema que termina perju-dicando tanto al acreedor y como al deudor56. Al acreedor, porque probablemente no ver satisfecho su crdito en forma completa, y al ejecutado, porque pese a la ejecucin efectuada podra seguir en deuda con el ejecutante y en una situacin econmica desmejorada.

    g. Escasa incorporacin de tecnologas de la informacin (TICs)

    En materia ejecutiva, salvo excepciones, los sistemas de ejecucin civil de la regin estn ajenos al uso de tecnologas de la informacin (TICs) para mejorar la efi ciencia de la ejecucin.

    Escapan a esta regla, pases como Brasil, que con el fi n de aumentar la efectividad de la ejecucin de las sentencias opera el embargo on line por medio del sistema Bacen-Jud; la refusin on line de declaraciones de bienes y derechos y la consulta y bloqueo de vehculos motorizados por el Departamento de Trnsito de cada estado brasileo, entre otros57.

    56 Chayer, Hctor y Elena, Sandra, Innovacin en la Justicia Civil, CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS AMRICAS, pp. 283 a 294.

    57 Feil Ponciano, Vera Luca. Mecanismos para aumentar la efectividad de la ejecucin de sentencia en el proceso civil brasilero. En: Justicia Civil: Perspectivas para una reforma en Amrica Latina. CENTRO DE ESTUDIOS DE LA JUSTICIA DE LAS AMRICAS (CEJA), Santiago, 2008. pp. 343-354.

    206

  • Lo mismo ocurre con Costa Rica, que con la Ley de Cobro Judicial de 2007 incorpor el expediente electrnico, la fi rma hologrfi ca y el embargo on line.

    h. Algunos elementos de contexto

    Por ltimo, es importante en este diagnstico tener presente algunos elementos de contexto que merecen especial atencin. En general, en nuestros pases las actuales condiciones imperantes en la actividad contractual y acceso al crdito son muy distintas a las existentes a la poca de promulgacin de los originales cdigos de procedimiento civil. El legislador nacional concibi las normas sobre ejecucin para ser aplicadas a una realidad en que la actividad contractual era inci-piente y el acceso al crdito era limitado.

    En cambio hoy la actividad comercial se caracteriza, entre otras co-sas, por la contratacin en masa y la celeridad en los negocios. La contratacin masiva o en serie imprime a la actividad comercial ra-pidez y agilidad, para lo cual se ha tendido hacia la estandarizacin de convenios, la simplifi cacin de las formas y la disminucin de las medidas tendientes a asegurar el cumplimiento del contrato58.

    Este progresivo aumento de la actividad comercial y del acceso al crdito ha conllevado a una democratizacin del consumo, pero tambin a altas tasas de sobreendeudamiento. Por ejemplo, en el caso chileno, y conforme a los datos proporcionados por el Banco Central de Chile, entre el 2003 y el 2008 el nmero de deudores aument en un 55% y el monto promedio de la deuda en un 34%, siendo los bancos uno de los principales proveedores de fi nanciamiento (72%)59.

    58 Ried, Jos Miguel, Juicio ejecutivo y proteccin del crdito: su impacto en el mundo econmico y comercial, en: Justicia civil y comercial: una reforma pendiente. Bases para el diseo de la reforma procesal civil, Silva, Jos Pedro; Garca, Jos Francisco y Leturia, Francisco J. (editores) (Santiago, 2006), p. 483.

    59 Ley 20.575 que establece el principio de finalidad en el tratamiento de datos personales publicada en el Diario Ofi cial el 17 de febrero de 2012. Esta ley, ms conocida como la Ley DICOM, establece el principio de fi nalidad en el tratamiento de datos personales, con el fi n de asegurar que los sistemas de registro de deudas sean usados para evaluar riesgos y no con otros fi nes, cambiando la forma de utilizar y comunicar los datos comerciales de las personas que se aplicaba hasta ahora. En el caso de las deudas personas, dispone en el artculo segundo transitorio lo que se ha denominado el Perdonazo Bicentenario que borra de las listas de morosos a todas las personas que registren deudas inferiores a los $2.500.000 antes del 31 de diciembre de 2011. www.bcn.cl Pgina visitada el 25 de julio de 2012.

    207

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  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    El impacto de estos cambios en el sistema judicial no ha sido objeto de estudio, de modo que no es posible hacer una correlacin entre el aumento de la actividad comercial y la demanda por justicia. Sin embargo, no cabe duda que este nuevo escenario de acceso masivo al crdito y el consecuente endeudamiento deben ser considerados por el legislador a la hora de disear nuevos procedimientos ejecutivos en el marco de los procesos de reforma a la justicia civil en desarrollo.

    2. Algunas propuestas

    Un sistema de ejecucin coherente con el paradigma de los derechos fundamentales exige el respeto y proteccin de los derechos de todos los intervinientes en el proceso. En efecto, no solo se trata de cautelar los derechos del acreedor a obtener la satisfaccin de su crdito, sino tambin los derechos del deudor, quien tambin est protegido por garantas constitucionales.

    Burkhard Hess distingue dos grandes objetivos de poltica pblica desde los cuales abordar la ejecucin civil: (a) como un mecanismo efi ciente para asegurar el cobro de deudas, o (b) como un sistema balanceado entre acreedores y deudores60, que permita compatibili-zar el derecho a la satisfaccin del crdito del acreedor con la protec-cin de los derechos del deudor, de modo de evitar abusos de una u otra parte durante el desarrollo del procedimiento de ejecucin.

    En este contexto, es que parece necesario refl exionar en cmo alcanzar ese delicado equilibrio entre la agilidad y rapidez de la ejecucin y respeto de los derechos de ambas partes, pero en especial del deudor.

    Me parece que un punto de partida para avanzar hacia ese equilibrio es la consideracin de la ejecucin como parte integrante del dere-cho fundamental de acceso a la justicia. Por ello, consideramos que resulta necesario incorporar en el marco del debate doctrinario y jurisprudencial nacional la nocin de que la ejecucin forzada inte-gra el derecho de acceso a la justicia, el cual no se agota en la con-currencia a los tribunales de justicia. Ello es una condicin esencial, pero no sufi ciente para que los justiciables vean satisfechos en forma completa y efi caz sus derechos.

    60 Hess, Burkhard, Different enforcement structures, en: Enforcement and enforceability-Tradition and reform (editors Van Rhee, C.H. y Uzelac, A.) (Oxford, 2010), p. 53.

    208

  • En este sentido, la expresin que usa Hctor Chayer y Sandra Elena en un artculo sobre procesos de ejecucin de sentencias resulta, a mi juicio, especialmente elocuente: triunfar en las cortes es solo la mitad de la batalla.

    A lo largo de este documento ya se han ido esbozando algunas ideas, las que en esta fase fi nal del documento queremos plantear como propuestas o iniciativas de mejora de cara a procesos de reformas ju-diciales que experimenta la regin.

    En primer lugar, se propone estudiar la posibilidad de tender hacia la desjudicializacin de algunas fases del procedimiento de ejecucin. A mi juicio, es posible disear procedimientos en que aquellas fases que carecen de controversia estn a cargo de rganos o agentes dis-tintos del juez, los llamados ofi ciales de ejecucin.

    Cualquiera sea el modelo que se pueda adoptar, lo cierto es que en-tregar por ejemplo las tareas propias de la realizacin de bienes a un profesional especializado puede traer importantes benefi cios en trminos de tiempo y resultados, tanto para los justiciables, en par-ticular para el acreedor, como para el sistema de justicia en general. Ello, pues signifi ca restar una enorme carga de trabajo a los tribunales de justicia, pero tambin porque signifi ca profesionalizar una activi-dad que en general ha quedado entregada a distintos rganos o agen-tes (jueces, funcionarios judiciales, auxiliares de la administracin de justicia) no especializados y que cumplen una multiplicidad de funciones. Este modelo orgnico, como hemos visto, hasta el momen-to se contempla solo en el proyecto de ley chileno, aunque es justo sealar que an no se defi ne con precisin la forma orgnica que adoptar en defi nitiva.

    Desde luego, una reforma de esta envergadura exige pensar detenida-mente en el modelo orgnico a crear, pues hay varias opciones que se pueden asumir con sus correspondientes consecuencias. Por ejemplo, ser necesario determinar la adscripcin de estos ofi ciales, la forma de seleccin y nombramiento, las exigencias de califi cacin profe-sional y de experiencia deseable, el rgimen de control y supervisin al que estarn afectos y la forma de remuneracin de sus funciones, entre muchas otras.

    Otro aspecto clave en el diseo de un modelo de estas caractersticas se refi ere a la vinculacin entre ofi ciales de ejecucin y judicatura. Ello, pues cualquiera que sea el modelo adoptado, la relacin juez-

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  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    ofi cial estar presente en diversos momentos y su intensidad depen-der de las funciones que la legislacin aplicable le otorgue a cada uno de ellos. No cabe duda que, por ejemplo, en modelos judiciales atenuados, el rol del juez es preponderante o casi exclusivo, concen-trando en esta fi gura gran parte de las tareas ejecutivas, mientras que en modelos de profesionales liberales o desjudicializados, estas tareas sern distribuidas entre ambos actores.

    Pero unido a lo anterior, el juez cumple una funcin de control y fi scalizacin del ofi cial de ejecucin en cada procedimiento ejecu-tivo particular, pudiendo intervenir en distintas instancias, segn el modelo y las funciones asignadas. Ello, sin perjuicio del control que puedan ejercer desde una perspectiva tica y disciplinaria las aso-ciaciones profesionales de ofi ciales de ejecucin y el Poder Ejecutivo a travs, por ejemplo, del Ministerio de Justicia, en tanto ente regula-dor de la capacitacin y registro de nuevos ofi ciales.

    En segundo lugar, no hay dudas que los nuevos procedimientos de-bieran estructurarse sobre la base de la oralidad y, en consecuencia, de la inmediacin, la contradiccin y la publicidad. Esta parece ser hasta ahora la tendencia seguida por las reformas ya implementadas y las que estn en curso. Lo anterior resulta coherente con el mo-delo procesal que prima en nuestros pases en materia penal y que ha mostrado, en general, efectos positivos desde una perspectiva de transparencia y legitimidad del sistema judicial. Ello se observa con fuerza en las legislaciones reformadas, como hemos visto a lo largo de este informe.

    Es importante sealar, sin embargo, que en el marco de un procedi-miento de estas caractersticas en que se persigue el cumplimiento de una obligacin que consta en un ttulo indubitado en forma fe-haciente, las audiencias debieran limitarse solo a aquellos casos en que efectivamente se produzca controversia entre partes, como se ha regulado, por ejemplo, en el sistema costarricense. En otras palabras, la audiencia debe operar como un dispositivo de ultima ratio, ligado exclusivamente a la discusin y prueba de las excepciones, si las hay, o a otros debates que ameriten la intervencin judicial en un escena-rio de contradiccin y publicidad.

    A ello hay que aadir que los procedimientos por audiencias traen como consecuencia una mayor celeridad de las actuaciones judicia-les, lo que permite romper con uno de los principales problemas que hoy se observan en nuestros sistemas procesales civiles, en general,

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  • y en la ejecucin, en particular, cual es la extensa duracin de los procedimientos ejecutivos. La excesiva dilacin de los procedimien-tos vulnera el derecho de las partes a un proceso desarrollado en un plazo razonable, lo que en el caso de la ejecucin, la demora resulta an ms grave, pues estamos frente a personas que cuentan ya con un derecho reconocido (ya sea judicialmente o no) y que no desean ms que hacerlo efectivo y ver su concrecin prctica.

    Por ltimo, cabe sealar que los procedimientos por audiencias per-miten adems un importante ahorro de recursos fi scales, desde el mo-mento que se potencia la concentracin de las actuaciones judiciales.

    En tercer lugar, es preciso avanzar hacia el reconocimiento explcito de los derechos y deberes del acreedor y del deudor en forma balan-ceada. En la actualidad nada de ello se regula y la prctica muestra que las maniobras abusivas del deudor, como la ocultacin o traspaso de bienes, no tienen sancin alguna.

    El acreedor tiene derecho a la satisfaccin de su crdito en un proceso razonable, razn por la cual el deudor tiene el deber de cumplir con la informacin, transparencia y colaboracin con el proceso. Pero, como contrapartida, el ejecutado tiene derecho a que la agresin pa-trimonial que se inicia sea proporcional a lo adeudado y no se extien-da a ms bienes de los necesarios para responder a la obligacin.

    Ello supone no solo establecer un catlogo de derechos y deberes, sino que disear un sistema de incentivos (o desincentivos) lo su-fi cientemente persuasivo que lleve a las partes a cumplir con tales deberes, otorgando al juez de la facultad de sancionar al litigante in-fractor, tal como se observa en la legislacin de El salvador y de Hon-duras a propsito del deber de informacin que pesa sobre el deudor.

    En cuarto lugar, y acorde con la necesidad de conocer bienes sufi -cientes del deudor, parece razonable entregar al rgano o agente de ejecucin amplias facultades de investigacin. Decimos rgano o agente de ejecucin, pues dependiendo del modelo orgnico adop-tado, estas facultades se le entregarn al juez y/o al ofi cial de ejecu-cin, en su caso.

    Sin embargo, en cualquier caso, se trata de dotar al agente respectivo de las debidas potestades para recabar informacin en forma directa al ejecutado o a otros organismos y personas que puedan proveerla, en cuanto esta sea relevante y necesaria para confi gurar el mapa del

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    estado patrimonial del ejecutado. En efecto, la experiencia compara-da muestra que, en general, el agente u rgano de ejecucin obtener informacin de variadas fuentes, por ejemplo, de registros del em-pleador del deudor, de archivos municipales y de registros pblicos (cmaras de comercio, de inscripcin de vehculos), como sucede en Holanda y Blgica61. En la regin, ello se observa en el caso de Costa Rica y en el proyecto de ley que se discute en el Congreso Nacional chileno.

    Existen distintos grados de requerimiento de informacin, por ejem-plo, una cosa es solicitar a una entidad bancaria que seale si el deu-dor posee cuentas corrientes y otra muy distinta es que requerir infor-macin acerca de los depsitos y montos que ellas contienen. Ello va a depender nuevamente de la legislacin existente en cada pas y la regulacin del secreto bancario, que en algunas legislaciones imp ide a los bancos y entidades fi nancieras dar a conocer informacin sobre depsitos y captaciones a terceros, quienes solo pueden proveer de informacin a los dueos del dinero y a las personas que ellos han autorizado.

    Lo anterior supone no solo el acceso a la informacin, sino que tam-bin la posibilidad del juez de aplicar medidas de coercin de ndole pecuniaria como las astreintes para que dicha informacin sea pro-vista. Este tipo de medidas puede aplicarse tanto al deudor renuente de entregar informacin como a terceras personas que se encuentren en la misma situacin.

    En quinto lugar, parece imprescindible ofrecer instancias de acuerdos entre las partes para convenios de pago y forma de enajenacin de los bienes. La experiencia indica que no son pocos los casos en que el deudor que est llano a cumplir la obligacin, pero en el momento del requerimiento de pago no se encuentra en condiciones de hacerlo y requiere de plazos o ciertas facilidades para concretarlo.

    En la prctica este tipo de deudores se acerca en forma personal al acreedor y convienen acuerdos de pago que ponen fi n al proceso judicial iniciado. Sin embargo, se trata de gestiones directas entre las partes sin la intervencin de autoridad alguna, de modo tal que de no

    61 Perez Ragone, lvaro, El modelo orgnico de la ejecucin civil desjudicializada desde el punto de vista del Derecho comparado: Mitos y realidades de la desjudicializacin, Revista de Derecho de la Pontifi cia Universidad Catlica de Valparaso, Valparaso, n. 38, julio de 2012.

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  • existir iniciativa de la parte deudora estos acuerdos no podran mate-rializarse.

    Cabe sealar que en varios pases europeos en que prima el modelo liberal, el ofi cial de ejecucin acta incluso en forma previa al juicio, instando al pago o acuerdos amistosos, de modo de evitar la judicia-lizacin.

    Por ello parece necesario que las reformas en marcha puedan incluir instancias formales de conciliacin o mediacin para que las partes puedan negociar y evaluar alternativas a cargo del tribunal o del r-gano encargado de la ejecucin, quien actuar como un experto faci-litador. Ello supone, como es dable imaginar, que este tercero maneje ciertas habilidades y destrezas mnimas para permitir la comunica-cin y la bsqueda de acuerdos entre las partes.

    En relacin a la oportunidad, sera deseable que este tipo de gestiones pudieran llevarse a cabo una vez requerido de pago al deudor y en la audiencia en que resolvern las excepciones, si es que la hubiera.

    En defi nitiva, se aboga por un sistema de ejecucin capaz de resol-ver en forma adecuada la difcil ecuacin entre rapidez y respeto de los derechos de las personas. Esta aspiracin no solo es exigible a los procedimientos ejecutivos, sino que a todo el sistema judicial de nuestros pases, de modo de dar cabal cumplimiento a las distintas dimensiones que supone el derecho fundamental de acceso a la justi-cia o tutela judicial efectiva.

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    Ley 1564 de 12 de julio de 2012 por medio de la cual se expide el Cdigo General del Proceso y se dictan otras disposiciones.

    Cdigo General del Proceso de la Repblica Oriental del Uruguay. Ley 15.982 de 18 de octubre de 1988 vigente a partir del 20 de noviembre de 1989.

    Ley 8642 de Cobro Judicial de 7 de octubre de 2007. Entr en vigencia seis meses despus, el 20 de mayo de 2008.

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    INVESTIGACIN EXPLORATORIA SOBRE LA EJECUCIN CIVIL EN AMRICA LATINA

  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    Ley 20.575 que establece el principio de fi nalidad en el tratamiento de datos personales publicada en el Diario Ofi cial el 17 de febrero de 2012.

    Ley Orgnica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislacin procesal para la implantacin de la nueva Ofi cina Judicial, por la que se modifi ca la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

    Ley 15.750 orgnica de la judicatura y de organizacin de los tribunales de Uruguay.

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    Jurisprudencia

    Corte IDH. Caso de La Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, Sentencia de 31 de enero de 2006.

    Corte IDH. Caso de la Masacre de Mapiripn vs. Colombia, Sentencia de septiembre de 2005.

    Corte IDH. Caso Garca Asto y Ramrez Rojas vs. Per, sentencia de 25 de noviembre de 2005.

    Corte IDH. Caso Balden Garca vs. Per, Sentencia de 6 de abril de 2006.

    Corte IDH. Caso Lpez lvarez vs. Honduras, Sentencia de 1 de febrero de 2006.

    Corte EDH. Caso Olsby vs. Suecia, Sentencia de 21 de junio de 2012.

    Corte EDH. Hornsby vs. Grecia. Sentencia de 19 de marzo de 1997.

    Corte EDH. Soering vs. Reino Unido. Sentencia de 7 de julio de 1989.

    Corte EDH. Caso Guincho vs. Portugal. Sentencia de 10 de julio de 1984.

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  • MODELOS DE EJECUCIN DE SENTENCIAS CIVILES EN EUROPA: EXPERIENCIAS PARA LA IMPLEMENTACIN DE REFORMAS

    NATALIE J. REYES1

    RESUMEN EJECUTIVO

    La efi caz ejecucin de las sentencias civiles es fundamental para el debido funcionamiento de un juicio justo y un Estado de Derecho. Este informe ofrece un anlisis del funcionamiento de diferentes mo-delos de ejecucin en Europa con el fi n de proporcionar orientacin a los pases que deseen implementar reformas en esta materia. En ge-neral, se puede decir que existen cuatro modelos centrales de ejecu-cin en materia civil: el modelo judicial, el modelo liberal, el modelo mixto y el modelo administrativo. Estos se defi nen en base del ente, o ejecutor, que tiene la responsabilidad primordial de llevar a cabo las medidas de ejecucin. Se empieza por examinar estos modelos a grandes rasgos y las tendencias que se observan en ellos. Luego, se examina en profundidad los aspectos orgnicos de los modelos de ejecucin de cuatro pases de Europa que cuentan con modelos desjudicializados: Francia (modelo liberal), Alemania (modelo mixto), Inglaterra (modelo mixto) y Suecia (modelo administrativo). En estos pases los aspectos orgnicos que se examinan son los actores invo-lucrados en la ejecucin, el ejecutor o ejecutores, las estructuras de honorarios y la remuneracin del ejecutor y el acceso a la informa-cin sobre el patrimonio del deudor. Finalmente, se analizan estos re-sultados, se examina el rol del juez en un sistema desjudicializado, se discuten las buenas prcticas para los sistemas de ejecucin civil y se proponen algunas consideraciones para la implementacin de refor-

    1 Abogada (J.D.) de la NYU School of Law y Bachiller de Ciencia (B.S.) de la Ford-ham University en Nueva York. Consultora Internacional del CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS AMRICAS desde 2010.

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  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    mas en materia de ejecucin. Cabe destacar que las buenas prcticas examinadas se tornan en que primero los incentivos de remuneracin y la estructura del negocio requieren ser cuidadosamente controlados para incentivar que la ejecucin se lleve a cabo de manera efi ciente y justa. Segundo, un sistema de ejecucin debe contar con medidas de control y requisitos profesionales del ejecutor. Tercero, es fundamen-tal que el Estado coopere en otorgar al ejecutor acceso a informacin sobre el patrimonio del deudor para que pueda llevarse a cabo efec-tivamente la tarea de ejecucin. Y cuarto, es importante generar con-diciones para que exista confi anza entre el juez y el ejecutor en un sistema desjudicializado.

    INTRODUCCIN

    Se ha llegado a decir que el huissier de justice puede ser una de las personas menos apreciadas en la raza humana2. Esto no es demasiado sorprendente debido a la naturaleza de su trabajo: el huissier de justi-ce francs, o su equivalente en otros pases europeos, es el responsa-ble de ejecutar las sentencias civiles y otros ttulos ejecutivos contra los deudores. Su trabajo puede incluir la notifi cacin de citacin, la incautacin y venta de bienes, y el embargo de las cuentas bancarias del deudor. En la experiencia internacional, varios actores pueden actuar como ejecutores en este sentido: el Gerichtsvollzieher y Re-chtspfl eger en Alemania, el High Court Enforcement Offi cer y Bailiff en Inglaterra y Gales, y el Kronofogde y Kronoinspektr en Suecia. Aqu surgen los siguientes interrogantes: Quines son estas fi guras? Cul es su relacin con los sistemas judiciales de los pases en los que operan? Cmo se les paga por sus servicios? y Qu nivel de ac-ceso a la informacin sobre los bienes del deudor se les concede en virtud de su papel en la ejecucin? Las respuestas a estas preguntas pueden proporcionar un punto de partida a la hora de examinar la efi cacia de la ejecucin en materia civil.

    La jurisprudencia internacional ha reconocido que la ejecucin justa y efi caz de las resoluciones judiciales es una de las exigencias del derecho a un juicio justo3. El hecho de que una decisin judicial fi nal

    2 C.H. van Rhee, The History of the Huissier de Justice in the Low Countries, Maas-tricht European Private Law Institute, Maastricht University Faculty of Law, pp. 3-4 (2011).

    3 Vase, inter alia, Silvia Pontes vs. Portugal, Sentencia de 23 de marzo de 1994, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Series A no. 286-A; Zappia vs. Italy, Sentencia de 26 de septiembre de 1996, Tribunal Europeo de Derechos Humanos,

    218

  • sea inoperativa no solo contraviene este derecho, sino que tambin da lugar a la desconfi anza hacia los tribunales, desafa el xito de las reformas judiciales y deja espacio para la corrupcin dentro del siste-ma judicial. La ejecucin efectiva, por lo tanto, es fundamental para el Estado de Derecho.

    Al examinar el funcionamiento de un sistema de ejecucin, un com-ponente clave para evaluarlo es el ente responsable de llevar a cabo las medidas de ejecucin. Este informe analiza esta fi gura en la expe-riencia comparada en Europa, con el fi n de proporcionar orientacin a los pases que deseen implementar reformas. Se centrar en los mo-delos orgnicos de la ejecucin de sentencias civiles de Europa, y en particular sobre quien lleva a cabo el proceso de ejecucin.

    El Consejo de Europa defi ne un agente de ejecucin como una persona autorizada por el Estado para llevar a cabo el proceso de ejecucin independientemente de si esa persona est empleada por el Estado o no4. A pesar del uso comn del trmino agente en este mbito, en muchos casos las personas empleadas en actividades de ejecucin operan como funcionarios de los tribunales y no se con-sideran debidamente como un agente en Amrica Latina5. Debido al amplio espectro de individuos a los que se les concede autoridad para llevar a cabo la ejecucin, el grado variable del poder de ejecu-cin y la responsabilidad que cada uno de estos individuos tiene, este informe utiliza de manera amplia el trmino ejecutor para referirse a la persona autorizada por el Estado para llevar a cabo el proceso de ejecucin. En este sentido, los Estados tambin utilizan diferentes t-tulos para el cargo de ejecutor: pueden ser agentes u ofi ciales de eje-cucin, agentes judiciales, aguaciles, o diferentes tipos de funciona-rios judiciales. Esta disparidad a la hora de referirse al ejecutor puede verse en pases como Inglaterra o Alemania, en los que se dividen las responsabilidades de ejecucin y existe ms que un tipo de ejecutor.

    Reportes 1996-IV; Hornsby vs. Greece, Sentencia de 19 de marzo de 1997, Tribu-nal Europeo de Derechos Humanos, Reportes 1997-II. Para una discusin completa sobre el reconocimiento de la ejecucin de sentencias como elemento integrante del derecho a un juicio justo en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Dere-chos Humanos, vase Keith Henderson y Peter Kahn, Barriers to the Enforcement of Court Judgments and the Rule of Law, International Foundation for Electoral Systems (IFES), p. 4-14 (2003).

    4 Consejo de Europa, Comit de Ministros, Recommendation Rec(2003)17 of the Committee of Ministers to member states on enforcement, adoptada por el Comit de Ministros el 9 de septiembre de 2003 en la 851 sesin de Delegados de los Ministros (2003) [de aqu en adelante Recomendacin Comit de Ministros].

    5 Por ejemplo, la fi gura del receptor en Chile.

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    MODELOS DE EJECUCIN DE SENTENCIAS CIVILES EN EUROPA: EXPERIENCIAS PARA LA IMPLEMENTACIN DE REFORMAS

  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    Como se examinar a lo largo de este informe, los sistemas de ejecu-cin varan a travs de los diferentes pases. En general estos sistemas se pueden clasifi car como sistemas pblicos, liberales o mixtos, en funcin de si los ejecutores se encuentran dentro del mbito pblico, del sector privado, o bien, en ambos. En los sistemas pblicos, los ejecutores pueden trabajar en el Poder Judicial a travs un modelo judicial o dentro del Poder Ejecutivo a travs un modelo adminis-trativo. En estos modelos, los ejecutores son funcionarios pblicos que operan bajo la supervisin directa de una entidad judicial o estatal. Dentro del modelo liberal, la ejecucin se lleva a cabo ge-neralmente por empresarios privados o cuasi privados que trabajan en una profesin liberal. Estos ejecutores siguen estando sujetos a la regulacin y supervisin gubernamental y judicial, pero operan fuera del sistema judicial, y en la prctica ejercen sus funciones de forma independiente. Por ltimo, dentro de un modelo mixto puede haber varias entidades que se encarguen de la ejecucin. Por lo general, suelen ser una mezcla entre los funcionarios judiciales y empresarios operando en una profesin liberal.

    Los modelos para la ejecucin de las sentencias civiles a menudo se superponen a los sistemas establecidos para ejecutar otras deudas de derecho privado, as como deudas de derecho pblico (es decir, debi-das al Estado o las autoridades administrativas). A su vez, los mismos ejecutores pueden ser responsables ya sea por opcin u obligacin. Como punto de partida, este informe se centrar en la ejecucin de las deudas monetarias derivadas de sentencias civiles.

    El presente informe se divide en tres partes principales. En la Parte 1 se examinan los principales modelos de ejecucin que existen en Europa, as como las caractersticas y las tendencias que se observan en estos modelos, en base a ciertos pases que se utilizan a modo de ejemplo. En la Parte 2 se ilustran en profundidad los aspectos orgni-cos de los modelos de ejecucin de cuatro pases que cuentan con sistemas desjudicializados: Francia, Alemania, Inglaterra y Suecia. Francia sigue un modelo liberal, Alemania e Inglaterra siguen un modelo mixto y Suecia sigue un modelo administrativo. Se examinan los modelos de ejecucin en estos cuatro pases, sobre la base de los siguientes aspectos orgnicos:

    1. Los actores involucrados en la ejecucin.2. El ejecutor o ejecutores.3. Las estructuras de honorarios y la remuneracin del ejecutor.4. El acceso a la informacin sobre el patrimonio del deudor.

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  • Por ltimo, en la Parte 3 se analizan estos resultados, se examina el rol del juez en un sistema desjudicializado, se discuten las buenas prcticas para los sistemas de ejecucin civil y se proponen algunas consideraciones para la implementacin de reformas en materia de ejecucin.

    PARTE 1UNA INTRODUCCIN A LOS MODELOS DE EJECUCIN CIVIL EN EUROPA6

    En Europa, los ejecutores varan de pas a pas. En algunos Estados, los ejecutores son funcionarios pblicos que trabajan en una institu-cin pblica, como el tribunal o una agencia ejecutiva. En otros, los ejecutores son empresarios privados o cuasi privados que trabajan en una profesin liberal, sujetos a alguna forma de control y regulacin judicial o estatal. Los Estados restantes han repartido la responsabili-dad de ejecucin entre diversos actores, que pueden representar una mezcla de caracteres pblicos y privados.

    En consecuencia, la Comisin Europea para la Efi cacia de la Justicia (CEPEJ) clasifi ca el estatus de ejecutores como pblico, privado o mixto. Como se puede observar en el siguiente grfi co, los ejecuto-res de la mayora de los Estados en Europa son de carcter pblico. Sin embargo, en la actualidad, hay una clara tendencia a favor de la reduccin de la existencia de ejecutores de carcter pblico, y para favorecer la ejecucin de carcter privado o cuasi privado7.

    6 Elaborado a partir de European Commission for the Effi ciency of Justice (CEPEJ), Eu-ropean judicial systems, Edition 2012 (2010 data), Effi ciency and quality of justice, CEPEJ Studies No. 18, Council of Europe Publishing (2012) [de aqu en adelante Estudio CEPEJ 2012]; Dr. Heike Gramckow, Court Auctions: Effective Processes and Enforcement Agents, The World Bank, Justice & development working paper series (2012); y una encuesta realizada por la Union Internationale des Huissiers de Jus-tice en 2011, no publicado an, acceso especial otorgado al autor en el marco de este proyecto [de aqu en adelante Encuesta UIHJ].

    7 Estudio CEPEJ 2012, supra nota 6, p. 331; Gramckow, supra nota 6, p. 5.

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    MODELOS DE EJECUCIN DE SENTENCIAS CIVILES EN EUROPA: EXPERIENCIAS PARA LA IMPLEMENTACIN DE REFORMAS

  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    Estatus de ejecutores en Europa8

    Andorra

    Armenia

    Austria

    Azerbaiyn

    Bosnia y Herzegovina

    Espaa

    Finlandia

    Irlanda Blgica

    Islandia Eslovaquia Albania

    Italia Eslovenia Alemania

    Malta Estonia Bulgaria

    Montenegro Francia Chipre

    Noruega Hungra Croacia

    RU- Escocia Letonia Dinamarca

    RU- Irlanda del Norte Lituania Georgia

    Rusia Luxemburgo Grecia

    San Marino Repblica de Macedonia Pases Bajos

    Serbia Moldavia Portugal

    Suecia Mnaco Repblica Checa

    Turqua Polonia RU Inglaterra y Gales

    Ucrania Rumania Suiza

    Pblico Privado Mixto

    Paralelamente a estas clasifi caciones del estatus de los ejecutores, cuatro modelos principales en los sistemas de ejecucin pueden ser identifi cados9. Los modelos se defi nen por la persona o institucin que tiene la responsabilidad primordial y el control del proceso de ejecucin. En el primero de estos sistemas, el modelo judicial tiene ejecutores de carcter pblico, quienes pueden ser los jueces, fun-cionarios judiciales u otros funcionarios que pueden actuar como agentes u ofi ciales de ejecucin. En segundo lugar, los sistemas de ejecucin de modelo administrativo tambin emplean ejecutores de carcter pblico, que suelen ser funcionarios especializados en la ejecucin. En tercer lugar, los sistemas de ejecucin de modelo liberal emplean ejecutores de carcter privado o cuasi privado que operan como empresarios en una profesin liberal. Por ltimo, los sistemas de ejecucin de modelo mixto pueden emplear ejecutores

    8 Estudio CEPEJ 2012, supra nota 6, p. 331, Tabla 13.2. 9 Gramckow, supra nota 6, pp. 5-7.

    222

  • de diferentes estatus, dependiendo, por ejemplo, del tipo de caso que deba ejecutarse o sobre los recursos solicitados.

    La relacin entre el estatus de ejecutores y los modelos de ejecucinEstatus Pblico Estatus Privado Estatus Mixto

    Modelo judicial

    Modelo administrativo

    (ejecutivo)Modelo liberal

    Modelo mixto (controlado por

    mltiples instituciones)

    Es importante sealar que mientras que estos cuatro modelos repre-sentan las principales tendencias en los sistemas de ejecucin, la ma-yora de los pases han introducido elementos de otros modelos. Por ejemplo, todos los sistemas requieren algn tipo de intervencin judi-cial, al menos en la resolucin de los confl ictos que surjan en el pro-ceso de ejecucin. Sin embargo, un sistema de ejecucin solo ser clasifi cado como modelo judicial cuando el tribunal o el juez sea el rgano con la responsabilidad y el control primordial en el proceso de ejecucin. Adems, aunque existe una tendencia general en Euro-pa hacia la adopcin de un modelo liberal debido a la efi cacia que este ha representado, hay que sealar que cada uno de los modelos existentes tiene sus propias ventajas y desventajas10. El mismo modelo puede producir resultados diferentes en distintas circunstancias, hay ejemplos de buen funcionamiento y de sistemas con funcionamiento defi ciente para cada modelo. A continuacin, las caractersticas gene-rales de cada uno de estos modelos sern exploradas.

    I) Los cuatro modelos principales de ejecucin11

    1. Modelo judicial

    En un sistema de ejecucin con modelo judicial, la responsabilidad recae principalmente en los jueces. Los ejecutores pueden ser los propios jueces o funcionarios judiciales bajo control judicial. En ta-les sistemas, es comn que las medidas y las decisiones de ejecucin requieran de una solicitud a un tribunal y de una orden emitida por

    10 Vase Gramckow, supra nota 6, p. 6, Tabla General Advantages and Disadvantages of Different Court Enforcement Models.

    11 Elaborado a partir de Gramckow, supra nota 6; Henderson, Barriers to the Enforce-ment of Court Judgments and the Rule of Law, supra nota 3; Keith Henderson et al., Regional Best Practices: Enforcement of Court Judgments. Lessons Learned from Latin America, IFES Rule of Law White Paper Series, International Foundation for Electoral Systems, Washington, D.C. (2004).

    223

    MODELOS DE EJECUCIN DE SENTENCIAS CIVILES EN EUROPA: EXPERIENCIAS PARA LA IMPLEMENTACIN DE REFORMAS

  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    un juez, ya sea si se trata de un juez de ejecucin especializado (Di-namarca, Italia) o de un juez en un tribunal de competencia general (Espaa). El grado de control que un juez tiene sobre la ejecucin y el nmero de personas involucradas en el proceso de ejecucin varan de pas a pas. Por ejemplo, puede darse el caso de que el acreedor y su abogado decidan sobre la estrategia de ejecucin y los funcionarios judiciales u otros auxiliares lleven a cabo la ejecucin. Sin embargo, como un paso intermedio necesario, el juez decidir y ordenar las medidas de ejecucin que deben adoptarse. Tambin es posible que la estructura de gestin en un modelo judicial conste que los jueces emitan decisiones y orientacin, y que los funcionarios judiciales lle-ven a cabo las decisiones o trmites de rutina para poner en prctica estas decisiones judiciales, como es el caso de Espaa. As, aunque los diversos actores puedan desempear un papel en el proceso de ejecu-cin, la caracterstica distintiva del modelo es que el juez se encarga del avance de la ejecucin, tomando las decisiones principales en la materia y llevando a cabo acciones claves en el proceso.

    Espaa presenta el prototipo de un sistema de ejecucin de modelo judicial, y muchos pases de Amrica Latina siguen este modelo. En este pas, el juez dicta una orden general inicial de ejecucin que es el centro de la toma de decisiones en la ejecucin. En la prctica, las medidas de ejecucin se llevan a cabo por funcionarios judiciales a instancia del acreedor, representado ante el tribunal por su procura-dor (un agente privado que ejerce esta funcin). Cabe sealar que en la actualidad existe un anteproyecto de ley para desjudicializar la eje-cucin, otorgndole esta facultad a la fi gura del procurador12.

    Como se mencion anteriormente, tambin debe tenerse en cuenta que, incluso cuando un pas pueda utilizar un modelo alternativo, puede proporcionar la intervencin judicial para ciertos tipos de ca-sos. Por ejemplo, a pesar de que Francia sigue el modelo liberal, el embargo de bienes inmuebles es controlado por el juez civil.

    2. Modelo liberal

    En un sistema de ejecucin de modelo liberal, la responsabilidad principal de la ejecucin corresponde a los ejecutores de carcter pri-vado o cuasi privado. Los ejecutores en la prctica ejercen sus funcio-nes independientes del Estado y de los tribunales, sin embargo, por lo

    12 Ministerio de Justicia, Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 3 de mayo de 2013.

    224

  • general, algunos aspectos, como la entrada en la profesin, los actos autorizados, y los honorarios estn regulados.

    Los ejecutores operan como empresarios privados altamente capaci-tados que pueden competir entre s dentro de una competencia terri-torial, pero tambin pueden trabajar juntos en empresas. Ellos estn obligados por estndares estatales y profesionales para actuar de ma-nera neutral y responsable frente los intereses de sus clientes.

    El ejemplo ms conocido de un modelo liberal de ejecucin se puede encontrar en Francia, cuyos ejecutores (huissiers de justice) son pro-fesionales independientes que tienen el monopolio de la ejecucin de las sentencias y otros ttulos ejecutivos, recibiendo por parte del Estado una porcin de potestad pblica. Su profesin y entrada en ella est estrictamente regulada. Otros pases europeos que utilizan el modelo liberal de ejecucin han modelado su sistema despus del sistema francs, tal como Blgica, Luxemburgo y los Pases Bajos. Una tendencia hacia la liberalizacin de la totalidad o parte de los servicios de ejecucin se puede observar en toda Europa.

    Dentro de este modelo, existen variaciones en cuanto a la cantidad de regulacin y control que hay sobre el ejecutor. Por ejemplo, aun-que el huissier de justice francs es estrictamente regulado (por ejem-plo, sobre el nmero de ofi cinas que puedan existir y la entrada en la profesin), el ejecutor holands fue reformado en el ao 2001 para estar ms orientado al negocio que el ejecutor francs y, por tanto, existe ms libertad en la profesin en los Pases Bajos13.

    3. Modelo mixto

    En un sistema de ejecucin de modelo mixto, la toma de decisiones y la responsabilidad de la ejecucin se divide entre varios actores, por lo tanto la responsabilidad y el control primordial no se le conceden a una sola entidad. Los ejecutores de este sistema pueden incluir uno o varios ejecutores trabajando ya sea como funcionarios pblicos o empresarios independientes. En general, este modelo representa una mezcla del modelo judicial y el modelo liberal.

    13 Este movimiento ha sido objeto de crticas. Existe el temor de que el actual ejecutor en los Pases Bajos se haya comercializado en la medida en que exista una presin indebida a favor del acreedor, el cual entra en confl icto con el deber tradicional de tomar en consideracin los intereses tanto del acreedor como del deudor. Para ms informacin vase C.H. van Rhee, supra nota 2.

    225

    MODELOS DE EJECUCIN DE SENTENCIAS CIVILES EN EUROPA: EXPERIENCIAS PARA LA IMPLEMENTACIN DE REFORMAS

  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    En este sistema, una gran parte de la toma de decisiones suele estar dirigida por el acreedor y su abogado. El acreedor tiende jugar un papel importante para decidir qu mtodo de ejecucin llevar a cabo, y en funcin de esta decisin, podr dirigirse a diferentes entidades (pblicas o privadas) con el fi n de llevar a cabo la ejecucin. Esta decisin puede depender de las caractersticas del caso que se est ejecutando o las medidas coercitivas que se persigan.

    Por ejemplo, Inglaterra y Alemania tienen modelos mixtos. En Ingla-terra, lo cual comparte su sistema de ejecucin con Gales, los algua-ciles del tribunal de condado (county court bailiffs) y Ofi ciales de Ejecucin de la Corte Superior (High Court Enforcement Offi cers) son los responsables de ejecutar las sentencias civiles. Las sentencias de menos de 600 deben ser ejecutadas por los alguaciles del tribunal de condado y las sentencias de ms de 5.000 deben ser ejecutadas por los Ofi ciales de Ejecucin de la Corte Superior. Para juicios de entre 600 y 5.000, el acreedor tiene la eleccin entre estos actores, por lo tanto hay competencia entre los ejecutores en este mbito, con ciertas excepciones. Por otro lado, en Alemania, el acreedor elige entre los diferentes ejecutores en funcin de la medida de ejecucin que se desea seguir. Por ejemplo, el acreedor debe encomendar a un ofi cial de ejecucin (Gerichtsvollzieher) que es un ejecutor indepen-diente con el fi n de ejecutar una demanda pecuniaria contra bienes muebles, y a un tribunal (y en la prctica, un funcionario judicial, Rechtspfl eger) con el fi n de ejecutar una demanda pecuniaria contra bienes inmuebles.

    En Portugal, desde 2003 se introdujo ejecutores de estatus liberal (agentes de execuo), que desde el 2009 estn bajo control discipli-nario por su organizacin profesional. Al mismo tiempo, funcionarios judiciales (ofi ciais de justia) bajo control de los tribunales siguen desempeando un rol de ejecutor.

    Cabe sealar que, aunque estos ejecutores tienen diferentes caracte-res, en la prctica suele ocurrir que estn bajo un grado de control judicial. Por esta razn, otras clasifi caciones tambin se han propor-cionado para algunos modelos mixtos, tal como el modelo judicial atenuado con ofi ciales no profesionalizados o el modelo judicial no controlado por el juez.

    226

  • 4. Modelo administrativo

    Por ltimo, en un sistema de ejecucin de modelo administrativo, la responsabilidad de ejecucin recae principalmente en la rama ejecu-tiva. En tales sistemas, por lo general hay una agencia estatal que tie-ne la responsabilidad de ejecucin de sentencias. Los ejecutores son funcionarios pblicos empleados por esta agencia y son especialistas en ejecucin.

    Si bien varios pases de Europa utilizan las autoridades administra-tivas para cobrar las deudas de derecho pblico (como los impues-tos u otras deudas contradas con el Estado), es menos comn que los pases utilicen a las autoridades administrativas para cobrar las deudas de derecho privado, tales como las sentencias civiles y otros ttulos ejecutivos. Suecia, Finlandia y Suiza presentan casos intere-santes y poco comunes en Europa occidental en que una autoridad estatal es responsable de la ejecucin civil. Por ejemplo, en Suecia, la Autoridad de Ejecucin (Kronofogdemyndigheten) es un organis-mo nacional administrado por el Estado responsable de la ejecucin de ambas demandas pblicas y privadas. La Autoridad de Ejecucin tiene tambin un papel otorgado por el Gobierno en el mbito de la comunicacin preventiva relativa al pago de las deudas: su misin es, por un lado, ofrecer a los ciudadanos y empresas informacin a fi n de evitar encontrarse sobreendeudado, y por otro, otorgar informacin a los legisladores para que puedan simplifi car la burocracia relativa a los pagos de la deuda.

    Adems, varios pases de la antigua Unin Sovitica y en Europa del Este han organizado sus sistemas de ejecucin bajo el control del eje-cutivo. Por ejemplo, en Rusia, Georgia y Ucrania los ejecutores son empleados por una agencia que depende del Ministerio de Justicia o su equivalente.

    II) La diversidad de aspectos orgnicos entre los modelos de ejecu-cin civil

    Debido a la gran diversidad de tendencias que pueden estar presentes en los cuatro modelos de ejecucin civil, es til examinar estos ras-gos y cmo los pases con diferentes modelos se comparan. La tabla a continuacin muestra los diferentes ejecutores en ocho pases dife-rentes de Europa con modelos distintos. Cada uno representa un buen ejemplo de un modelo de ejecucin civil en particular.

    227

    MODELOS DE EJECUCIN DE SENTENCIAS CIVILES EN EUROPA: EXPERIENCIAS PARA LA IMPLEMENTACIN DE REFORMAS

  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

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    228

  • En seguida, se examinarn los aspectos orgnicos de la ejecucin civil en Europa en relacin a cuatro categoras. En primer lugar, los actores o entidades que intervengan en la ejecucin. En segundo lu-gar, quin es el ejecutor. En tercer lugar, las estructuras de honorarios y la remuneracin del ejecutor. En cuarto lugar, el nivel de acceso a la informacin sobre el deudor. Estos se ilustrarn a grandes rasgos en esta seccin sobre los ocho pases recin mencionados, y en la Parte 2 de este informe, los modelos de cuatro de estos pases (Alemania, Francia, Inglaterra y Suecia) se estudiarn con mayor profundidad.

    Aspectos orgnicos de la ejecucin civil

    Actores involucrados en la ejecucin

    El ejecutor

    Honorarios de ejecucin y remuneracin

    Acceso a informacin sobre el deudor

    1. Los actores involucrados en la ejecucin

    Los actores que pueden estar involucrados en un sistema de ejecu-cin, pueden incluir ejecutores de caracteres distintos, acreedores, deudores, abogados, jueces y otros actores auxiliares, tales como subastadores y policas. El papel que juega cada actor vara entre, sino tambin dentro, de los modelos de ejecucin. Generalmente, el acreedor y su abogado tendrn un papel en el inicio del proceso de ejecucin, un ejecutor o ejecutores de diferentes caracteres llevarn a cabo las medidas de ejecucin, y una autoridad estatal o judicial ser responsable de la supervisin del proceso de manera proactiva o reactiva.

    As, el papel que desempean los jueces en la ejecucin vara sig-nifi cativamente de un pas a otro. En Espaa, todas las decisiones importantes sobre la ejecucin son tomadas por el juez civil. Por otra parte, en los modelos desjudicializados un juez rara vez interviene en el embargo sobre bienes muebles, lo cual se lleva a cabo por los ejecutores. No obstante, todos los modelos por lo general contem-plan algn tipo de intervencin judicial en el caso de confl ictos que surgen durante un procedimiento de ejecucin. Tambin, podr ser necesario la intervencin del juez para llevar a cabo ciertas medidas

    229

    MODELOS DE EJECUCIN DE SENTENCIAS CIVILES EN EUROPA: EXPERIENCIAS PARA LA IMPLEMENTACIN DE REFORMAS

  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    de ejecucin, por ejemplo el embargo sobre bienes inmuebles como ocurre en Francia. En la Parte 3 de este informe se examina en detalle el rol del juez en un modelo de ejecucin desjudicializado.

    Ser representado por un abogado en el procedimiento de ejecucin tambin vara entre los pases. El uso de un abogado generalmente no es obligatorio en los procedimientos de ejecucin, aunque puede serlo en ciertos casos. Cuando la representacin de un abogado es obligatoria, esto puede depender de la cantidad en cuestin, del tipo de procedimiento de ejecucin, de la existencia de una disputa, o de otras situaciones.

    Por ejemplo, en Portugal y Espaa la exigencia de un abogado vara segn la cantidad de que se trate y si la ejecucin ha sido impugna-da. En Francia, en la gran mayora de los procedimientos de ejecu-cin, el acreedor no necesita ser representado por un abogado. Sin embargo, en el caso de que solicite la ejecucin contra los bienes inmuebles, que constituye aproximadamente el 1-2% de las medidas coercitivas solicitadas, un acreedor s necesita un abogado. Esto se debe a que este procedimiento se lleva a cabo en el tribunal regional (tribunal de grande instance), y en este tribunal la representacin de un abogado es obligatoria. En Inglaterra, el acreedor no requiere ser representado por un abogado, tampoco en Finlandia ni en Suecia, en cuanto a sus relaciones con la Autoridad de Ejecucin del Estado.

    Adems, en muchos pases, el ejecutor podr ser facultado para otor-gar consejos durante un procedimiento de ejecucin. Esta actividad puede ser obligatoria u opcional, o prohibida por completo. Por ejemplo, por un lado, en Francia, los consejos por el huissier de justi-ce son una actividad comn. Por otro, en Inglaterra, a los High Court Enforcement Offi cers se les prohbe la prestacin de asesoramiento. Cuando el ejecutor est facultado u obligado a actuar como conse-jero, puede ser bajo diversas circunstancias. Por ejemplo, el ejecutor puede estar facultado para dar consejos a un acreedor que exige la ejecucin o prev una accin judicial (obligatorio en algunos casos en Francia), al destinatario a quien el ejecutor sirve un documento (obligatorio en Espaa), o al deudor (obligatorio en algunos casos en Francia, opcional en los Pases Bajos). Tambin, dependiendo del pas, el ejecutor podr representar las partes en la corte o llevar a cabo la mediacin.

    230

  • Representacin legal y las actividades relacionadas del ejecutor1617

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    Debe un acreedor ser representado por un abogado

    durante un procedimiento de

    ejecucin?

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    llevar a cabo la mediacin?

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    No

    Suecia (A) No No No No17

    2. El ejecutor

    Como hemos visto, el ejecutor la persona que lleva a cabo las medi-das de ejecucin puede variar de ser un funcionario de la corte, un funcionario pblico que trabaja para una agencia administrativa, o un profesional liberalizado. La educacin y la formacin profesional de los ejecutores es crucial para la buena administracin de la ejecucin. Segn el CEPEJ, las ha-bilidades previas para los ejecutores, deben colocarlos al mismo nivel de expectativa y de formacin de jueces y abogados. En esta catego-ra existe una clara relacin entre la existencia de la formacin inicial (educacin prerrequisito) o un examen para entrar en la profesin y el estatus del ejecutor. Con base en una encuesta del CEPEJ, los ejecuto-res en 36 Estados europeos requieren una formacin especfi ca o un examen para entrar en la profesin, y 12 no18. De los doce que no lo hacen, diez cuentan con ejecutores de caracteres pblicos y dos de

    16 Elaborado a partir de Encuesta UIHJ, supra nota 6, Secciones 18, 21 y 22. 17 Esta es la regla general en Suecia. Sin embargo, los ejecutores pueden aparecer

    como abogados si el gobierno o la autoridad que designe concede el permiso. Cdigo de Procedimiento Judicial Sueco, Captulo 12, Seccin 3.

    18 Estudio CEPEJ 2012, supra nota 6, p. 330.

    231

    MODELOS DE EJECUCIN DE SENTENCIAS CIVILES EN EUROPA: EXPERIENCIAS PARA LA IMPLEMENTACIN DE REFORMAS

  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    caracteres mixtos. Los pases que no tienen formacin o requisito de examen fueron ms propensos a confi ar en jueces, funcionarios judi-ciales, u otros ofi ciales que trabajan directamente en una institucin pblica. Por el contrario, las capacitaciones iniciales o exmenes se requieren en todos los Estados donde los ejecutores tienen un carc-ter privado.

    Capacitacin inicial o examinacin requerida por ejecutores segn su estatus19

    Una vez que el solicitante de la posicin de un ejecutor cumple con los requisitos exigidos, ser elegible para ser designado al puesto. En los pases estudiados, los nombramientos suelen ser responsabilidad del Ministerio de Justicia, aunque pueden ser delegados. Dos excep-ciones surgen en los casos de Suecia y Finlandia, donde las agencias administrativas nombran a los ejecutores. La siguiente tabla ilustra quin designa los ejecutores en los ocho pases elegidos. En los pa-ses con modelo mixto (Alemania, Inglaterra, Portugal) se refi ere al nombramiento del ejecutor que opera fuera de los tribunales.

    19 Estudio CEPEJ 2012, supra nota 6, p. 330.

    S(12 pases)

    No(0 pases)

    Estatus pblico

    S(14 pases)

    No(0 pases)

    Estatus privado

    S(10 pases)

    No(2 pases)

    Estatus mixto

    ArmeniaAustria

    AzerbaiynEspaaIslandia

    ItaliaMalta

    RU - EscociaRU - Irlanda

    del Norte SueciaTurquaUcrania

    BlgicaEslovaquiaEsloveniaEstoniaFranciaHungraLetoniaLituania

    LuxemburgoRepblica de MacedoniaMoldaviaMnacoPolonia

    Rumania

    AlbaniaAlemaniaBulgariaChipreCroaciaGeorgiaGrecia

    Pases BajosPortugal

    Repblica Checa

    AndorraBosnia y

    HerzegovinaDinamarcaFinlandiaIrlanda

    MontenegroNoruega

    RusiaSan Marino

    Serbia

    RU - Inglaterra y

    GalesSuiza

    232

  • Designacin del ejecutor20

    Pas Quin designa el ejecutor?

    Alemania (M)Presidente de la Corte de Apelaciones del Estado (Gerichtsvollzieher)

    Espaa (J) Ministerio de Justicia

    Finlandia (A) La Ofi cina Administrativa Nacional de Ejecucin

    Francia (L) Ministerio de Justicia

    Inglaterra (M) Ministerio de Justicia (High Court Enforcement Offi cer)

    Pases Bajos (L) Ministerio de Justicia

    Portugal (M)Uno o varios representantes de la profesin (agente de execuo)

    Suecia (A) La Autoridad de Ejecucin

    Se recomienda que los ejecutores estn organizados en un cuerpo profesional obligatorio que represente a todos los miembros de la profesin, as se facilita su representacin colectiva y de reunin de informacin21. A lo largo de Europa es posible ver una organizacin de la profesin de ejecutor a nivel nacional, regional o local. La gran mayora de los Estados europeos cuentan con un cuerpo profesional que representa a los ejecutores de alguna forma, la forma predomi-nante siendo una estructura nacional22. En el ao 2010, 27 Estados tenan solo un organismo nacional que representaba a la profesin.

    Una estructura nacional permite que la profesin se comunique con el Estado con una sola voz. Al mismo tiempo, las estructuras regiona-les y locales pueden facilitar el examen de los problemas que puedan surgir en estos mbitos. Varios Estados tienen mltiples niveles de los organismos representativos, con el fi n de combinar las ventajas de los sistemas o por el nmero de ejecutores o de la estructura del Estado. Por ejemplo, en Francia, hay cmaras nacionales, regionales y locales de huissiers de justice, teniendo cada uno designado funciones de

    20 Encuesta UIHJ, supra nota 6, Seccin 3. En Alemania, esta informacin fue obteni-da por una entrevista con Marc Schmitz, representante de la Union Internationale des Huissiers de Justice, realizada el 17 de diciembre de 2012, y confi rmada por Karl-Heinz Brunner, Vicepresidente de la Asosiacin Federal de Ofi ciales de Ejecu-cion en Alemania en el mismo mes.

    21 CEPEJ, Guidelines for a Better Implementation of the Existing Council of Europes Recommendation on Enforcement, Strasbourg, 29-30 (2009).

    22 Estudio CEPEJ 2012, supra nota 6, p. 332.

    233

    MODELOS DE EJECUCIN DE SENTENCIAS CIVILES EN EUROPA: EXPERIENCIAS PARA LA IMPLEMENTACIN DE REFORMAS

  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    supervisin y asesoramiento para la profesin. En cambio, en Suecia solo existe un organismo nacional que representa a la profesin, que es la agencia ejecutiva (la Autoridad de Ejecucin) en s.

    Organismos profesionales23

    Organismos profesionales

    Nombre de organismo nacional

    Alemania (M)Nacional y regionales

    Deutscher Gerichtsvollzieher Bund

    Espaa (J) Nacional Consejo General de Procuradores de Espaa

    Finlandia (A) Nacional Suomen Kihlakunnanvoudit r.y.

    Francia (L)Nacional,

    regionales y locales

    Chambre nationale des huissiers de justice

    Inglaterra (M) Nacional High Court Enforcement Offi cers Association

    Pases Bajos (L) NacionalKoninklijke Beroepsorganisatie van

    Gerechtsdeurwaarders

    Portugal (M) Nacional Comisso para a Efi ccia das Execues

    Suecia (A) Nacional Kronofogdemyndigheten

    A pesar de que la mayora de los Estados en Europa cuentan con organismos profesionales, las encuestas anteriores del CEPEJ han en-contrado una correlacin entre el estatus de ejecutores pblicos y la ausencia de un cuerpo profesional24. De hecho, en la encuesta ms reciente del CEPEJ, publicado en el ao 2012, de los diez pases que respondieron no aplicable a la existencia de un cuerpo profesional, siete de estos pases se clasifi can por tener ejecutores de carcter pblico y dos de carcter mixto, estos ltimos disponen de jueces de ejecucin especializados (Dinamarca) o cuentan con funcionarios pblicos como uno de sus tipos de ejecutores (Inglaterra y Gales). Como se puede observar en el grfi co anterior, Inglaterra tiene un or-ganismo profesional nacional para un tipo de sus ejecutores Ofi cia-les de Ejecucin de la Corte Superior, que operan como empresarios independientes. Sin embargo, el otro tipo de ejecutor en Inglaterra, los alguaciles del tribunal de condado, no estn representados por un organismo nacional.

    23 Elaborado a partir de Estudio CEPEJ 2012, supra nota 6, p. 332-333; Encuesta UIHJ, supra nota 6, Seccin 5. Tambin, en esta tabla, en los pases con modelo mixto se indica el organismo que representa el ejecutor que opera fuera de los tribunales.

    24 CEPEJ, Enforcement of Court Decisions in Europe (2007), Report prepared by the Research Team on enforcement of court decisions (University Nancy (France)/Swiss Institute of comparative law) and discussed by the CEPEJ-GT-EVAL at their 8th meet-ing, pp. 43-44 (2007).

    234

  • En la prctica, la supervisin y el control de las actividades del eje-cutor puede provenir de una combinacin de varias autoridades que pueden compartir esta responsabilidad, incluidos los fi scales, la or-ganizacin profesional, los jueces, el Ministerio de Justicia, u otras autoridades competentes. El siguiente cuadro ilustra las diferentes fi guras que tienen una funcin de supervisin de los ejecutores en los pases seleccionados.

    Autoridad responsable para la supervisin y control de las actividades del ejecutor25

    Organismo profesional

    JuezMinisterio de Justicia

    Fiscal pblico

    Otro

    Alemania (M)

    Espaa (J)

    Finlandia (A)

    Francia (L)

    Inglaterra (M)

    Pases Bajos (L)

    Portugal (M)

    Suecia (A)

    De acuerdo con la tendencia observada en estos Estados, la autoridad que con mayor frecuencia tiene la responsabilidad del control y su-pervisin en Europa es el Ministerio de Justicia, que se encarga de la supervisin de la actividad de los ejecutores en casi la mitad (22) de todos los Estados europeos26. En 14 Estados, el juez tiene a su cargo esta responsabilidad. Curiosamente, la proporcin de Estados en que los jueces son la autoridad es superior entre los Estados miembros que se adhirieron ms recientemente al Consejo de Europa, posible-mente refl ejando una cierta cultura judicial en el proceso de con-trol de las actividades de ejecucin en los Estados de Europa Central y del Este. Adems, es ms probable que un cuerpo profesional sea la autoridad competente cuando los ejecutores tienen un carcter priva-do. Por ejemplo, en Francia, las cmaras profesionales a nivel local, regional y nacional tienen funciones de supervisin y control sobre

    25 Estudio CEPEJ 2012, supra nota 6, pp. 338-339. 26 Ibd.

    235

    MODELOS DE EJECUCIN DE SENTENCIAS CIVILES EN EUROPA: EXPERIENCIAS PARA LA IMPLEMENTACIN DE REFORMAS

  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    los ejecutores27. En los Pases Bajos, la Organizacin Real Profesional de Ejecutores supervisa a los ejecutores28.

    Tambin, como se puede ver en la tabla anterior, es una prctica co-mn para los Estados confi ar la responsabilidad de supervisin y con-trol entre una diversidad de autoridades, dependiendo, por ejemplo, del estado del ejecutor a ser supervisado o del tipo de control que se ejerce29. Por ejemplo, en Portugal, el Ministerio de Justicia supervisa los ejecutores de carcter pblico, mientras que la Comisin para la Efi cacia de Procedimientos de Ejecucin30 supervisa los ejecutores de carcter privado.

    3. Los costos: Las estructuras de honorarios y la remuneracin del ejecutor

    Los costos de ejecucin consisten en los gastos de la ejecucin stricto sensu (el costo de los procedimientos) y en los honorarios del ejecutor, si uno es cobrado. La gran mayora de los Estados europeos regulan los honorarios de ejecucin por ley, y reportan que los hono-rarios de ejecucin son transparentes para los usuarios31. Es impor-tante tener en cuenta que incluso con la existencia de reglamentos, los honorarios del ejecutor pueden depender del resultado obtenido o, con menos frecuencia, pueden ser libremente negociados con el acreedor.

    Otra cuestin que debe examinarse es quin corre con los gastos de ejecucin. Generalmente, un deudor ser responsable de todos los gastos de la ejecucin. Sin embargo, es prctica comn que el acree-dor demandante adelante estos costos y ms tarde se rembolsen si la ejecucin se realiza exitosamente. En la mayora de los pases en los que el deudor es responsable de los honorarios, el acreedor ser res-ponsable si el deudor no puede pagar. Por otro lado, en otros pases,

    27 Vase el sitio institucional de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice: http://www.huissier-justice.org/

    28 Vase e l s i t io ins t i tuc iona l de l Konink l i jke Beroepsorganisa t ie van Gerechtsdeurwaarders o KBvG: http://www.kbvg.nl/

    29 Para una lista completa de las autoridades responsables para la supervisin y con-trol de los ejecutores en Europa, vase Estudio CEPEJ 2012, supra nota 6, p. 338, Tabla 13.9.

    30 Vase el sitio institucional del Comisso para a Efi ccia das Execues: http://www.cpee.pt/

    31 Estudio CEPEJ 2012, supra nota 6, p. 348, Tabla 13.18.

    236

  • tanto el deudor y el acreedor pagarn honorarios en un procedimien-to de ejecucin exitoso (Francia, Pases Bajos).

    Honorarios de ejecucin32

    Honorarios de ejecucin reguladas?

    Honorarios de ejecucin negociables?

    Ley

    Quin es responsable

    por el costo de

    ejecucin?

    Alemania (M) S NoGerichtsvollzieherkostengesetz(GvKostG) y su Anexo 1Kostenverzeichnis (KV)

    Deudor

    Espaa (J) S NoReal Decreto 1373/2003 de 7 de noviembre de 2003

    Deudor

    Finlandia (A) S No

    Laki ulosottomaksuista 13.1.1995/34 y Asetus ulosottomaksuista 13.1.1995/35

    Deudor

    Francia (L) S No*Decreto N 96-1080 de 12 de diciembre de 1996

    Deudor y acreedor

    Inglaterra (M) S SHigh Court Enforcement Offi cers Regulations 2004, 13 y su Anexo 3

    Deudor

    Pases Bajos (L)

    S SBesluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

    Deudor y acreedor

    Portugal (M) S NoPortaria n 331-B/2009, artigo 18 de 30 de Maro y su Anexo I

    Deudor

    Suecia (A) S NoFrordning (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten

    Deudor

    * En Francia, ciertos honorarios limitados pueden ser libremente negociados por el art-culo 16 del Decreto N 96-1080 de 12 de diciembre de 1996.

    La forma en que un ejecutor puede ser remunerado por sus acciones tambin es variable. Puede ser remunerado solamente a travs de un sueldo de la institucin en la que trabaja, en parte o en total por los honorarios de ejecucin, o por las bonifi caciones que resultan de la misma. Por ejemplo, por un lado, los costos del ejecutor de carcter pblico, pueden ser incluidos como parte de los costos en los pro-

    32 Elaborado a partir de Estudio CEPEJ 2012, supra nota 6, p. 348; Study on the Trans-parency of Costs of Civil Judicial Proceedings in the European Union, Implemented by Hoche, for the European Commission (2007), disponible en http://ec.europa.eu/justice/civil/document/index_en.htm

    237

    MODELOS DE EJECUCIN DE SENTENCIAS CIVILES EN EUROPA: EXPERIENCIAS PARA LA IMPLEMENTACIN DE REFORMAS

  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    cedimientos. Por otro, un ejecutor de carcter privado puede recibir todos los honorarios cobrados como su remuneracin. La estructura de remuneracin puede, en este sentido, afectar los incentivos de un ejecutor y la efi cacia con la cual lleva a cabo sus actividades.

    4. Acceso a la informacin sobre el patrimonio del deudor

    Por ltimo, la capacidad para identifi car y localizar los bienes del deudor es esencial para el xito de cualquier sistema de ejecucin. Sin mtodos efi caces de recoleccin de informacin, las medidas de ejecucin con que un Estado puede contar, se vuelven intiles. Los Estados tienen diferentes procedimientos establecidos para ras-trear los activos y reducir las oportunidades para ocultar y transferir activos. Estos pueden variar desde los mtodos pasivos, como el mantenimiento de registros de informacin (que debe ir acompaado con acceso por el ejecutor a ellos), a mtodos ms coercitivos, tales como poderes de citacin o arresto que se pueden utilizar cuando el deudor o terceros no responden con precisin a las solicitudes de informacin. Un mtodo importante para obtener informacin sobre el patrimonio del deudor, consiste en que el ejecutor tenga el poder de obtener informacin de terceros. El siguiente cuadro muestra que en todos los pases investigados, excepto en Alemania e Inglaterra, los terceros tienen la obligacin de proporcionar informacin sobre un deudor al ejecutor.

    Localizando informacin sobre los bienes del deudor33

    Mtodos principales para localizar informacin sobre bienes del deudor

    Son terceros obligados a

    otorgar informa-cin al ejecutor?

    Alemania (M)

    El nico poder para acceder a la informacin que tiene el ejecutor es el de solicitar una declaracin jurada que obliga al deudor a responder y a ser registrado en un registro pblico de insolventes, pero esto solo se puede recurrir en el evento de un intento fallido de embargo (en proceso de reforma para enero 2013).

    No

    33 Elaborado a partir de Commission of the European Communities, Green Paper: Effective Enforcement of Judgments in the European Union: The Transparency of Debtors Assets, COM(2008) 128 fi nal, Brussels (2008); Dr. Burkhard Hess, Study No. JAI/A3/2002/02 on making more effi cient the enforcement of judicial decisions within the European Union: Transparency of a Debtors Assets, Attachment of Bank Accounts, Provisional Enforcement and Protective Measures (2004); Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (Espaa), Arts. 590-591; Comisso para a Efi ccia das Execues, Manual de Perguntas e Respostas sobre a Aco Executiva (2009); Answers of the Netherlands to the Green Paper on Transparency of Debtors Assets.

    238

  • Mtodos principales para localizar informacin sobre bienes del deudor

    Son terceros obligados a

    otorgar informa-cin al ejecutor?

    Espaa (J)

    El ejecutor se puede dirigir a las entidades fi nancieras, organismos y registros pblicos y personas fsicas y ju-rdicas que el ejecutante indique, para que faciliten la relacin de bienes o derechos del ejecutado de los que tengan constancia. El secretario judicial no reclamar datos de organismos y registros cuando el ejecutante pu-diera obtenerlos por s mismo, o a travs de su procura-dor, debidamente facultado al efecto por su poderdante. Todas las personas y entidades pblicas y privadas estn obligadas a prestar su colaboracin en las actuaciones de ejecucin, y el tribunal podr imponer multas coerci-tivas a las personas que no presten la colaboracin.

    S

    Finlandia (A)

    El ejecutor es empoderado a acceder a registros de deu-dores y de otra informacin, solicitarle al deudor infor-macin, quien tiene el deber de otorgarla; solicitarle a terceros y otras autoridades, quienes tienen el deber de otorgar informacin, y realizar bsquedas en el domici-lio del deudor o de propiedades de terceros.

    S

    Francia (L)

    El ejecutor es empoderado para acceder a registros de deudores y de otra informacin y solicitarle a terceros y otras autoridades, quienes tienen el deber de otorgar informacin.

    S

    Inglaterra (M)

    El ejecutor no tiene acceso privilegiado a bases de da-tos, con la excepcin del registro de vehculos. Aparte de este registro, el ejecutor puede buscar en registros pblicos. El acreedor tiene el poder de solicitar una de-claracin jurada del deudor, que obliga a este a respon-der o si no ser expuesto a medidas coercitivas tal como la detencin.

    No

    Pases Bajos (L)

    El ejecutor cuenta con acceso a registros, como el regis-tro de poblacin, el registro de propiedad, el registro de empresas, el registro de insolvencia y quiebras, y regis-tro de pensiones.

    S

    Portugal (M)

    El ejecutor cuenta con acceso a varias bases de datos a travs de un sistema informtico que apoya a las activi-dades de los ejecutores (CITIUS), como de la adminis-tracin tributaria, de seguridad social, registros comer-ciales, vehculos, etc. Todos los datos de cada consulta en los registros a travs de CITIUS son automticamente registrados electrnicamente o si no el ejecutor debe ingresar la bsqueda realizada en el sistema.

    S

    Suecia (A)

    El ejecutor es empoderado para acceder a registros de deudores y de otra informacin, solicitarle al deudor in-formacin, quien tiene el deber de otorgarla, solicitarle a terceros y otras autoridades, quienes tienen el deber de aportar informacin, y realizar bsquedas en el do-micilio del deudor.

    S

    239

    MODELOS DE EJECUCIN DE SENTENCIAS CIVILES EN EUROPA: EXPERIENCIAS PARA LA IMPLEMENTACIN DE REFORMAS

  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    Por lo tanto, como se puede observar en la tabla anterior, los pases tienen diferentes mtodos de levantamiento de informacin que a su vez generan ejecutores con varios niveles de acceso a la informacin. Desde una perspectiva comparada, existen dos mecanismos centrales para otorgar informacin del deudor: primero, el sistema de declara-cin de patrimonio sobre el deudor, y segundo, el permitir acceso a bases de datos que contienen informacin. El siguiente cuadro ilustra el tipo de informacin que est contenida en los registros y/o bases de datos, los cuales pueden variar de ser pblicos (con acceso restrin-gido o no) o privados.

    La informacin contenida en los registros y/o bases de datos34

    Pas

    Dir

    ecci

    n

    Tel

    fono

    Fech

    a de

    na

    cim

    ient

    o

    Nm

    ero

    de

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    tifi c

    aci

    n

    Luga

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    trab

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    y em

    plea

    dor

    Mon

    to d

    e su

    eldo

    Info

    . de

    cuen

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    banc

    aria

    s

    Der

    echo

    s en

    bie

    nes

    inm

    uebl

    es

    Otr

    os b

    iene

    s (v

    ehc

    ulo,

    etc

    .)

    Alemania (M)

    Espaa (J)

    Finlandia (A)

    Francia (L)

    Inglaterra (M)

    Pases Bajos (L)

    Portugal (M)

    Suecia (A)

    34 Encuesta UIHJ, supra nota 6, Seccin 11.

    240

  • PARTE 2LOS MODELOS DE EJECUCIN EN FRANCIA, ALEMANIA, INGLATERRA Y SUECIA

    Francia: Modelo Liberal35

    I) Antecedentes histricos y contexto de la ejecucin36

    Cuando se trata de la ejecucin civil, la Repblica Francesa es quizs ms bien conocida por su sistema de ejecucin de modelo liberal. En Francia, los ejecutores (huissiers de justice) ejercen una profesin liberal regulada, delegados de la potestad pblica. De esa manera, al mismo tiempo de ser de un carcter cuasi privado, son ofi ciales p-blicos y ministeriales. Tienen el monopolio sobre la ejecucin, y en la mayora de los casos, un acreedor puede encargar a un ejecutor que lleve a cabo la ejecucin forzosa sin intervencin judicial.

    El huissier existe desde el siglo XIII, aunque este ofi cio ha pasado por varias transformaciones desde dicho perodo. El papel del huissier en la notifi cacin de citacin y la ejecucin de los ttulos ejecutivos, tiene sus orgenes en los consejos medievales que se establecieron en el siglo XIII, por medio de los cuales el rey de Francia y los seores feudales llevaban a cabo diversos negocios. Estos consejos tenan funciones legislativas, judiciales y ejecutivas. El huissier mantena el orden, entregaba notifi caciones, y convocaba a la gente para que se presentara ante ellos. As, el ejecutor celebr un cargo pblico desde

    35 Elaborado a partir de las normas y regulaciones de Francia, informacin de la Union Internationale des Huissiers de Justice, The European Commission for the Effi ciency of Justice (CEPEJ), y entrevistas con expertos en el sistema de ejecucin en Francia, incluyendo: Bernard Menut, Primer Vicepresidente de la Union Interna-tional des Huissiers de Justice, ex Presidente de la Cmara Nacional de Huissiers de Justice y un huissier de justice en Francia; y Mathieu Chardon, Primer Secretario de la Union International des Huissiers de Justice y un huissier de justice en Francia. Esta seccin tambin cont con el apoyo de Ins Merle des Isles, jurista franco-espaola de la Universit Paris X, ex-pasante de CEJA, actualmente empleada en la sociedad Wolters Kluwers. Tambin de los siguientes documentos: European Com-mission for the Effi ciency of Justice, Scheme for Evaluating Judicial Systems 2011, Country report: France (2012) [de aqu en adelante Estudio CEPEJ Informe Francia]; M. Laurent Bteille, Proposition de Loi relative lexcution des decisions de justice et aux conditions dexercice de certaines professions rglementes, N 31 Snat, Annexe au procs-verbal de la sance du 15 octobre 2008 (2008); Marie-Laure Niboyet y Sabine Lacassagne, Chapter 8: France, en Enforcement Agency Practice in Europe, British Institute of International and Comparative Law, Editors Mads Andenas, Burkhard Hess, Paul Oberhammer (2005); Wendy Kennett, Regulation of Enforcement Agents in Europe: a comparative survey, vol. 1 (2002).

    36 Kennett, supra nota 35, pp. 41-45.

    241

    MODELOS DE EJECUCIN DE SENTENCIAS CIVILES EN EUROPA: EXPERIENCIAS PARA LA IMPLEMENTACIN DE REFORMAS

  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    sus orgenes y pronto fue capaz de obtener cierta distancia con la bu-rocracia estatal cuando el Estado francs empez a vender cargos de huissier, ya que esto signifi c que los huissiers tuvieron que comprar un cargo de ejecutor (de nmero limitado) para ejercer el derecho de llevar a cabo las funciones de ejecucin. Esto se hizo con el fi n de aumentar los ingresos del Estado debido a que Francia no poda fi nanciar la contratacin de todo el personal necesario, y adems era un negocio atractivo debido al monopolio sobre los benefi cios de la notifi cacin y los gastos de ejecucin que el comprador podra obte-ner, as como la movilidad ascendente que era posible a travs de la compra de un cargo pblico.

    A raz de la Revolucin Francesa, a fi nales del siglo XVIII, se llev a cabo una restructuracin radical de la organizacin legislativa, judicial y administrativa del Estado, y las organizaciones locales de huissiers as como la venta de sus cargos fueron prohibidas. Los huissiers que una vez tuvieron responsabilidades en materia admi-nistrativa, penal y civil (no haba una distincin clara pre-Revolucin Francesa), las perdieron, pasando sus funciones administrativas a los funcionarios estatales y sus funciones de polica a la justicia penal. Una nueva regulacin de huissiers fue introducida en el ao 1813 por Napolen37, que mantuvo muchas de las funciones originales del huissier en la ejecucin de sentencias, elimin algunas (funciones de investigacin se pasaron a los jueces y fi scales), y tambin otorg otras funciones nuevas, como la venta pblica de los bienes embarga-dos. La membresa a una cmara local organizada a nivel del tribunal de primera instancia (es decir, en cada distrito) fue obligatoria. La cmara tena ambas funciones disciplinarias y de apoyo (por ejemplo, el mantenimiento de un fondo social para ayudar a los huissiers enfer-mos y ancianos y sus familias), as como una funcin en la regulacin de la entrada en la profesin. En el ao 1816, la venta de cargos se restableci en Francia, pero no en otros pases que fueron infl uencia-dos por el derecho francs y que haban seguido ms o menos el mo-delo francs del huissier hasta este punto, como Blgica y los Pases Bajos.

    Incluso mientras los huissiers progresaron hacia un grupo ms orga-nizado y profesional, en el siglo XIX experimentaron difi cultades y descenso fi nanciero cuando los titulares de muchos cargos de huissier fueron incapaces de ganarse la vida. Esto se debi tanto a los restos histricos del Antiguo Rgimen (Ancien Rgime) en el que haba mi-

    37 Decreto de 14 de junio de 1813 (Bull. 507).

    242

  • les de huissiers que trabajaban para una multiplicidad de pequeos tribunales que buscaban oportunidades de ingresos, as como los honorarios por servicios que se mantuvieron sin cambios durante 122 aos. El nmero de huissiers se redujo en ms de 6.000 en la primera parte del siglo XIX, y alrededor de 4.500 en el comienzo del siglo XX. En comparacin, en el siglo XVI haba cerca de 16.000 huissiers y sergents (una fi gura pblica que tambin ejerca las tareas de eje-cucin que estaban otorgadas al huissier, borrndose con el tiempo la distincin entre los dos). A mediados del siglo XIX se form una asociacin profesional de huissiers, y poco a poco los huissiers reco-nocieron la necesidad de obtener un cierto nivel de educacin legal con el fi n de llevar a cabo su trabajo correctamente y ser tratados con respeto, y por lo tanto, los esfuerzos educativos se intensifi caron du-rante el siglo XX y han llevado a un huissier de justice moderno con un alto nivel de educacin.

    La profesin y las actividades del huissier de justice moderno estn estrictamente controladas por la ley del 2 de noviembre de 1945 y su decreto de aplicacin de 195638. Los huissiers de justice tienen un monopolio sobre la ejecucin de sentencias y de notifi caciones en territorios asignados en los que compiten entre s, no obstante aquello tambin pueden trabajar juntos. Histricamente, el huissier de justice trabajaba solo, es decir, tena otro personal pero era el nico ejecu-tor en su cargo. Esto ha cambiado gradualmente. En el ao 1966, se les permiti crear sociedades civiles de profesionales39 y por lo tanto trabajar en colaboracin, ms tarde, en el ao 1990, se les permiti trabajar en empresas comerciales40. En lnea con sus orgenes hist-ricos, los huissiers de justice tuvieron que comprar su cargo, a travs de la compra de acciones en una sociedad. A partir del ao 2011, los huissiers de justice estn autorizados para trabajar como empleados de empresas de ejecutores, y por lo tanto en estos casos no estn obligados a comprar un cargo de huissier de justice o acciones de so-ciedades41.

    38 Orden n 45-2592 de 2 de noviembre de 1945 y Decreto n 56-222 de 29 de febrero de 1956. Desde el decreto de aplicacin en 1956, el huissier se denomina formalmente el huissier de justice.

    39 Ley n 66-879 de 29 de noviembre de 1966.40 Ley n 90-1258 de 31 diciembre 1990.41 Decreto n 2011-875 du 25 juillet 2011. Para un anlisis detallado de esta ley,

    vase Bernard Menut, Lhuissier de justice salari: enjeux et perspectives Analyse du dcret n 2011-875 du 25 juillet 2011, Chronique, N 8 / 64e anne / septembre 2011, droit et procdures (2011).

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    MODELOS DE EJECUCIN DE SENTENCIAS CIVILES EN EUROPA: EXPERIENCIAS PARA LA IMPLEMENTACIN DE REFORMAS

  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    Los procedimientos de ejecucin fueron codifi cados en el ao 1806 en el Cdigo de Procedimiento Civil de Napolen, y permanecieron sin cambios hasta el ao 1991, con la aprobacin de la Ley n 91-650 del 9 de julio de 199142. Esta ley regul la ejecucin de bienes muebles y las medidas de proteccin (en el momento de esta reforma, la ejecucin contra los bienes inmuebles se mantuvo regulado por el Cdigo de Procedimiento Civil Napolenico). La ley de 1991 con-tena disposiciones que instituyeron diversas medidas de ejecucin, facilit la divulgacin de los bienes del deudor y aument el valor del ttulo ejecutivo (titre excutoire), de modo que en la mayora de los casos el acreedor poda obtener la ejecucin forzosa sin intervencin judicial.

    Sin perjuicio de lo anterior, ciertas situaciones pueden requerir la intervencin judicial. Siguiendo una tendencia unifi cadora de las jurisdicciones en la materia de los jueces en Francia, la ley del ao 1991 cre un juez de ejecucin que aprobara las medidas provisio-nales adoptadas, autorizara ciertas medidas de ejecucin limitadas, y actuara como juez de apelacin en lo que respecta a los confl ictos de un procedimiento de ejecucin. Cuando el juez de ejecucin fue creado, hubo un aumento inicial de los deudores que recurrieron a este juez, y los huissiers de justice estaban un poco preocupados so-bre lo que el papel de este juez signifi cara en la prctica. Sin embar-go, hoy en da solo un mnimo porcentaje de casos de ejecucin va a estos jueces, y existe una relacin de trabajo entre los jueces y los huissiers de justice que por lo general estn familiarizados con ellos mismos dentro de las jurisdicciones regionales que comparten.

    La ejecucin contra bienes inmuebles (sobre las que el juez de eje-cucin es competente) se reform en el ao 2006 debido a los retra-sos, la complejidad y los altos costos de este tipo de ejecucin43. Los objetivos de esta reforma fueron a simplifi car y acelerar el embargo e incautacin de bienes inmuebles, para permitir la venta amigable de bienes inmuebles bajo ciertas condiciones, y para facilitar la venta al mejor precio del bien embargado, en consecuencia, fortaleciendo los intereses de los acreedores sin dejar de garantizar los derechos de los

    42 Ley n 91-650 de 9 de julio de 1991, y decreto de aplicacin de 31 de diciembre de 1992.

    43 Ley n 2006-561 de 21 abril de 2006; Pascal Clement, Expos des Motifs, N 3266 - Projet de Loi ratifi ant lordonnance n 2006-461 du 21 avril 2006 rformant la saisie immobilire (2006), disponible en http://www.assemblee-nationale.fr/12/projets/pl3266.asp

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  • deudores44. Un decreto del 12 de febrero del ao 2009 fi naliz esta reforma.

    Ms recientemente, una ley del ao 2010 implement una serie de reformas a la ejecucin que tambin aumenta los derechos de los acreedores, igualmente salvaguardando los derechos de los deudo-res45. Esta ley facilita el acceso de los huissiers de justice a los edi-fi cios y buzones de correo, mejora el acceso a la informacin sobre los deudores y concentra las disputas sobre la ejecucin en tribunales especfi cos. Es importante destacar que esta ley permite la codifi ca-cin de las leyes que rigen los procedimientos civiles de ejecucin con el fi n de unifi car las leyes ya establecidas en las medidas de eje-cucin, que se llev a cabo a travs de la promulgacin del Cdigo de Procedimientos Civiles de Ejecucin (Code des procdures civiles dexcution) y su aplicacin el 1 de junio de 201246.

    El objetivo de esta codifi cacin es mejorar la legibilidad y la armo-nizacin de las reglamentaciones de ejecucin, de esta manera ase-gurar un mejor proceso de ejecucin y que los ciudadanos puedan obtener fcilmente informacin sobre sus derechos47. La base del nuevo cdigo y de la ley principalmente codifi cada, es la ley del ao 1991 (el proyecto para aprobar el nuevo cdigo, se inici por primera vez en la ley de 1991, en su artculo 96). Tambin codifi c la ley de confi scaciones de bienes inmuebles, el cual fue modifi cado reciente-mente en el ao 2006, as como varios otros textos ms especfi cos, tales como la ley del ao 1973 sobre el pago directo de las deudas de mantenimiento. Algunas disposiciones no fueron codifi cadas, prin-cipalmente porque su relacin con la ley en la que actualmente se encuentran estipuladas es muy importante y la lgica de estos textos no se deba cambiar. Un ejemplo de ello son las disposiciones que re-gulan el embargo de salario, que se dejaron en el Cdigo de Trabajo (Code du travail). Existen, sin embargo, referencias a estas disposicio-nes en el nuevo cdigo con el fi n de mantener la accesibilidad a la ley.

    44 Bulletin offi ciel du Ministre de la Justice n 104 (1er octobre au 31 dcembre 2006), p. 1; vase tambin Stphanie Rb, Overview of The reform of the at-tachment and seizure of immovable property procedure, Soulier (2006).

    45 Ley n 2010-1609 de 22 de diciembre de 2010.46 Decreto n 2012-783 de 30 de mayo de 2012. 47 Rapport au Prsident de la Rpublique relatif lordonnance n 2011-1895 du

    19 dcembre 2011 relative la partie lgislative du code des procdures civiles dexcution, JORF n 0294 du 20 dcembre 2011 page 21462, texte n 14 (2011).

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    II) Modelo orgnico de la ejecucin

    1. Los actores involucrados en la ejecucin

    Las principales entidades responsables de la ejecucin de resolucio-nes judiciales civiles en Francia son: el acreedor, el ejecutor y el juez de ejecucin. Como cuestin de principio y en la prctica, el ejecutor est a cargo de los procedimientos de ejecucin. En muy limitadas excepciones se requiere la involucracin del juez de ejecucin.

    El acreedor tiene la responsabilidad de iniciar un procedimiento de ejecucin y tiene el control total de todas las etapas de este proce-dimiento pues requiere su iniciativa. Sin embargo, el acreedor no podr llevar a cabo el procedimiento de ejecucin, que mantiene el monopolio los ejecutores. Por lo tanto, en cualquier proceso ejecu-tivo el acreedor solo puede presentar al ejecutor su titulo ejecutivo; legalmente no tiene derecho de intervenir ms en el procedimiento. Por ejemplo, incluso no se le permite, salvo en casos excepcionales, presenciar el desarrollo de las medidas de ejecucin.

    El ejecutor, designado el ujier de justicia (huissier de justice), es un especialista en ejecucin independiente de carcter cuasi privado que ejerce en una profesin liberal. l es un funcionario pblico, re-cibiendo por parte del Estado una porcin de potestad pblica, que es nica e independientemente responsable de la notifi cacin y la ejecucin de las sentencias en nombre del acreedor, con rara excep-cin. El acreedor puede presentarse directamente al huissier de justice con el ttulo ejecutivo. El ejecutor podr negociar un plan de pago de la deuda (por ejemplo, el pago a plazos), si se llega a un acuerdo entre el acreedor y deudor. Si no, el ejecutor podr llevar a cabo la ejecucin forzosa, embargando los bienes muebles del deudor. En general, el huissier de justice puede llevar a cabo todas las medidas coercitivas sin autorizacin judicial previa.

    El huissier de justice tambin est autorizado a realizar otras acti-vidades, tales como el cobro amistoso de deudas, la redaccin de acuerdos privados, brindar asesora legal y actuar como un agente de seguros o mediador. Por otro lado, no puede ejercer actividades que son incompatibles con su cargo, por ejemplo, ser juez, notario o ejercer en una funcin administrativa. En Francia, el Departamento del Tesoro (Trsor Public) es el responsable de ejecutar las demandas pblicas a travs de sus funcionarios. Sin embargo, con frecuencia cada vez mayor el Departamento del Tesoro refi ere las reclamaciones a huissiers de justice debido a su efi ciencia en la ejecucin.

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  • El juez de ejecucin se ocupa fundamentalmente de aplicar las me-didas cautelares y de resolver los confl ictos que puedan surgir en un proceso de ejecucin, y tambin es necesario para autorizar deter-minadas medidas de ejecucin. El juez de ejecucin es el presidente del tribunal regional (tribunal de grande instance) o el juez delegado por l.

    El juez de ejecucin acta en cierto sentido como un juez de ape-lacin respecto de los problemas que puedan surgir en el procedi-miento de ejecucin. Cualquiera de las partes (acreedor o deudor), un tercero (por ejemplo, un banco), o el huissier de justice puede pre-sentar una queja ante un juez de ejecucin para cuestionar la medida de ejecucin o procedimientos adoptados. Por ejemplo, si el deudor se opone a un procedimiento de embargo, el juez evaluar si las condiciones que el embargo requiere se han cumplido (examinando en particular la fuerza de la orden de ejecucin en las que se basa) y anular o pedir la renuncia de la deuda del acreedor (mainleve) cuando las condiciones no se hayan realizado. En otros casos, el juez puede ordenar la mainleve de todas las medidas intiles o abusivas y condenar al acreedor a pagar daos y perjuicios en el caso de un embargo abusivo. Si bien es poco comn, tambin, en el caso que el deudor se oponga al acuerdo de pago propuesto por el ejecutor y el acreedor, podr acudir al juez y este ltimo podr imponer la mo-dalidad de pago tomando en cuenta las circunstancias del caso. Por otro lado, el huissier de justice puede acudir al juez cuando surjan problemas complejos de ejecucin, por ejemplo, para cuestionar una peticin del acreedor que el ejecutor considere que pueda ser ilegal.

    La reforma de 2010 concentr confl ictos sobre la ejecucin en tribunales especfi cos, que hasta entonces estaban dispersas. Las controversias relativas a los salarios y el pago de la pensin alimen-ticia fueron designados para el tribunal de primera instancia (tribunal dinstance) y las disputas relativas a los bienes inmuebles se designa-ron al tribunal de grande instance. Por lo general, los procedimientos son orales y no requieren la representacin por un abogado. No obs-tante, en la prctica suele ocurrir que los huissiers de justice respon-den sobre las quejas de un procedimiento en forma escrita, entregn-dole de esta forma una explicacin al juez, quien tendr que resolver la disputa.

    En adicin la labor central de responder a confl ictos, existen dos medidas de ejecucin, que siempre son sometidas a un control anti-cipado de un juez. Primero, el embargo de sueldo, por el carcter ali-mentario de la deuda embargada requiere un intento de conciliacin

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    y una autorizacin judicial previa48. Esta medida requiere ser ordena-da por el juez presidente del tribunal dinstance. Luego, siguiendo un orden judicial, el secretario (greffi er) del tribunal dinstance es la nica persona autorizada para proceder a un embargo de sueldo del deudor49. Segundo, el embargo de bienes inmuebles, necesita en la fase de realizacin de los activos un paso obligatorio del juez de eje-cucin50. Para la realizacin de esta medida, una vez que el juez de ejecucin autorice la venta (que tambin requiere actos previos del huissier de justice), los abogados nombrados por los licitadores llevan a cabo la subasta pblica en el tribunal regional.

    Cabe sealar que estos procedimientos de ejecucin el embargo de sueldo y la ejecucin contra bienes inmuebles solo se solicitan en un nmero menor de casos. En no ms del 10% de todas las re-clamaciones un acreedor solicita el embargo de salario, y solo en aproximadamente el 1-2% de todos los casos el acreedor solicita un embargo sobre bienes inmuebles51. En la prctica, solo en un porcen-taje mnimo de los casos ser necesaria la participacin de un juez de ejecucin52.

    La siguiente tabla ilustra la cantidad de casos de ejecucin que pasan a travs del sistema judicial. En trminos generales estos se relacio-nan con los confl ictos que surjan en la ejecucin, la modalidad del pago, el endeudamiento, y tambin incluyen las demandas de medi-das cautelares. Como puede verse, el 98,6% de todos los casos, sin incluir la deuda, se terminaron en 2010. Adems, la duracin prome-dio de un procedimiento fue de 1,9 meses, o 0,2 meses en los casos de solicitud de medidas provisionales.

    48 Cdigo de Trabajo (Code du travail), Art. 145-5.49 Cdigo de Trabajo, Arts. R.145-10 - R. 145-30.50 Cdigo de Procedimientos Civiles de Ejecucin (Code des procdures civiles

    dexcution), Art. R322-157 (El juez de ejecucin autoriza la venta amigable o forzada de un inmobiliario embargado).

    51 Entrevista con Bernard Menut, realizada el 22 de octubre de 2012, quien explic que las estadsticas ofi ciales sobre estas cifras no existen debido a la estructura independiente y descentralizada de la profesin del huissier de justice.

    52 Ibd.

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  • Casos ante el juez de ejecucin en 201053

    Nmero de demandas relacionados a procedimientos de ejecucin (sin incluir casos de endeudamiento)

    80.506

    - Relacionados a embargos de bienes muebles (prin-cipalmente en relacin a los confl ictos, e incluyen-do la solicitud por el embargo de sueldo)

    68.437

    - Otros procedimientos, relacionados a la modalidad de pago

    12.069

    - Endeudamiento 103.570

    Nmero de procedimientos terminados (sin casos de en-deudamiento)

    79.386

    Medidas de ejecucin

    - Embargo de sueldo (solicitudes) 722

    Otros asuntos

    - Medidas cautelares (tribunal de grande instance) 53.722

    Duracin promedio de casos terminados (en meses) 1,9

    - Duracin promedio de casos terminados de medi-das cautelares (en meses)

    0,2

    Otros actores que participan en la ejecucin incluyen al subastador (commissaire-priseur), quien lleva a cabo la subasta de bienes mue-bles, el corredor del tribunal (courtier en marchandise), quien puede ser nombrado por el tribunal de comercio (tribunal de commerce) para vender en subasta los productos por mayor que hayan sido obje-to de una medida de embargo, y los notarios y procuradores, quienes juegan un papel residual en la ejecucin, por ejemplo, pueden regis-trar valores judiciales y tambin pueden emitir la orden de embargo de bienes inmuebles. Adems, el ejecutor puede solicitar ayuda a la polica (prfet de police) o cualquiera autoridad delegada, para llevar a cabo las medidas de ejecucin ante un riesgo de seguridad pblica o la necesidad de proteger a alguien. Si la solicitud de intervencin policial es negada por intereses mayores, ser transferida a la ofi cina del Fiscal de la Repblica (Procureur de la Rpublique) por revisin.La divisin de la responsabilidad de la ejecucin en Francia se ilus-tra en el grfi co siguiente, basado en la medida de ejecucin que el acreedor elige una vez que tenga un ttulo ejecutivo.

    53 Republique Franaise, Secrtariat Gnral, Annuaire statistique de la Justice, dition 2011-2012, p. 99 (2012).

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    Responsabilidad en la ejecucin dividida entre las diferentes instituciones

    2. El ejecutor: el huissier de justice

    a. Marco legal y distribucin

    Al ejecutor (huissier de justice) se le concede autoridad de ejecu-cin en el artculo 1 del Decreto n 45-2592 del 2 de noviembre de 1945 y en el artculo L122-1 del Cdigo de Procedimientos Civiles de Ejecucin. El huissier de justice solo puede proceder con un pro-cedimiento de ejecucin cuando el acreedor le otorga el poder para hacerlo, y el traspaso del ttulo ejecutivo del acreedor al huissier de justice es prueba de tal habilitacin54. El huissier de justice est auto-rizado y obligado para proceder a la ejecucin forzosa de las senten-

    54 Cdigo de Procedimiento Civil, Art. 507. En Francia, segn el Cdigo de Procedimientos Civiles de Ejecucin, Art. L. 111-3, los ttulos ejecutivos son:

    1. Las resoluciones de los rganos jurisdiccionales civiles y administrativos, as como los acuerdos a los que estos tribunales han conferido fuerza ejecutoria;

    2. Los actos y las resoluciones judiciales extranjeras, as como las sentencias ar-bitrales declaradas ejecutivas por una resolucin contra la que no cabe recurso suspensivo de la ejecucin;

    3. Los extractos de los procedimientos de conciliacin fi rmados por el juez y las partes;

    4. Las actas notariales que incluyen una orden de ejecucin; 5. Los ttulos ejecutivos expedidos por el huissier de justice en caso de impago de

    cheques; 6. Los ttulos ejecutivos expedidos por personas jurdicas de derecho pblico, cali-

    fi cados como tales por la ley, o las decisiones a las que la ley reconozca los efectos de una resolucin judical.

    250

  • cias cuando son solicitadas por un acreedor en su competencia terri-torial. Sin embargo, cuando la medida parece ser de carcter ilcito o si el monto de los cargos parece altamente probable que supere el monto de la cantidad reclamada, el huissier de justice puede negarse a proceder55. Adems, el ejecutor tiene la obligacin de proporcionar asesoramiento e informacin al deudor y acreedor.

    El huissier de justice tiene el monopolio de la ejecucin de sentencias y de la notifi cacin en una jurisdiccin asignada que es equivalente a la competencia del tribunal regional56. Esta competencia es grande y no es exclusiva a un ejecutor, por lo que la existencia de estas ju-risdicciones compartidas promueve la competencia y la colaboracin entre ejecutores.

    En 2011, Francia tena 3.237 ejecutores o 5,0 por cada 100.000 habi-tantes57. Adems, en 2011, haba aproximadamente 700 aprendices, 10.500 otros miembros del personal que trabajaba en las ofi cinas de los ejecutores, y 1.860 ofi cinas de huissiers de justice58. Cabe sealar que si bien el nmero de ofi cinas es limitado, el nmero de ejecuto-res no lo es. Los huissiers de justice pueden trabajar de forma inde-pendiente, en asociacin por medio de sociedades civiles o mercanti-les en las que los huissiers de justice posean acciones de la sociedad, o como empleados. En 2010, el 22% (719) de los huissiers de justice trabajaron de forma independiente y el 78% (2.518) trabajaron en sociedad59. Adicionalmente, los huissiers de justice asalariados repre-sentan alrededor del 1% del total de ejecutores.

    Aunque histricamente los huissiers de justice trabajaron de forma independiente, hay una tendencia en Francia hacia la formacin de asociaciones de ejecutores. Estas asociaciones son generalmente pequeas. Por ejemplo, las empresas ms grandes pueden tener alre-dedor de diez huissiers de justice y otros veinticinco como miembros del personal, siendo generalmente la relacin de ejecutor a personal

    55 Cdigo de Procedimientos Civiles de Ejecucin, Art. L122-1. 56 La jurisdiccin puede variar ligeramente de este distrito en funcin de la zona geo-

    grfi ca o la demografa de una zona determinada. Los procedimientos de ejecucin que tienen lugar dentro de un distrito corresponden al distrito de domicilio del deudor.

    57 Estudio CEPEJ Informe Francia, supra nota 35, p. 67; Estudio CEPEJ 2012, supra nota 6, p. 335.

    58 Encuesta UIHJ, supra nota 6, Seccin 1. Esto muestra una baja del ao 2010, cuan-do hubo 1.877 ofi cinas de huissiers segn Annuaire statistique de la Justice, dition 2011-2012, supra nota 53, p. 305.

    59 Annuaire statistique de la Justice, dition 2011-2012, supra nota 53, p. 305.

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    de 1:4. En comparacin, en los Pases Bajos, que tienen un modelo ms empresarial de los ejecutores, las empresas de ejecutores tienden a ser mucho ms grandes, teniendo de 20 a 25 ejecutores y cientos de empleados, y la relacin de ello ser de 1:10. Entre las asociacio-nes en Francia, hay ms empresas civiles de huissiers de justice que comerciales (en 2010, haba 1.108 socits civiles professionnelles y 46 socits dexercice libral); sin embargo, estn surgiendo ms em-presas comerciales debido a los incentivos fi scales para la estructura de la empresa. En septiembre de 2012, de los 33 huissiers de justice asalariados, 26 de ellos eran mujeres60. Estas cifras revelan que, si bien puede no ser una opcin popular para un ejecutor tener un es-tado de empleado, esta es una opcin preferible para las mujeres que por motivos personales podran preferir la situacin laboral de los empleados sobre la de ejecutores independientes o asociados.

    b. Educacin, formacin y nombramiento61

    Los requisitos de educacin y formacin del huissier de justice han aumentado de manera exponencial en la historia de esta fi gura en Francia. Histricamente los requisitos del huissier de justice consis-tan en tener la capacidad de defenderse, lealtad y un buen carcter moral, y la formacin era a travs de la experiencia prctica. Requi-sitos posteriores incluyeron tener capacidad fi nanciera para pagar por un cargo, as como la capacidad de leer y escribir62. Como se men-cion anteriormente, la educacin y la formacin para los huissiers de justice mejoraron signifi cativamente en el siglo XIX debido a un impulso por los mismos ejecutores para mejorar la situacin de sus cargos y garantizar su supervivencia. A partir de 1930, los huissiers de justice necesitan estudiar derecho y aprobar un examen profesional. (En Francia, la trayectoria de estudios para una carrera en derecho, sea para ser abogado, juez o ejecutor, entre otros, consiste en el es-tudio de cuatro aos de Derecho 3 aos que son equivalente a una licencia y 1 ao de un mster. Luego, se especializa en la carrera en

    60 Entrevista con Bernard Menut, realizada el 25 de septiembre de 2012, citando como fuente el Journal Ofi cial enviado de la Cmara Nacional a delegados ofi cia-les, donde todos los nuevos huissiers de justice son publicados.

    61 Elaborado a partir de Decreto n 75-770 de 14 de agosto de 1975; Kennett, supra nota 35, pp. 64-68; Decreto n 2011-875 de 25 de julio de 2011; Bernard Menut, Lhuissier de justice salari: enjeux et perspectives, Analyse du dcret n 2011-875 du 25 juillet 2011, Chronique, N 9 / 64 anne / septembre 2011 (2011); Union Internationale des Huissiers de Justice, The judicial offi cer in the European Union: France, disponible en http://www.uihj.com/en/ressources/10148/54/france-en.pdf.

    62 El requisito de escribir y leer fue introducido en 1535.

    252

  • particular a travs de una capacitacin especializada de aproximada-mente dos aos.)

    En 1960, la Escuela Nacional de Procedimiento (cole Nationale de Procdure) fue establecida por la profesin, la cual sirvi como un centro de formacin tanto para los huissiers de justice como para su personal de apoyo. En 1975, una regulacin detallada de su forma-cin acadmica y profesional fue establecida.

    En la actualidad, para ser un huissier de justice, el solicitante requiere:1. Cuatro aos de estudios de Derecho, para obtener a una li-

    cenciatura y un ttulo de mster 1;2. El cumplimiento de un programa de capacitacin por dos

    aos en una escuela de procedimientos (terica) durante la realizacin de una prctica (al menos un ao de los cuales debe ser en el cargo de un ejecutor practicando); y

    3. Aprobacin de un examen profesional.

    El examen se lleva a cabo ante un miembro del tribunal de casacin (segunda sala, especializada en la ejecucin), un profesor experto en ejecucin, y tres huissiers de justice designados por el Ministro de Justicia63. Adems, para poder ser nombrado, el candidato debe ser de nacionalidad francesa, no haber cometido ningn acto que sea contrario al honor, probidad y buena moral, no haber cometido nin-gn acto que haya resultado en la eliminacin de un cargo anterior-mente posedo, y no haberse visto afectado por un procedimiento de quiebra o insolvencia. Un grado de mster 1 es necesario, y muchos candidatos para el programa de prctica tambin tienen un mster 2. Cabe sealar que en la prctica los huissiers de justice suelen haber trabajado en una ofi cina jurdica durante al menos diez aos antes de su nombramiento, y tener entre 45-50 aos.

    La formacin (la cual es remunerada) incluye tanto componentes tericos como prcticos. Sin embargo, en algunas circunstancias ex-cepcionales no se necesita aprobar el examen ni la formacin. Por ejemplo, los antiguos profesores en Derecho o las personas que ha-yan cumplido por lo menos cinco aos de ejercicio profesional en el servicio jurdico o fi scal de una empresa publica o privada que tiene contratado por lo menos tres abogados. No es fcil llegar a ser un

    63 Informacin adquirida de una visita realizada por una delegacin del Ministerio de Justicia de Chile a Francia en diciembre del ao 2012.

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    ejecutor en Francia. Adems de los estrictos requisitos de educacin, formacin y tambin del proceso de nombramiento, que se discutirn prximamente, la tasa de xito del examen es solamente de un pro-medio de 30%.

    Una vez que un rgano representativo de la profesin de huissier de justice ha dado su aprobacin al candidato despus de la capacita-cin y de la aprobacin del examen profesional, el candidato puede solicitar la designacin formal de un cargo que quede vacante para trabajar ya sea en el estado de individuo, en asociacin, o como em-pleado. En los primeros dos estatus, el candidato tendr que pagar por este cargo. El nombramiento se hace por el Ministerio de Justicia a propuesta del Fiscal de la Repblica (Procureur de la Rpublique) a travs de dos mtodos generales. Por un lado, el titular de un cargo de huissier de justice tiene el derecho de presentar un sucesor, y se le presentara un pago por la venta de la empresa. Este derecho est sujeto a un procedimiento para garantizar que el sucesor propuesto es una designacin adecuada: la solicitud de nominacin es enviada al Fiscal de la Repblica en el tribunal regional del lugar en que se encuentra el cargo, el Fiscal de la Repblica solicitar la opinin de la cmara departamental local de huissiers de justice en cuanto a la idoneidad y la situacin fi nanciera del candidato, y posteriormente la opinin del Fiscal de la Repblica se transmitir al Ministro de Jus-ticia, junto con el expediente del candidato para una decisin fi nal. Por otro lado, cuando un nuevo cargo que se crea o se presenta un puesto vacante y el anterior huissier de justice no presenta un sucesor, las aplicaciones se dirigen nuevamente al fi scal general en el lugar donde se ha producido la vacante. El Fiscal de la Repblica solicita el consejo de las cmaras departamentales y regionales de huissiers de justice y expresa su opinin al Ministro de Justicia64, y una comisin se establece para seleccionar de entre los candidatos y hacer pro-puestas al Ministerio de Justicia.

    Cuando se trata de huissiers de justice asalariados que trabajan como empleados, su nombramiento tambin debe pasar a travs de estas formalidades, y la designacin se hace por el Ministerio de Justicia. El titular del cargo de huissier de justice (el empleador) y el candidato conjuntamente presentan la solicitud para nombramiento al Ministerio de Justicia. Antes del nombramiento, el expediente del candidato se queda con el Fiscal de la Repblica, quien solicita la opinin de la

    64 Su opinin se reenva al Ministerio de Justicia a travs el procureur gnral, quien tambin puede expresar opinin.

    254

  • cmara regional respecto a la moral, la capacidad profesional del can-didato, y el cumplimiento del contrato con las normas profesionales.

    Los huissiers de justice en ejercicio estn obligados a participar en sesiones anuales de capacitacin de una semana. Hay una serie de instituciones de formacin que son reconocidas en el plano interna-cional y que se especializan en la formacin continua de los huissiers de justice (Institut de Formation Continue des Huissiers de Justice - IFOCH) y de sus empleados (cole Nationale de Procdure - ENP), y en la formacin de sus alumnos (Dpartement Formation des Stagiai-res - DFS) y colaboradores (ENP).

    c. Organizacin de la profesin y los correspondientes organismos profesionales

    En Francia, los huissiers de justice son miembros de una profesin re-gulada que se rige por normas legislativas relativas a su organizacin y funciones. Una organizacin profesional nacional para huissiers de justice se estableci por primera vez en Francia en el ao 1842 (la Communaut des Huissiers de France), y poco a poco se convirti en una organizacin permanente y estructurada65. Como se mencion, el actual marco regulatorio de la profesin del huissier de justice se estableci por ley en el ao 194566. Este estatuto defi ne las activida-des que los ejecutores pueden desarrollar, as como la organizacin piramidal de la profesin. La profesin est organizada en cmaras locales (por departamento), cmaras regionales, y una cmara nacio-nal. La afi liacin es obligatoria. Estas cmaras tienen una considera-ble competencia para adoptar reglamentos relativos a sus actividades, y tambin representan a los empleados de los huissiers de justice. Cada uno tiene funciones designadas que se describen en la siguiente tabla.

    65 La asociacin ha tenido una historia turbulenta, incluyendo un cisma que dio lugar a la existencia de dos organizaciones separadas del ao 1878 hasta el ao 1883. No obstante, la organizacin ha jugado un papel muy importante en la formacin de la profesin moderna.

    66 Orden n 45-2592, de 2 de noviembre de 1945.

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  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    Los organismos profesionales que representan a los huissiers de justice en Francia67

    Cuerpo profesional

    Composicin Funciones principales

    Cmara departamental (Local)

    El tamao de la cmara departamental vara con el nmero de huissiers de justice en el departa-mento (por ejemplo, 4-11 miembros). Un tercio de los miembros son elegidos cada ao, y al trmino de su periodo, los miem-bros son inmediatamente (e indefinidamente) ele-gibles para reeleccin. El presidente de la cmara convoca las reuniones de la cmara cuando corres-ponda, o a peticin de dos miembros de la cmara o el Procureur de la Rpu-blique. Tambin convoca una reunin general de huissiers de justice del departamento, que debe tener lugar por lo menos una vez al ao.

    Las funciones de la cmara departamental son:- La elaboracin de estatutos locales relativos a la conducta profesional (sujeto a confi rma-cin por parte del Ministro de Justicia).- Tramitacin de las reclamaciones.- La disciplina de sus miembros, ya sea por las medidas adoptadas por s mismo o por la iniciacin de un procedimiento disciplinario ante el tribunal local.- Conciliacin en caso de confl ictos entre los miembros.- Otorgar asesoramiento en los casos de huis-siers de justice ante los tribunales locales.- La prestacin o denegacin de un certifi -cado de buena conducta, que necesitan los candidatos a la profesin.

    Adems, la cmara en una formacin que incluye a los empleados de huissiers de jus-tice acta como un foro para tratar temas relacionados con el salario y las condiciones de trabajo de los empleados, as como su reclutamiento y entrenamiento.

    Cmara regional

    Mnimo de siete miem-bros; tamao vara segn el nmero de huissiers de justice en la regin. Los miembros son elegidos por seis aos (un tercio son elegidos cada dos aos) y pueden ser reelegidos. Se renen al menos dos veces al ao.

    La cmara regional tiene ciertas funciones de resolucin de disputas. Resuelve (por conci-liacin o decisin) las controversias entre las cmaras departamentales, y entre huissiers de justice de diferentes departamentos. Tam-bin tiene una funcin de asesoramiento. Aconseja sobre estatutos elaborados por las cmaras departamentales, as como sobre cualquier propuesta de reduccin del nme-ro de cargos de huissiers de justice dentro de su regin. En relacin a los asuntos edu-cativos, designa huissiers de justice a formar parte de la comisin que se encarga de los exmenes profesionales, y tambin se ocupa de todas las cuestiones relativas a los cursos de estudios profesionales operando dentro de su regin. La cmara regional, adems, tiene una importante funcin de supervisin. Es responsable de comprobar que los huis-siers de justice dentro de su regin manten-gan una contabilidad ordenada.

    67 Kennett, supra nota 35, pp. 139-142. La composicin de estas cmaras, y los procedimientos para la votacin de sus miembros, se regulan con detalle en el Decreto 56-222 de 29 de febrero de 1956.

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  • Cmara nacional

    Compuesta por delegados de cada regin, seleccio-nados por un electorado (miembros de las cmaras regionales y departamen-tales de la regin), que incluye un comit ejecuti-vo de siete miembros. Los miembros son elegidos por seis aos (un tercio son elegidos cada dos aos). Un delegado podr ser reelegido una vez y lue-go tendr que esperar un perodo de seis aos hasta que sea elegido de nuevo. Deben juntarse al menos una vez al ao.

    La cmara nacional representa a la profesin del huissier de justice en el nivel estatal, por lo que colabora con el Ministerio de Justicia y otros rganos del Estado en las cuestiones relacionadas con el huissier de justice. Tiene funciones de resolucin de confl ictos en los casos que no sean de la competencia de las cmaras departamentales y regionales. Ofrece asesoramiento sobre los estatutos propuestos por las cmaras departamentales y regionales. En una formacin que incluye a los empleados de huissiers de justice, se ocu-pa de cuestiones generales de contratacin, de educacin y de capacitacin, de previ-sin social y de las condiciones salariales y de trabajo. La cmara nacional tambin ad-ministra un fondo que otorga prstamos para ayudar a aquellos que buscan formarse como huissiers de justice. Este fondo se constituye de un impuesto en huissiers de justice en base al nmero de procedimientos que han procesado cada ao.

    A nivel internacional, Francia ha sido miembro de la Union Interna-tionale des Huissiers de Justice desde 1952.

    d. Supervisin y control68

    Los huissiers de justice llevan a cabo sus negocios da a da en mate-ria de ejecucin de forma independiente, y son autnomos en todas las cuestiones de ejecucin que sean de su competencia. El funcio-nario con la responsabilidad formal de supervisin de los huissiers de justice es el Fiscal de la Repblica. Sin embargo, el alcance de esta supervisin es bastante limitada en realidad. En la prctica, las cma-ras monitorean la conducta y ejercen un control disciplinario de sus miembros.

    Las actividades que pueden ser controladas son todas las actividades profesionales reguladas del ejecutor, los errores y abusos que pueden cometer en el ejercicio de estas actividades, los costos excesivos, las prcticas ilegales y las prcticas contables. Este control se puede rea-lizar en todo momento y sin previo aviso, a solicitud de cualquiera de los tres niveles de las cmaras: a nivel departamental por el Fiscal de la Repblica, a nivel regional por una cmara profesional o fi scal

    68 Elaborado a partir de Kennett, supra nota 35, pp. 172, 196; Encuesta UIHJ, supra nota 6, Seccin 8.

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  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    general (procureur gnral), o al nivel nacional por el Ministerio de Justicia o la cmara nacional.

    Sumado a lo anterior, tambin existe un control anual obligatorio. Por ejemplo, las cmaras regionales deben llevar a cabo la auditora de las cuentas al menos una vez al ao a travs del control aleatorio de una serie de archivos, tarea que se realiza por otros huissiers de justi-ce. El auditor no debe venir del mismo distrito que el ejecutor cuyas cuentas estn siendo auditadas. Adems, a travs de su contacto con el huissier de justice en asuntos tales como el proceso de nombra-miento, la solicitud de revisin de un huissier de justice, y el manejo de las preguntas en ciertos casos complejos, el Ministerio de Justicia y el juez de ejecucin tambin tienen un cierto grado de supervisin y control del ejecutor.

    Si un huissier de justice ha violado las normas profesionales, un procedimiento disciplinario puede ser iniciado en su contra, en pre-sencia de sus compaeros (otros huissiers de justice a travs de las cmaras) o de un tribunal regional en funcin de la gravedad de las sanciones propuestas. La cmara local de ejecutores puede imponer una advertencia, amonestacin o reprimenda ante la cmara. Para las sanciones ms severas, las acciones deban ser llevadas ante el tribu-nal regional por el Fiscal de la Repblica, el presidente de la cmara local, o cualquier parte lesionada. En este caso, las sanciones inclu-yen la suspensin temporal o destitucin del cargo.

    El huissier de justice tambin est sujeto a responsabilidad civil. De-bido a la estructura descentralizada y la liberalizacin de la profesin del huissier de justice en Francia, los datos sobre el nmero de expe-dientes disciplinarios iniciados contra los ejecutores y el nmero de sanciones anunciadas no se encuentra disponible. Las normas de ca-lidad no se han determinado para los ejecutores en Francia. Sin em-bargo, los huissiers de justice operan en sujecin a las normas ticas, disciplinarias y profesionales que rigen la profesin (a travs de las cmaras). Tambin, estn obligados a contratar un seguro de respon-sabilidad civil, que es organizado por la Cmara Nacional. De hecho, los pagos se procesan a travs de la Cmara Nacional, para que pue-da saber cules huissier de justice cumplen o no.

    258

  • 3. Los costos: Las estructuras de honorarios y la remuneracin del ejecutor69

    En Francia, los huissiers de justice son remunerados por las medidas de ejecucin a travs de los honorarios que cobran. Como ejecutores de carcter liberal, son propietarios de los cargos de huissiers de jus-tice70, solo ellos son responsables por el mantenimiento de sus cargos y personal con estas tarifas. Estas tarifas estn reguladas por un decre-to de 1996 y sus tablas anexas, que contienen un amplio sistema de regulacin de los honorarios correspondientes a la ejecucin, pero no interfi eren con las tarifas que puede cobrar un huissier de justice en relacin con otras actividades permitidas (por ejemplo, el cobro amis-toso de deudas). La estructura de costos de ejecucin es muy comple-ja en Francia. La mayora de las tarifas estn reguladas por complica-das tablas de precios contenidas en la legislacin, y como excepcin, algunos costos de ejecucin pueden ser libremente negociados por el huissier de justice y el acreedor.

    Los honorarios de ejecucin en Francia puede ser determinadas por tres elementos principales:

    1. Honorarios de contratacin: una cantidad a la que el huissier de justice tiene derecho en virtud de intentar la ejecucin;

    2. Honorarios fi jos o proporcionales: una cantidad calculada o negociada sobre la base de la accin realizada o como una proporcin de la deuda ejecutada; y

    3. Honorarios de gestin de cuotas: una cantidad cobrada por el costo de tramitacin del expediente al permitir el pago a plazos.

    El primer tipo de honorario, el honorario de contratacin, es cobrado al comienzo de un proceso de ejecucin. En fi n, sirve para asegurarse de que el huissier de justice pueda obtener un ingreso determinado en virtud de la ejecucin intentada. Este derecho se concede una vez en el contexto de la recaudacin privada o judicial dentro de la mis-ma responsabilidad. Este honorario solo se puede cobrar en relacin con los procedimientos para recuperar las sumas de dinero y solo en

    69 Elaborado a partir del Decreto n 96-1080 de 12 de diciembre de 1996; Isabelle Tinel, Country Report: France, en Study on the Transparency of Costs of Civil Judi-cial Proceedings in the European Union, lead by Jean Albert, European Commission (2007).

    70 Con la excepcin del huissier de justice asalariado, quien ser remunerado de la ofi cina en la cual trabaja.

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    ciertos tipos de procedimientos, los cuales se encuentran identifi ca-dos en un cuadro anexo al decreto. Este honorario es de responsabili-dad del deudor, si los costos de la accin en cuestin caen sobre l, y la responsabilidad es del acreedor en todos los dems casos. Esta ta-rifa se calcula con referencia al tamao de la deuda que se ejecutar, y tiene que ser siempre por lo menos dos veces la tarifa base, que es actualmente 2,2 y hasta 125 veces la tarifa base. Se calcula segn lo siguiente:

    0 a 304 : dos veces la tarifa base (2,2 ) por cada 76 Ms de 304 a 912 : ocho tarifas bases y dos veces la tari-

    fa base por cada 152 Ms de 912 a 3.040 : 16 tarifas bases y dos veces la tarifa

    base por cada 304 Ms de 3.040 , 30 tarifas bases y dos veces la tarifa base

    por cada 1.520

    El segundo tipo de honorarios incluyen los costos fi jos o proporcio-nales, los que se basan en la accin realizada o como una proporcin de la deuda forzada. Los honorarios fi jos basados en la accin reali-zada se calculan multiplicando la tarifa base (actualmente 2,2 ) por un coefi ciente que se establece en las tablas de tarifas por cada acto de ejecucin. Adems, en el acto de la notifi cacin de la citacin, si la direccin del domicilio del deudor, residencia o lugar de trabajo es desconocido, el coefi ciente es mayor. Por ejemplo, la tarifa por una notifi cacin de citacin tiene el coefi ciente de 8,5. As, para calcular el costo de este acto, este coefi ciente se multiplica por la tarifa base de 2,2 . En consecuencia, el costo de una notifi cacin de citacin es de 18,7 . Sin embargo, si el domicilio del destinatario, residencia o lugar de trabajo es desconocido, el coefi ciente se incrementa en un 7 (8,5+7= 15,5), por lo que sera 15,5 multiplicado por la tarifa base, o un costo de 34,1 . Cuando la accin est relacionada con una obligacin monetaria defi nida, a los honorarios fi jos se le asigna un coefi ciente adicional que vara de 0,5 a 2 en la base de la cantidad adeudada. Este coefi ciente adicional se multiplica por la tarifa fi ja, previo a multiplicarlo por la tarifa base de 2,2 . Los coefi cientes son los siguientes:

    0,5 si el monto de la deuda es de entre 0 y 128 1 si esta cantidad es mayor de 128 y menor o igual a 1.280 2 si es mayor que 1.280

    260

  • Ejemplo del clculo de los costos cuando la accin est relaciona-da con una obligacin monetaria defi nida:

    Si hay una deuda de 50 y el huissier de justice llevara a cabo la notifi cacin de una orden que lleva un requerimiento de pago, las tarifas son las siguientes:

    El coefi ciente para la notifi cacin de dicha orden es 12.Dado que la deuda es de entre 0 y 128 , el coefi ciente se mul-tiplica por 0,512 x 0,5 = 6 La tarifa base de 2,2 se multiplica por 66 x 2,2 = 13,2

    Por tanto, la cuota de la notifi cacin de esta orden es 13,2

    Sin embargo, si la deuda era de 5000 , el coefi ciente se multiplica por 2, ya que la deuda es superior a 1280 .

    12 x 2 = 24Este nmero se multiplica por la tarifa base24 x 2,2 = 58,6

    As, la cuota de la notifi cacin de esta orden sera 58,6

    En virtud del artculo 16 del decreto del ao 1996, los huissiers de justice pueden cobrar gastos adicionales, ya sea mediante un acuerdo con su cliente (una negociacin), o a falta de un acuerdo, por el juez a cargo de los impuestos. Esto es posible en tres situaciones: en primer lugar, cuando las tarifas se fi jan en la legislacin y el huissier de jus-tice se ha enfrentado a difi cultades o una situacin urgente en el de-sempeo de su misin; en segundo lugar, cuando un hecho no apa-rece en las tablas del anexo del decreto; y en tercer lugar, cuando la accin no es un acto normal de huissier de justice (por ejemplo, una consulta legal) y por lo tanto no se le da un tipo de tasa fi ja en el cua-dro anexo. Estos costos son siempre a cargo del cliente/mandante.

    As, es en virtud de este artculo y en estas circunstancias limitadas que los honorarios son negociables, sin embargo, es importante tener en cuenta que la gran mayora de los costos de ejecucin estn estric-tamente regulados por la ley.

    Por ltimo, dentro de esta categora, los huissiers de justice pueden reclamar honorarios en funcin de la cantidad realmente recuperada cuando son encargados a cobrar una deuda en base de un ttulo eje-cutivo. Estas tarifas proporcionales se calculan por un porcentaje del monto recuperado y pueden ser cobradas tanto al deudor o al acree-

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    dor. Este tipo de honorario es adicional a cualquier tarifa acordada por las partes en virtud del artculo 16 del decreto. Los porcentajes de los honorarios pagados por el deudor son los siguientes:

    10% de los montos recuperados hasta 125 6,5% de los montos recuperados entre 125 y 610 3,5% de los montos recuperados entre 610 y 1.525 0,3% de los montos recuperados mayores que 1.525

    Estas tarifas no podrn ser inferior a 2 veces la tarifa base o ms de 250 veces la tarifa base. Si los honorarios son pagados por el acree-dor, no pueden ser menos de 10 veces la tarifa base o superior a 1.000 veces la tarifa base, y los porcentajes son los siguientes:

    12% de los montos recuperados hasta 125 11% de los montos recuperados entre 125 y 610 10,5% de los montos recuperados entre 610 y 1.525 4% de los montos recuperados mayores que 1.525

    El tercer tipo de tarifa, el honorario de gestin de cuotas, se paga por el deudor para contribuir a los costos de gestin de pago a plazos. El huissier de justice puede cobrar tres veces la tarifa base para cada cuota, pero solo despus de que hayan transcurrido seis meses desde el inicio de los pagos a plazos y solo hasta un mximo de 15 veces la tarifa base.

    Como se puede ver, en Francia el deudor y el acreedor son responsa-bles por los costos de la ejecucin. En general el deudor es responsa-ble por los costos con ciertas excepciones. Las excepciones incluyen cuando no hay un mandamiento de ejecucin o si se manifi esta que un procedimiento no era necesario. Si el deudor es insolvente, se declara en quiebra o desaparece, todos los gastos deben ser pagados por el acreedor. Asimismo, si la ejecucin no tiene xito, todos los gastos son rembolsados por el acreedor al ejecutor. Por otro lado, el ejecutor percibir una comisin del acreedor si la ejecucin es exito-sa. En Francia, el acreedor paga por los servicios del huissier de justi-ce, los cuales son vistos a esa luz: un servicio. Si hay un desacuer-do, el acreedor puede solicitar al juez de ejecucin para determinar la cantidad exacta.

    Estas tres categoras principales de honorarios pueden ser ilustradas en el fl ujo que sigue.

    262

  • Honorarios del huissier de justice en Francia

    Adems de estas tres categoras principales de gastos, los huissiers de justice tambin pueden cobrar gastos de viaje para los procedimien-tos realizados, as como otros gastos. Los gastos de viaje se basan en una carga estndar que se utiliza para el sello postal. Los huissiers de justice pueden cobrar una tasa de viaje de 32 veces la tarifa por kilmetro de ferrocarril de primera clase para cada procedimiento realizado. Los dems gastos que el huissier de justice tiene derecho se enumeran en el artculo 20 del decreto, que son principalmente los pagos a terceros para su asistencia (por ejemplo, cerrajeros, unidades de almacenamiento, la polica). Tambin pueden reclamar las deudas tributarias sobre los procedimientos que llevan a cabo y los gastos postales para las cartas que se envan como parte del procedimiento de ejecucin. Ninguna tarifa puede ser cobrada si no est autorizada por el decreto.

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    Resumen de los costos de la ejecucin en Francia

    Tarifas reguladas por el Estado?

    S

    Tarifas negociables?

    No, con excepciones limitadas. La mayora de las tarifas estn estrictamente reguladas. Hay excepciones muy limitadas bajo el artculo 16, en el que ciertas acciones, por ejemplo, tomadas en urgencia o difi cultad, pueden ser libremente negociadas.

    Ley

    Los honorarios de ejecucin se determinan por el Decreto N 96-1080 de 12 de diciembre de 1996, y estn principalmente divididas en tarifas fi jas, negociadas o proporcionales, tarifas de compromiso, y tarifas de gestin de cuotas. Los gastos de viaje y adicionales tambin pueden ser cobrados.

    Quin es responsable?

    El deudor y acreedor son responsables por el costo de determinadas acciones. En general el deudor es responsable por todos los costos de ejecucin con ciertas excepciones. Adems, el ejecutor percibir una comisin del acreedor si la ejecucin es exitosa.

    Remuneracin de los ejecutores

    Los huissiers de justice reciben todos los honorarios cobrados al acreedor o deudor.

    4. Acceso a la informacin sobre el patrimonio del deudor71

    La disponibilidad de informacin sobre el patrimonio del deudor para los huissiers de justice se ha reformado a lo largo de los aos con el fi n de mejorar el acceso a la informacin y por lo tanto la efi ciencia de los procedimientos de ejecucin. La ley de 1991 dispuso que el ejecutor tiene la facultad de solicitar al departamento del fi scal pbli-co, asistencia a fi n de que los bienes del deudor sean conocidos, por lo que el fi scal era responsable de la bsqueda de informacin acerca del deudor. Existen dos motivaciones detrs de esto, primero, para canalizar la informacin a travs de una autoridad judicial como me-dida de proteccin, y segundo, para obligar al deudor a participar en la ejecucin mediante la revelacin de sus bienes. Sin embargo, este sistema en el que el ejecutor no tena acceso directo a la informacin se enfrent a muchos retos: el departamento del fi scal tena una gran carga de trabajo, y a menudo, en el momento en que la informacin fue remitida al huissier de justice, ya no era relevante. Adems, a pe-sar de la obligacin de cooperar, los deudores continuaron resistien-do el suministro de informacin sobre sus activos. En la prctica, esta cooperacin no funcion efi cientemente. En este contexto, las orga-

    71 Elaborado a partir de Niboyet y Lacassagne, supra nota 35, p. 165; Kennett, supra nota 35, p. 274-276; Encuesta UIHJ, supra nota 6, Seccin 11.

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  • nizaciones particulares, como detectives privados, se desarrollaron con el fi n de complementar la necesidad de acceder a la informacin sobre los deudores.

    Con esto como punto de partida, la legislacin francesa poco a poco comenz a otorgar ms poderes de acceso a la informacin a los eje-cutores. Desde el ao 1973, los huissiers de justice tuvieron acceso directo a la informacin de los casos relacionados con el pago de las deudas alimentarias, que estaba disponible para las autoridades loca-les o los organismos estatales y las organizaciones de seguridad social que gestionan las prestaciones de este tipo72. Desde febrero de 2004, los huissiers de justice pueden acceder directamente a un registro mantenido por la Administracin Tributaria (FICOBA - Fichier national des comptes bancaires et assimils) a fi n de obtener informacin so-bre la cuenta bancaria del deudor73. Las instituciones fi nancieras de-ben proporcionar informacin al huissier de justice sobre las cuentas bancarias del deudor: si existen cuentas bancarias y la ubicacin de estas cuentas74.

    El acceso a la informacin se mejor an ms en el ao 2010. La ley del 22 de diciembre de 2010 sobre la ejecucin de sentencias, contiene diversas disposiciones relativas a la mejora de la ejecu-cin de sentencias, en particular por el aumento de la efi ciencia de las acciones de los huissiers de justice. Esta ley facilita el acceso a las partes comunes de los edifi cios, obligando a los propietarios de departamentos a permitir que los huissiers de justice accedan a los buzones de correo, y facilita la recuperacin de reas abandonadas por sus arrendatarios. Antes, era comn que los huissiers de justice no pudieran acceder a los edifi cios para verifi car que la persona a quien se le entregaba un acto de hecho viviera en ese edifi cio. Por ltimo, cabe recordar que el Cdigo de Procedimientos Civiles de Ejecucin, implementado el 1 de junio de 2012, codifi c las distintas leyes que rigen los procedimientos civiles de ejecucin con el fi n de facilitar el acceso75.

    De esta manera, el fi scal ya no es un intermediario necesario entre el huissier de justice y la informacin requerida para la ejecucin.

    72 Ley n 73-5 de 2 de enero de 1973.73 Ley n 2004-130 de 11 de febrero de 2004.74 Cdigo de Procedimientos Civiles de Ejecucin, Art. L152-2.75 Decreto n 2012-783 de 30 de mayo de 2012.

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    A la vez, se autoriza al ejecutor con un ttulo ejecutivo para ir direc-tamente a las autoridades o las personas que estn bajo el control de la autoridad administrativa con el fi n de obtener la divulgacin de la direccin del deudor y las coordenadas de su empleador, a pesar del secreto profesional76. Las instituciones que deben proporcionar la informacin relacionada con los deudores a los huissiers de justi-ce, incluyen: los servicios postales, los bancos, los empleadores del deudor, las autoridades fi scales, los servicios de seguridad social, los organismos que administran los registros pblicos, los servicios de registros de propiedad, y en general, los organismos estatales que administran las bases de datos con la informacin necesaria para la ejecucin efi ciente. La informacin a que puede acceder un ejecutor incluye:

    Direccin/direcciones Fecha y lugar de nacimiento Nacionalidad Nmero de identifi cacin de las personas jurdicas Bienes especfi cos tales como vehculos, barcos, aviones,

    etctera. Informacin sobre cuentas bancarias Informacin sobre bienes inmuebles

    El huissier de justice debe cumplir ciertas obligaciones con respecto a la informacin que acceda. l est obligado a mantener la confi -dencialidad cuando la informacin secreta, confi dencial o sensible llega a su conocimiento en el curso del procedimiento de ejecucin. Adems, la informacin solo puede ser utilizada para la ejecucin de la sentencia o el ttulo ejecutivo por la cual fue obtenida. No se podr compartir la informacin a terceros, y existen sanciones por violar estas normas.

    La informacin est contenida en los registros o bases de datos. En Francia, las bases de datos existen respecto de toda la informacin que un ejecutor pueda tener acceso, incluyendo direcciones, bases de datos de vehculos, cuentas bancarias y registros de propiedad. La mayora de las bases de datos son pblicos y se pueden acceder mediante el pago de una pequea cuota (por ejemplo, esto se aplica a los registros de la propiedad). Sin embargo, por ejemplo, al registro de cuentas bancarias FICOBA solo se puede acceder por personas o entidades autorizadas por la ley, incluyendo los huissiers de justice.

    76 Cdigo de Procedimientos Civiles de Ejecucin, Art. L152-1.

    266

  • Cabe sealar que el acceso a la informacin de la cuenta bancaria no es ilimitado. Por ejemplo, los huissiers de justice con un ttulo ejecu-tivo pueden acceder a un registro en lnea de las cuentas bancarias a travs de Internet. Por este registro se puede acceder a los nombres de las cuentas bancarias de los deudores que tienen cuentas y por lo tanto se puede proceder al embargo, no obstante aquello, no pueden acceder a la informacin sobre el monto de dinero en la cuenta o las operaciones de cuenta. En otras palabras, este sistema solo proporcio-na informacin resumida sobre el titular de la cuenta y sobre el tipo de cuenta.

    Adems, los registros de propiedad en Francia no estn centralizados. As, un acreedor o huissier de justice que desee obtener informacin sobre los bienes inmuebles, pueden hacerlo, pero este esfuerzo solo ser til si el correcto registro de la propiedad sea accesible. Sin sa-ber dnde la propiedad est ubicada, sera prcticamente imposible investigar dentro de los cientos de agencias de registro de propiedad existentes.

    III) Abarcando los desafos actuales

    En medio de las reformas recientes, dos cuestiones a destacar en que las reformas todava pueden estar pendientes, se centran en torno al acceso a la informacin. En primer lugar, los huissiers de justice siguen considerando el acceso a la informacin sobre los bienes del deudor demasiado limitado, no obstante que a nivel comparado se considera bueno el acceso. De acuerdo con un cuestionario de la Union Internationale des Huissiers de Justice, el representante de Francia en cuanto a la ejecucin respondi que el acceso a la infor-macin sobre el deudor por parte de un huissier de justice se conside-raba relativamente insatisfactorio77. Pero esta misma encuesta pre-senta como razones para la satisfaccin lo siguiente: el acceso rpido a la informacin, acceso directo a la informacin, acceso a travs de Internet a la informacin, y los bajos o gratuitos costos.

    Un ejemplo de una experiencia exitosa en cuanto este desafo, como se mencion, se encuentra en la ley de 2010 que ampli los poderes del huissier de justice en cuanto al acceso a la informacin, en es-pecial con permitir al ejecutor a acceder a las reas comunes de los edifi cios. Antes de esta ley, el huissier de justice no tuvo el poder de pedirle cooperacin a las personas relevantes (por ejemplo, el dueo

    77 Encuesta UIHJ, supra nota 6, Seccin 11.

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    o cuidador del edifi cio) para dejarles entrar, ni para poner una carta en el buzn, una situacin que sin duda presentaba problemas para los ejecutores.

    En segundo lugar, los registros que existen en una forma descentrali-zada presentan una barrera signifi cativa para el acceso efi ciente a la informacin. El sistema actual presenta un serio impedimento para la ubicacin de los bienes, cuando un deudor no revela toda su propie-dad que se encuentra en diferentes partes del pas. Por ejemplo, los registros de propiedad son numerosos y organizados a nivel local. Tambin, ha habido movimientos para mejorar esta situacin. Por ejemplo, recientemente se ha modifi cado el sistema de tecnologas de informacin (TI) para el registro de vehculos, el cual ha permitido un acceso ms fcil y transparente para los huissiers de justice a estos bienes muebles.

    En cuanto a la tecnologa, es importante sealar que esta ha sido una barrera importante para la transparencia de los activos del deudor as como el intercambio de informacin sobre deudores o sobre el funcio-namiento de diferentes huissiers de justice. Por esto, no se encuentran datos a nivel nacional sobre el desempeo de huissiers de justice. No estn obligados a presentar estos datos a la Cmara Nacional, ni tie-nen sistemas informticos uniformes para poder compartir esta infor-macin. Al contrario, se utilizan distintos sistemas de TI.

    El uso de distintos sistemas de TI es un punto que se espera mejorar en las prximas reformas. Se aspira a promover plataformas especia-les para permitir comunicaciones entre los sistemas de los ejecutores, dentro de los cuales en este momento existen ms de diez distintos sistemas informticos. En la actualidad, la integracin de los siste-mas informticos se est haciendo a travs de una plataforma comn administrada por ADEC desde el ao 2000 (en la que la Cmara Na-cional es muy activa). Esta plataforma gestiona el acceso directo a la informacin bancaria a travs de FICOBA y registros de vehculos para todos los sistemas de TI, o el acceso directo a los clientes por medio del envo de informacin por va electrnica en su caso. Sin embargo, debido a la estructura de la profesin del huissier de justice, una integracin completa es vista como difcil de lograr. Tambin, una meta que se est desarrollando actualmente es posibilitar a que al titre ejecutoire se acceda de forma virtual por los ejecutores de los tribunales.

    Por ltimo, un desafo que ha surgido recientemente se refi ere a la cantidad creciente de personas sobreendeudadas que estn en con-

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  • tacto con el sistema de ejecucin. En esta situacin, lo que puede ocurrir es que un acreedor inicie un caso a travs de un huissier de justice, y que el deudor se destine a una comisin de sobreendeu-damiento (la commission de surendettement) para solicitar que se le considere como una persona sobreendeudada. Una vez aprobado por la comisin, la ejecucin se detiene. En este caso, el huissier de justice debe devolver todos los documentos, y el acreedor debe pagar los honorarios del huissier de justice y el costo del procedimiento de ejecucin, adems de tener la deuda. Elaboraciones adicionales estn fuera del alcance de este estudio, sin embargo, es importante observar esta tendencia considerando la actual situacin fi nanciera de Europa.

    Alemania: Modelo Mixto78

    I) Antecedentes histricos y contexto de la ejecucin

    La actual ejecucin civil a diferencia de la ejecucin administrativa en Alemania se puede clasifi car como un sistema de modelo mixto, o ms especfi camente como un sistema controlado por el tribunal, pero no llevado a cabo ni controlado en la prctica por un juez, sino por distintos actores (podra ser denominado el modelo judicial ate-nuado). Cuatro cuerpos principales tienen la responsabilidad de la ejecucin de las sentencias civiles en Alemania: el ofi cial de ejecu-cin, el tribunal que tiene jurisdiccin sobre la ejecucin, el tribunal de primera instancia y el registro de propiedad. Cada una de estas en-

    78 Elaborado a partir de las normas y regulacions de Alemania, informacin de la Union Internationale des Huissiers de Justice, The European Commission for the Effi ciency of Justice (CEPEJ), y entrevistas y/o comunicaciones con expertos en el sistema de ejecucin en Alemania, incluyendo: Karl-Heinz Brunner, Vicepresidente de la Asosiacin Federal de Ofi ciales de Ejecucion en Alemania; Burkhard Hess, Director del Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law y ex juez en la Corte de Apelaciones de Karlsruhe (Alemania) donde conoci y resolvi casos en materia de ejecucin; Christoph Kern, profesor, Centre of Comparative, European and International Law (CDCEI), Universidad de Lausanne en Suiza y Chair for German Law (CDA); y Marc Sch-mitz, representante de la UIHJ y un ejecutor en Blgica. Tambin de los siguientes documentos y otras fuentes: European Commission for the Effi ciency of Justice, Scheme for Evaluating Judicial Systems 2011, Country report: Germany (2012) [de aqu en adelante Estudio CEPEJ Informe Alemania]; Burkhard Hess y Marcus Mack, Chapter 9: Germany, en Enforcement Agency Practice in Europe, British Institute of International and Comparative Law, Editors Mads Andenas, Burkhard Hess, Paul Oberhammer (2005); European judicial enforcement, Germany, E-note 2 the ac-tors of enforcement, disponible en www.europe-eje.eu; European Judicial network in civil and commercial matters, Legal Professions Germany, disponible en http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_prof/legal_prof_ger_en.htm (2006).

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    tidades es responsable de ciertos tipos de demandas de ejecucin se-gn lo defi nido por el Cdigo de Procedimiento Civil alemn (ZPO)79. En la prctica, los dos ejecutores principales que llevan a cabo la mayor parte de las medidas de ejecucin dentro de estas entidades son funcionarios pblicos: el ofi cial de ejecucin (Gerichtsvollzieher), quien se establece generalmente fuera del tribunal; y el funcionario judicial (Rechtspfl eger), quien tiene su sede en el interior del tribu-nal. Han existido iniciativas recientes respecto de la transicin a un sistema de ejecucin de modelo liberal, sin embargo, este cambio es poco probable que suceda en el futuro prximo debido a la falta de apoyo poltico para dicho cambio.

    Histricamente, en Alemania el objetivo para el desarrollo de este tipo de sistema de ejecucin civil difuso, era tener un modelo de eje-cucin descentralizado. El modelo fue desarrollado en base a la idea de que cada tipo de reclamacin de ejecucin deba llevarse a cabo por la institucin o entidad que se encontraba en la mejor posicin para ejecutarlo en el contexto de la reclamacin. Por ejemplo, por un lado, un ejecutor independiente puede llevar a cabo la ejecucin contra bienes muebles por medio de la incautacin y venta sin la ne-cesidad de intervencin judicial. Por otro lado, cuando un tema est estrechamente relacionado con la sentencia (por ejemplo, una orden para que el deudor o un tercero acten o se abstengan de ciertos ac-tos), o mediante mtodos coercitivos (por ejemplo, multas o penas de prisin), un juez o funcionario judicial deber estar involucrado. Del mismo modo, el registro de propiedad alemana es el nico responsa-ble del registro de la hipoteca por una deuda monetaria, cuando el acreedor desea llevar a cabo la ejecucin en contra de una propiedad por este mtodo. En este sentido, en el modelo mixto de Alemania, a la entidad que est ms estrechamente relacionada con la reclama-cin se le asigna la responsabilidad de ejecucin.

    La fi gura del ofi cial de ejecucin en Alemania se ha desarrollado tan-to sobre la base de las tendencias histricas, as como de la prueba y error. Cuando se estaba debatiendo un cdigo uniforme de procedi-miento civil para Alemania a mediados del siglo XIX, los borradores iniciales propusieron que partes del sistema francs del huissier de justice deban adoptarse, como la independencia fi nanciera y organi-

    79 Cdigo de Procedimiento Civil (Zivilprozessordnung - ZPO) 803-882a (deman-das pecuniarias) y 883-898 (ejecucin para la entrega de propiedad, acciones u omisiones).

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  • zativa del ejecutor en la estructura judicial80. Debido a que no fue la intencin que el ejecutor alemn tuviera la gama completa de funcio-nes encomendadas al huissier de justice, los borradores de este cdi-go luego restringieron cada vez ms la independencia del ofi cial de ejecucin en Alemania. Un compromiso fue alcanzado bajo la Ley de la Judicatura del ao 1877, que estableci que la relacin de servicio y de negocios de los ofi ciales de ejecucin deba ser determinada por el canciller del imperio en relacin a los muy pocos ejecutores en la Corte Suprema del Imperio (Reichsgericht), y por la administracin judicial del Estado para los tribunales inferiores81.

    En este contexto, cabe sealar que Alemania es una repblica federal con 16 Estados o Lnder. El sistema judicial alemn se compone de los tribunales de primera y segunda instancia en el mbito estatal, y de un tribunal de tercera instancia en aquel entonces el Reichsgericht y actualmente el Tribunal Supremo Federal (Bundesgerichtshof) a ni-vel federal. En otras palabras, no existen sistemas de tribunales esta-tales y federales paralelos, como en los EE.UU., pero hay un sistema judicial unifi cado con los tribunales inferiores proporcionados por los Estados y los tribunales de ltima instancia proporcionados por la federacin.

    Hasta el ao 1964, una variedad de diferentes modelos del ejecutor denominado ofi cial de ejecucin existan entre los diferentes Estados. En algunos de estos, los acreedores podan elegir libremente entre los ofi ciales de ejecucin en las jurisdicciones territoriales, donde cada uno tena que mantener sus propias ofi cinas y obtener sus in-gresos procedentes de las tarifas de ejecucin, mientras que en otros Estados, los ofi ciales de ejecucin fueron empleados por el Estado y actuaban bajo la direccin del tribunal local. En Prusia, en el siglo XIX, el sistema de ejecucin establecido permita a los acreedores elegir libremente a sus ofi ciales de ejecucin, que fueron remunera-dos por sus honorarios, mientras que el Estado garantizaba un ingreso mnimo. Como resultado de ello, en algunas reas (zonas rurales, en particular), los ofi ciales de ejecucin no alcanzaban su ingreso garan-tizado, por lo que el Estado, en consecuencia, tena que pagar sumas considerables en comparacin con otras reas donde ofi ciales de eje-cucin ganaban grandes cantidades indebidamente. Otro problema

    80 Para ms informacin sobre la historia del ofi cial de ejecucin, vase Kennett, su-pra nota 35, pp. 49-51.

    81 El Gerichtsverfassungsgesetz de 1877, 155. Hoy la provisin respectiva se en-cuentra en el 154 del Gerichtsverfassungsgesetz (GVG).

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    surgi cuando los abogados y ofi ciales de ejecucin se unieron para garantizar el trabajo de los ejecutores a cambio de una parte de sus honorarios para los abogados. Este sistema fue visto como un fracaso, y como resultado, fue adoptado un nuevo sistema, de manera que cada ofi cial de ejecucin tuvo su propio mbito de jurisdiccin terri-torial, y la competencia fue excluida. Este es el sistema que se adopt en toda Alemania y que actualmente se encuentra vigente.

    El actual sistema del ofi cial de ejecucin alemn tiene rastros del sistema francs del huissier de justice, por ejemplo, el mantenimiento de su propia ofi cina, pero por lo dems se aparta del modelo francs y est bien integrado dentro de la burocracia judicial. No obstante, el ofi cial de ejecucin es un rgano de ejecucin independiente, de modo que a pesar de que l es parte de un tribunal local y se encuen-tra sujeto a la supervisin del juez supervisor en esta corte, no puede recibir instrucciones individuales del juez con respecto a sus funcio-nes. Est restringido exclusivamente solo a un distrito o una ciudad determinada, por lo que no hay competencia entre los ofi ciales de ejecucin.

    Durante varias de las ltimas dcadas, y ms recientemente desde el ao 2002, ha habido un movimiento en torno a reformar la ofi cina del ofi cial de ejecucin en Alemania desde su sistema actual a un sis-tema liberalizado ms afn al sistema de huissier de justice. En la ac-tualidad, existe un proyecto de ley que se evala en el Congreso, que la Cmara Alta (Bundesrat) present a la Cmara Baja del Parlamento Alemn (Bundestag) el 24 de marzo de 201082. Una de las motivacio-nes detrs de esta propuesta de reforma que eliminara la jurisdiccin exclusiva de los ofi ciales en su distrito as como permitira a las em-presas privadas llevar a cabo las tareas del ofi cial, es dar al acreedor la libre eleccin entre varios ofi ciales de ejecucin en competencia. Para llevar a cabo este tipo de reforma una mayora de 2/3 del Bun-destag alemn tendra que estar de acuerdo con una enmienda a la Constitucin alemana, porque de acuerdo a la Constitucin, el de-recho a realizar tareas soberanas como las detenciones, las entradas forzadas en apartamentos, etc., pueden, en general, solo ser delega-das a los funcionarios pblicos. Bajo el gobierno actual, sin embargo, parece que este qurum de 2/3 podra ser difcil de lograr debido a que varios partidos en el Parlamento han declarado su rechazo a la propuesta. Por lo tanto, es probable que este proyecto de ley no vaya a prosperar. Ms informacin, incluyendo el proceso de implementa-

    82 Bundestag-print 1/1225 (2010).

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  • cin de esta reforma propuesta y otras reformas actuales se discutirn en la seccin III.

    Por ltimo, cabe sealar que a partir del 1 de enero del ao 2013, una de las reformas ms importantes de los ltimos 100 aos al sistema de ejecucin alemn se pondr en vigencia. La Ley de Re-formar el Esclarecimiento de los Hechos en la Ejecucin Forzosa de 29/07/200983 modernizar varios aspectos del sistema de ejecucin actual en Alemania. Varias referencias a esta reforma sern hechas a lo largo de esta seccin.

    II) Modelo orgnico de la ejecucin

    1. Los actores involucrados en la ejecucin

    Las principales entidades responsables de la ejecucin de sentencias civiles en Alemania son: el ofi cial de ejecucin, el tribunal con com-petencia en la ejecucin, el tribunal de primera instancia y el registro de la propiedad. Cada uno de estos organismos tiene jurisdiccin sobre la ejecucin de determinados tipos de demandas, pero no se iniciar un procedimiento de ejecucin sin una solicitud previa del acreedor. Dentro de los diferentes tipos de procedimientos de ejecu-cin, los principales actores involucrados son el acreedor, el ofi cial de ejecucin y el funcionario judicial. Adems, en casos limitados, el juez puede estar involucrado.

    El acreedor es responsable de iniciar la ejecucin mediante la reco-pilacin de la informacin necesaria sobre el deudor, de la decisin sobre el mtodo de ejecucin, y de la aplicacin ante el organismo competente. Cabe sealar que Alemania tiene la particularidad de que el acreedor en el sistema actual tiene la carga total de proporcio-nar al rgano de ejecucin la informacin sobre el deudor necesaria para iniciar la ejecucin. Como se examinar en mayor detalle ms adelante, esta carga ser aliviada el 1 de enero de 2013, cuando al ofi cial de ejecucin se le conceda mayores poderes en la ejecucin.

    El ofi cial de ejecucin (Gerichtsvollzieher) es un funcionario civil vinculado a la administracin judicial de los Lnder, que es respon-sable de efectuar la notifi cacin, la entrega de citaciones, la admi-

    83 Ley de Reformar el Esclarecimiento de los Hechos en la Ejecucin Forzosa de 29/07/2009 (Gesetz zur Reform der Sachaufklrung in der Zwangsvollstreckung), Boletn Ofi cial Federal 2009, Parte I, p. 2258.

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    nistracin de juramentos ofi ciales, y de ejecutar las sentencias en nombre del acreedor en la medida en que la ejecucin no haya sido asignada a los tribunales84. Por lo tanto, no tiene el monopolio sobre la ejecucin. Es un funcionario del Poder Judicial y est sujeto a la supervisin de los tribunales, pero en la prctica, lleva a cabo sus funciones independientemente. l es principalmente responsable de la ejecucin coercitiva de las reclamaciones monetarias de bienes muebles, as como de la ejecucin forzosa para obtener la entrega de bienes muebles e inmuebles. Este es distinto del ofi cial que ejecuta las demandas pblicas en nombre de una agencia del gobierno (por ejemplo, la ofi cina tributaria federal o el municipio).

    Luego de recibir el ttulo e instrucciones del acreedor, junto con la in-formacin sobre el deudor y sus activos, el ofi cial de ejecucin lleva a cabo el procedimiento de la ejecucin sin la necesidad de involu-cracin posterior por el acreedor. En el sistema actual, el ofi cial de ejecucin esta obligado a ejecutar al recibir este orden, no obstante, en el sistema reformado, a partir del ao 2013, podr tambin llevar a cabo un acuerdo amistoso con el deudor. A partir de la reforma, el ofi cial de ejecucin realizar l mismo la bsqueda de informacin sobre los activos del deudor, e igualmente llevar a cabo el proce-dimiento de la ejecucin independientemente. Cabe sealar que a diferencia del modelo francs donde el huissier de justice puede re-cibir una orden general del acreedor y podr elegir cmo proceder segn las circunstancias, en el sistema alemn, el ofi cial de ejecucin solo puede seguir las instrucciones de procedimiento del acreedor. En todo caso, esto no signifi ca que el acreedor estar involucrado en el procedimiento, sino solamente que el ofi cial de ejecucin es limitado por las instrucciones dictadas por l.

    En segundo lugar, el tribunal con competencia sobre la ejecucin (o el tribunal de ejecucin) es responsable de la ejecucin de las reclamaciones pecuniarias sobre bienes inmuebles (tales como el secuestro judicial y la subasta obligatoria) as como de las reclama-ciones pecuniarias contra otros derechos de propiedad (tales como el embargo de los crditos pecuniarios contra los terceros y el embargo de cuentas bancarias y sueldo). A menos que otro tribunal haya sido designado por la ley, el tribunal con competencia sobre la ejecucin es el tribunal local (Amtsgericht, AG) del distrito donde los procedi-mientos de ejecucin se van a realizar o se han realizado. Es decir,

    84 Ley de la Judicatura (Gerichtsverfassungsgesetz - GVG) 154; Cdigo de Procedi-miento Civil 753, 899.

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  • es el tribunal local que tiene competencia domstica general sobre el deudor o donde se puede presentar una demanda contra el deudor en virtud de que ese es el lugar donde los bienes en cuestin se encuen-tran. En la prctica, el tribunal de ejecucin es un departamento del tribunal local.

    La mayor parte de las funciones atribuidas al tribunal de ejecucin son realizadas por funcionarios judiciales (Rechtspfl eger) que tienen su sede en el interior del tribunal. Los funcionarios judiciales se en-cargan de llevar a cabo una amplia gama de funciones en relacin con la ejecucin, tales como la ejecucin contra bienes inmuebles del deudor y el procedimiento de embargo, as como otras activida-des judiciales. En casos limitados, un juez (Richter) interviene en ma-teria de ejecucin, estos incluyen cuando las medidas de ejecucin infringen ciertos derechos constitucionales del deudor (por ejemplo, una bsqueda de una vivienda sin consentimiento del deudor, la de-tencin y el encarcelamiento del deudor), y cuando las decisiones del funcionario judicial son cuestionadas. Adems, en asuntos difciles como la determinacin de la constitucionalidad de una disposicin pertinente o la aplicacin de una ley extranjera, un funcionario judi-cial debe remitir el caso a un juez.

    El tribunal con competencia sobre la ejecucin tambin se encarga de las peticiones, objeciones y recordatorios acerca de la ejecucin forzosa tomada por el ofi cial de ejecucin. Estas pueden referirse bien sea a la naturaleza y el modo de ejecucin forzosa, o la manera de proceder por el ofi cial de ejecucin en el curso de la ejecucin forzosa. Adems, el tribunal de ejecucin deber pronunciarse en el caso de que el ofi cial de ejecucin se niegue a asumir las instruccio-nes de ejecucin o a realizar una accin de ejecucin de acuerdo con las instrucciones, o si escritos se han presentado por los costos que cobra el ofi cial. En general, las disputas se escuchan a travs de una audiencia oral, por un juez o funcionario judicial si son sobre el procedimiento de ejecucin, y por el director del tribunal local (es decir, el jefe del ofi cial de ejecucin) si se trata del comportamiento del ofi cial de ejecucin. Una apelacin a las decisiones del tribunal de ejecucin en estos casos, es oda por el Tribunal de Distrito (Land-gericht), y un recurso de apelacin contra la decisin del Tribunal de Distrito, que solo es admisible en circunstancias estrechas, por el Tri-bunal Supremo Federal.

    En tercer lugar, en casos excepcionales, el tribunal de primera ins-tancia tiene la responsabilidad de las medidas de ejecucin. Este es el caso en la aplicacin de medidas cautelares o en la ejecucin

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    a travs de medidas como una autorizacin para que el acreedor tome una accin en detrimento del deudor, el or la presentacin de una declaracin de intenciones y la aplicacin de sanciones a los deudores que no cooperan. En otras palabras, el tribunal de primera instancia es el responsable de llevar a cabo las medidas de ejecucin que requieren al deudor a realizar, tolerar o abstenerse de ciertas ac-ciones. Si el deudor se resiste a una accin ordenada por el tribunal de primera instancia, el acreedor puede involucrar a un ofi cial de eje-cucin que pueda usar la fuerza y solicitar ayuda de la polica con el fi n de llevar a cabo la accin de ejecucin.

    Las decisiones de ejecucin llevadas a cabo por este tribunal son emitidas por una orden judicial, antes de la cual el deudor debera ser odo. Esta disposicin es una consecuencia del derecho a ser odo garantizado por la Constitucin, y se lleva a cabo a travs de una au-diencia. En estos casos, en que el tribunal de primera instancia tiene la responsabilidad de ejecucin, es el juez o los jueces del tribunal de primera instancia que necesariamente emiten las rdenes. Una queja, sujeta a una lnea de tiempo normalmente de dos semanas, se puede presentar contra las decisiones que se toman en los proce-dimientos de ejecucin forzosa sin audiencia de alegatos orales (por ejemplo, multas coercitivas que no requieren previo aviso). El recurso contra las decisiones del tribunal de primera instancia es escuchado por el tribunal de distrito si el tribunal de primera instancia es un tribunal local, y por la Corte de Apelaciones del Estado (Oberlandes-gericht) si el tribunal de primera instancia fue un tribunal de distrito. Por ltimo, si la apelacin se refi ere a la demanda en s misma, segn lo establecido por la sentencia, el deudor debe apelar al tribunal de primera instancia que escuch el caso.

    En cuarto lugar, el registro de propiedad es responsable de la ejecu-cin coercitiva de las reclamaciones monetarias sobre bienes inmue-bles mediante la introduccin de una hipoteca, asegurando la deuda en este registro. La ofi cina de registro de propiedad tambin es un departamento del tribunal local, y como regla general, los funciona-rios judiciales tambin llevan a cabo las funciones de esta ofi cina. Una vez que el acreedor presenta una peticin correspondiente, la hipoteca se introduce en el registro de propiedad, que ser base su-fi ciente para la satisfaccin de los derechos del acreedor a travs de una subasta. En el caso de que varias de las parcelas del deudor de bienes inmuebles sean embargadas, el acreedor determina la asigna-cin de la cuanta de la reclamacin entre las diferentes piezas de la propiedad.

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  • La divisin de la responsabilidad de la ejecucin en Alemania se ilus-tra en el siguiente cuadro.

    Responsabilidad de ejecucin dividida entre las diferentes instituciones85

    En general, un nmero signifi cativamente mayor de procedimientos de ejecucin estn llevados a cabo por ofi ciales de ejecucin en lu-gar del tribunal de ejecucin. En el ao 2011, los ofi ciales de ejecu-cin tuvieron cerca de 6 millones de casos de ejecucin y 2 millones de casos por servicios de contrato; cada ejecutor recibi aproxima-damente 150-200 casos por mes86. Las estadsticas sobre la tasa de recuperacin desafortunadamente no existen, pero se cree que es alrededor del 30 a 35%, y la duracin promedio de la ejecucin por

    85 Cdigo de Procedimiento Civil 808-898; Ley de Subastas Obligatorias y de Secuestro Judicial 869; vase tambin European judicial enforcement, Germany, E-note 2 the actors of enforcement.

    86 Comunicaciones con Karl-Heinz Brunner, Vicepresidente de la Asociacin Alemana de Ofi ciales de Ejecucin, 29 de octubre de 2012 y 4 de noviembre 2012.

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    el ofi cial dura entre dos y tres meses, dependiendo de cmo se lleve a cabo la ejecucin87. (Por ejemplo, como se ver ms adelante el pago en cuotas se puede hacer de hasta seis meses.) Por otro lado, en el ao 2011, el tribunal de ejecucin tuvo 3.191.296 procedimien-tos relacionados con la ejecucin88. Cabe sealar que el nmero de embargos de bienes inmuebles llevados a cabo por el tribunal ha ido disminuyendo de manera importante: en 2007, se llevaron a cabo 82.870 embargos de bienes inmuebles, y en el ao 2011 esta fi gura baj a 62.69089.

    La siguiente tabla muestra el nmero de procedimientos en materia de ejecucin manejados por el tribunal de ejecucin en el ao 2011.

    Procedimientos ante el tribunal de ejecucin en 201190

    Nmero de procedimientos totales sobre la ejecucin 3.191.296

    Medidas de ejecucin 81.173

    El embargo de bienes inmuebles 62.690

    El embargo de bienes inmuebles administrados por un administrador

    18.317

    Proceso de separacin de la propiedad comn 166

    Otros asuntos relacionados a la ejecucin 3.110.123

    Procedimientos para la aprobacin de la bsqueda en una residencia

    91.852

    Declaraciones juradas tomadas (por el ofi cial de ejecucin) 763.465

    Solicitudes de una orden de detencin con el fi n de asegurar la declaracin jurada

    671.092

    Otros (no listados) 1.583.714

    2. Los ejecutores: el Gerichtsvollzieher y el Rechtspfl eger

    a. Marco legal y distribucin

    El ofi cial de ejecucin (Gerichtsvollzieher) tiene autoridad de eje-cucin de acuerdo a la seccin 753 del Cdigo de Procedimiento Civil de Alemania. Como el acreedor debe iniciar una accin de ejecucin, el acreedor debe encargarle al ofi cial de ejecucin, esta. Para ello, el acreedor puede comunicarse con el Gerichtsvollzieher

    87 Ibd.88 Ofi cina Federal de Estadsticas, Administracin de Justicia, los Tribunales Civiles,

    2011 (Statistisches Bundesamt, Rechtspfl ege, Zivilgerichte), pp. 12-13 (2012).89 Ibd.90 Ibd.

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  • competente sobre el asunto directamente, o bien el acreedor podr acogerse a la asistencia del registro del tribunal, en cuyo caso el ofi -cial de ejecucin encargado de la tarea, por el registro del tribunal, se considerar que ha sido encargado por el acreedor. Un ofi cial de ejecucin debe recibir instrucciones escritas, electrnicas u orales para llevar a cabo la ejecucin forzosa. El efecto de estas instruccio-nes es que el ofi cial de ejecucin tiene derecho a aceptar pagos u otras prestaciones por parte del deudor. Su posesin de la copia del ttulo ejecutivo faculta al ofi cial para llevar a cabo las medidas de ejecucin vis--vis del deudor y terceros. A pesar de que los ofi ciales de ejecucin son funcionarios pblicos que estn sujetos a la super-visin del tribunal, actan de forma independiente en la ejecucin de sentencias sobre las que tienen competencia una vez que sean solici-tadas por el acreedor. No se requiere una participacin o supervisin por parte de los tribunales o del Estado para que el ofi cial de ejecu-cin lleve a cabo sus tareas. Dicho esto, a pesar de que los ofi ciales de ejecucin actan de forma independiente, no tienen el estatus de profesionales liberales, ya que no se encuentran en una profesin im-pulsada por un mercado competitivo, pero son funcionarios pblicos. Como el ofi cial de ejecucin es un agente del Estado, en el caso de una infraccin de los deberes ofi ciales en el curso de su realizacin, el Estado es responsable en virtud del artculo 34 de la Constitucin alemana y del 839 del Cdigo Civil alemn (BGB).

    En la actualidad existen 4.700 Gerichtsvollziehers en Alemania, o bien, 5,7 por cada 100.000 habitantes91. Su competencia sobre la ejecucin est restringida a una entidad territorial. Normalmente, varios ofi ciales de ejecucin son asignados a un tribunal local, por ejemplo, de seis a ocho ofi ciales pueden ser unidos a un tribunal de ejecucin (recordar, que es un departamento en el tribunal local), pero cada uno tiene la competencia exclusiva sobre un determinado distrito geogrfi co menor dentro de la jurisdiccin del tribunal. Como el ofi cial de ejecucin es el nico responsable de sus deberes en su respectivo distrito (donde tiene el monopolio), se impide la posibili-dad de competencia entre los ofi ciales. Por lo tanto, deben llevar a cabo sus tareas de forma individual, no obstante aquello s pueden compartir el espacio de la ofi cina con otros ofi ciales de ejecucin, pudiendo emplear las secretarias y otro personal. En la prctica, es comn que un ofi cial de ejecucin tenga su ofi cina en su propia casa. Esto ocurre en el 70-80% de los casos, sobre todo cuando el

    91 Comunicaciones con Karl-Heinz Brunner, Vicepresidente de la Asociacin Alemana de Ofi ciales de Ejecucin, 29 de octubre de 2012.

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    ofi cial vive en el mismo distrito al que est asignado. Por otro lado, cuando un ofi cial de ejecucin no vive en el mismo distrito en el que trabaja, es comn que tenga una pequea ofi cina en el edifi cio del tribunal. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el ofi cial todava dirige su ofi cina de forma independiente: l es libre de organizar su propio horario y solo requiere ser accesible por 3 horas semanales ya sea por telfono o presencia en su ofi cina. A fi n de que los ofi ciales de ejecucin puedan establecer y mantener sus propias ofi cinas, los respectivos Estados les restituyen los gastos de ofi cina, normalmente a una tarifa plana.

    Los funcionarios judiciales (Rechtspfl eger) tienen autoridad de ejecu-cin sobre la Ley de Funcionarios Judiciales (RPfl G)92. Aunque no son ofi ciales de ejecucin en el sentido estricto de la palabra, sino son rganos especiales que realizan tareas judiciales adems de los jue-ces, su estado y los aspectos de organizacin se examinarn, ya que llevan a cabo muchas medidas de ejecucin y por lo tanto son un ejecutor. Semejante a la independencia judicial, la RPfl G les otorga independencia en sus actividades judiciales y administrativas, y solo estn obligados por la ley en el ejercicio de sus funciones y en sus decisiones; no estn sujetos a las instrucciones relacionadas con el contenido. Son ms bien, comparables a una especie de minijuez, en lugar de los secretarios judiciales que se encuentran en otros pases. En su papel como funcionario judicial, manejan una amplia gama de funciones cuasi judiciales y administrativas relacionadas con la ejecucin. Cabe sealar que tambin se ocupan de una gran varie-dad de tareas que van ms all de la ejecucin, por ejemplo en los mbitos de insolvencia, asistencia legal, procedimientos abreviados de la deuda, los gastos legales, multas y la propiedad intelectual.

    En el ao 2011, Alemania contaba con 8.460 funcionarios judiciales, lo que constituy un 15,8% del personal no jueces en los tribuna-les93. A medida que los funcionarios judiciales actan dentro del sistema judicial, sus nmeros en un tribunal local en particular varan en funcin del tamao de los distritos judiciales, que cambian de Estado a Estado. Si hay ms de un funcionario judicial en un tribunal local, sus tareas se dividen de acuerdo a reglas generales y abstractas. Estas reglas estn previstas en un plan establecido por el tribunal y pueden disponer, por ejemplo, que un funcionario judicial sea com-petente para conocer todos los archivos que terminen con un nmero

    92 Ley de Funcionarios Judiciales (Rechtspfl egergesetz - RPfl G).93 Estudio CEPEJ Informe Alemania, supra nota 78, p. 27.

    280

  • de entre 0-4, y otro respecto de los archivos que terminen con nme-ros de 5 a 9.

    b. Educacin, formacin y nombramiento94

    Tanto el ofi cial de ejecucin como los funcionarios judiciales cum-plen requisitos de educacin y capacitacin previos a obtener su posicin. Los requisitos de educacin y capacitacin para el ofi cial de ejecucin se rigen por los distintos Estados o Lnder. Sin embargo, los requisitos son similares en cada Land. A modo de ejemplo, a con-tinuacin se describen los requisitos educativos y de capacitacin en el Estado de Nordrhein-Westphalen:

    Educacin

    El candidato debe haber obtenido un certifi cado de escolaridad obligatoria (mittlere Reife); no hay necesidad de que el candidato que haya obtenido un Abitur, que es la cualifi cacin necesaria para el ingreso a la universidad), y luego haber trabajado para el mittlere Justizdienst durante al menos dos aos antes de solicitar ser un Gerichtsvollzieher. El mittlere Justizdienst es una rama administrativa del tribunal encargada de la preparacin, manejo y archivo de documentos. Por lo tanto es probable que un candidato para ser un Gerichtsvollzieher haya pasado varios aos, luego de salir de la escuela, trabajando dentro del servicio judicial.

    Capacitacin

    La capacitacin consiste de un programa de 18 meses durante el que el candidato sigue siendo un funcionario pblico en el mittlere Justizdienst. Esto incluye:

    Un periodo de 7 meses de prctica con un Gerichtsvollzieher durante la realizacin de un curso. 6 meses en la institucin de formacin del Gerichtsvollzieher en Monschau con tres conjuntos de exmenes, y (si tiene xito en estos exmenes) 5 meses de formacin adicional con un Gerichtsvollzieher, tiempo durante el cual el candidato puede representar la GVZ. Un examen fi nal (escrito y oral).

    Al fi nal de esta formacin, el candidato se convierte en un beauftragte GVZ. Si no se dispone de ofi cinas vacantes, continan trabajando en el mittlere Justizdienst hasta que se disponga de un lugar y puedan ser nombrados.

    Como se puede ver a travs de este ejemplo, los requisitos de forma-cin para ofi ciales de ejecucin en Alemania son bastante bsicos. A diferencia de los ejecutores de otros pases de Europa que llevan a cabo sus funciones de manera privada, los ofi ciales de ejecucin en

    94 Elaborado a partir de Kennett, supra nota 35, pp. 75-78.

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  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    Alemania no tienen que ser abogados ni tener un nivel avanzado de educacin previa. Sin embargo, el proceso de entrenamiento es sus-tancial, e incluye componentes prcticos y un examen fi nal. Ha ha-bido un debate en cuanto a la adecuacin de la formacin de los ofi -ciales de ejecucin, en particular en lo que respecta a la posibilidad de que el entrenamiento les ensee que deben tramitar y cerrar archi-vos rpidamente, y por lo tanto procesar los casos ms rpidamente ser un incentivo ms grande para los ofi ciales en lugar de garantizar que los acreedores obtengan los mejores resultados posibles.

    Adems de esta experiencia requerida, el candidato por lo general debe ser mayor de 25 aos de edad, de nacionalidad alemana, tener un historial de buena conducta y no estar endeudado. Una vez que el solicitante haya completado el programa de capacitacin requerido, contina trabajando en la mittlere Justizdienst (rama administrativa del tribunal) hasta que haya una vacante para un puesto al que pueda ser nombrado. Los ofi ciales de ejecucin son nombrados por el Presi-dente de la Corte de Apelaciones del Estado de acuerdo con criterios objetivos, entre ellos la nota obtenida en el examen fi nal.

    El funcionario judicial tambin tiene que haber completado cursos de formacin especfi cos, para lo cual se necesita un nivel mnimo de educacin, que es en general un nivel ms alto que se requiere para ser un ofi cial de ejecucin. La formacin que est organizada por las universidades de los distintos Lnder consiste tanto en una etapa acadmica como en una prctica. Aunque un funcionario judicial no necesita, en principio, tener el ttulo de abogado, tener este ttulo a su vez exime al candidato de un ao de etapa acadmica de formacin y de los seis meses de la fase prctica. Adems, el servicio anterior en el Justizdienst exime al candidato de los seis meses de la fase de prc-ticas. La educacin y capacitacin necesaria para ser un funcionario judicial tambin se rige por los distintos Estados pero es, en general, la siguiente:

    Educacin

    Para ser admitido en un curso de capacitacin el candidato para ser Rechtspfl eger necesita:

    (i) Una califi cacin escolar apropiada (normalmente una califi cacin de entrada general para estudios universitarios (Abitur) o una califi cacin de entrada a las universidades de ciencias aplicadas (Fachhochschulreife), o(ii) Un ttulo en derecho (que, a su vez, requiere un Abitur), o(iii) La aprobacin del examen de servicio civil para el mittlere Justizdienst, ms tres aos de servicio y evidencias de aptitud para el trabajo como funcionario judicial.

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  • Capacitacin

    La capacitacin es organizada por las universidades (Fachhochschulen) en los distintos Lnder, creadas para capacitar a los funcionarios pblicos. El periodo de formacin es de al menos tres aos, de los cuales al menos 18 meses se dedican a la formacin acadmica y al menos 12 meses en perodos de prcticas. La formacin acadmica abarca todas las reas de la ley pertinentes para ejercer como funcionario judicial. El examen se lleva a cabo al fi nal del curso de capacitacin. Se trata de un examen estatal o federal, con un componente escrito y un componente oral.

    Como puede observarse, los requisitos de educacin y formacin para ser un funcionario judicial son ms exigentes que el del ofi cial de ejecucin. Otros requisitos para convertirse en un funcionario ju-dicial son los comunes a los funcionarios pblicos, es decir, naciona-lidad, buena salud y un carcter apropiado, etc. En el comienzo de la capacitacin el alumno toma un juramento de lealtad, ya que durante el entrenamiento el candidato tiene un estado de funcionario pblico a prueba que viene con varios benefi cios fi nancieros, as como con obligaciones de lealtad y confi dencialidad. El examen al fi nal del cur-so de formacin es, en efecto, un examen de ascenso del mittlere Jus-tizdienst al gehobene Justizdienst, es decir, desde el servicio judicial de nivel medio en la parte administrativa del tribunal a nivel superior de servicio judicial como funcionario judicial en un tribunal (respon-sable de la ejecucin y otros asuntos cuasi judiciales).

    c. Organizacin de la profesin y los correspondientes organismos profesionales

    Debido a que ambos ejecutores en Alemania son funcionarios pbli-cos que trabajan en un entorno burocrtico, ninguna profesin est organizada por una organizacin profesional obligatoria, y no existe un sistema de cmaras como se pueden encontrar en Francia. Sin em-bargo, ellos estn organizados en grupos de inters.

    La Asociacin Alemana de Ofi ciales de Ejecucin (Deutscher Geri-chtsvollzieherbund - DGVB), fundada en el ao 1909, representa la profesin de los ofi ciales de ejecucin a nivel nacional95. Sus objeti-vos son representar los intereses profesionales y sociales de los ofi cia-les de ejecucin en Alemania, y adems de promover reformas judi-ciales competentes en el pas, tambin busca promover la formacin y educacin continua de los ofi ciales. La pertenencia a la asociacin es voluntaria. El DGVB, a su vez, es miembro de la Asociacin Ale-

    95 Vase el sitio institucional: http://www.dgvb.de/.

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    mana de Funcionarios Pblicos (Deutscher Beamtenbund). Por otra parte, hay asociaciones de ofi ciales de ejecucin regionales que representan a los ofi ciales en los distintos Lnder. En el nivel interna-cional, Alemania ha sido un miembro de la Union Internationale des Huissiers de Justice desde 1957.

    A medida que los funcionarios judiciales en Alemania son ms que empleados estndares del tribunal y tienen funciones cuasi judiciales, tambin se organizan por grupos de inters. La Asociacin de Fun-cionarios Judiciales Alemanes (Bund deutscher Rechtspfl eger - BDR), fundada en el ao 1979, es una organizacin paraguas para que las diferentes asociaciones de Rechtspfl eger de los Lnder pertenezcan. Sus objetivos son representar los intereses profesionales y sociales de los funcionarios judiciales en Alemania, y se preocupa del desarrollo de la ley y la administracin de la justicia, as como del apoyo en la formacin y educacin continua de los funcionarios judiciales. A nivel internacional, la Unin Europea de Rechtspfl eger (E.U.R.) re-presenta la profesin de los funcionarios judiciales y de funcionarios superiores similares en Europa96. El E.U.R. es una ONG que tiene es-tatuto participativo en el Consejo de Europa.

    d. Supervisin y control

    Los ofi ciales de ejecucin manejan sus negocios da a da en materia de ejecucin de manera independiente, pero estn sujetos a un con-trol relativamente estricto por el tribunal de ejecucin. Estn sujetos a la supervisin de los servicios de los presidentes y directores de los tribunales locales, que se llevan a cabo por un juez supervisor o por un funcionario especial. Pueden ser examinados con o sin previo aviso por los inspectores de los administradores de justicia del Land. Las inspecciones no anunciadas son necesarias una vez al ao. Estas inspecciones son generalmente para identifi car defectos en el mante-nimiento de registros o incumplimientos en materia fi nanciera. En el ao 2010 se iniciaron 17 procedimientos disciplinarios contra ofi cia-les de ejecucin en Alemania y se pronunciaron sanciones en siete casos97. Adems, como ya se mencion, las disputas que surgen sobre el procedimiento de un proceso de ejecucin y sobre el comporta-miento del ofi cial de ejecucin se resuelven por audiencia oral ante un juez o el director del tribunal local.

    96 Vase el sitio institucional: http://www.rechtspfl eger.org/97 Estudio CEPEJ Informe Alemania, supra nota 78, pp. 85-86.

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  • Se encuentran normas de calidad para el ofi cial de ejecucin en una ley estatal uniforme, el Cdigo de Ofi ciales de Ejecucin (Gerichtsvo-llzieherordnung - GVO) y en las Instrucciones de Procedimiento para los Ofi ciales de Ejecucin (Geschftsanweisung fr Gerichtsvollzieher - GVGA). Cada uno de estos son estndares nacionales uniformes que se complementan con acuerdos especfi cos de los Lnder. Estos con-juntos de reglamentos contienen instrucciones claras para los ofi cia-les de ejecucin, relativas a la estructura de la relacin de trabajo, los acuerdos respecto a las competencias, las solicitudes de ejecucin, la realizacin de operaciones comerciales, los registros, la contabilidad y gestin de efectivo, las estadsticas que se deben mantener y las disposiciones explcitas sobre las actividades de servicio que son co-rrespondientes a los ofi ciales de ejecucin y los procedimientos que deben cumplir. En particular, las Instrucciones de Procedimiento para los Ofi ciales de Ejecucin contienen normas que sirven para estanda-rizar el procedimiento y la garanta de calidad.

    Los funcionarios judiciales tambin estn sujetos a la supervisin de los servicios de los presidentes y directores de los tribunales locales. Da a da, estn plenamente sujetos al control disciplinario, incluyen-do sus horas de trabajo. Sin embargo, debido a la independencia que se ha otorgado a ellos por ley, son por esencia completamente inde-pendientes de la forma en que manejan la materia de ejecucin. En la prctica y en principio, no estn sujetos a la supervisin del juez, sin perjuicio de que puedan solicitar orientacin a esta fi gura en casos complejos. El control de facto de su trabajo est garantizado por los recursos de casacin en virtud del derecho procesal.

    3. Los costos: Las estructuras de honorarios y la remuneracin del ejecutor98

    Los ofi ciales de ejecucin reciben un salario, as como una cuota mxima de los honorarios cobrados en relacin con su trabajo, y tam-bin pueden cobrar gastos adicionales99. El salario es pagado por el Land en el que el ofi cial tiene su distrito. Los honorarios del ofi cial de ejecucin se rigen por la ley federal, la Ley de Tarifas de Ofi ciales de

    98 Elaborado a partir de Hess y Mack, supra nota 78, p. 188-189; Michael Bonsau, Country Report: Germany, en Study on the Transparency of Costs of Civil Judicial Proceedings in the European Union, lead by Jean Albert, European Commission (2007); European Judicial network in civil and commercial matters, Legal Profes-sions Germany, disponible en http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_prof/legal_prof_ger_en.htm (2006).

    99 Cdigo de Ofi ciales de Ejecucin (Gerichtsvollzieherordnung GVO) 10-11.

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    Ejecucin (GvKostG)100, y el rango es entre 12,50 y 100 por cada acto de ejecucin, con 2,50 siendo la tarifa de la notifi cacin101. Los gastos de la ejecucin en Alemania son muy bajos en compara-cin con otros pases de Europa porque estn subvencionados por el Estado.

    En general, los ofi ciales de ejecucin reciben un salario relativamen-te bueno teniendo en cuenta las necesidades mnimas de educacin (podra ser entre 2.000 a 3.000 mensuales, dependiendo de su antigedad, siendo un salario de entrada entre 1.700 y 2.273 )102, lo cual es una razn por la que algunos ofi ciales de ejecucin alema-nes no estn muy interesados en cambiar el sistema de ejecucin que tienen a un sistema de modelo liberal. Los honorarios cobrados por los ofi ciales de ejecucin son reembolsados al Land donde trabajan, pero una proporcin se retiene por ellos. Esta proporcin segn la regulacin es 15% con un tope anual (aproximadamente 2.500 ), y despus de este tope solo se puede recibir un 40% de esta tasa (es decir, 6% de los honorarios cobrados)103. Cabe sealar que la reten-cin de este porcentaje de los honorarios tiene el propsito de cubrir los gastos de la ofi cina, y que en la prctica una fuente adicional de ingresos para los ofi ciales de ejecucin consiste en los gastos adicio-nales (por ejemplo los de viaje en una notifi cacin) que cobran.

    La estructura de honorarios en Alemania es problemtica por dos razones principales. En primer lugar, despus de que un ofi cial de ejecucin alcanza este lmite, no existe ningn incentivo para trabajar de manera efi ciente durante el resto del periodo que corresponda104. En la prctica, esto puede resultar en trabajo inefi ciente durante este

    100 Ley de Tarifas de Ofi ciales de Ejecucin (Gesetz ber Kosten der Gerichtsvollzieher (Gerichtsvollzieherkostengesetz GvKostG) de 19 de abril de 2001 (Boletn Ofi cial Federal, p. 623), ltima enmienda en Art. 3 del Acto de 30 de julio 2009 2001 (Boletn Ofi cial Federal, p. 2474).

    101 Bonsau, Country Report: Germany, supra nota 98, p. 31.102 Hess y Mack, supra nota 78, p. 188.103 Regulacin sobre la remuneracin de los ofi ciales de ejecucin (Verordnung ber

    die Vergtung von Vollstreckungsbeamten).104 Aunque por la Regulacin sobre la remuneracin de los ofi ciales de ejecucin este

    lmite es anual, pareciera ocurrir que algunos Estados dividen los periodos en me-ses. Marc Schmitz, representante de la UIHJ y un ejecutor en Blgica, seala que en su experiencia, si se visita un ofi cial de ejecucin alemn a fi nales del mes, se encuentran notablemente relajados despus de haber alcanzado su lmite. (Entre-vista realizada el 24 de octubre de 2012.) Por otro lado, el experto Burkhard Hess, seala que cuando los ofi ciales de ejecucin alcanzan su lmite anual, a partir de los meses de agosto y septiembre, baja notablemente su efi ciencia. (Entrevista rea-lizada el 9 de enero de 2013.)

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  • tiempo, o en la postergacin de los nuevos casos que recibe. En se-gundo lugar, como resultado de los honorarios regulados por cada accin realizada, la tarifa que el ofi cial de ejecucin recibe es en realidad ms alta si l no tiene xito en la ejecucin. Esto se debe a que bajo la estructura actual, un ofi cial de ejecucin esencialmente tiene dos posibilidades de ejecucin. En primer lugar, debe intentar realizar un embargo de bienes muebles basados en la informacin que el acreedor ha proporcionado. Si no puede llevar a cabo este em-bargo (as, fracasa en el primer intento de ejecucin), entonces puede pedir al deudor para obtener una declaracin de sus bienes. Contra toda lgica, la tarifa para recibir la declaracin es superior a la tarifa que el ofi cial de ejecucin recibira por el embargo exitoso de bienes muebles. Por lo tanto hay ms inters fi nanciero para obtener la de-claracin que para tener xito en un procedimiento de embargo. Esto, no obstante, va a cambiar el 1 de enero de 2013, cuando al ofi cial de ejecucin se le permitir obtener esta declaracin primero en un pro-ceso de ejecucin.

    La remuneracin de los funcionarios judiciales es por un salario fi jo pagado por el tribunal. No reciben bonos ni tienen otros incentivos fi nancieros para su labor de ejecucin. Como debe recordarse, se asemejan a una versin ligera de un juez.

    El deudor asumir los costos de ejecucin forzosa, que se deben re-cuperar al mismo tiempo que la demanda. No obstante, las tarifas de-ben ser adelantadas por la parte constituyente (acreedor), que poste-riormente podr reclamar el reembolso, y en caso de incumplimiento del deudor, el acreedor est obligado a asumir el costo. En los costos de preparacin de una ejecucin de la sentencia y de la notifi cacin tambin se consideran los costos de ejecucin. La forma de pago ha-bitual para estos cargos es por medio de una transferencia bancaria.

    Resumen de los costos de la ejecucin en Alemania

    Tarifas reguladas por el Estado?

    S

    Tarifas negociables? No

    LeyLas tarifas de ejecucin se determinan generalmente por la GvKostG (vase el artculo 9 y su anexo de la GvKostG) y oscilan entre 12,50 y 100 por acto.

    Quin es el responsable?

    El deudor. Sin embargo, los costos deben ser adelantados por el acreedor, quien ms tarde ser reembolsado. En caso de incumplimiento del deudor, el acreedor est obligado a asumir el costo.

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    Remuneracin de los ejecutores

    Los ofi ciales de ejecucin reciben un salario, as como una cuota especfi ca de las tarifas percibidas en relacin con su trabajo. Los funcionarios judiciales reciben un salario fi jo.

    4. Acceso a la informacin sobre el patrimonio del deudor105

    En el sistema actual de ejecucin de Alemania106, el acreedor es respon-sable de reunir informacin sobre la persona y los bienes del deudor a raz de los cuales la ejecucin se va a obtener. Es posible pagar una pe-quea cuota a las autoridades locales, para obtener informacin sobre la direccin actual del deudor. Adems, los solicitantes que acrediten un inters legtimo tambin pueden obtener informacin adicional de las autoridades locales, como la fecha de nacimiento y direccin ante-rior del deudor, as como acceder al registro de deudores y al registro de bienes races. Estos registros sirven para informar a los terceros sobre los procedimientos de ejecucin pendientes, como los de un embargo u otro gravamen sobre una propiedad. Debido a la condicin del acree-dor como una persona con un inters justifi cado, generalmente este ser capaz de acceder a estos registros.

    Debido a que estos registros son mantenidos por las autoridades loca-les que no estn centralizadas, esta ruta puede presentar difi cultades si el acreedor no conoce el distrito en el que el deudor vive o tiene propiedades. As, el sistema descentralizado para el mantenimiento de los registros de deudores y registros de bienes races, ha presenta-do un reto para el sistema de ejecucin en Alemania. Es en la prc-tica casi imposible que un acreedor pueda encontrar informacin sobre un deudor y sus bienes, sin saber por dnde empezar, por as decirlo. En efecto, es posible que los deudores mantengan activos ocultos, simplemente debido a la estructura local de los registros hasta que se vean obligados a proporcionar la informacin bajo jura-mento en una declaracin del deudor (despus de un intento fallido de ejecucin). Las reformas que se han propuesto para mejorar la transparencia del patrimonio de un deudor a travs de registros han sido vetadas por la Cmara Alta del Congreso, por razones de falta de proteccin a la privacidad, como se examinar en mayor detalle en la prxima seccin.

    105 Elaborada a partir de una entrevista con Marc Schmitz, realizada el 24 de octubre de 2012; European judicial enforcement, Germany, E-note 2 the actors of enfor-cement, disponible en www.europe-eje.eu; Kennett, supra nota 35, pp. 281-290.

    106 Para una descripcin general previa a las enmiendas ms recientes, vase Hess y Mack, supra nota 78, p. 175.

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  • Los acreedores tambin pueden contratar investigadores privados para obtener informacin sobre la ubicacin y los bienes de un deudor, que por lo general tienen acceso a bases de datos comer-ciales de informacin fi nanciera de los individuos. Por ejemplo, el Schutzgemeinschaft fr allgemeine Kreditsicherung (SCHUFA) es una organizacin de proveedores de crdito, que otorga detalles de mal crdito, cheques pendientes de pago, solicitudes de rdenes de pago (Mahnbescheid), declaraciones de bienes e incautaciones forzadas en la medida en que sean conocidas. Otros proveedores comerciales de informacin incluyen Schimmelpfennig y Creditreform.

    En la estructura actual de la ejecucin, los ofi ciales de ejecucin no tienen acceso especial a la informacin personal sobre el deudor y sus bienes. Ellos son, sin embargo, concedidos con la posibilidad de solicitar una declaracin de bienes (la declaracin del deudor). Bajo el sistema actual, solo despus de un intento fallido de ejecucin por ejemplo, cuando un embargo no se ha obtenido a satisfaccin del acreedor, cuando el deudor se ha negado a dar su consentimiento a una bsqueda o cuando un objeto para ser entregado no se encuen-tra puede el ofi cial de ejecucin administrar una declaracin jura-da107. En este procedimiento, el deudor estar obligado a presentar una lista de sus bienes. Si el deudor no comparece a esta audiencia o se niega a hacer esta declaracin, el tribunal emitir como apremio una orden de detencin previa solicitud correspondiente, y el ofi cial de ejecucin arrestar al deudor. Esta detencin no se puede ordenar por un perodo superior a seis meses.

    En la prctica, el incentivo que tiene un deudor para no permitir que un procedimiento de ejecucin llegue a este paso, es que una vez que esta declaracin se realiza, el deudor quedar registrado en una base de datos de insolvencia, es decir, el registro de deudores. Esto, a su vez, afectar negativamente al deudor al ser reconocido pblica-mente como insolvente, lo que afectar al deudor en la posibilidad de obtener servicios en el futuro, tales como cuentas bancarias o ser-vicio telefnico.

    El no ser capaz de solicitar la declaracin del deudor hasta despus de un intento fallido de ejecucin, combinado con la falta del ofi cial de ejecucin de poderes especiales para obtener informacin sobre los bienes del deudor, han sido los principales retos que enfrenta el

    107 Cdigo de Procedimiento Civil 899-915(h). Vase en particular los casos de las secciones 807, 836 y 883.

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    sistema de ejecucin de Alemania. Sin embargo, la reforma que entra en vigor el 1 de enero de 2013 aborda precisamente estos asuntos108. Esta nueva ley requerir que los deudores declarados por sentencia en asuntos de ms de 500 proporcionen informacin sobre sus acti-vos a travs de una declaracin jurada al inicio de un procedimiento de ejecucin, con la posibilidad de enfrentar mtodos coercitivos por su incumplimiento (incluyendo multas y encarcelamiento). Tam-bin permitir a los ofi ciales de ejecucin acceder a diferentes bases de datos para acceder a la direccin, informacin de propiedad del vehculo, informacin del empleador, y la informacin de la cuenta bancaria (nombre del banco donde el deudor tiene una cuenta, no la cantidad) de un deudor. Por lo tanto, proporcionar a los ofi ciales de ejecucin poderes ampliados para identifi car el paradero del deudor y facilitar la recuperacin electrnica de informacin relevante para la ejecucin, y se notifi car los resultados de la investigacin inclu-yendo la entrega de la lista de los activos identifi cados al acreedor. Esta reforma, una vez que entre en vigor, se espera que facilite el proceso de ejecucin y aumente la transparencia de los bienes del deudor, sobre todo en el caso de que un deudor est ocultando infor-macin o activos.

    Tambin cabe sealar que en el caso de que un acreedor desee proseguir las medidas de ejecucin que se le asignan al tribunal de ejecucin (por ejemplo, contra la propiedad inmueble o una cuenta bancaria), el funcionario judicial que llevar a cabo estas medidas de ejecucin no tiene la obligacin de investigacin. Aqu, tambin, toda investigacin debe ser realizada por el acreedor, en virtud del sistema de ejecucin actual. Sin embargo, bajo la nueva reforma que entrar en vigor en 2013, el ofi cial de ejecucin podr acceder a la informacin que pueda ser relevante para estas medidas. As, si el ofi cial de ejecucin descubre informacin acerca de los bienes inmuebles de un deudor o cuentas bancarias, deber informar al acreedor, que podr entonces elegir llevar el caso a un funcionario judicial para este tipo de ejecucin. Esto ltimo puede ser sujeto a crtica, pues existe este paso obligatorio de que el caso se devuel-va al acreedor, en vez de que el ofi cial de ejecucin directamente pueda transferir el caso (y la informacin obtenida sobre el deudor) al funcionario judicial para ejecucin. Incluso, en relacin a este punto y para llevarlo un paso ms adelante, se debe sealar que en las reformas contempladas para cambiar el sistema a uno de modelo

    108 Ley de Reformar el Esclarecimiento de los Hechos en la Ejecucin Forzosa de 29/07/2009, Boletn Ofi cial Federal 2009, Parte I, p. 2258.

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  • liberal, el ofi cial de ejecucin mismo podr ejecutar varios casos de competencia actual del funcionario judicial tal como un embargo de una cuenta bancaria.

    III) Abarcando los desafos actuales

    Varios retos signifi cativos en el sistema de ejecucin de Alemania han sido examinados por los interesados y los responsables polticos. Estos tratan principalmente con fuertes protecciones otorgadas a los deudores, en particular con respecto a la transparencia de los activos y la estructura del sistema de ejecucin actual. Cada uno de estos te-mas se ha abordado en las reformas en curso, o bien, propuestas.

    1. Fuertes protecciones de los deudores y desafos en la localiza-cin de los activos

    Como se discuti anteriormente, los sistemas y las estructuras vigen-tes en la actualidad para localizar los bienes del deudor han presenta-do varios desafos. Los desafos en este respecto se pueden dividir en dos partes. El primer reto es que esta carga recae totalmente sobre el acreedor y que los ejecutores en Alemania no tienen acceso especial a esta informacin. El segundo reto es que los registros de informa-cin (por ejemplo, direccin, bienes inmuebles) no estn centrali-zados. Estos problemas surgen principalmente en el contexto de las fuertes protecciones del deudor existentes en Alemania.

    El primero de estos desafos se abordar en la reforma a partir del ao 2013, con la Ley de Reformar el Esclarecimiento de los Hechos en la Ejecucin Forzosa de 29/07/2009. Los principales objetivos de esta reforma son: modernizar la ejecucin, mejorar la transparencia de los bienes del deudor al permitir el acceso a la informacin ms efi caz y oportuna, ampliar las facultades del ofi cial de ejecucin y promover conciliaciones amistosas. Esta ley otorgar a los ofi ciales de ejecucin poderes de mayor alcance para obtener informacin acerca de los bienes del deudor en el caso de negar de facilitar la informa-cin requerida. Como ya se mencion, esto les permitir a los ofi cia-les de ejecucin solicitar una declaracin de bienes al inicio de un procedimiento de ejecucin. Esto, en efecto, tambin regularizar la situacin aparentemente perversa en que los ofi ciales de ejecucin, en teora, tienen un incentivo para fallar en el primer intento de la ejecucin, ya que la tarifa para la toma de la declaracin del deudor es mayor que el costo de un embargo exitoso. Adems, les permitir a los ofi ciales de ejecucin acceder a diferentes bases de datos con el

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    MODELOS DE EJECUCIN DE SENTENCIAS CIVILES EN EUROPA: EXPERIENCIAS PARA LA IMPLEMENTACIN DE REFORMAS

  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    fi n de obtener informacin sobre los bienes del deudor. Cabe desta-car, sin embargo, que a los ofi ciales de ejecucin solo se les permitir el acceso para consultar estos registros en los casos en que tengan un valor superior a 500 . Para todos los otros casos no se les permitir y tampoco se les permite a los ofi ciales de ejecucin el uso de la in-formacin accedida para otros casos ejecutivos que pueda tener con el mismo deudor. Por ejemplo, si un administrador tiene dos casos en contra de un deudor donde uno es de una deuda de ms de 500 y el otro menor de 500 , la informacin obtenida de los registros para el cobro de la deuda ms grande no podr ser utilizada para el cobro de la deuda ms pequea.

    Esta ley tambin regular nuevamente la contabilidad y la adminis-tracin de las bases de datos electrnicas que contienen la lista de activos de los deudores informacin juntada de las declaraciones del deudor y de los registros de deudores. Dicha norma obliga a los Lnder a nombrar un tribunal local dentro del Estado, como un tribu-nal de ejecucin central para la administracin de la base de datos y el mantenimiento del registro de deudores por una ordenanza legal del Gobierno del Land. Los activos registrados en la base de datos de activos sern mantenidos por dos aos, y solamente los ofi ciales de ejecucin tendrn acceso a aquello. Los individuos sern registrados en el registro de deudores por iniciativa del ofi cial de ejecucin si no pagan la deuda completamente, si niegan a entregar informacin sobre sus activos, o si no cuentan con bienes embargables. Se man-tendrn en esta lista por tres aos a menos que paguen la deuda, y se confi ere acceso electrnico a esta lista a nivel nacional por personas e instituciones que sean autorizados por tener un inters legtimo.

    Respecto del segundo de estos desafos, los registros de informacin localizadas, an falta para llegar a una solucin adecuada. Es posible que los deudores mantengan activos ocultos, simplemente debido a la estructura local de los registros hasta que se vean obligados a pro-porcionar la informacin bajo juramento en la declaracin del deu-dor. Debido a los problemas de privacidad, las propuestas recientes para facilitar el acceso a travs de la centralizacin de estos registros han sido rechazadas por la Cmara Alta. Por ejemplo, esta cmara ha rechazado un proyecto de ley para la Ley para el Ulterior Desarrollo de la Ley de Registro de Domicilio, publicada el 16 de noviembre de 2011109. Una de las razones para vetar el proyecto de ley fue una

    109 Proyecto de Ley para el Ulterior Desarrollo de la Ley de Registro de Domicilio (Ent-wurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung des Meldewesens - MeldFortG), publicado

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  • disposicin que permita a la autoridad administrativa, manteniendo el registro del domicilio, entregar los datos tambin a las empresas, a no ser que la persona registrada expresamente exigiera que sus datos permanecieran secretos (modelo opt-out). No est claro si la comisin de conciliacin ser capaz de llegar a un compromiso en el tiempo restante del perodo legislativo.

    En general, cabe sealar que en parte debido a la fuerte proteccin de los deudores que existe en Alemania, la ejecucin de las sen-tencias a travs de un ofi cial de ejecucin o funcionario judicial generalmente es la ltima opcin de un acreedor. Adems de las restricciones sobre el acceso a la informacin acerca de un deudor, muchos bienes muebles no se permiten embargar en Alemania (por ejemplo, una televisin no puede ser embargada, ya que se considera que es una parte del derecho a la informacin). Esto ha dado lugar a una situacin en la que por lo general, el acreedor primero tratar de recuperar una deuda por sentencia judicial por medio de un abogado o una agencia de cobranza privada. Si el acreedor no tiene xito a travs de esta ruta, solo entonces recurrir a un ofi cial de ejecucin para perseguir una declaracin del deudor, lo cual es en un sentido la herramienta ms poderosa de este ejecutor ya que dar lugar al reco-nocimiento pblico del registrado como deudor insolvente.

    Las agencias de cobranza privadas son un negocio muy fuerte en Ale-mania. A pesar de que no tienen poderes de ejecucin (por ejemplo, el poder de embargar bienes), cuentan con un mtodo de trabajo que les permite negociar con los deudores. Por lo general trabajan a travs del envo de cartas o realizacin de llamadas telefnicas a los deu-dores, as como el envo de inspectores al campo a negociar con los deudores para el pago de sus deudas. En la prctica, tienen un mayor poder de negociacin que los ofi ciales de ejecucin, lo que los hace una ruta atractiva para los acreedores. Las agencias de cobranza pri-vadas pueden negociar un pago de una deuda en cuotas ilimitadas, lo cual es benefi cioso para la empresa privada, el deudor y el acreedor. Por otro lado, los ofi ciales de ejecucin solo pueden recibir pagos a plazos de hasta seis meses, un plazo que en muchos casos no permi-te la negociacin efectiva con el deudor. A partir del 1 de enero de 2013, al ofi cial de ejecucin se le permitir recibir pagos de hasta doce meses, as como permitir acuerdos amistosos con el deudor.

    en el Boletn de la Cmara Baja (Bundestagsdrucksache) Nr. 17/7746 de 16 de noviembre de 2011. La Cmara Alta (Bundesrat) vet el proyecto de ley y decidi apelar al comit de conciliacin (Vermittlungsausschuss) el 21 de septiembre de 2012 (Protocolo de la Sesin Plenaria Nr. 90, pp. 380-383).

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    Aunque las empresas de cobranza privadas seguirn siendo capaces de aceptar pagos por perodos ms largos, sin embargo, esta reforma representa un paso hacia el aumento de los poderes del ofi cial de eje-cucin en un proceso de ejecucin civil.

    2. Las propuestas para restructurar el sistema de ejecucin

    Por ltimo, vale la pena discutir el debate que ha resurgido en los ltimos diez aos en cuanto a la estructura actual del sistema de la ejecucin de modelo mixto. Este debate se ha centrado en torno a la propuesta de reformar los ejecutores con estatus pblico (en particu-lar, con una mirada crtica al ofi cial de ejecucin) hacia una profe-sin liberal. Hay dos principales fuerzas motivadoras detrs de estas discusiones. En primer lugar, est el argumento de que el sistema no est funcionando en su mxima efi ciencia o efi cacia debido al mode-lo de ejecucin en s. Como los ofi ciales de ejecucin tienen el mo-nopolio de sus distritos asignados, no tienen que competir con otros ofi ciales de ejecucin en el servicio a sus clientes. Adems, no tienen que competir con los precios debido a este monopolio y las cuotas fi jas por ley, ni tienen un incentivo fi nanciero para trabajar de manera efi ciente, ya que los honorarios adicionales que puedan recibir tienen un lmite. En base a estas caractersticas del sistema de ejecucin en Alemania, los ofi ciales de ejecucin tienen incentivos limitados para llevar a cabo sus funciones de manera efi ciente. Por ltimo, ha habi-do bastante crtica con respecto al bajo nivel de educacin que tiene el ofi cial de ejecucin, y en consecuencia se han efectuado propues-tas para que deban contar con un ttulo universitario como requisito.

    En segundo lugar, existe actualmente un movimiento en Europa debi-do a diversos incentivos sistmicos y de negocios para el desarrollo de leyes compatibles y de los sistemas jurdicos entre los Estados miembros. En un mundo cada vez ms interconectado, Europa ha es-tado luchando por la convergencia entre los sistemas judiciales con el fi n de tener una mejor interpretabilidad entre ellos. En particular, con respecto a las transacciones internacionales, la ejecucin se facilita cuando las estructuras de ejecucin vigentes en los diferentes pases son compatibles. Como se ha discutido en la Parte 1 de este informe, hay una tendencia en Europa hacia la adopcin de un ejecutor de profesin liberal. Por lo tanto, una razn para el cambio propuesto en Alemania tambin puede ser para alinearse con el resto de Europa. En otras palabras, tal vez el sistema de ejecucin funciona satisfactoria-mente en Alemania, sin embargo, los reformadores estn mirando el panorama ms amplio sobre el lugar de Alemania en la Europa mo-derna al proponer el cambio hacia un modelo liberal.

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  • Como se mencion, existe actualmente un proyecto de ley en el Con-greso, introducido en 2010, que si es aprobado dara a los acreedores la libre eleccin entre varios ofi ciales de ejecucin en competencia y tambin empresas privadas para llevar a cabo la ejecucin. Debido a que esta reforma requerira de una enmienda a la Constitucin alema-na, esto se ve como poco probable en el futuro cercano. Sin embar-go, como gran parte de Europa se est moviendo hacia un sistema li-beral de ejecucin y es concebible que el sistema alemn fi nalmente se somete a esta transicin, as es relevante estudiar la evolucin de este movimiento.

    Varios pasos notables de este movimiento se han adoptado para lle-var a cabo esta reforma desde una decisin del ao 2002 tomada por los ofi ciales de ejecucin alemanes en favor de la profesin liberal durante su congreso en Stuttgart (15 a 16 mayo 2002)110. En 2005, la Asociacin Alemana de Ofi ciales de Ejecucin (DGVB) inform a la Union Internationale des Huissiers de Justice que los grupos de trabajo estatales designados por el Poder Judicial presentaron cuatro informes que contenan un modelo de un sistema de ejecucin libe-ral. Los cuatro conceptos que se proponen en estos informes son los siguientes: 1) la fi nanciacin del sistema (es decir, a qu medida los aumentos en los honorarios deben ser implementadas con el fi n de permitir la fi nanciacin de las ofi cinas por los ofi ciales de ejecucin propiamente y para proporcionar remuneracin sufi ciente), 2) la elec-cin y las posibilidades de asumir ms tareas que podran contribuir a la fi nanciacin del modelo liberal, 3) el examen de los aspectos cons-titucionales de la reforma hacia un modelo liberal, y 4) las normas provisionales con respecto a ofi ciales de ejecucin para la transicin de funcionarios pblicos del Estado al modelo liberal.

    El 29 y 30 junio de 2005 se llev a cabo la conferencia de Ministros de Justicia donde se evalu el modelo de reforma propuesto como una base adecuada para una reforma urgente (en palabras de la DGVB) y, en consecuencia, se adopt una resolucin que autoriz a los grupos de trabajo estatales para hacer los preparativos para un modelo liberal. Los grupos de trabajo fueron autorizados a: 1) pre-parar y elaborar una propuesta de modifi cacin de la Constitucin, 2) preparar un Proyecto de Ley de los ofi ciales de ejecucin, y 3) ela-borar una nueva Ley de Costo de los Ofi ciales de Ejecucin adaptada a un nuevo modelo liberal. En septiembre de 2005, el DGVB inform

    110 Estos pasos se presentan en el sitio web de la Union Internationale des Huissiers de Justice, www.uihj.com

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    que exiga la participacin en las medidas preparatorias de los comi-ts correspondientes, observ que el Ministerio Federal de Justicia se mostr escptico y en desaprobacin de un modelo liberal, y se esti-m que el perodo de transicin de ofi ciales de ejecucin con estatus de funcionarios pblicos a profesionales privados liberales durara unos 13 aos, durante los cuales ambos sistemas estaran en vigor al mismo tiempo.

    El 30 de noviembre de 2006, los Ministros de Justicia de los Lnder decidieron la creacin de un ejecutor liberalizado. En esta importante decisin, los Ministros de Justicia de los 16 Lnder de Alemania des-tacaron que la funcin del ofi cial de ejecucin tendr que ser reor-ganizada de acuerdo con el modelo de la delegacin [grupos de tra-bajo] con el fi n de mejorar la efi cacia de la ejecucin111. Es decir, el ofi cial de ejecucin dejar de ser un funcionario pblico del Estado, pero ser un profesional privado liberal. Entre esta decisin del ao 2006 y el estado actual de la reforma pendiente en Alemania, varias conferencias se han realizado para seguir difundiendo y alentando el proyecto de reforma, como por ejemplo una conferencia en el ao 2009 sobre Ejecucin en el Siglo XXI, organizada por la DGVB con la colaboracin de la Universidad Ruprecht-Karl de la ciudad de Hei-delberg.

    A pesar de que esta reforma no parece probable que entre en vigor durante la actual administracin, estos pasos para familiarizar a la co-munidad jurdica y cvica a la reforma propuesta con la colaboracin de diferentes organismos son esenciales para cualquier proceso de reforma.

    111 Magazine de lUIHJ, Le gouvernement allemand dcide de crer lhuissier de justi-ce statut libral / The German Government Decides for the Creation of a Liberal Statute for the Judicial Offi cers, Magazine No. 21, p. 51 (2007).

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  • Inglaterra: Modelo Mixto112

    I) Antecedentes histricos y contexto de la ejecucin113

    El sistema de ejecucin en Inglaterra (y Gales, pues comparten el mismo sistema) es un buen ejemplo de un sistema de ejecucin de modelo mixto controlado por diversas instituciones. En Inglaterra y Gales existe una multiplicidad de ejecutores de diferentes estados, dependiendo de las caractersticas de la demanda que deba ejecutar-se. La ejecucin de sentencias civiles a travs del embargo de bienes muebles puede llevarse a cabo por un alguacil del tribunal de conda-do (county court bailiff), quien es un funcionario pblico que trabaja dentro del tribunal, o por un Ofi cial de Ejecucin de la Corte Supe-rior (High Court Enforcement Offi cer - HCEO), quien tambin es un funcionario pblico pero lleva a cabo sus funciones en una profesin liberal. Por otro lado, la ejecucin a travs de otras medidas de ejecu-cin puede llevarse a cabo por los tribunales y no requieren la invo-lucracin de estos ejecutores. Adems, los aguaciles privados (private bailiffs) ejecutan otras deudas privadas y pblicas, y con frecuencia trabajan junto con HCEOs. Tambin hay una amplia gama de otros ti-pos de ejecutores que llevan a cabo tareas de ejecucin, por ejemplo, para otros tribunales o para autoridades pblicas.

    Gran parte de la ley sobre ejecucin civil en Inglaterra y Gales es actualmente muy anticuada y es una mezcla de common law, juris-prudencia y estatutos. Es bastante compleja, dado que la regulacin aplicable depende del tipo de ejecutor que se contrate. Las ltimas reformas han estado en marcha para unifi car las diversas leyes de eje-cucin vigentes en una sola ley integral mediante la cual los diversos tipos de ejecutores privados seran conocidos como agentes de ejecu-cin.

    112 Elaborado a partir de las normas y regulacions de Inglaterra, informacin de la Union Internationale des Huissiers de Justice, The European Commission for the Effi ciency of Justice (CEPEJ), y entrevistas con expertos en el sistema de ejecucin en Inglaterra, incluyendo: Martin Leyshon, High Court Enforcement Offi cer y Pre-sidente del High Court Enforcement Offi cers Association; Andrew Wilson, High Court Enforcement Offi cer y Vicepresidente del High Court Enforcement Offi cers Association; y Claire Sandbrook, High Court Enforcement Offi cer. Tambin de los siguientes documentos: European Commission for the Effi ciency of Justice, Scheme for Evaluating Judicial Systems 2011, Country report: UK-England and Wales (2012) [de aqu en adelante Estudio CEPEJ Informe Inglaterra y Gales]; Mads Andenas, Chapter 7: England and Wales, en Enforcement Agency Practice in Europe, British Institute of International and Comparative Law, Editors Mads Andenas, Burkhard Hess, Paul Oberhammer (2005).

    113 Elaborado a partir de Kennett, supra nota 35, pp. 51-55.

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    La justicia civil en Inglaterra y Gales es administrada principalmente por los tribunales de condado (county courts) y por la Corte Superior (High Court), esta ltima se encuentra encargada del manejo de los casos ms importantes y complejos. Histricamente, la ejecucin de las sentencias que provenan de los tribunales de condado y la Corte Superior con anterioridad a que esta divisin fuera establecida fue llevada a cabo por los agentes del sheriff. El sheriff tuvo una lar-ga tradicin en Inglaterra en cuanto a la ejecucin de las sentencias hasta el ao 2004, cuando dichos poderes fueron eliminados. En el momento de la conquista normanda en el siglo XI, la fi gura del sheriff ya estaba bien establecida. El sheriff tena funciones judiciales y eje-cutivas, y era una persona de gran poder e infl uencia local, siendo l, por ejemplo, quien imparta justicia en los antiguos Courts of Assize y recaudaba los impuestos. Aunque el sheriff era, en cierto sentido, un agente de la Corona que poda ser requerido para realizar una varie-dad de funciones, esta fi gura tena su propia base de poder local y un cierto grado de independencia. (Por el contrario, el huissier de justice en Francia en esta poca era un funcionario del Estado, capaz de ser expuesto a una estrecha supervisin.)

    El abuso de este poder eventualmente pudo dar lugar a la eliminacin de la mayora de las tareas de autoridad del sheriff (incluidas las fun-ciones judiciales y la recaudacin de impuestos), lo que implic que la ejecucin de las sentencias civiles dictadas por la Corte Superior fue la principal responsabilidad dejada en su competencia. El ofi cio de sheriff fue un gran ttulo; los sheriffs eran nombrados anualmente por quienes, de acuerdo con la Ley de Sheriffs del ao 1887, tenan sufi ciente tierra (en realidad, capacidad fi nanciera) para asumir la responsabilidad por los actos de sus agentes. En la prctica, la eje-cucin era responsabilidad de quien el sheriff haba nombrado bajo su cargo (under sheriff), quien a su vez operaba a travs de un ofi cial (sheriffs offi cer). Los sheriffs tenan el monopolio de la ejecucin en una regin determinada. Esta divisin regional trabaj efi cientemente para reas ms grandes, pero respecto de las zonas ms rurales, estas tuvieron resultados variables porque no haba sufi ciente trabajo o co-herencia de la ejecucin en todo el pas. Por lo tanto, los ofi ciales del sheriff de muchos de los distritos rurales tenan otras fuentes de ingre-sos como subastadores o agrimensores.

    En abril del ao 2004, los sheriffs fueron relevados de sus responsa-bilidades de ejecucin en la Corte Superior, y se les concedi esta responsabilidad a los Ofi ciales de Ejecucin de la Corte Superior114.

    114 Courts Act 2003, Seccin 99 y Anexo 7.

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  • Los HCEOs son profesionales independientes sujetos a regulacin. Son designados por el Lord Chancellor and Secretary of State for Jus-tice (de aqu en adelante, el Secretario de Justicia), quien se encarga del Ministerio de Justicia, o quien l designa, tpicamente un juez superior (un Senior Master) de la Corte Superior (en particular, de la Queens Bench Division). Ellos son reclutados principalmente de los rangos de aquellos que anteriormente trabajaron bajo los sheriffs, o bien, los ofi ciales del sheriff, y deben cumplir con criterios estrictos en materia de formacin, califi caciones, probidad fi nanciera y con-ducta profesional. A diferencia de los sheriffs que gozaron de los mo-nopolios regionales, a los HCEOs se les concede jurisdiccin nacio-nal (los HCEOs tienen la alternativa de elegir qu rea desean que se les asigne). Una de las motivaciones detrs de esta reforma fue garan-tizar la competencia entre ellos, quienes pueden trabajar individual-mente o en asociacin. Actualmente hay varias empresas grandes de HCEOs que cubren toda Inglaterra y Gales, as como varias empresas ms pequeas que cubren jurisdicciones ms restringidas. La reforma que ampli la jurisdiccin de ejecucin garantizando la competencia ha dado lugar a que estos ejecutores estn actualmente compitiendo por otorgar un mejor servicio al cliente (no compiten en cuanto al precio, ya que hay una tarifa fi ja).

    Por otra parte, en el proceso de abolicin del intrincado de los tri-bunales locales que existan, los tribunales de condado afi nes a su forma moderna se introdujeron en el ao 1846. Estas fueron institu-ciones autofi nanciadas administradas por un secretario. En un princi-pio, los tribunales de condado utilizaban alguaciles que eran agentes independientes gestionados por un mandatario llamado alguacil alto (high bailiff). Sin embargo, a mediados del siglo XX, el secre-tario del tribunal de condado asumi las funciones de gestin del high bailiff, dando lugar a la creacin de un cuerpo de alguaciles que fueron funcionarios pblicos. En la actualidad, los alguaciles de los tribunales de condado son funcionarios pblicos responsables de la ejecucin en esos tribunales, a menos que los casos sean transferidos a los HCEOs.

    Finalmente, la fi gura del alguacil privado tiene sus orgenes histricos en los agentes contratados por los propietarios en las acciones de eje-cucin local. Ellos fueron utilizados principalmente para el embargo de bienes a razn de garantizar el pago de la renta (distress for rent), sin necesidad de ninguna autorizacin judicial previa115. Con el tiem-

    115 Originalmente la autorizacin del tribunal era requerida antes de que cualquier embargo de bienes se llevara a cabo, pero con el tiempo esta prctica fue aban-

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    po, el papel de los alguaciles privados se expandi para que actuaran como ejecutores en la recuperacin de dinero que se deba a distin-tos organismos que recaudaban los impuestos y tasas (por ejemplo, la Agencia Tributaria, las autoridades locales y las instituciones de seguridad social). Estos cuerpos con mayor frecuencia han subcontra-tado aguaciles privados para estos propsitos de cobranza que previa-mente dependan de su propio personal funcionarios pblicos, y la recuperacin de impuestos y multas por el alguacil, ahora sustituye por mayor parte la cobranza de la renta.

    Los alguaciles privados pueden estar certifi cados o no, representan-do una distincin que limita los tipos de deudas que ellos pueden recuperar116. Aunque estos ejecutores no pueden ejecutar sentencias de la Corte Superior o de los tribunales de condado por su cuenta, es comn que las empresas de Ofi ciales de Ejecucin de la Corte Supe-rior contraten a aguaciles privados con el fi n de ampliar la carga de trabajo de ejecucin que llevan a cabo, as como delegar las tareas de ejecucin de la Corte Superior.

    En la ltima dcada se han propuesto reformas para unifi car gran par-te del modelo difuso de ejecucin en Inglaterra y Gales mediante la eliminacin de diferencias entre muchos de los tipos de los ejecuto-res que existen y la creacin de un agente de ejecucin unifi cado, quien ser un profesional regulado, licenciado, y califi cado117. La

    donada como una formalidad innecesaria, ya que los tribunales locales actuaban siempre de acuerdo con los deseos del seor feudal local.

    116 Certifi ed bailiffs tienen un certifi cado otorgado por un tribunal de condado, lo que les permite, y solo a ellos, a ejecutar la renta de alquiler, las deudas de trfi co e impuestos municipales. A pesar de que no son empleados del Poder Judicial, son vistos como representantes del tribunal, ya que actan en virtud de un certifi ca-do expedido por ello. El Tribunal, por lo tanto, ejerce un cierto control sobre su conducta. No hay, sin embargo, ningn control regulatorio formal de aguaciles privados certifi cados. Una mala conducta podr ser objeto de reclamacin ante la asociacin profesional correspondiente, o ante el juez que emiti el certifi cado. Non-certifi ed bailiffs pueden ser contratados para cobrar deudas en ejecucin que no estn legalmente limitados a la autoridad de los alguaciles de los tribunales de condado, HCEOs o alguaciles certifi cados. No hay requisitos de califi cacin para convertirse en un aguacil privado no certifi cado. Estos a menudo pertenecen a empresas privadas o actuan en nombre de las autoridades locales, o en nombre de los magistrates courts en el cobro de multas. No estn regulados, por lo que su comportamiento no est sujeto a escrutinio. La nica posibilidad de que una parte haga una queja en contra de los actos llevados a cabo por este tipo de ejecutor, es hacerla en contra de la organizacin en cuyo nombre acta, o a travs de cualquier forma de asociacin comercial para la cual l o su empleador pueden pertenecer.

    117 Effective Enforcement: Improved methods of recovery for civil court debt and com-mercial rent and a single regulatory regime for warrant enforcement agents, A White Paper issued by The Lord Chancellor's Department, Cm 5744 (2003).

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  • reforma ms reciente al sistema de ejecucin de Inglaterra y Gales, a travs de la cual algunos de estos objetivos podran llevarse a cabo, ha sido la Ley de Tribunales, Cortes y Ejecucin de 2007 (Ley TCE)118. Esta ley une a los dispares tribunales y cortes que han llegado a for-marse de manera ad hoc en una nica nueva estructura jurdica que consiste en Tribunales de Primer Orden y Tribunales Superiores, y tambin unifi ca la ley de ejecucin. La Ley TCE es un intento de uni-fi cacin de la aproximacin a la ejecucin civil en Inglaterra y Gales, clarifi cando la ley y otorgando escalas simplifi cadas de honorarios. La seccin de esta ley relativa a la ejecucin por medio de la toma del control de bienes y los agentes de ejecucin an no se encuentra en vigor y no est claro cundo ser implementada119.

    II) Modelo orgnico de la ejecucin

    1. Los actores involucrados en la ejecucin

    Los principales actores involucrados en la ejecucin de sentencias civiles en Inglaterra son el acreedor, el alguacil del tribunal de conda-do y el Ofi cial de Ejecucin de la Corte Superior. En la prctica, los aguaciles privados son empleados por los Ofi ciales de Ejecucin de la Corte Superior para llevar a cabo las medidas de ejecucin bajo su supervisin. La intervencin judicial es mnima.

    Una vez que un tribunal de condado o la Corte Superior emite una sentencia civil, corresponder al acreedor iniciar un procedimiento de ejecucin. El acreedor debe determinar una estrategia de ejecu-cin, y solicitar al tribunal de condado o la Corte Superior la orden que desea segn la medida de ejecucin que decide tomar. El reque-rimiento a cualquier tribunal para la ejecucin depender de la natu-raleza de la resolucin, el monto de la sentencia, el tipo de embargo que quiere solicitar, as como el tipo de ejecutor que el acreedor de-sea contratar (funcionario pblico o independiente).

    Para encomendar un ejecutor con la labor de ejecucin, debe soli-citar una orden de ejecucin: un mandamiento de ejecucin (writ of execution) en el tribunal de condado o un mandamiento de fi eri facias o fi -fa (writ of fi eri facias) en la Corte Superior. Las deudas

    118 Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007.119 Segn la ltima informacin conocida, se est gestionando que la Parte 3 Ejecu-

    cin a travs de la toma de control de bienes, sea implementada en abril de 2014. Si esto no se logra, la prxima fecha de implementacin ser octubre de 2014. Entrevista con Martin Leyshon, realizada el 8 de abril de 2013.

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    relacionadas con el crdito de consumo deben siempre ser ejecutadas por el tribunal de condado. Aparte de esta distincin, por lo general, las sentencias civiles de menos de 600 deben ser ejecutadas por el tribunal de condado y las sentencias de ms de 5.000 deben ser eje-cutadas por la Corte Superior. El acreedor tiene la opcin de requerir al tribunal de condado o a la Corte Superior en los casos entre 600 y 5.000, por lo tanto existe una competencia entre los ejecutores de estos tribunales en este mbito. A pesar de que el acreedor requiere a los tribunales para iniciar un proceso de ejecucin (para obtener el mandamiento), en este paso, el propio tribunal solo est involucrado en la medida de que procesa las solicitudes, tarea llevada a cabo por los secretarios judiciales. Una vez que se hace una solicitud y se emite una orden de ejecucin, el acreedor encomienda al ejecutor correspondiente para llevar a cabo la ejecucin.

    Los alguaciles de los tribunales de condado (county court bailiffs) son funcionarios empleados por el Poder Judicial (HM Courts & Tribunals Service) y son responsables de ejecutar rdenes judiciales respecto de sumas de dinero, propiedad o posesin de bienes sujetos a contratos de compra. Se encargan del embargo y venta de bienes muebles en un proceso de ejecucin. Adems, pueden ejecutar rdenes de arres-to por desacato al tribunal y llevar a cabo la notifi cacin de docu-mentos judiciales.

    Los Ofi ciales de Ejecucin de la Corte Superior (High Court Enforce-ment Offi cers - HCEOs) son funcionarios regulados e independientes que llevan a cabo sus funciones a travs de una profesin liberal. Los HCEOs son independientes del Ministerio de Justicia, pero responden ante l (para la autorizacin y regulacin) y ante la Corte Superior (respecto de la forma en que realizan su trabajo en el caso de una disputa). Este ejecutor tambin es encargado de la ejecucin a travs del embargo y venta de bienes muebles, por los casos bajo su compe-tencia.

    Para iniciar la ejecucin, el acreedor puede presentar directamente a un Ofi cial de Ejecucin de la Corte Superior el mandamiento de fi eri facias, quien puede llevar a cabo las medidas coercitivas sin autori-zacin judicial previa. En el inicio de un proceso, el acreedor debe presentarle al HCEO un formulario que contiene detalles conocidos sobre la persona y los activos del deudor, pero no le solicita dirigir el proceso sobre cules bienes a embargar. En algunos otros casos se requerir aprobaciones por el acreedor, por ejemplo un formulario de indemnizacin para encomendar a cerrajeros, pero en general el

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  • acreedor no ser necesario en un procedimiento de ejecucin pues los HCEOs llevan a cabo sus funciones independientemente. Estos ejecutores tambin pueden ayudar al demandante en el proceso de transferencia de una sentencia desde el tribunal de condado a la Cor-te Superior, a ser ejecutado por un HCEO.

    Como se mencion, los Ofi ciales de Ejecucin de la Corte Superior frecuentemente emplean aguaciles privados para apoyarlos en las funciones de la ejecucin. Los aguaciles privados podrn estar certi-fi cados o no, pero de una perspectiva comercial, los HCEOs comn-mente insisten en que la totalidad de sus trabajadores aguaciles estn certifi cados.

    La intervencin del juez en los procedimientos de ejecucin lleva-dos a cabo por los ejecutores es mnima y reactiva. El juez tiene la responsabilidad de pronunciarse sobre medidas cautelares como la congelacin de activos (un mandato Mareva). Una vez que un proce-so de ejecucin se ha iniciado, el alguacil del tribunal de condado o el Ofi cial de Ejecucin de la Corte Superior lleva a cabo la ejecucin sobre bienes muebles sin intervencin judicial. Sin embargo, cual-quiera de las partes puede solicitar al tribunal correspondiente ciertas peticiones o disputas. El juez debe responder a las disputas relaciona-das con bienes incautados y a otras peticiones como, por ejemplo, la solicitud de fi jar un cronograma de pago, la demanda de anulacin o de estancia de una sentencia, la solicitud de un resumen de evalua-cin detallada de la reclamacin, o la solicitud de terceras. En estos casos, siempre es un juez el que responde a estas solicitudes (por lo general un juez de distrito o circuito en un tribunal de condado y un Master en la Corte Superior). En la prctica, en Inglaterra y Gales, los Ofi ciales de Ejecucin de la Corte Superior tienen una relacin de trabajo con los jueces de la Corte Superior durante un procedimiento de ejecucin.

    Cabe sealar que el tribunal es ms involucrado en las otras medidas de ejecucin no llevadas a cabo por los ejecutores. De este modo, se requiere que el tribunal apruebe rdenes para embargar bienes in-muebles, sueldos, o dinero que un tercero debe al deudor. Los ejecu-tores no participan en este tipo de medidas, ms all de que puedan recomendar al acreedor que las solicite. Esto puede ocurrir, por ejem-plo, si los ejecutores descubren que el embargo de bienes muebles no ser sufi ciente para satisfacer el monto debido. En el caso de que el deudor no se oponga a la reclamacin y por lo tanto haya un juicio en defecto (default judgment), es el secretario judicial quien realiza

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    estas rdenes de ejecucin. En contraste, se requiere que el juez dicte las rdenes solo en un caso de oposicin por parte del deudor. Lue-go de su orden, estas medidas se llevan a cabo por otros actores, por ejemplo a travs de un proceso administrativo o por abogados.

    Otros actores que pueden estar involucrados en el procedimiento de ejecucin incluyen: el subastador, con el cual los ejecutores general-mente colaborarn para conseguir el mejor precio para el acreedor; la polica, que tiene la obligacin legal de asistir en los procedimientos de ejecucin; y los cerrajeros y empresas de mudanza.

    La divisin de responsabilidades de ejecucin de demandas moneta-rias en Inglaterra se ilustra en el grfi co siguiente, en base a la canti-dad de sentencias que deban ser ejecutadas.

    La responsabilidad en la ejecucin dividida entre los distintos ejecutores*

    * Hay algunas excepciones. Si la sentencia proviene de un tribunal de condado res-pecto de una deuda contrada bajo la Ley de Crdito al Consumidor (Consumer Credit Act 1974), esta solo es ejecutable en el tribunal de condado, incluso si el valor de la sentencia es mayor de 5.000. Adems, a partir de abril de 2010, los premios de los tribunales laborales y los asentamientos negociados por el Servicio de Asesoramiento, Conciliacin y Arbitraje (ACAS) pueden ser ejecutados por los HCEOs, incluso si el va-lor es menor de 600.

    Debido a la estructura de la justicia civil en Inglaterra, la mayora de las sentencias civiles son emitidas por los tribunales de condado. As, la gran parte del trabajo por los HCEOs proviene de estos tribunales

    304

  • (estimado al 98%). Las estadsticas y la experiencia anecdtica revela que aparece que acreedores estn eligiendo los Ofi ciales de Ejecu-cin de la Corte Superior sobre los aguaciles de los tribunales de con-dado, ya que los HCEOs estn motivados por resultados.

    La siguiente tabla muestra el nmero de solicitudes y rdenes en ma-teria de ejecucin en Inglaterra y Gales en el ao 2010.

    Solicitudes y rdenes en materia de ejecucin en Inglaterra y Gales en 2010120

    Tribunal de condado

    Corte Superior (Divisin

    Queens Bench)

    Medidas de ejecucin

    - Embargo de bienes muebles rdenes (mandamiento de ejecucin o de fi -fa segn el tribunal) 150.828 44.897

    - Embargo de sueldoSolicitudesrdenes

    54.20046.684 n/a

    - Embargo de bienes inmuebles Solicitudesrdenes

    108.84793.619

    -154

    - Recuperaciones de propiedad rdenesRecuperaciones realizadas

    124.91453.730

    12n/a

    - Subrogacin (third party debt orders)Solicitudesrdenes

    4.3151.500

    -68

    - rdenes para el servicio de entrega de bienes 2.179 0

    Otros asuntos

    - rdenes de administracin (permiten la combinacin de una deuda judicial con otra deuda, para simplifi car el pago y distribucin entre acreedores)

    Solicitudesrdenes

    7971.124 n/a

    - rdenes para obtener informacin de deudores (tribunal de condado) / Aplicacin para rdenes para comparecer al tribunal para el cuestionamiento (Corte Superior) 22.811 95

    rdenes de detencin 1.387 n/a

    120 Ministry of Justice, Judicial and Court Statistics 2010, pp. 33-35, 135 (2011).

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    Cabe sealar que en el ao 2011 (cuyos datos an no estn disponi-bles de manera completa) 129.778 mandamientos de ejecucin fue-ron emitidos por los tribunales de condado y 46.327 mandamientos de fi -fa fueron emitidos por la Corte Superior121.

    Los datos empricos revelan que el nmero de rdenes emitidas en los tribunales de condado han disminuido de manera constante en la ltima dcada. En la siguiente tabla se puede observar esta disminu-cin.

    Mandamientos de ejecucin emitidas en el tribunal de condado 2000-2011122

    A partir de los datos en esta tabla, se observa que 400.916 rdenes de ejecucin fueron emitidas en el ao 2001, en comparacin con las 129.778 rdenes de ejecucin emitidas en el ao 2011, representan-do una disminucin del 67,63%.

    Por otra parte, la emisin de mandamientos de fi -fa por la Corte Supe-rior (Divisin de Queens Bench) no ha mostrado una disminucin o un aumento observable desde el ao 2004123.

    121 Ministry of Justice, Judicial and Court Statistics 2011, pp. 19-20, 58 (2012).122 Elaborado a partir de Ministry of Justice, Judicial and Court Statistics 2006, Table

    4.19, p. 73 (2007); Ministry of Justice, Judicial and Court Statistics 2010, p. 33, Ta-ble 1.19 (2011); Ministry of Justice, Judicial and Court Statistics 2011, p. 20 (2012).

    123 Ibd. Cabe sealar que informacin previa a 2004, cuando el Ofi cial de Ejecucin de la Corte Superior remplaz el sheriff, no est disponible.

    306

  • 2. Los ejecutores: los county court bailiffs y los High Court Enfor-cement Offi cers

    a. Marco legal y distribucin

    Alguaciles del tribunal de condado, como funcionarios de los tribu-nales, se encuentran regulados por la Ley de Tribunales de Condado de 1984124. Esta legislacin establece que el secretario del tribunal (county clerk registrar) ser responsable de los actos y los incumpli-mientos de los alguaciles de la misma manera como el sheriff de un condado de Inglaterra o Gales es responsable de los actos e incumpli-mientos de s mismo y de sus ofi ciales (nota, esta ley es de anterior a la transicin de responsabilidades de ejecucin del sheriff a los HCEOs).

    Ofi ciales de Ejecucin de la Corte Superior, se establecieron en vir-tud de la Seccin 99 de la Ley de Tribunales 2003 Anexo 7 y estn regulados por las Regulaciones de los Ofi ciales de Ejecucin de la Corte Superior 2004125. Bajo estas regulaciones, los HCEOs estn obligados a adoptar medidas de ejecucin para todos los manda-mientos de ejecucin recibidos en los distritos en que estn asigna-dos. No llevan a cabo la cobranza de otras deudas en su papel de Ofi cial de Ejecucin de la Corte Superior, no obstante, puede ocurrir que como negocio aparte tengan un negocio de cobranza.

    Como se mencion, en la prctica, los HCEOs emplean y capacitan a alguaciles privados para llevar a cabo las medidas de ejecucin bajo su autoridad. Los alguaciles privados no estn en s mismos autori-zados para ejecutar sentencias de la Corte Superior o del tribunal de condado, sin embargo, los HCEOs les conceden la autoridad para tal efecto, por medio de una carta de autorizacin, una tarjeta de identi-dad, y del mandamiento con el nombre del HCEO.

    En el ao 2011 haba 512 aguaciles del tribunal de condado y en la actualidad hay 63 Ofi ciales de Ejecucin de la Corte Superior126. Ac-tualmente, hay aproximadamente 15 alumnos de HCEOs. Los 512 al-guaciles de tribunal de condado se distribuyeron en 219 tribunales el

    124 County Courts Act 1984. 125 Courts Act 2003; The High Court Enforcement Offi cers Regulations 2004.126 Estudio CEPEJ Informe Inglaterra y Gales, supra nota 112, pp. 54-55. Este estudio

    reporta 64 HCEOs, sin embargo, uno se ha jubilado y por lo tanto actualmente, hay 63 HCEOs (Reportado del 2 de noviembre de 2012).

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    ao 2011127. Cuando se combinan con otras fi guras que llevan a cabo la ejecucin aparte de las sentencias civiles, hay 1.966 alguaciles privados certifi cados y 373 aguaciles denominados civilian enforce-ment offi cers (lo que supondra un total de 2.915 ejecutores), el CEPEJ estima que el nmero de ejecutores por cada 100.000 habitantes fue de 5,3128. Teniendo en cuenta el propsito de este estudio, si la cifra se modifi ca para refl ejar solamente el nmero de ejecutores autori-zados para ejecutar las sentencias civiles, este sera un ritmo mucho menor, ya que alguaciles y HCEOs solo representan aproximadamen-te el 20% de los ejecutores totales medidos. No obstante, como los HCEOs tambin emplean alguaciles privados para llevar a cabo la ejecucin de sentencias de la Corte Superior bajo su autoridad, es di-fcil estimar la tasa real de ejecutores de sentencias civiles.

    En un marcado contraste con el monopolio regional que los sheriffs disfrutaron durante siglos, los Ofi ciales de Ejecucin de la Corte Su-perior pueden llevar a cabo la ejecucin en cualquier parte de Ingla-terra y Gales. Esta nueva estructura ha creado competencia y coope-racin entre los HCEOs, quienes pueden tener jurisdiccin nacional o solicitar que sean asignados a jurisdicciones ms pequeas. Es en el proceso de postulacin cuando los candidatos pueden solicitar los distritos a los cuales quieren ser asignados, y si son nombrados, pueden ser asignados a cualquiera de los distritos solicitados u otros distritos si es considerado necesario o conveniente para asegurar que haya ejecutores sufi cientes en cada distrito. Esta reforma primeramen-te ha resultado en la formacin de grandes empresas que compiten. Aproximadamente el 90% de las labores de ejecucin se llevan a cabo por las cinco principales agencias de HCEOs en Inglaterra y Ga-les, y tambin existe una serie de empresas ms pequeas. Para ilus-trar este punto, la distribucin de la carga de casos en las diferentes empresas se detalla en la siguiente tabla.

    127 Ibd., p. 15.128 Estudio CEPEJ 2012, supra nota 6, p. 335. Civilian Enforcement Offi cers son em-

    pleados por el magistrates court y ejecutan mandamientos de detencin, entre otros.

    308

  • Nmero de rdenes de ejecucin (mandamientos de fi -fa) recibidos por los Ofi ciales de Ejecucin de la Corte Superior en 2011129

    Empresa de Ejecucin Mandamientos recibidos %

    THE MARSTON GROUP 24.025 32,5

    HIGH COURT ENFORCEMENT GROUP 18.042 24,5

    ANDREW WILSON & CO 10.014 13,5

    SHERFORCE 7.556 10

    SHERIFFS HCE (WATT) 7.547 10

    C N GAUNT & SON 2.072 2,75

    C W HARRISON & SON 2.060 2,75

    SUBTOTAL 96

    ROSSENDALES 1.044 1,5

    MID-WEST ENFORCEMENT 890 1

    ELLIOTT DAVIES 486 0,5

    STOREY & FELLOWS 298 0,5

    FRANK WHITWORTH 93

    0,5

    WILLIAMSON 82

    NICK TODD 46

    BAITSON & BAITSON 43

    MEA ENFORCEMENT 22

    TOTAL 74.320 100

    Como se mencion anteriormente, la reforma del ao 2004 dio lugar a una mayor competencia entre estas empresas, que a su vez ha re-sultado en que estos ejecutores compiten en base a otorgar un mejor servicio al cliente. En el mercado que esta reforma ha proporcionado, no es poco comn que las empresas ms grandes de deuda dividan su trabajo entre dos o tres empresas de HCEOs diferentes, de modo que puedan comparar la calidad de servicio de cada uno.

    129 Las estadsticas proporcionadas por HM Courts & Tribunals Service a los HCEOs (copia con autor).

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    b. Educacin, formacin y nombramiento130

    Histricamente, ni el aguacil del tribunal de condado ni el sheriff requera de educacin o formacin especial para poder obtener sus puestos. Los requisitos fueron mnimos y la formacin era en el tra-bajo. No hubo criterios formales para la designacin de un ofi cial del sheriff, quien en la prctica llevaba a cabo la ejecucin, por la cual la tradicin jug el papel ms importante. Exista un examen profesional, pero no haba un programa formal de capacitacin para el examen.

    Actualmente, alguaciles del tribunal de condado a menudo son reclu-tados de los funcionarios policiales jubilados y de otros funcionarios de servicio. Ellos estn entrenados para el trabajo de acuerdo con un manual preparado por el Ministerio de Justicia. Estn sujetos a normas civiles en materia de contratacin y seguimiento. El requisito de edu-cacin que se les solicita es haber terminado la escuela secundaria.

    Entre todos los diferentes tipos de ejecutores de Inglaterra y Gales, los Ofi ciales de Ejecucin de la Corte Superior requieren del nivel de educacin ms alto y del entrenamiento ms estricto. Tras la in-troduccin de los HCEOs en 2004, el Gobierno insisti en que antes de autorizar a cualquier Ofi cial de Ejecucin de la Corte Superior, el solicitante deba obtener la posicin de Miembro Asociado en la Asociacin de Ofi ciales de Ejecucin de la Corte Superior (la or-ganizacin profesional de estos ejecutores - HCEOA). Los requisitos educativos para comenzar el proceso de postulacin es el Nivel 3 (equivalente a un ttulo de escuela secundaria) en reas de derecho o relacionadas con la gestin de crditos. Cumplidos estos, los solici-tantes deben pedir la membresa estudiantil a la HCEOA y proceder por la capacitacin bajo supervisin de esta asociacin. Este periodo incluye:

    Un Programa de Educacin (componentes tericos) para obtener un Diploma de Nivel 5 (equivalente a un ttulo universitario), rea-lizado entre la HCEOA y el Instituto de Gestin de Crdito (ICM) - 18 meses a 2 aos.

    130 Elaborado a partir de High Court Enforcement Offi cers Association How to Beco-me a Member, Educational Pathway, http://www.hceoa.org.uk (ltima visita el 20 de octubre de 2012); Encuesta UIHJ, supra nota 6, Seccin 2; High Court Enforcement Offi cers Regulation 2004; Kennett, supra nota 35, pp. 71-74.

    310

  • Un perodo de entrenamiento (experiencia prctica), tiempo du-rante el cual el candidato es patrocinado/empleado por una em-presa de HCEOs - 2 aos (puede realizarse al mismo tiempo que el Programa de Educacin).

    Un examen fi nal (mnimo exigido del 75%) y tesis de 3.500 pala-bras.

    Una vez que el estudiante haya aprobado el examen, puede ser admi-tido como Miembro Asociado de la HCEOA, y solo en esta posicin se le permitir postular para ser Ofi cial de Ejecucin de la Corte Su-perior. Adems, la Asociacin apoyar entonces una postulacin ante el Secretario de Justicia para el nombramiento. Esta seleccin se hace por su delegado, el Senior Master de la Divisin Queens Bench de la Corte Superior.

    En la prctica, los Ofi ciales de Ejecucin de la Corte Superior provie-nen principalmente de aquellos que anteriormente trabajaban como under sheriffs o ofi ciales del sheriff. Existen varios requisitos estrictos para ser elegible para nombramiento relacionados con la historia penal y civil del solicitante. La solicitud de autorizacin debe incluir detalles relacionados con la experiencia relevante del candidato y su conocimiento de las leyes, la prctica y el procedimiento de la Corte Superior en relacin con la ejecucin de deudas, as como el plan de negocio del solicitante incluyendo a cualquier persona que el soli-citante propone involucrar para actuar en su nombre y ayudarle con su trabajo como ejecutor. A pesar de que la edad mnima para ser un Ofi cial de Ejecucin de la Corte Superior es 18 aos, el promedio de edad de estos ejecutores es entre 45-50 aos131. Ellos tambin requie-ren completar 10 horas de desarrollo profesional continuo cada ao.

    Debido a las actuales reformas en curso para reformar la profesin del ejecutor en su conjunto, cabe mencionar los requisitos de for-macin de los aguaciles privados. Actualmente no hay requisitos de capacitacin para los alguaciles privados por regulacin, sin embar-go, algunas empresas tienen sus propios regmenes de entrenamiento para asegurar que los alguaciles sean conscientes de sus responsabi-lidades. En las reformas propuestas, el Gobierno espera crear un pa-quete acreditando la formacin obligatoria que sera un requisito para la certifi cacin como agente de ejecucin132.

    131 Encuesta UIHJ, supra nota 6, Seccin 3.132 Ministry of Justice, Transforming bailiff action: How we will provide more protec-

    tion against aggressive bailiffs and encourage more fl exibility in bailiff collections, Consultation Paper, CP 5/2012, pp. 39-40 (2012).

    311

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    c. Organizacin de la profesin y los correspondientes organismos profesionales

    Como funcionarios pblicos empleados por los tribunales, los al-guaciles del tribunal de condado no son miembros de una profesin organizada.

    Por otro lado, en representacin de los Ofi ciales de Ejecucin de la Corte Superior, la Asociacin de Ofi ciales de Ejecucin de la Corte Superior (High Court Enforcement Offi cers Association - HCEOA) se form hace ms de 124 aos133. La Asociacin representa a los HCEOs y trabaja con el Gobierno para la mejora e implementacin de los cambios a la normativa vigente y propuesta. La membresa es obligatoria, y esta Asociacin se encarga del programa de capacita-cin de estos ejecutores y, a travs esta, de la entrada a la profesin. La Asociacin se esfuerza por elevar el nivel de ejecucin de sus miembros a travs de una mejor capacitacin, de cdigos de con-ducta y de regulacin, y por asegurar que los HCEOs proporcionen no solo un servicio de ejecucin efectivo que permita al acreedor recuperar lo debido, sino que tambin que las partes que se sometan a estos procedimientos sean tratadas de manera justa, tica y propor-cional.

    Adems, los aguaciles privados certifi cados en Inglaterra estn repre-sentados por la Asociacin Civil de Ejecucin (CIVEA),134 que es una organizacin independiente que proporciona un cdigo de conducta para los miembros as como publicaciones, y se encarga de las de-nuncias contra los aguaciles.

    A nivel internacional, Inglaterra y Gales han sido miembros de la Union Internationale des Huissiers de Justice desde 1980, y la HCEOA tiene membresa desde 1999.

    d. Supervisin y control135

    Los aguaciles del tribunal de condado son supervisados por aguaciles gerentes en los tribunales de condado, y cuentan con objetivos esta-

    133 Vase el sitio institucional: http://www.hceoa.org.uk/. Anteriormente, esta asocia-cin fue conocida como la Asociacin de Ofi ciales del Sheriff.

    134 Vase el sitio institucional: http://www.civea.co.uk/. 135 Elaborado a partir de Encuesta UIHJ, supra nota 6, Secciones 7 y 8; Estudio CEPEJ

    Informe Inglaterra y Gales, supra nota 112, p. 56; entrevista con Martin Leyshon, realizada el 2 de noviembre de 2012.

    312

  • blecidos. Deben rendir cuentas al Juez de Distrito de los tribunales que emitieron la orden de sentencia. Ellos son disciplinados bajo las reglas civiles. Si un aguacil del tribunal de condado es contratado para imponer una ejecucin contra los bienes y pierde la oportunidad de imponer el embargo por alguna razn de negligencia, omisin o confabulacin, el aguacil puede ser obligado a pagar daos y perjui-cios luego de una queja presentada por un agraviado al tribunal.

    Por otro lado, en la prctica los Ofi ciales de Ejecucin de la Corte Superior en ejercicio de sus funciones son empresarios independien-tes y autnomos. As como estn estrictamente regulados por la ley, estn sujetos a control reglamentario por el Secretario de Justicia (es decir, por el Ministerio de Justicia), que delega sus poderes al Juez Procesal de la Corte Superior (Senior Queens Bench Master). Ellos tambin son monitoreados por su Asociacin, la HCEOA, y cuentan con un Cdigo de Conducta. Las actividades controladas incluyen actividades profesionales por estatuto, errores o abusos, los costos excesivos o comisiones, prcticas ilegales y la contabilidad. El control puede llevarse a cabo en cualquier momento a peticin de un ciuda-dano, de otro HCEO, de la HCEOA o del Ministerio de Justicia. Las quejas ms comunes de los usuarios en relacin a los procedimientos de ejecucin en Inglaterra y Gales son respecto del costo excesivo, la actitud del HCEO y la inejecucin. Los HCEOs tambin pueden ser disciplinados por la Asociacin. Las sanciones disciplinarias pueden incluir una multa hasta 15.000 o una recomendacin al Senior Mas-ter para la destitucin de su cargo. Adems, estn obligados a sacar un seguro de responsabilidad profesional.

    Los alguaciles privados no son supervisados por su asociacin CIVEA, pero esta ltima publica un Cdigo de Conducta que se reformul tras la promulgacin de la Ley de los Tribunales, Cortes y Ejecucin de 2007136.

    El 13 de enero del ao 2012, el Gobierno public enmiendas a los Estndares Nacionales para los Agentes de Ejecucin137. Esto se trata de un cdigo voluntario para todos los tipos de ejecutores, los orga-nismos que los emplean y los principales acreedores que utilizan sus servicios. Estas normas han sido suscritas por la HCEOA y la CIVEA.

    136 CIVEA Code of Conduct and Good Practice Guide, October 2012 (2012).137 Ministry of Justice, National Standards for Enforcement Agents (2012).

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    3. Los costos: Las estructuras de honorarios y la remuneracin del ejecutor138

    El rgimen actual de costos para los ejecutores en Inglaterra y Gales es complejo y anticuado. Un conjunto separado de honorarios legales se defi ne para cada una de los diferentes tipos de deudas y algunos honorarios pueden ser acordados entre la empresa de ejecucin y sus clientes139. Esto es especialmente cierto en relacin a los numerosos tipos de deudas que los alguaciles privados pueden ejecutar. Como se analizar ms adelante, el Gobierno desea establecer normas para que la estructura de costos de ejecucin sea uniforme a travs los di-ferentes tipos de deudas140.

    Con respecto a los honorarios de ejecucin de sentencias, estas estn reguladas por un estatuto. Los costos de la ejecucin de una sentencia civil en el tribunal de condado estn regulados por la Or-den de Honorarios de Procedimiento Civil (Enmienda) 2011141. Para encomendar a alguaciles del tribunal de condado, un acreedor debe pagar una cuota al tribunal para la emisin de un mandamiento de ejecucin, actualmente 100, recuperable del deudor. En general no hay otros costos, pero todos los gastos adicionales cobrados por los tribunales de condado para el uso de los alguaciles se aadirn a la cantidad debida por el deudor. Cuando los bienes se envan a la subasta, habr otros cargos, pero esto tiende a ser raro en el tribunal de condado. Si los intentos de ejecucin no tienen xito, no hay nin-guna tasa abortiva. Como funcionarios pblicos, a los aguaciles del tribunal de condado se les paga un sueldo de entre aproximadamente 18.000 y 22.000. No se pagan en relacin a las medidas de ejecu-cin exitosas, sin embargo, su derecho a aumentos como empleados del tribunal se basa en el rendimiento.

    138 Elaborado a partir de The Civil Proceedings Fees (Amendment) Order 2011, 2011 No. 586 (L. 2), Anexo 1 (7) (2011); High Court Enforcement Offi cers Regulations 2004, 2004 No. 400, 13 y Anexo 3: Fees Chargeable by Enforcement Offi cers; Alexander Dehayen, Enforcement Fee Structure Review: Proposal for a new En-forcement Fee Structure and analysis of the issues and options, Ministry of Justice (2009).

    139 Dehayen, supra nota 138, p. 25, Tabla 6.140 La HCEOA no apoya el uso de una estructura de tarifas uniforme y comn a ambos

    aguaciles privados y HCEOs. Vase ibd. (citando a HCEOA Alternative Proposed Fee Scale for the Enforcement of High Court Writs of Fieri Facias and Writs of Pos-session and Restitution (diciembre de 2008)).

    141 The Civil Proceedings Fees (Amendment) Order 2011, 2011 No. 586 (L. 2).

    314

  • Los costos de la ejecucin realizada por Ofi ciales de Ejecucin de la Corte Superior est regulada en los Reglamentos de Ofi ciales de Ejecucin de la Corte Superior 2004142. Para encomendar a un HCEO, el acreedor debe pagar una cuota a la Corte para que emita un man-damiento de fi eri facias (para la ejecucin contra los bienes), cuota que actualmente es de 60 y tambin es recuperable del deudor. En la actualidad, no es raro que las empresas de HCEOs proporcionen servicios gratis de transferencia de una sentencia de un tribunal de condado a la Corte Superior (transfer-up services) para ejecutar el caso ellos.

    Los honorarios regulados en el Anexo 3 de los Reglamentos se cobran al deudor encima de la deuda, y en general equivalen entre el 7,5% y el 12,5% de esta fi gura. Los HCEOs recuperan todos los costos cobra-dos en ejecuciones exitosas: si una accin de ejecucin tiene un xi-to total, el deudor pagar todos los honorarios y el acreedor recibir la cantidad total debida. Por otro lado, si se recupera un monto que es menor que la deuda, es una prctica general que los honorarios de ejecucin se reduzcan proporcionalmente y se deduzcan de la canti-dad que el acreedor recupere. Por ejemplo, si la mitad de la deuda se recupera, la mitad de los honorarios del ejecutor sern deducidas de la cantidad que el acreedor reciba. Por ltimo, si la ejecucin fracasa, existe una tasa de aborto de 60 ms IVA, regulada por la industria por cada direccin visitada, pagada por el acreedor.

    A los alguaciles privados que emplean a los HCEOs se les paga un sueldo bsico de alrededor de 20.000 ms la comisin sobre resul-tados. En consecuencia, los buenos aguaciles privados pueden ganar alrededor de 50.000 al ao en total.

    Los honorarios que cobran los HCEOs se pueden dividir en tres tipos principales:

    1. Honorarios cobrados por la ejecucin de mandamientos de fi eri facias

    2. Honorarios cobrados por la ejecucin de los mandamientos de posesin o entrega

    3. Gastos generales

    Los honorarios regulados por ley son una combinacin de tarifas fi jas y porcentajes de la deuda ejecutada o recuperada. Por ejemplo, tras

    142 High Court Enforcement Offi cers Regulations 2004, 13 y Anexo 3.

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    la ejecucin de un mandamiento de fi eri facias, los honorarios cobra-dos de acuerdo al porcentaje de la cantidad recuperada es del 5% en las primeras 100 y un 2,5% por sumas mayores a 100. Por otra par-te, los honorarios cobrados por la incautacin de bienes es una tarifa fi ja de 2,00 por cada edifi cio o lugar en que los bienes sean incau-tados. Las tarifas aplicables en la ejecucin de los mandamientos de posesin son un porcentaje del valor neto anual para la clasifi cacin de los bienes embargados. Finalmente, los gastos generales son ho-norarios fi jos, o bien aquellos que por cualquier asunto no previsto en otro lugar, un Master de la Corte Superior, Juez de Distrito u otro juez pueda permitir cobrar a partir de una solicitud. A medida que los precios actuales se encuentran obsoletos y no han sido modifi cados desde 1925, esta ltima va proporciona una opcin para los cargos no contemplados en la legislacin.

    Los Ofi ciales de Ejecucin de la Corte Superior son, por lo tanto, ms caros de contratar para la recuperacin de una deuda judicial de al-guaciles del condado, pero se perciben como ms efi caces, ya que se les paga por los resultados.

    Resumen de los costos de la ejecucin en Inglaterra

    Tarifas reguladas por el Estado?

    S

    Tarifas negociables? No

    Ley

    La ejecucin de una sentencia civil en el tribunal de condado por un aguacil est actualmente regulada por la Orden de Honorarios de Procedimiento Civil (Enmienda) 2011. Los honorarios de los HCEOs estn determinados por el Anexo 3 de los Reglamentos de Ofi ciales de Ejecucin de la Corte Superior 2004, y se dividen principalmente en honorarios percibidos en ejecucin de mandamientos de fi eri facias, de mandamientos de posesin o entrega, y honorarios generales. Los honorarios son una mezcla de tarifas fi jas y proporcionales.

    Quin es el responsable?

    Como cuestin de principio, el deudor es responsable de los gastos de la ejecucin, ya que es l quien no ha cumplido con la sentencia. Sin embargo, el acreedor/demandante que inicia la accin de ejecucin es responsable de los costos de ejecucin, con un recurso contra el deudor. Por lo tanto, si los costos no se recuperan en contra de un deudor, los honorarios son recuperados del acreedor.

    Remuneracin de los ejecutores

    Los alguaciles del tribunal de condado son empleados asalariados que no se remuneran en base del xito de la ejecucin.Los HCEOs son remunerados por los honorarios que cobran.

    316

  • 4. Acceso a la informacin sobre el patrimonio del deudor143

    Con el fi n de elegir el mtodo de ejecucin o mtodos a utilizar en contra de un deudor, el acreedor necesita informacin especfi ca sobre el deudor, sus bienes, empleador o cuentas bancarias. En la actualidad, un medio que tienen los acreedores para obtener informa-cin que les ayude a determinar cmo exigir una deuda de sentencia civil, es el de poder solicitar una orden de obtener informacin (order to obtain information). Este procedimiento se conoca anterior-mente como el procedimiento de examen oral (oral examination pro-cedure), que fue modifi cado en el ao 2002 para ser estandarizado, permitiendo la obtencin de informacin ms rpidamente. Bajo este procedimiento, el deudor es ordenado a presentarse ante el tribunal para proporcionar informacin a travs de una audiencia sobre su pa-trimonio y cualquier otra informacin necesaria para la ejecucin de la sentencia.

    Un acreedor tiene el derecho de solicitar la orden de obtener infor-macin. Una solicitud general debe hacerse en el tribunal que dict la orden de sentencia que se pretende ejecutar, y puede ser otorgada por un secretario judicial. En la audiencia, la persona ordenada a asistir al tribunal ser interrogada bajo juramento. El interrogatorio se llevar a cabo por un funcionario del tribunal a menos que el tribu-nal haya ordenado que la audiencia sea ante un juez, lo que puede ocurrir si existen razones imperiosas o difi cultades. En general, el fun-cionario del tribunal realizar la interrogacin a travs un conjunto estndar de preguntas y el acreedor o su representante podrn asistir y hacer preguntas adicionales o solicitar al funcionario que las haga. Por otro lado, si la audiencia se lleva a cabo ante un juez, el acreedor o su representante deben asistir y llevar a cabo el interrogatorio. Si una persona contra la cual se ha realizado esta orden (1) no asiste a la corte, (2) se niega en la audiencia a prestar juramento o a contestar cualquier pregunta, o (3) de otra manera no cumple con la orden, es-tar en desacato al tribunal y se remitir el asunto a un juez superior, quien ordenar una orden de detencin contra la persona. El tipo ms comn de la falta de cumplimiento es la no asistencia a la audiencia.

    En el ao 2011 se dictaron 22.693 rdenes para obtener informacin de los deudores en los tribunales de condado144. Como se puede

    143 Elaborado a partir de Civil Procedure Rules, Part 71; Encuesta UIHJ, supra nota 6, Seccin 11.

    144 Ministry of Justice, Judicial and Court Statistics 2011, p. 20 (2012).

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    observar en el siguiente grfi co, el nmero de rdenes para obtener informacin de los deudores de juicio en el tribunal de condado en general parece estar disminuyendo.

    Nmero de rdenes de obtener informacin de los deudores realizadas en el tribunal de condado en los ltimos cinco aos145

    2007 2008 2009 2010 2011

    rdenes de obtener informacin de los deudores

    27.148 30.261 29.672 22.811 22.693

    Como se llevan a cabo bastante menos juicios civiles en la Corte Su-perior, en el ao 2010 solo 95 rdenes para interrogaciones fueron solicitadas en esta corte (Divisin de Queens Bench)146.

    La Ley de Tribunales, Cortes y Ejecucin de 2007 har ms fcil para los tribunales la obtencin de informacin sobre el deudor con un nuevo mecanismo de acceso. Esto se tratar en la Parte III.

    Adems del acreedor poder solicitar informacin al tribunal a travs de los mtodos anteriores, el ejecutor encomendado por l podr buscar informacin sobre el patrimonio del deudor. Ni los alguaci-les del tribunal de condado ni los Ofi ciales de Ejecucin de la Corte Superior tienen la obligacin por ley de investigar. Sin embargo, desde una perspectiva prctica y comercial una investigacin es un componente necesario ya que, por un lado, si se comprueba que el deudor no tiene bienes no tendr sentido continuar con las medidas de ejecucin caras y, por otro, cuando se encuentren los activos, los ejecutores sabrn sobre qu se debe ejecutar.

    Bajo el actual sistema de ejecucin en Inglaterra y Gales, a los ejecu-tores por regla general no se les concede ningn acceso privilegiado a la informacin sobre un deudor. Los registros nacionales existen para las direccin(es), fecha y lugar de nacimiento, nmero de tel-fono, nacionalidad, determinados bienes como vehculos, barcos, aviones, etc., la informacin sobre las cuentas bancarias, la posicin de las cuentas bancarias y la informacin sobre bienes races. El nivel de acceso del pblico a estos vara. Con la excepcin de los registros de cuentas bancarias y el Registro de Vehculos (Driver and Vehicle

    145 Ibd.; Ministry of Justice, Judicial and Court Statistics 2010, p. 35 (2011).146 Ministry of Justice, Judicial and Court Statistics 2010, p. 135 (2011).

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  • Licensing Agency - DVLA), que no son pblicos, todos estos registros son accesibles al pblico por medio del pago de una tasa. Por lo tanto, al igual que cualquier particular, los ejecutores de Inglaterra pueden investigar a travs de bases de datos comerciales de informa-cin como Equifax o Experian, el registro de compaas y el registro de propiedad. Una limitacin de este ltimo registro, es que en el registro de propiedad solo se puede buscar por direccin, no por nombre. Adems, cabe sealar que los HCEOs tienen acceso especial al Registro de Vehculos DVLA, que no es pblico. Por ltimo, existe en Inglaterra un Registro de Sentencias (Register of Judgments, Orders and Fines) que contiene todos los juzgamientos civiles realizados por un tribunal de condado y por la Corte Superior, as como las rdenes de administracin y otros rdenes147. Este registro podr ser inspec-cionado por los bancos, las sociedades de construccin y compaas de crdito al examinar las solicitudes de crdito. Las bsquedas se realizan mediante un requerimiento al registro por medio de una soli-citud por escrito y una cuota aplicable148.

    Por lo tanto, la informacin a que un Ofi cial de Ejecucin de la Corte Superior podr acceder, sujeto a determinadas condiciones, incluye:

    Direccin(es) Fecha y lugar de nacimiento Nmero de telfono Informacin sobre bienes inmuebles Artculos especfi cos tales como vehculos, barcos, aviones,

    etctera.

    Adems, los Ofi ciales de Ejecucin de la Corte Superior pueden ser ingeniosos en sus investigaciones, por ejemplo, por medio del uso de Google Earth para ver la propiedad del deudor y el envo de ins-pectores para visitar a los deudores. Cualquier informacin obtenida sobre el deudor debe ser confi dencial y no puede ser compartida con nadie, excepto con el acreedor.

    147 The Register of Judgments, Orders and Fines Regulations 2005, 2005 No. 3595 (2005), as amended by the The Register of Judgments, Orders and Fines (Amend-ment) Regulations 2009, 2009 No. 474 (2009).

    148 El Registro podr negarse a realizar una bsqueda y negarse a otorgar acceso al so-licitante, cuando se cree que el propsito contraviene los principios de proteccin de datos o las disposiciones de cualquier otra ley. Los principios de proteccin de datos se refi eren a los principios establecidos en la Parte 1 del Anexo 1 del Data Protection Act 1998 (b), sujeta a la Parte 2 del mismo Anexo y 27 (1) de dicha ley.

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    III) Abarcando los desafos actuales

    Dos retos principales pueden ser identifi cados en Inglaterra, que se han abordado en las reformas recientes. El primero es en relacin con el acceso a la informacin y el segundo es en relacin con la estruc-tura del modelo mixto de ejecucin.

    1. Los desafos relacionados con el acceso a la informacin

    En Inglaterra y Gales, el rango de recuperacin depende en gran me-dida de la disponibilidad del domicilio del deudor, y por lo tanto de la capacidad de emitir mandamientos correctamente dirigidos. En el ao 2011, 35 peniques por libra se recuperaron a travs de procedi-mientos de ejecucin en el tribunal de condado149. Sin embargo, 84 peniques por libra se recuperaron cuando el acreedor haba propor-cionado una direccin correcta del deudor (y era un mandamiento ejecutable)150.

    En este contexto, en la actualidad el nico medio que tienen los acreedores para obtener informacin que les ayude a determinar cmo ejecutar una deuda por juzgamiento civil es por medio de una orden de obtener informacin. Esto requiere que el deudor compa-rezca ante el tribunal, lo que es problemtico si el deudor no est cooperando con el tribunal. Adems, a los ejecutores no se les con-cede ningn acceso especial a la informacin. Un reto particular es que el Gobierno no les otorgue a los ejecutores acceso a los registros gubernamentales, como a datos bancarios, informacin del Departa-mento de Trabajo y Pensiones o informacin de las autoridades loca-les. Al mismo tiempo, los ejecutores no pueden buscar en el registro de propiedad por nombre del deudor, sino solo por la direccin, que presenta una difi cultad especial si el deudor esta ocultando bienes, y direcciones de otras propiedades se desconocen.

    La Parte 4 de la Ley de Tribunales, Cortes y Ejecucin de 2007, que an no se encuentra en vigencia, contiene una medida para mejorar la transparencia del patrimonio de los deudores151. Incluye un nuevo mecanismo basado en el tribunal para ayudarlo a obtener acceso a la informacin sobre el deudor a favor del acreedor. Una persona que es acreedor en relacin con la deuda judicial podr solicitar a

    149 Ministry of Justice, Judicial and Court Statistics 2011, p. 19 (2012).150 Ibd. 151 Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007, 95-101.

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  • la Corte Superior o bien a un tribunal de condado, la obtencin de informacin sobre el tipo de accin que sera apropiado llevar en los tribunales para cobrar esa deuda en particular. Tras esta solicitud, y dando aviso al deudor, el tribunal competente podr llevar a cabo una o ambas de: (a) una solicitud de informacin departamental, y (b) una orden de informacin. Una solicitud de informacin departamen-tal es una solicitud para la divulgacin de la informacin en poder o en nombre de un departamento gubernamental. La informacin que se puede solicitar depende de a quin se hace la peticin, pero puede incluir el nombre completo del deudor, su direccin, su fecha de na-cimiento, su nmero de identifi cacin, si l es empleado, el nombre y la direccin del empleador y la informacin prescrita152. Una or-den de informacin es una orden del tribunal competente hacia una persona prescrita (el divulgador de la informacin) especifi cando la informacin requerida en relacin con el deudor y ordenando que el divulgador de la informacin la revele. El divulgador de informacin puede incluir a bancos y agencias de referencia de crdito. El tribu-nal competente puede usar la informacin del deudor con el fi n de proporcionar al acreedor informacin sobre el tipo de accin (en su caso) que sera apropiada realizar para recuperar la deuda.

    2. Los desafos relacionados con el sistema de ejecucin de modelo mixto153

    Como hemos visto, la ley vigente en materia de ejecutores en Ingla-terra y Gales es bastante compleja ya que la regulacin aplicable depende del tipo de ejecutor que se haya contratado. La estructura reguladora de estas fi guras est muy fragmentada: algunos elementos estn estrictamente regulados y otros, en especial con relacin a los aguaciles privados, solo estn sujetos a la regulacin informal a travs de asociaciones comerciales. Como tal, existe un argumento fuerte para establecer una sola estructura para regular la industria, lo que elevara el nivel de profesionalismo en l y, a la vez, dara mayor con-fi anza a la poblacin en l.

    152 Informacin prescrita, en relacin a una solicitud de informacin departamental, signifi ca la informacin que corresponda a la categora o categoras de informacin (en su caso) prescrito por las normas en relacin con el servicio al que se refi ere la solicitud.

    153 Elaborado a partir de Ministry of Justice, Transforming bailiff action: How we will provide more protection against aggressive bailiffs and encourage more fl exibility in bailiff collections, Consultation Paper, CP 5/2012 (2012); Ministry of Justice, Regu-lation of Enforcement Agents, Response to Consultation, CP(R) 02/07 (2008).

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    A partir del ao 1998, el Gobierno inici una Revisin de la Eje-cucin Civil, que surgi del compromiso del Gobierno de mejorar el acceso y la efi ciencia de la justicia civil en Inglaterra y Gales. Un White Paper publicado en el ao 2003 por el, entonces, Departa-mento del Lord Chancellor (ahora el Ministerio de Justicia) describe los pasos tomados en este proceso y propone la creacin de una pieza nica y unifi cada de la legislacin de ejecucin, una estructu-ra nica y simplifi cada de tarifas y un nuevo rgimen de regulacin de los ejecutores, as como otros cambios en los procedimientos de ejecucin154. La Ley de Tribunales, Cortes y Ejecucin del ao 2007 sent las bases para varias de estas propuestas, que han sido objeto recientemente de un perodo de consulta pblica desde febrero de 2012 hasta mayo de 2012. Las respuestas a este perodo de consultas se esperaba que se publiquen en diciembre de 2012, no obstante, pa-rece ms probable que se publiquen en el ao 2013.

    Como se mencion previamente, una de las quejas ms comunes acerca de los ejecutores son los honorarios que cobran. En adicin al actual rgimen de costos complejo para los ejecutores que varan en funcin de cada poder de ejecucin, la estructura de costos en s mismo carece de claridad, es difcil de interpretar y no proporciona una remuneracin adecuada para todos los aspectos del trabajo que implica la ejecucin. Estos factores se combinan para hacer que el proceso actual de honorarios est dispuesto a abusos. La Ley TCE pre-v disposiciones para que se establezca la recuperacin por parte del deudor de los gastos de ejecucin por los servicios relacionados155. El Gobierno har valer este derecho y crear una nueva estructura de honorarios que se apoyar en los principios de transparencia, cohe-rencia y proporcionalidad. La nueva estructura no se ha defi nido to-dava, pero una alternativa fue analizada y propuesta en el ao 2009, siendo recientemente sometida a consulta pblica por el Ministerio de Justicia156. Cabe sealar que aunque el concepto de uniformidad es en todos los tipos de deuda, se mantendrn diferencias en la es-tructura de costos entre deudas provenientes de la Corte Superior y de otros tribunales, debido a que la ejecucin de una orden de la Corte Superior es considerablemente ms cara en recuperarse que otros tipos de deuda. Adems, los HCEOs tienen responsabilidad personal

    154 Effective Enforcement: Improved methods of recovery for civil court debt and com-mercial rent and a single regulatory regime for warrant enforcement agents, A White Paper issued by The Lord Chancellors Department, Cm 5744 (2003).

    155 Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007, Anexo 12, 62.156 Dehayen, supra nota 138.

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  • respecto del acreedor y tienen la obligacin de ejecutar cada deuda ejecutable con independencia de cualquier acuerdo de pago.

    Varios actores han pedido que se cree un regulador independiente para la profesin de ejecutores. Originalmente se consider crear un nuevo regulador, la Comisin de Servicios de Ejecucin, o al-ternativamente que el regulador sea la Autoridad de la Industria de Seguridad (SIA). La Ley TCE no incluye disposiciones para el estable-cimiento de un organismo regulador independiente y el Gobierno no considera que esto es apropiado en este momento.

    Por ltimo, una iniciativa importante para las reformas en la profesin ejecutor en Inglaterra y Gales ha sido la profesionalizacin de ejecu-tores. La reforma ms exitosa en este aspecto se llev a cabo con la eliminacin de las tareas de ejecucin de los sheriffs y su otorgamien-to a una profesin liberal (pero ms estrictamente regulada) que son los Ofi ciales de Ejecucin de la Corte Superior. La reforma del ao 2004 dio una base jurdica legal para los HCEOs, con un estricto sis-tema de designacin, resultando en que los HCEOs son profesionales muy respetados.

    Otros intentos de profesionalizar el ofi cio, por as decirlo, se llevar a cabo a travs de la Ley TCE. Bajo esta ley, todos los ejecutores sern agentes de ejecucin y deben estar certifi cados, y el Secretario de Justicia podr dictar reglamentos sobre esta certifi cacin. El Gobierno tiene la intencin de poner en prctica este derecho y regular un pro-ceso de certifi cacin mejorado para todos los ejecutores. En virtud de las propuestas del Gobierno, cada ejecutor que ser responsable de la toma de control de bienes estar sujeto a estrictos requisitos para obtener un certifi cado de Jueces de Distrito especializados. Todos los ejecutores certifi cados sern capaces de trabajar en cualquier parte de Inglaterra y Gales. No obstante lo anterior, estas propuestas no cambiarn el modelo de funcionario pblico del aguacil del tribunal de condado.

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    Suecia: Modelo Administrativo157

    I) Antecedentes histricos y contexto de la ejecucin158

    Suecia cuenta con un sistema de ejecucin de modelo administrativo, concentrado en la rama ejecutiva. En Suecia, el procedimiento de ejecucin es realizado por una agencia administrada por el Estado, la Autoridad de Ejecucin (AE) (Kronofogdemyndigheten). Los ejecu-tores que llevan a cabo las medidas de ejecucin son funcionarios pblicos que trabajan para la AE. Adems de ejecutar causas privadas basadas en sentencias civiles y otros ttulos ejecutivos, la AE es tam-bin responsable de ejecutar las deudas pblicas para las autoridades centrales y locales, tales como impuestos, cotizaciones sociales, y las multas de aparcamiento.

    157 Esta seccin se llev a cabo en colaboracin con una pasante del CEJA, Saara Ingstrm, una estudiante de Derecho fi nlandesa en la Universidad de Turku, con especializacin en derecho civil. Fue elaborado principalmente a partir de las nor-mas y regulaciones de Suecia, comunicaciones con funcionarios de la Autoridad de Ejecucin, el sitio web institucional de la Autoridad de Ejecucin (http://www.kronofogden.se/) e informacin de la Union Internationale des Huissiers de Justice y CEPEJ. Tambin de los siguientes documentos: Jens Haggren y Sven Kihlgren, Manual para los ejecutores suecos (2011) (Handbok om Utmtning) [de aqu en adelante Manual para Ejecutores], disponible en http://www.kronofogden.se/download/18.3d26852213302b621f780008792/Handbok_Utmatning.pdf; Reporte Anual de la Autoridad de Ejecucin (rsredovisning) (2011); European Commission for the Effi ciency of Justice, Scheme for Evaluating Judicial Systems 2009, Country report: Sweden (2010) y European Commission for the Effi ciency of Justice, Scheme for evaluating Judicial Systems 2011, Country report: Sweden (2012) [de aqu en adelante conjuntamente referidos como Estudio CEPEJ Informe Suecia]; Torbjrn Andersson y Hugo Fridn, Chapter 12: Sweden, en Enforcement Agency Practice in Europe, British Institute of International and Comparative Law, Editors Mads Andenas, Burkhard Hess, Paul Oberhammer, pp. 231-234 (2005).

    158 Elaborado a partir del material legislativo fi nlands y sueco: Proyecto de la Ley de la reforma sobre la legislacin de las autoridades de ejecucin y de la apelacin en casos de ejecucin fi nlands (1995) (Hallituksen esitys Eduskunnalle ulosotto-viranomaisia ja ulosottoasioiden muutoksenhakau koskevan lainsdnnn uudis-tamisessa); Proyecto de la Ley sueco de una autoridad de ejecucin en el tiempo (2005) (Regeringens proposition 2005/06:200: En kronofogdemyndighet i tiden); Proyecto de la Ley sueco de una autoridad de ejecucin independiente (2006) (Re-geringens proposition 2006/07:99: En fristende kronofogdemyndighet m.m.); de libros: Vladimir Gureev y Pekka Tuunainen, Ulosotto Suomessa ja Venjll (2011) (Un estudio de la Universidad de Helsinki sobre ejecucin en Finlandia y Rusia); Malin Espersson, Mer eller mindre byrkratisk (2010) (Un estudio de los cambios organizativos en la Autoridad de Ejecucin); de artculos: James Kilbornen, Out With the New, In With the Old: As Sweden Aggressively Streamlines Its Consumer Bankruptcy System, Have U.S. Reformers Fallen Off the Learning Curve?, American Bankruptcy Law Journal, vol. 80, p. 435 (2007).

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  • Suecia tiene una larga historia de la ejecucin administrativa. Hist-ricamente, el procedimiento de ejecucin se llev a cabo a travs del sistema judicial, pero poco a poco se desarroll el procedimiento ad-ministrativo. Esta transicin ocurri a principios del siglo XVI. El rey de Suecia, motivado por querer apoyar a la aristocracia, que haba ganado una gran cantidad de importancia en la sociedad, en el cobro de sus deudas, le dio a un ofi cial de ejecucin (kronofogde) esta fa-cultad as como la de recaudar impuestos. Estos ejecutores gozaban de proteccin del rey, lo que los hizo poderosos en la sociedad, y en la prctica, era imposible que los tribunales interfi rieran en la pro-gresin del procedimiento de ejecucin. De acuerdo al Cdigo de Ejecucin del ao 1669, el procedimiento de ejecucin se separ de los tribunales y fue encargado en su totalidad a las autoridades admi-nistrativas.

    Diferentes autoridades administrativas todas ejecutivas estuvieron a cargo del procedimiento de ejecucin en los aos que siguieron. En primer lugar, eran los kronofogde con los lnsman, similares a los antiguos ofi ciales del sheriff de Inglaterra que realizaban la ejecucin. Posteriormente, desde el ao 1810 hasta el ao 1917 existi una sola organizacin que se ocup de todas las causas de polica, fi scala y ejecucin. Los cargos de los ofi ciales de ejecucin en su antigua forma fueron eliminados en el ao 1917, cuando el procedimiento de ejecucin fue trasladado a una sola autoridad, y los asuntos poli-ciales y la persecucin a otra. En el ao 1965, la ejecucin se separ completamente de la polica y de la fi scala, siendo nacionalizadas las tres nuevas organizaciones, esto es: la fi scala, la polica y la eje-cucin.

    En los tiempos modernos el proceso de reforma ms visible que la Autoridad de Ejecucin sueca ha atravesado, consiste en la transicin de la existencia de mltiples agencias de ejecucin unidos a la Agen-cia Sueca de Administracin Tributaria, hacia una Autoridad de Ejecu-cin nacional e independiente. Para ilustrar, en el ao 1965 haba 81 Autoridades de Ejecucin, en el ao 1988 esta cifra se redujo a una agencia por condado, que en ese tiempo fueron 24 y en el ao 1997 se lleg a la cantidad de diez Autoridades de Ejecucin regionales. La unifi cacin e independizacin de la Autoridad de Ejecucin culmi-n en la ltima dcada, cuando en el ao 2006 las agencias fueron reorganizadas para constituir un organismo nacional independiente de la Agencia Tributaria, aunque continu compartiendo algunas de las funciones con la misma. Este organismo nacional estuvo vincula-do a la Agencia Tributaria sobre cuestiones estratgicas y comparti

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    apoyo mutuo en las operaciones de los sistemas de tecnologas de informacin (TI) y funciones de apoyo administrativo. En el ao 2008 la Autoridad de Ejecucin se hizo completamente independiente de la Agencia Tributaria, lo que signifi c que ya no estaba vinculado a esta agencia en cuanto cuestiones estratgicas. Sin embargo, estas dos organizaciones todava comparten una plataforma comn de TI, recursos y otras formas de apoyo administrativo.

    En la elaboracin de la ley que tena como resultado la reforma del ao 1988, se tom en cuenta que al derivar los distritos de ejecucin de la divisin del condado, en vez de los distritos policiales como an-tes, se presentaban muchas ventajas. A medida que los distritos fue-ron grandes, se apreciaron mejores posibilidades para realizar tareas especiales, tales como la supervisin de la administracin del cuerpo de bienes de un sujeto insolvente y tareas difciles de ejecucin que requieren personal encargado con habilidades profesionales especia-les, tales como el cobro de deudas de las empresas. Por otro lado, en los distritos pequeos de ejecucin, la pequea cantidad de materia y la falta de conocimientos especializados, fueron un obstculo a la realizacin de estas tareas. Se observ tambin que las autoridades de los distritos pequeos no podan sostener de forma independien-te las tareas de administracin de personal y gestin fi nanciera. De todos modos, las formas de organizacin no cumplan con las necesi-dades de la sociedad cambiante.

    Por lo tanto, la reforma del ao 1997 continu lo que la reforma del ao 1988 haba comenzado, porque los distritos de ejecucin se encontraron todava demasiado pequeos y la ejecucin no era rentable. Las autoridades pequeas carecan de probabilidad de fun-cionamiento en algunos asuntos, como en los que la necesidad de conocimiento especializado era alta, pero estos casos eran pocos. Adems, haban aumentado los requisitos de formacin del personal, entre otras cosas debido a la nueva tecnologa. Antes de la reforma de 1997, ya en el ao 1994, las 24 autoridades de ejecucin se dividie-ron en ocho regiones cooperativas donde una de las autoridades de la regin fue nombrada como autoridad de cooperacin, con el fi n de corregir algunos de los problemas mencionados anteriormente, com-partiendo las funciones de apoyo y dando competencia a la autoridad de cooperacin sobre algunos procedimientos de ejecucin. Sin em-bargo, esto no se tradujo en un mejoramiento de la ejecucin debido a algunos problemas de competencia dentro de estas regiones.

    Siguiendo este razonamiento, las razones detrs de la reforma del ao 2006 fueron similares a las reformas anteriores. El objetivo de este

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  • cambio organizacional fue tener una operacin ms fl exible y renta-ble. La Agencia Tributaria haba sido centralizada en una autoridad en vez de diez autoridades regionales, y se dio cuenta que la centra-lizacin de las Autoridades de Ejecucin podra favorecer el desarro-llo de la gestin de la agencia y facilitar la creacin de operaciones ms personalizadas, as como de una administracin de la justicia y toma de decisiones ms uniforme. En este sentido, se consider que una agencia unida sera ms fl exible, ya que no haba tantas etapas administrativas. Por ejemplo, sera ms fcil pasar tareas entre admi-nistradores y as sera posible la prevencin de problemas de cargas de trabajo y de personal en ofi cinas distintas. Sera ms fcil tambin adaptarse a los cambios econmicos y demogrfi cos y crear ms cargos especializados. En cuanto a la independizacin de la Agencia Tributaria, se declar que una agencia independiente fortaleciera la creencia en la imparcialidad de la Autoridad de Ejecucin en la labor ejecutiva y otras reas operativas donde la neutralidad de la parte es de importancia particular. Esto aumentara, adems, mediante la transferencia de la representacin del Estado en los procedimientos de ejecucin a la Administracin Tributaria, que, sin embargo, no fue posible antes de junio de 2007.

    Finalmente, la reforma del ao 2008 culmin en la Autoridad de Eje-cucin siendo independiente de la Agencia Tributaria. El objetivo de esta reforma era de aun fortalecer ms la confi anza en la capacidad de la Autoridad de Ejecucin de Suecia respecto de proceder con imparcialidad en los procedimientos de ejecucin. Las actividades de ejecucin por la Autoridad de Ejecucin se realizan ahora bajo la autoridad del Ministerio de Finanzas, pero de forma independiente.

    II) Modelo orgnico de la ejecucin159

    1. Los actores involucrados en la ejecucin

    La principal entidad responsable de la ejecucin de sentencias civiles en Suecia, es la Autoridad de Ejecucin, a travs de la cual dos tipos de ejecutores llevan a cabo las medidas de ejecucin. En la mayora de los casos el acreedor es responsable de iniciar el procedimiento de ejecucin.

    159 Elaborado a partir de Manual para Ejecutores, supra nota 157; Material del Red Ju-dicial Europea, Ejecucin de sentencias - Suecia (rsredovisning) (2011), disponible en http://ec.europa.eu/civiljustice/enforce_judgement_swe_en.htm; Reporte Anual de la Autoridad de Ejecucin, supra nota 157; Andersson y Fridn, supra nota 157, pp. 231-234 (2005); Encuesta UIHJ, supra nota 6; Kennett, supra nota 35, p. 21.

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    Respecto a la ejecucin de una sentencia civil, el acreedor debe ha-cer una solicitud de ejecucin ya sea oralmente, por escrito, o elec-trnicamente, e indicar la medida que desee ejecutar160. Sin embargo, existe una excepcin en los casos relativos a las rdenes de pago (dictados a travs de un procedimiento sumario), que son ejecutados por la Autoridad de Ejecucin por su propia voluntad, salvo que el demandante en el caso haya declarado que la ejecucin no se lleve a cabo. En este caso, la solicitud de ejecucin se considera efectuada cuando la decisin sea emitida161.

    La Autoridad de Ejecucin (Kronofogdemyndigheten) en Suecia es un organismo administrado por el Estado. Como se mencion anterior-mente, es responsable de ejecutar las demandas privadas y pblicas. Adems de ejecutar causas privadas basadas en sentencias (de los tribunales generales y de administracin) u otros ttulos ejecutivos, la AE es responsable de ejecutar deudas pblicas a las autoridades centrales y locales, tales como impuestos, cotizaciones sociales, y multas de aparcamiento. La Autoridad de Ejecucin tiene cinco tareas principales: la ejecucin y el cobro de deudas162, los procedimientos sumarios, la restructuracin de deudas, la supervisin de las quiebras y la comunicacin preventiva.

    En Suecia, el procedimiento de ejecucin se lleva a cabo totalmente fuera de los tribunales y la Autoridad de Ejecucin tiene el monopo-lio de todos los procedimientos de ejecucin, pudiendo llevar estos a cabo independientemente. Una vez que la Autoridad de Ejecucin acepta la aplicacin de ejecucin por el acreedor, se contacta con el deudor y le solicita pagar la deuda, para evitar la ejecucin forzosa. Salvo que el deudor pague, la AE continuar por buscar el patrimo-nio del deudor y a embargar bienes. Si la AE no encuentra bienes embargables sufi cientes para cobrar toda la deuda, debe rendir un

    160 Codigo de Ejecucin (Utskningsbalk), Art. 2:1-2:2.161 Codigo de Ejecucin, Art. 2:1.162 Antes de la intervencin de la AE en el procedimiento de ejecucin, hay que men-

    cionar que existe un sistema privado para cobrar las deudas pecuniarias llamada Inkasso, que se regula en el Cdigo de la Cobranza de 1974 (Inkassolag 1974:182). Es habitual en Suecia, que cuando una persona no paga su deuda para la fecha de vencimiento, el acreedor transfi ere la deuda a una empresa privada de cobro de deudas, que luego proceder a la recaudacin de la deuda. Cuando la persona no paga la deuda a la empresa, esta puede trasladar el asunto a la Autoridad de Ejecucin. Sin embargo, no es obligatorio usar estas empresas privadas: el acreedor puede comunicarse con la Autoridad de Ejecucin directamente. Debido a que este sistema solo es disponible para deudas privadas, pero no para sentencias judiciales, mayor elaboracin esta fuera del alcance de este informe.

    328

  • informe explicando las medidas de investigacin que ha utilizado y las medidas que planea de llevar a cabo en el futuro. Basado sobre estos informes el acreedor puede decidir si quiere continuar con la ejecucin, o si quiere retirar la aplicacin. Cabe sealar que no se puede llegar a acuerdos privados de pago a travs de la Autoridad de Ejecucin. Esto no implica que no se pueda pagar la deuda de mane-ra privada y de esta manera evitar la ejecucin forzosa. Es decir, no corresponde a esta agencia negociar un plan de pago, pero esto se puede hacer directamente entre el deudor y acreedor o su agente. En este caso, se debe retirar el caso de la agencia.

    En los casos de rdenes de pago, a la Autoridad de Ejecucin se le ha concedido poder judicial y consecuentemente puede dictar una deci-sin ejecutable a travs de los procedimientos sumarios. La Autoridad de Ejecucin puede, por ejemplo, decidir si el acreedor o un tercero tiene derecho a exigir el pago. En este caso, si el deudor se opone a la deuda, el asunto debe ser tratado en los tribunales.

    Las causas de ejecucin dentro de la Autoridad de Ejecucin se di-viden en causas pblicas y en causas privadas. Entran aproximada-mente 600.000 causas privadas por ao, en contraste a los 1.700.000 causas pblicas163. En la siguiente tabla se puede observar las canti-dades de casos de demandas privadas ante la Autoridad de Ejecucin en 2011.

    Demandas privadas ante la Autoridad de Ejecucin en 2011164

    Nmero de casos entrantes 579.933

    Nmero de casos terminados 571.519

    Medidas de ejecucin

    - Embargo de bienes muebles 54.256

    - Embargo de bienes inmuebles (aplicaciones) 2.876

    Embargo de bienes inmuebles (vendidos) 695

    - Embargo de sueldo 95.703

    163 Swedish Enforcement Authority Statistics, presentacin otorgada por la Autoridad de Ejecucin (copia con autor).

    164 Reporte Anual de la Autoridad de Ejecucin, supra nota 157, pp. 20-21, 47 (2011); Analysis of the stock of debtors 2011, otorgado por la Autoridad de Ejecucin (co-pia con autor).

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    MODELOS DE EJECUCIN DE SENTENCIAS CIVILES EN EUROPA: EXPERIENCIAS PARA LA IMPLEMENTACIN DE REFORMAS

  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    Existe un plazo de un ao para el cobro de los crditos privados: no se procesarn durante ms de un ao a menos que el acreedor solici-te una renovacin165. Adems, la meta de la agencia es procesar to-dos los casos con deudores de primera vez entre tres meses, lo cual, como se puede observar en la siguiente tabla, por carcter general se cumple.

    Duracin de procesos ante la Autoridad de Ejecucin en 2011166

    Proceso Duracin

    - Ejecucin de casos por deudas privadas (procedimiento de ejecucin ordinario)

    3 meses

    Porcentaje de deudores investigados/procesados en 3 meses 93%

    Porcentaje de deudores investigados/procesados en 10 meses 99%

    - Casos de orden de pago por procedimiento sumario 58 das

    El personal de la Autoridad de Ejecucin consiste de abogados, fun-cionarios pblicos, y auxiliares de administracin y educacin. Hay dos tipos de ejecutores, cada uno de naturaleza pblica. La respon-sabilidad legal de ejecutar recae sobre un ofi cial de ejecucin snior (kronofogde), quien es el ejecutor principal en estricto sentido, y la propia ejecucin se lleva a cabo normalmente por un ejecutor de nivel inferior (kronoinspektr, tambin llamado frrttningsman). El kronoinspektr trabaja junto a otros auxiliares de ejecucin llamados kronokomissarie y kronoassistent. La diferencia entre estas dos autori-dades centrales es que el kronofogde trabaja con el aspecto ms in-telectual de la ejecucin, mientras que el contacto prctico con los deudores se deja en manos del kronoinspektr. En Suecia, la relacin entre estos dos funcionarios es cercana. Los diferentes roles que estos dos actores tienen es tambin la razn que se encuentra detrs de la diferente educacin que ellos reciben, como se ver ms adelante.

    Como se mencion anteriormente, el procedimiento de ejecucin se trata enteramente fuera de los tribunales. El juez interviene en el procedimiento de ejecucin solo para autorizar medidas cautelares o cuando haya una apelacin contra una decisin de la Autoridad de Ejecucin. La apelacin deber ser hecha a un tribunal local167, cuya

    165 Codig de Ejecucin, Art. 4:9.166 Reporte Anual de la Autoridad de Ejecucin, supra nota 157, pp. 17, 20-21.167 Codig de Ejecucin, Art. 18:1.

    330

  • decisin luego puede ser apelada en la Corte de Apelaciones y segui-damente en la Corte Suprema.

    Otro actor involucrado en el procedimiento de ejecucin es la poli-ca, esta ayuda a la Autoridad de Ejecucin en cuanto a la notifi ca-cin de documentos, la aplicacin de presin sobre los deudores obs-tinados, etc. En cuanto a las subastas, la AE puede mantenerlas o dar mandato a una compaa de subastas, abogado, agente inmobiliario o a otra persona adecuada para llevar a cabo la subasta.

    La siguiente tabla muestra, a grandes rasgos, el procedimiento general de causas llevadas por la Autoridad de Ejecucin.

    Procedimiento general de causas llevadas por la Autoridad de Ejecucin

    2. Los ejecutores: kronofogde y kronoinspektr

    a. Marco legal y distribucin168

    La Autoridad de Ejecucin y, por lo tanto, los ejecutores son conce-didos autoridad de ejecucin de acuerdo al artculo 3 del Cdigo de Ejecucin. La ejecucin de los ttulos ejecutivos169, incluyendo las

    168 Elaborado a partir de Manual para Ejecutores, supra nota 157; Manual de la Agen-cia del Consumidor para los secretarios sociales: En vez de desahucio (Istllet fr vrkning) (2011); Encuesta UIHJ, supra nota 6, Seccin 1.

    169 En Suecia, segn el Cdigo de Ejecucin, Captulo 3, Seccin 1, los ttulos ejecuti-vos son:

    1. Una orden judicial, resolucin o decisin;

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  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    sentencias, est regulada por el mismo Cdigo, en vigor desde el 1 de enero de 1982 y por un estatuto de ejecucin, que lo complementa y contiene provisiones detalladas para los procedimientos. La Autoridad de Ejecucin tambin ejecuta demandas basadas sobre otras leyes, tales como la toma de objetos vendidos a crdito. En estos casos se aplica el Cdigo de Ejecucin en la medida que se establezca expre-samente en la otra legislacin (Ley de Crdito al Consumo, etc.) o en el captulo 18 del Cdigo de Ejecucin.

    En el ao 2010 haba 2.089 ejecutores en Suecia o 22,2 por cada 100.000 habitantes170. En este nmero se calculan ambos, los krono-fogde y los kronoinspektrs, los kronofogde siendo aproximadamente 196.

    La Autoridad de Ejecucin est dirigida por un ejecutor a nivel na-cional, el rikskronofogde, que cuenta con la asistencia de un director asistente, el bitrdande kronofogde171. Adems, se divide en cinco re-giones y cada una de estas regiones tiene un director responsable de la ejecucin en dicha regin. La Autoridad de Ejecucin tiene 39 ofi -cinas en todo el pas, las cuales tienen diferentes reas de responsa-bilidad. En las grandes ciudades las operaciones de ejecucin suelen ser centralizadas en una ofi cina, mientras que en reas ms pequeas el asunto puede ser tratado en varias ofi cinas, en toda la regin, en funcin de su naturaleza.

    La organizacin de la Autoridad se ilustra en el siguiente fl ujo.

    2. Un acuerdo ratifi cado por el tribunal; 3. Una pena de multa aprobada o una multa por infraccin menor aprobada; 4. Un premio arbitral; 5. Una obligacin en relacin con la pensin alimenticia; 6. Una decisin de una autoridad administrativa que, bajo regulaciones especiales,

    pueden ser ejecutados, 7. Un documento que en virtud de disposiciones especiales puede ser base para la

    ejecucin; 8. Una decisin de la Autoridad de Ejecucin en relacin a rdenes de pago o

    asistencia en la ejecucin llevada a cabo por la Autoridad. 170 Estudio CEPEJ 2012, supra nota 6, p. 335.171 Decreto con las instrucciones para la Autoridad de Ejecucin sueco 2007:781.

    332

  • Centro de Clientes (proceso de apoyo)

    Organizacin de Autoridad de Ejecucin en Suecia

    b. Educacin, formacin y nombramiento172

    Los requisitos para ser un kronofogde incluyen tener una licenciatura en derecho y haber pasado dos aos como juez en prcticas, que es una formacin acadmica y prctica. Este ltimo requisito tambin existe para los jueces, fi scales y notarios. As, los pasos normales a seguir por un licenciado en derecho que desea ejercer cualquier rea de la ley, son primero, la bsqueda de un puesto como juez en prcticas, y despus, la solicitud de un puesto como kronofogde (u otra profesin legal). Solo un ciudadano sueco puede ser kronofogde u otro agente en la Autoridad de Ejecucin. Adems, para hacerse kronofogde, el candidato debe seguir un programa de un ao de edu-cacin interna, que es principalmente prctico y enseado por ejecu-tores, en la ofi cina donde se encuentra el candidato. Tambin existe una formacin terica, de cinco semanas, organizada anualmente por la direccin central. Despus de este primer ao de formacin prcti-

    172 Elaborado a partir de Encuesta UIHJ, supra nota 6; Andersson y Fridn, supra nota 157, p. 231; Kennett, supra nota 35, p. 79; sitio web sobre educacin en Suecia, disponible en http://www.utbildningssidan.se/info/kronoinspektor/kronoinspektor.aspx.

    Consejo Asesorio

    El Directory el Director

    Asistente Auditora Interna

    Comunicacin preventiva (proceso de apoyo)

    Supervisin de quiebras

    Ofi cina de la Autoridad incl. gerente de seguridad

    Procesos de gestin y gobernanza

    Procedimientos sumarios

    EjecucinReestructuracin de

    deudas

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  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    ca y terica, el candidato puede ser nombrado como kronofogde por la Autoridad misma, si es considerado adecuado para el trabajo.

    Los requisitos por ser un kronoinspektr, incluyen haber estudia-do derecho, economa o ciencias de la conducta en la universidad durante por lo menos 90 crditos, correspondiente a tres semestres. Estos ejecutores son adems capacitados internamente por la agencia. Adems, se requiere que un kronoinspektr sea un ciudadano sueco y est en posesin de un permiso de conducir.

    En Suecia, los procedimientos para la contratacin de este ejecutor tambin se dirigen por la propia Autoridad de Ejecucin.

    c. Organizacin de la profesin y los correspondientes organismos profesionales

    El papel de la organizacin nacional que representa la profesin se juega por la Autoridad de Ejecucin misma y es obligatorio que los ejecutores sean miembros de este ltimo. En su capacidad del orga-nismo profesional de los ejecutores, la AE puede formular reglas obli-gatorias y voluntarias para sus miembros.

    d. Supervisin y control173

    A medida que la Autoridad de Ejecucin constituye un rgano esta-tal independiente, la supervisin y el control operativo queda en su sede. Aunque las actividades de ejecucin se llevan a cabo bajo la autoridad del Ministerio de Finanzas, no se le permite intervenir en la supervisin y el control. Esto es debido a la Constitucin sueca, que establece que los organismos y autoridades domsticas son inde-pendientes y, en consecuencia, el Gobierno no debe intervenir en la labor de la Autoridad de Ejecucin. No obstante, el Ministerio de Fi-nanzas evala anualmente las actividades de la AE en trminos de las asignaciones presupuestarias.

    Por otro lado, es la Autoridad de Ejecucin en s, que est indepen-dientemente encargada de vigilar y supervisar el procedimiento de ejecucin. Las actividades son monitoreadas y evaluadas en trminos de volumen, tiempo, calidad y precio. De esta manera, las nicas

    173 Elaborado a partir de Encuesta UIHJ, supra nota 6, Secciones 7 y 8; Estudio CEPEJ Informe Suecia, supra nota 157; Andersson y Fridn, supra nota 157, p. 234-235; Kennett, supra nota 35, p. 177.

    334

  • formas de supervisin estatal en la prctica son la regulacin legal y el control judicial en el caso de una apelacin de una decisin de la Autoridad de Ejecucin. Al mismo tiempo, cabe sealar que ante una queja, la Autoridad de Ejecucin tambin cuenta con la capacidad de autorregulacin. De este modo, la Autoridad de Ejecucin, a partir de un reclamo o de su propia iniciativa, puede corregir sus decisiones, revocando un embargo u otorgando rectifi cacin al afectado174.

    En Suecia, en cada entidad de la administracin pblica existe un co-mit responsable de las medidas disciplinarias y de los despidos. Este comit, denominado Comit de Personal y Responsabilidad (Personal och ansvarsnmnden - PAN), consiste en el director de la Autoridad como el jefe, y adems de un representante del sindicato y otros miembros elegidos por personas que trabajan en la agencia. El PAN es responsable de todos los asuntos relativos a la falta de disciplina y de la referencia de un caso ante el fi scal o el Procurador General de Justicia (Justitiekansler - JK). En la Autoridad de Ejecucin tambin existe un PAN. A travs de este comit, la Autoridad de Ejecucin controla y/o inspecciona las acciones de su personal. En algunos casos puede presentar una queja contra los ejecutores o bien castigar-los, pero no puede presentarse en tribunal. Las sanciones disponibles para un ejecutor que falta a sus obligaciones incluyen una adverten-cia o la disminucin de su salario en funcin del tipo de falta cometi-da, y en los casos graves, podr ser despedido.

    Adems, existe el Defensor del Pueblo (Justitieombudmannen - JO), cuya tarea principal es la de asegurar que el ejercicio de cualquier autoridad pblica, como tambin la Autoridad de Ejecucin, sea realizado en conformidad con las leyes y reglamentos suecos. El Defensor del Pueblo puede, por ejemplo, procesar a un funcionario que ha cometido un delito en su cargo pblico, o emitir dictmenes sobre temas especfi cos, criticando a un funcionario pblico o a una autoridad pblica de su manejo incorrecto. Adems, puede imponer indemnizaciones a la Autoridad de Ejecucin por el comportamiento del ejecutor que ha causado dao a una parte. Estos procedimientos pueden arrancar de ofi cio o por una denuncia o informe de una per-sona insatisfecha por el procesamiento de un caso concreto. Tambin, el Procurador General de Justicia tiene competencia para procesar a un funcionario si este ltimo ha ignorado sus deberes ofi ciales. La diferencia entre estas dos autoridades es que el Defensor del Pueblo trabaja para el Parlamento y el Procurador General de Justicia para el

    174 Cdigo de Ejecucin sueco, Art. 4:33-35.

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    Gobierno. El control de las actividades del ejecutor puede ser llevado a cabo en todo momento a peticin de un ciudadano.

    En resumen, por un lado, las apelaciones sobre las decisiones de eje-cucin podrn ser conocidos por el tribunal, as como pueden ser re-parados por la Autoridad de Ejecucin propia. Por otro lado, reclamos sobre el comportamiento del ejecutor sern o resueltos por el Comit de Personal y Responsabilidad de la agencia, o en casos ms graves, dirigidos al defensor del Pueblo o el Procurador General de Justicia.

    3. Los costos: Las estructuras de honorarios y la remuneracin del ejecutor175

    Las tarifas cobradas por la Autoridad de Ejecucin cubren los costos de un procedimiento de ejecucin, pero el Estado tambin otorga un subsidio. Los costos son esencialmente los que provienen de las actividades de la Autoridad de Ejecucin. En Suecia, los costos de ejecucin son relativamente bajos y los ejecutores son empleados por el Estado. El salario promedio de un kronofogde es de 3.928 men-suales y de un kronoinspektr 3.107 mensuales.

    Los costos de ejecucin se cobran en forma de cuatro tipos de tarifas: tarifa bsica, tarifa de preparacin, tarifa de ventas y tarifa especial, a menos que se haya especfi camente establecido otra176. Existe una tarifa de solicitud de SEK 300 (35 ) para ciertos casos, incluida una orden de pago y asistencia de ejecucin.

    La tarifa bsica es SEK 600 (70 ), y tiene que ser pagada por cada ao que se lleva a cabo el procedimiento de ejecucin. Si el solici-tante no paga la tarifa bsica a tiempo, la Autoridad de Ejecucin po-dr desestimar el caso. Esta tarifa se cobra cuando la aplicacin est registrada en la AE. Si el deudor no puede pagar la tarifa, esta ltima correr a cargo del acreedor.

    La tarifa de preparacin se cobra para cubrir los costos cuando haya una venta privada o un aviso pblico en un peridico de una subasta forzosa de, por ejemplo, bienes inmuebles y de derechos de tenencia. Adems, cuando una propiedad es subastada, se recauda una tarifa

    175 Elaborado a partir de Ordenanza de las tarifas de la Autoridad de Ejecucin (Frordning (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten); Manual para Ejecutores, supra nota 157; Estudio CEPEJ Informe Suecia, supra nota 157; Sitio web sobre las estadsticas de sueldos, disponible en http://www.lonestatistik.se/.

    176 Ordenanza de las tarifas de la Autoridad de Ejecucin (1992:1094), Art. 2.

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  • de ventas. Los requisitos son que la venta se har y que la AE no haya contratado a un agente, una empresa de subastas o a cualquier otra persona para llevar a cabo la subasta. En ltima instancia, el costo de la subasta se tomar del precio de venta.

    Finalmente, las tarifas especiales son los costos reales que la AE incu-rra en el caso. Estos pueden ser relacionados, por ejemplo, a los cos-tos de un comisionista, de administradores judiciales, de transporte o de almacenamiento. Si se trata de un espacio o personal propio de la Autoridad de Ejecucin que est siendo utilizado para estos fi nes, no se cobran normalmente gastos adicionales.

    Por otro lado, no se podrn establecer tarifas para los costos que se le producen al Estado por concepto de viajes (del ejecutor), por la noti-fi cacin, por interpretacin, por el hecho de ir a buscar una persona para un interrogatorio, por las medidas que sean tomadas para entrar en un departamento u otro espacio o para clausurarlo, por la ayuda otorgada al deudor para hacer un inventario, por los costos de reali-zar una convocatoria pblica para la subasta obligatoria o los costos de la distribucin del precio de venta o de otros fondos recuperados o por los costos de hacer certifi cados de propiedad. En Suecia, los costos tales como de asistencia policial, etc., estn incluidos en el presupuesto de la Autoridad de Ejecucin y no se cubren cargos adi-cionales por estos.

    Los gastos de ejecucin normalmente se cobrarn al deudor. La regla principal es que la Autoridad de Ejecucin cobra los costos al deu-dor, en primer lugar cobrando los costos de la suma de la compra de bienes embargados o de otros fondos que hayan derivado en el caso. Si esto no es posible, debido a que, por ejemplo, se descubre que el deudor no tiene medios para pagar los costos, estos sern cobrados al acreedor, teniendo en cuenta los lmites de responsabilidad que existen para los acreedores en cuanto a los costos. El deudor deber pagar los costos de desalojo y otros asuntos de ejecucin que se eje-cuten de acuerdo con el captulo 16 del Cdigo de Ejecucin, como la asistencia judicial, a menos si indica algo contrario el ttulo de eje-cucin. Las medidas de secuestro o de otro tipo de seguridad se pue-den cobrar al deudor tambin si estas siguen de la ejecucin.

    La Autoridad de Ejecucin podr solicitar al acreedor el avance de las tarifas, si con razn se puede sospechar que el acreedor no pagar los costos voluntariamente, en el evento que no se puedan cobrar al deudor o haya otras razones especiales. Tambin se puede solicitar un

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    avance de tarifas preparatorias o de otro tipo, cuando esto es adecua-do, mirando la cantidad de los costos que se van a incurrir.

    Resumen de los costos de la ejecucin en Suecia

    Tarifas reguladas por el Estado?

    S

    Tarifas negociables? No

    Ley

    El costo de la ejecucin est determinado por la Ordenanza de las tarifas de la Autoridad de Ejecucin (1992:1094). Las tarifas son divididas en una tarifa bsica, tarifa de preparacin, tarifa de ventas y tarifa especial.

    Quin es el responsable?

    En general, el deudor es responsable por los costos de ejecucin. En caso de incumplimiento del deudor, el acreedor est obligado a asumir el costo.

    Remuneracin de los ejecutores

    Los funcionarios de ejecucin reciben un salario de parte del Estado

    4. Acceso a la informacin sobre el patrimonio del deudor177

    En Suecia, el acreedor antes tena la opcin de realizar una consulta simple, respecto de los bienes del deudor, que inclua solo la investi-gacin de su salario y los pagos excesivos de impuestos o una consul-ta completa, que inclua todo el patrimonio del deudor. La tarifa bsi-ca era diferente en funcin del procedimiento elegido. Sin embargo, en el ao 2008, el procedimiento se simplifi c y en la actualidad solo existe un procedimiento para recopilar informacin.

    Los ejecutores tienen la obligacin de investigar, en la amplitud necesaria con respeto al contenido de la solicitud de ejecucin, la situacin del deudor y otras circunstancias, las condiciones de em-pleo e ingresos del deudor y si el deudor tiene bienes que puedan ser embargados178. Los mtodos para localizar los bienes del deudor son los siguientes: obtencin de informacin del acreedor, investigacin en bases de datos, obtencin de informacin por parte del deudor, obtencin de informacin de terceros y bsquedas en la residencia del deudor o en sus negocios.

    177 Elaborado a partir de Encuesta UIHJ, supra nota 6, Seccin 11; Manual para Ejecu-tores, supra nota 157; Kennett, supra nota 35, pp. 273-274.

    178 Cdigo de Ejecucin, Art. 4:9.

    338

  • Si el acreedor tiene alguna informacin sobre los bienes del deudor, est en su mejor inters compartirlo con la Autoridad de Ejecucin. La AE no est atada a la informacin entregada por el acreedor, y no est obligada a embargar el patrimonio designado, pero de esta manera se puede, por ejemplo, evitar que el deudor disponga de sus bienes embargables, como todos los bienes revelados por el acreedor tienen que ser investigados con prontitud.

    Luego, la consulta del deudor sobre sus bienes es uno de los primeros pasos en el proceso de investigacin. Si la Autoridad de Ejecucin contacta al deudor por no haber pagado una deuda, el deudor est obligado a otorgar informacin sobre su patrimonio y dnde est ubi-cado. Los mtodos para localizar su patrimonio incluyen: instruir al deudor a presentar una lista de sus bienes mientras que fi rme la afi r-macin en su fe y honor de que la informacin otorgada es correcta y tener una audiencia con el deudor y terceros en la ofi cina de AE. La audiencia est reservada para los asuntos en que el deudor se niega a cooperar con la AE y cuando otras tcnicas de menor alcance sean consideradas insufi cientes. Los terceros, igualmente estn obligados a brindar informacin acerca del deudor si tienen relaciones fi nancieras con l. Si un deudor o un tercero se niega a cooperar con estas solici-tudes, pueden ser ordenados a hacerlo bajo amenaza de multas. Las multas son impuestas por el Tribunal de Distrito y no estn sujetas a ningn lmite especial.

    Los ejecutores suecos tienen acceso a una gran cantidad de infor-macin sobre el deudor y sus bienes, mucha de la cual tambin est disponible en el dominio pblico. Se dice que el sistema sueco pre-senta un grado inusual de apertura. La informacin bsica como la direccin del deudor, fecha y lugar de nacimiento, nmero de telfo-no, direccin de correo electrnico, lugar de trabajo y su empleador, nmero de seguro social y nmero de identifi cacin de la persona jurdica, estn a disposicin del ejecutor. Adems, la cantidad de sus salarios, la informacin sobre su cuenta bancaria, la posicin de sus cuentas bancarias, el monto del impuesto pagado, los derechos reales inmobiliarios y la informacin sobre determinados bienes, tales como vehculos, barcos, aviones, etc., son accesibles por l.

    La Autoridad de Ejecucin utiliza un registro de ejecucin como base central informtica, llamada INIT. Este directorio contiene las deman-das pblicas y privadas, y es el lugar en donde todas las acciones tomadas en relacin con el deudor se registran. Con el nmero de identifi cacin personal o el nmero de registro de la organizacin de

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    una empresa, se puede averiguar si una persona o empresa est sujeta a ejecucin, el tipo de deuda que el individuo o la empresa tiene y qu tipo de accin la AE ha tomado en los casos. Las disposiciones para el uso del registro se encuentran en la Ley sobre el Tratamiento de Datos en las Operaciones de la Autoridad de Ejecucin179. Ade-ms, la AE administra un registro de rdenes de pago y de asistencia de ejecucin, que es un registro informtico que contiene informa-cin relacionada con las solicitudes de estas ltimas. Despus de la notifi cacin del deudor respecto del procedimiento de ejecucin, pero antes de ponerse en contacto con l, el ejecutor comprobar si la informacin del deudor se encuentra en INIT.

    A travs de INIT la Autoridad de Ejecucin tiene acceso directo al registro tributario (es decir, informacin sobre los ingresos del deu-dor de los ltimos dos aos, la informacin sobre el patrimonio del deudor, etc.) y a la informacin en posesin de la Agencia Sueca de Seguro Social y, a travs de esta, a la informacin en posesin de la Agencia Sueca de Pensiones (informacin sobre los pagos y si el deudor tiene una familia). Tambin tiene acceso directo al registro de propiedad, que contiene informacin sobre todos los bienes inmue-bles y derechos de arrendamiento de fi ncas, y al Registro de Hipote-cas Empresariales, que contiene informacin sobre todas las hipote-cas empresariales tomadas por los comerciantes. La AE tiene acceso directo a una gran cantidad de informacin de las empresas, que se pueden obtener en la Ofi cina de Registro Mercantil de Suecia y en la Agencia Tributaria de Estadstica de Suecia. Adems, tiene acceso di-recto al registro de trfi co (informacin sobre el propietario de un ve-hculo), al registro nacional de direccin personal y al Registro Sueco de Comercio e Industria (informacin sobre las diferentes empresas, tales como es el capital social). La AE puede tambin realizar consul-tas electrnicas en el registro Euroclear, que contiene informacin so-bre las empresas que cotizan en Bolsa, si el deudor tiene valores co-tizados. La informacin a que se tiene acceso, es respecto del tipo de acciones u otros valores que tenga el deudor y si estas acciones estn hipotecadas. Las autoridades fi scales mantienen los registros de ma-trimonio y aunque la AE no tiene acceso directo al registro, se puede consultar la informacin contenida en este directorio. Adems, la AE puede consultar a los Ofi ciales de la Polica para saber si el deudor tiene un arma registrada a su nombre. La AE no tiene acceso directo a los registros de buque.

    179 Lag (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet.

    340

  • La gran cantidad de registros disponibles no implica que los ejecu-tores investiguen todos y cada uno de ellos cuando se busca el pa-trimonio de cada deudor. Por lo general, solo revisan los registros de impuestos y el registro del trfi co, pero puede ser que estos registros den motivos para la bsqueda de registros adicionales.

    Adicionalmente a los registros, el alcance respecto de los terceros obligados a entregar informacin a la Autoridad de Ejecucin es rela-tivamente amplio y comprende, especialmente, las siguientes autori-dades: el Servicio Postal, los bancos, los empleadores de los deudo-res, las autoridades fi scales, autoridades sociales, los tribunales y, en general, todos los organismos gubernamentales que administran bases de datos que contengan informacin necesaria para una ejecucin efi ciente.

    Como ltima medida el ejecutor puede llevar a cabo investigaciones en la residencia y locales del deudor. Este procedimiento puede eje-cutarse en la residencia del deudor, solamente cuando haya razones para creer que se puedan encontrar bienes embargables y la demanda del acreedor no pueda ser totalmente cumplida de una forma menos intrusiva. La bsqueda de propiedades embargables en los locales del deudor no incluye un nivel de sensibilidad elevado como cuando se busca en la residencia de un deudor, y segn la poltica de ejecucin de la AE, es obligatoria realizar una investigacin en las instalaciones del deudor si l est haciendo negocios.

    A pesar de esta apertura, la Autoridad de Ejecucin tambin debe desempear un papel protector y no puede realizar consultas gene-rales, como entrevistar a vecinos del deudor sobre l. No obstante, la informacin recopilada puede ser utilizada en otro proceso contra el mismo deudor, en contraste al sistema alemn, por ejemplo.

    III) Abarcando los desafos actuales180

    La Autoridad de Ejecucin ha enfrentado varios desafos en los lti-mos aos. El ms signifi cativo ha involucrado la nacionalizacin de la agencia, en contraste con la multiplicidad de agencias locales que anteriormente existan. En este contexto se han abarcado varios cam-bios de gestin dentro de esta organizacin nacional, la agencia ha tenido que enfrentarse a situaciones en que el personal se ha ido, y se

    180 Elaborado a partir del Reporte Anual de la Autoridad de Ejecucin, supra nota 157.

    341

    MODELOS DE EJECUCIN DE SENTENCIAS CIVILES EN EUROPA: EXPERIENCIAS PARA LA IMPLEMENTACIN DE REFORMAS

  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    ha enfrentado con desafos por las modifi caciones deseadas en rela-cin a sus sistemas informticos.

    Al discutir los desafos enfrentados dentro de esta agencia admi-nistrativa, el punto de partida se encuentra en que en el ao 2011, encuestas de satisfaccin de la Autoridad de Ejecucin revelaron que el nivel de satisfaccin de empresas era un 66,8% y el nivel de satis-faccin de acreedores particulares era un 54,4%. En respuesta a estas bajas cifras de satisfaccin de los usuarios, a partir de diciembre de 2011, la organizacin de la Autoridad de Ejecucin fue modifi cada para otorgar ms valor a los clientes, mejorar la gestin, aumentar la efi cacia y aumentar las destrezas de los trabajadores. Esto dio lugar a una Autoridad modifi cada que incluy funciones expandidas de los centros de atencin al cliente, con la intencin de aumentar el nme-ro de clientes que podan tener sus casos resueltos en un primer con-tacto. Adicionalmente, los equipos de trabajo de la AE se modifi caron a equipos ms grandes con menos administradores, con gestin ms clara sobre las tareas de los administradores.

    Cabe sealar que es una experiencia positiva que la Autoridad de Eje-cucin sea preocupada de medir el nivel de satisfaccin de sus usua-rios a travs de encuestas, y a partir de los resultados implementar cambios reales dentro de la agencia.

    Otro desafo enfrentado por la Autoridad de Ejecucin ha sido la alta tasa de rotacin (prdida) de personal. Las razones por estas prdidas se han atribuido a los altos niveles de estrs, a la falta de desarrollo profesional y a la falta de oportunidades profesionales. Se han pre-sentado, como consecuencia, difi cultades en el mantenimiento de los tiempos cortos de procedimientos. Para afrontar este problema, la Au-toridad de Ejecucin ha contratado personal temporal y empresas de servicios externos. Estos pasos estn siendo tomados para desarrollar estrategias para suministrar personal de largo plazo. Adems, se bus-ca capacitar al personal para desarrollar las destrezas de los funciona-rios pblicos que estn trabajando en esta agencia.

    Por ltimo, en relacin a los sistemas informticos de la Autoridad de Ejecucin, estos se estn examinando actualmente porque la meta eventual es separar estos sistemas de la Agencia Tributaria. Se esta trabajando para remplazar el sistema informtico antiguo para la eje-cucin (REX) y para procedimientos monitorios (SUPRO); entre otras mejoras se aspira a poder unifi car estos sistemas. En este contexto de la mejora de los sistemas informticos, tambin se requiere capacitar

    342

  • personal para lo mismo. Por esta razn, dentro de la reorganizacin de gestin del ao 2011, se estableci un Administrador Informtico, lo cual ha contribuido a una mejor gestin en general de proyectos y gobernabilidad dentro de la Autoridad.

    PARTE 3SISTEMATIZACIN Y CONCLUSIONES

    En esta ltima parte se analiza de manera comparada los modelos de ejecucin estudiados durante este informe, tomando en considera-cin, tambin, las observaciones realizadas por varios actores clave en los sistemas de ejecucin en Europa, quienes fueron entrevistados durante la elaboracin de este informe181.

    I) Comparaciones a grandes rasgos

    Como hemos visto, los sistemas de ejecucin en Francia, Alemania, Inglaterra y Suecia, a pesar de pertenecer a distintos modelos, cuen-tan con varias similitudes. En cada uno, el acreedor tiene la responsa-bilidad de iniciar el proceso y, por lo tanto, tiene un grado de control sobre la medida de ejecucin que se tome. Tambin, en cada uno, uno o ms ejecutores tienen la responsabilidad de llevar a cabo estas medidas, no obstante su estatus pblico o privado, y las diferentes divisiones en cuanto a las medidas que pueden tomar. Por lo general, los ejecutores realizan la ejecucin independientemente, con escasa necesidad de involucracin del acreedor o un juez en el procedi-miento mismo. Con todo, se requiere la involucracin de un juez para resolver confl ictos que puedan surgir. La siguiente tabla resume, para los cuatro pases estudiados, el modelo de ejecucin, los eje-cutores y su estatus, la cantidad de ellos, y la cantidad por 100.000 habitantes.

    181 Una lista de los expertos entrevistados se puede encontrar en el anexo metodol-gico de este informe. Se agradece especialmente, para la elaboracin de esta Parte, a Violaine Autheman, Wendy Kennett, Martin Leyshon y Bernard Menut.

    343

    MODELOS DE EJECUCIN DE SENTENCIAS CIVILES EN EUROPA: EXPERIENCIAS PARA LA IMPLEMENTACIN DE REFORMAS

  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    Ejecutores en Francia, Alemania, Inglaterra y Suecia en 2011/2012182

    PasModelo de ejecucin

    Ejecutor Estatus Cantidad

    Cantidad de ejecutores

    por 100.000 habitantes

    Francia LiberalHuissier de justice(Ujier de justicia)

    Privado (bajo control de autoridad

    pblica)

    2.237 5,0

    Alemania Mixto

    Gerichtsvollzieher (Ofi cial de ejecucin)

    Pblico 4.700 5,7

    Rechtspfl eger (Funcionario judicial)

    Pblico 8.460 10,35

    Inglaterra Mixto

    County court bailiff (Aguacil del tribunal de

    condado)Pblico 512 9,28

    High Court Enforcement Offi cer

    (Ofi cial de Ejecucin de la Corte Superior)

    Privado (bajo control de autoridad

    pblica)

    63 1,1

    Certifi cated private

    bailiff183

    (Aguacil privado certifi cado)

    Privado 1.966 35,6

    Suecia Administrativo

    Kronofogde(Ofi cial de ejecucin

    snior en la Autoridad de Ejecucin)

    Pblico 196 2,1

    Kronoinspektr (Ofi cial de ejecucin de nivel inferior en la

    Autoridad de Ejecucin)

    Pblico 1.893 20,1

    183

    Como se puede observar, se encuentra una relacin entre la cantidad de ejecutores por 100.000 habitantes y su estatus. Los ejecutores de estatus privado por lo general suelen ser menos por 100.000 habi-tantes, con la excepcin de los certifi ed private bailiffs en Inglaterra y Gales, quienes no estn autorizados para ejecutar sentencias civiles y ejecutan una gran cantidad de otras deudas privadas y pblicas, no obstante, se incluyen en esta tabla porque los HCEOs suelen emplear-

    182 Elaborado a partir de: Francia: Estudio CEPEJ Informe Francia, supra nota 35; Alemania: Comunicaciones con Vicepresidente de la Asociacin Alemania de Ofi -ciales de Ejecucin, Estudio CEPEJ Informe Alemania, supra nota 78; Inglaterra y Gales: Estudio CEPEJ Informe Inglaterra y Gales, supra nota 112 (el reporte CEPEJ lista 64 HCEOs, sin embargo, desde entonces uno se ha jubilado); Suecia: Estudio CEPEJ Informe Suecia, supra nota 157, Encuesta UIHJ, supra nota 6, Seccin 1.

    183 No son autorizados para llevar a cabo la ejecucin de sentencias civiles, no obs-tante, pueden ser empleados por HCEOs para ayudar en esta labor; tambin traba-jan en la ejecucin de otros asuntos.

    344

  • los para delegarles sus funciones de ejecucin de sentencias. Por otro lado, los ejecutores de estatus pblico suelen ser de mayor cantidad por 100.000 habitantes, con la excepcin de los kronofogde en Sue-cia. Esto, no obstante, presenta una situacin nica porque los krono-fogde y kronoinspektr trabajan juntos para llevar a cabo las medidas de ejecucin en la agencia administrativa (diferencindose en su nivel y capacitacin), por lo tanto es ms apropiado medir la canti-dad de estos ejecutores conjuntamente (dndonos una cantidad de 22,2 ejecutores en Suecia por 100.000 habitantes). Estas tendencias coinciden con los resultados de una encuesta realizada por la Comi-sin Europea para la Efi cacia de Justicia (CEPEJ), en donde se observa a travs toda Europa que en promedio hay 3,9 ejecutores de estatus privado por 100.000 habitantes, 8,7 por 100.000 de estatus pblico y 9,0 por 100.000 de estatus mixto184.

    A partir de estas diferencias, vale la pena analizar quines llevan a cabo las medidas de ejecucin principales, para poder observar a gran-des rasgos el volumen de trabajo que reciben los ejecutores en esta materia. En la siguiente tabla se resume la informacin disponible para este fi n en relacin a tres medidas de ejecucin: el embargo de bienes muebles, el embargo de bienes inmuebles y el embargo de sueldo.

    Actores que llevan a cabo las medidas de ejecucin principales y el nmero de rdenes solicitadas o emitidas en 2011185

    PasEmbargo de

    bienes mueblesCantidad

    Embargo de bienes inmuebles

    CantidadEmbargo de

    sueldoCantidad

    FranciaHuissier de

    justice

    Estimada a 90% de

    casos

    Autorizacin por el juez de

    ejecucin / llevado a cabo por abogados

    Estimada a 1-2% de casos

    Autorizacin por el juez presidente

    del Tribunal dInstance /

    llevado a cabo por el secretario

    del tribunal

    722

    184 Estudio CEPEJ 2012, supra nota 6, p. 335.185 Elaboracin propia a partir de las siguientes fuentes: Francia: Annuaire statistique

    de la Justice, dition 2011-2012, supra nota 53, p. 99 (fi gura representa el nmero de solicitudes por embargos de sueldo llevados a cabo en el ao 2010); entrevista con Bernard Menut, realizada el 22 de octubre de 2012. Alemania: Administracin de Justicia, los Tribunales Civiles, 2011, supra nota 88, pp. 12-13. Inglaterra: Ministry of Justice, Judicial and Court Statistics 2011, pp. 19-20, 58 (2012) (cabe sealar que las solicitudes por un embargo de bienes inmuebles o de sueldo pueden ser aprobados por un funcionario judicial o por un juez, dependiendo de si la solicitud es en relacin a un juicio en defecto o si es contestada). Suecia: Analysis of the stock of debtors 2011, otorgado por la Autoridad de Ejecucin (copia con autor).

    345

    MODELOS DE EJECUCIN DE SENTENCIAS CIVILES EN EUROPA: EXPERIENCIAS PARA LA IMPLEMENTACIN DE REFORMAS

  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    Alemania Gerichtsvollzieher 6.000.000 Rechtspfl eger 62.690 Rechtspfl egerNo

    disponible

    Inglaterra

    Tribunal del condado:

    County court bailiff

    129.778Solicitud ante

    el tribunal correspondiente

    / llevado a cabo por otros entes (proceso administrativo)

    90.286 Solicitud ante el tribunal

    correspondiente / llevado a cabo por el abogado

    del acreedor

    51.737

    Corte Superior:High Court

    Enforcement Offi cer

    46.327 154 No

    disponible

    SueciaLa Autoridad de

    Ejecucin54.256

    La Autoridad de Ejecucin

    2.876La Autoridad de

    Ejecucin95.703

    Si bien estos datos no son asimilables por las diferencias en el man-tenimiento de informacin emprica en estos pases, una tendencia importante se puede observar, esto es, que en general de los sistemas establecidos para procesar ejecuciones, los ms utilizados son aque-llos con mayor grado de independencia de los tribunales. Es decir, los acreedores tienden a elegir la opcin extrajudicial, dada la opcin.

    De esta manera, en Francia, se estima que 90% de casos son resueltos por huissiers de justice y que las medidas de ejecucin que requieren un paso judicial son inefi cientes. Sin embargo, una limitacin es la falta de datos empricos sobre el desempeo de los ejecutores. Esto es debido a la estructura orgnica de esta profesin: aunque son re-gulados estrictamente en muchos aspectos (entrada a la profesin, tarifas, etc.), no estn obligados a otorgar datos sobre su rendimiento a ninguna entidad. Las cmaras, que no son reguladores en sentido estricto, tampoco les exigen estos datos. En adicin, la estructura diversifi cada de varios sistemas informticos en Francia presenta un problema en una posible unifi cacin de informacin, pues no se pres-ta para este tipo de intercambio.

    En Alemania se solicitan los embargos de bienes muebles (bajo com-petencia del ofi cial de ejecucin) considerablemente ms que de bienes inmuebles (bajo competencia de los tribunales de ejecucin, y llevado a cabo por el funcionario judicial). En cuanto a otras labores del tribunal de ejecucin aparte del embargo de bienes inmuebles, en el ao 2011, estos tribunales procesaron 3.110.123 otros asuntos de ejecucin, incluidas las declaraciones juradas tomadas y solicitudes de detencin186. Tambin, debido a que el embargo de sueldo se encuen-tra bajo competencia de los tribunales de ejecucin, la cantidad de este tipo de medida se debe encontrar dentro esta fi gura, no obstante,

    186 Administracin de Justicia, los Tribunales Civiles, 2011, supra nota 88, pp. 12-13.

    346

  • no existen estadsticas ofi ciales sobre la materia. Con todo, se debe recordar que en Alemania las agencias de cobranza privadas son un negocio fuerte, y que, en la prctica, los acreedores suelen primero intentar recuperar sus deudas judiciales a travs de esta empresa por sus capacidades de negociacin con el deudor. Solamente cuando este intento no es exitoso suelen encomendar al ofi cial de ejecucin corres-pondiente, debido a su poder para solicitar la declaracin jurada.

    En Inglaterra y Gales, tambin la medida solicitada ms comnmente es el embargo de bienes muebles, que se lleva a cabo por los eje-cutores. Aqu, cabe sealar que la percepcin es que los acreedores siempre llevarn los casos a los Ofi ciales de Ejecucin de la Corte Superior cuando puedan porque son ms efi cientes en sus funciones que los aguaciles del tribunal de condado, estos ltimos siendo ms vinculados a los tribunales por ser funcionarios del mismo. Por esa razn, en la actualidad, hay intentos para ampliar la competencia de los Ofi ciales de Ejecucin de la Corte Superior para incluir tambin deudas menores que 600.

    Por ltimo, en Suecia, todas las medidas de ejecucin se llevan a cabo por la Autoridad de Ejecucin, que cuenta con la autoridad es-tatal por llevar a cabo todas las medidas sin la involucracin judicial.

    A pesar de las diferencias entre los procesos de ejecucin tramitados por los tribunales o aquellos que se pueden llevar a cabo indepen-dientemente por el ejecutor, es importante sealar que suele ocurrir que en esta primera categora de procesos no es el juez sino otros entes (funcionarios judiciales, secretarios judiciales, abogados, etc.) quienes llevan a cabo las medidas. En este contexto, corresponde re-visar en mayor detalle cul, efectivamente, es el rol del juez en estos sistemas de ejecucin.

    II) El rol del juez en un sistema desjudicializado187

    En pases que siguen el modelo judicial, la responsabilidad de ejecu-cin recae principalmente en los jueces, quienes se encargan de su

    187 Elaborado a partir de Council of Europe, Consultative Council of European Judges, The role of judges in the enforcement of judicial decisions, in their relationships with other state functions and/or other actors, Questionnaire, Strasbourg, 8 de fe-brero de 2010: respuestas de Francia, Alemania, Reino Unido y Suecia (2010) [de aqu en adelante Cuestionario Consejo Consultivo de Jueces Europeos]; Consejo de Europa, Consejo Consultivo de Jueces Europeos, Informe N. 13 (2010), El Papel de los Jueces en la Ejecucin de Resoluciones Judiciales, 19 de noviembre de 2010; entrevista con Violaine Autheman, Experta en Ejecucin de Sentencias, realizada el 22 de marzo de 2013.

    347

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    avance, tomando las decisiones principales en la materia. En algu-nos pases, el juez puede ser l mismo el ejecutor, y en otros, como ocurre en Espaa, el juez dicta las rdenes que son llevadas a cabo por funcionarios judiciales y otros auxiliares. Por otro lado, en pases con modelos desjudicializados, los ejecutores efectan los procedi-mientos de ejecucin independientemente y, por regla general, sin necesidad de autorizacin por parte del juez. Es decir, son ellos quie-nes tienen el deber de llevar a la prctica las medidas de ejecucin, tomando las decisiones pertinentes al respecto.

    No obstante, los tribunales suelen mantener algunas funciones clave en relacin con la ejecucin. Como veremos en esta seccin, el juez es primordialmente necesario para resolver confl ictos sobre el proce-dimiento de ejecucin. Tambin podr desarrollar un papel importan-te en determinadas gestiones, en la supervisin sobre los ejecutores, en cuestiones sobre la modalidad de pago de la deuda, e incluso, en la fase declarativa.

    Como se examinar, en este sentido la desjudicializacin no impli-ca necesariamente desmejorar la situacin del juez, sino al revs, redefi nir su rol e incluso, por lo general, darle mayores facultades de control en un proceso de ejecucin. En vez de tener que aprobar todas las medidas de ejecucin y sus meros trmites, se racionaliza su intervencin y se reorienta hacia un control efectivo. Al otro lado, se le deja al ejecutor profesional y capacitado la gran mayora de las funciones propiamente ejecutivas. Por su importancia, a continuacin se ilustrarn las medidas predominantes a cargo de los jueces segn el estudio realizado.

    1. Resolucin de los confl ictos suscitados durante la ejecucin

    En los modelos desjudicializados, la funcin ms importante del juez es la resolucin de confl ictos que puedan surgir durante la ejecucin. En este sentido, es el juez quien debe asegurar que no existan abusos en el procedimiento y que se cumplan las reglas procesales.

    El Consejo Consultivo de Jueces Europeos establece que se debe con-tar con la posibilidad de solicitar la intervencin del juez si existe abuso en el procedimiento de ejecucin, para resolver las controver-sias que surjan en la ejecucin y para dar rdenes a las autoridades estatales y dems rganos competentes para hacer ejecutar las resolu-

    348

  • ciones188. En la experiencia comparada, se observa que los jueces son responsables de responder a las disputas que surgen sobre las decisio-nes de ejecucin, es decir, las medidas de ejecucin realizadas o no realizadas. En los cuatro pases estudiados, los jueces son los respon-sables de resolver confl ictos que surjan durante la ejecucin. Estos incluyen disputas procesales (no seguir rdenes del mandamiento de ejecucin) o sustantivas (embargar un bien que no es del deudor o que por el embargo afectara los derechos de un tercero).

    Como hemos visto en Francia, cualquiera de las partes, un tercero, o el huissier de justice puede presentar una queja ante un juez de ejecucin para cuestionar la medida de ejecucin o procedimientos adoptados. Estos pueden incluir confl ictos sobre la proporcionalidad de las medidas llevadas a cabo, cuestiones sobre si las condiciones del embargo se han cumplido, o quejas sobre si se han realizado me-didas intiles o abusivas189.

    Similarmente, el juez del tribunal de ejecucin alemn, ante una que-ja de las partes o un tercero, tiene la competencia de decidir sobre re-clamos de errores procesales en relacin a las medidas de ejecucin tomadas por los ofi ciales de ejecucin o por los funcionarios judicia-les190. Estas quejas pueden incluir la omisin de actuar o el negarse a seguir las rdenes especfi cas del acreedor, quejas de la duracin excesiva la ejecucin as como quejas de un tercero que alega un derecho en relacin con un objeto afectado por la ejecucin191. Tam-bin, como hemos visto, el juez puede aplicar una multa u ordenar detencin si el deudor se niega de hacer una declaracin de bienes cuando esta sea solicitada.

    En Inglaterra, el juez es el responsable de determinar si acreedores y ejecutores son responsables por ingresos ilegtimos a propiedades pri-

    188 Consejo de Europa, Consejo Consultivo de Jueces Europeos, Informe N.13 (2010), El Papel de los Jueces en la Ejecucin de Resoluciones Judiciales, 19 de noviembre de 2010.

    189 Para una descripcin detallada de las competencias del juez de ejecucin, vase European judicial enforcement, France, E-note 2 the actors of enforcement, dis-ponible en www.europe-eje.eu

    190 Cdigo Procesal Civil alemn (ZPO), 766 (1); Ley de Funcionarios Judiciales alemn (RPfl G) 20 n 17 S.2. Para una mayor explicacin sobre el proceso para resolver quejas contra acciones del funcionario judicial, las cuales pueden ser ante el tribunal de ejecucin o el tribunal del distrito, vase Hess y Mack, supra nota 78, p. 180.

    191 Cdigo Procesal Civil alemn (ZPO), 771.

    349

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    vadas o por embargos injustos, excesivos, o ilegales192. Se consideran embargos ilegales cuando por ejemplo, el ejecutor comete un acto no autorizado o justifi cado al comienzo de un procedimiento que por tanto, invalida los procedimientos posteriores. Tambin el juez responder a solicitudes variadas de las partes, por ejemplo, al deter-minar a quin corresponde el ttulo de bienes ante una reclamacin de un tercero, al nombramiento de un administrador judicial, o a la determinacin si las tasas cobradas fueron excesivas. Por ltimo, es el juez quien debe emitir multas u rdenes de detencin por estar en desacato hacia el tribunal, por ejemplo por no cumplir con la orden de obtener informacin (realizando una declaracin de bienes). Esta declaracin de bienes, se debe recordar, se lleva a cabo por funciona-rios del tribunal, a menos que existan razones imperiosas o difi culta-des que requieran que el juez dirija esta declaracin.

    Por ltimo, en Suecia las disputas de decisiones realizadas por la Autoridad de Ejecucin y sus ejecutores podrn ser apeladas ante el tribunal del distrito. Dicho esto, este Estado europeo cuenta con una experiencia interesante, pues debido a que el Cdigo de Ejecucin sueco presupone agencias de ejecucin independientes, existe la po-sibilidad de autorregulacin, lo cual podr evitar la involucracin del tribunal. Como hemos visto, la Autoridad de Ejecucin, a partir de un reclamo o de su propia iniciativa, puede corregir sus decisiones, revo-cando un embargo o otorgando rectifi cacin al afectado. Por lo tanto, aunque una decisin de la Autoridad de Ejecucin puede ser apelada a un tribunal y un juez civil podr ordenar que una medida de ejecu-cin se aplique, no se aplique, o con razn extraordinaria que una medida ya tomada sea revocada193, se le otorga a las partes una opor-tunidad para evitar ir al tribunal.

    Cabe sealar que el Consejo Consultivo de Jueces Europeos tambin establece que debe existir la posibilidad de acceder al juez si no se ha iniciado la ejecucin o si esta se retrasa por las instancias compe-tentes y que esta fi gura otorgue una reparacin justa194. No obstante, salvo Alemania, en los modelos de ejecucin desjudicializados es-tudiados, suele ser el organismo profesional de los ejecutores el que recibir las quejas de este tipo, pues los jueces en estos modelos no dan impulso a la ejecucin.

    192 Andenas, supra nota 112, pp. 149-150.193 Cdigo de Ejecucin sueco, Art. 18:12.194 Consejo de Europa, Consejo Consultivo de Jueces Europeos, Informe N. 13 (2010),

    El Papel de los Jueces en la Ejecucin de Resoluciones Judiciales, 19 de noviembre de 2010.

    350

  • Para fi nalizar, es importante sealar que en los pases estudiados, las disputas (de cualquier tipo) que llegan ante el juez pueden ser resuel-tas a travs de audiencias. Esto ocurre por regla general en Alemania e Inglaterra. En Francia ocurre algo distinto, pues si bien es preferible que haya una audiencia con el ejecutor presente, en la prctica suele ocurrir que los ejecutores respondan a las quejas de forma escrita. Asimismo, en Suecia con carcter general las disputas que llegan al juez se resuelven de manera escrita, siendo las quejas reenviadas por la Autoridad de Ejecucin al tribunal.

    2. Mayores responsabilidades en determinadas gestiones

    Como hemos visto a lo largo de este informe, los huissiers de justice franceses, los ofi ciales de ejecucin alemanes (en contraste de los funcionarios judiciales) y los dos tipos de ejecutores ingleses, son responsables de la ejecucin de bienes muebles en forma autnoma e independiente. Este tipo de embargo suele ser la medida de ejecucin ms frecuentemente utilizada. Por lo tanto, la labor fundamental de la ejecucin es desarrollada por los ejecutores. Esto mismo ocurre en Suecia, donde los ejecutores de la Autoridad de Ejecucin son los res-ponsables de llevar a cabo todas las medidas de ejecucin.

    Dicho esto, en algunos pases con modelos de ejecucin desjudicia-lizados se requiere un control judicial de la realizacin de ciertas medidas de ejecucin o acciones que, segn tradicin legal o poltica pblica, se ha decidido que el Poder Judicial deba mantener un grado de control, en vez de otorgar todo a un ejecutor independiente. En alguna de estas ocasiones el ejecutor no est involucrado, y en otras este tipo de control puede ser una autorizacin previa a las acciones del ejecutor.

    De este modo, el Consejo Consultivo de Jueces Europeos indica que el Poder Judicial debe intervenir cuando pueden verse afectados los derechos fundamentales de las partes y debe identifi car y tener de-bidamente en cuenta los derechos e intereses de terceros y de los miembros de la familia, incluyendo los de los nios195. Ms concre-tamente, en los pases europeos esto puede ocurrir, por ejemplo, en casos que tratan sobre bienes inmuebles, pensiones alimenticias, embargos de sueldos, as como en rdenes que imponen restricciones o sanciones a personas. Esta tendencia se observa en los pases estu-

    195 dem.

    351

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    diados con los modelos liberal y mixto, pero no en el pas estudiado de modelo administrativo.

    Como hemos visto, el juez de ejecucin francs debe aprobar la ejecucin sobre bienes inmuebles y el embargo de sueldo. En la pro-cedencia de estas medidas las cuales comprenden la minora de las medidas de ejecucin llevados a cabo en Francia el juez las autoriza y luego se llevan a cabo por otros actores: abogados y el secretario judicial.

    Similarmente, en Alemania, el tribunal de ejecucin es responsable de la ejecucin sobre bienes inmuebles y sobre el embargo de dinero de manera amplia (incluidas cuentas bancarias, sueldos, o de terce-ros). No obstante, en el caso alemn son los funcionarios judiciales (Rechtspfl eger) quienes de forma independiente llevan a cabo la ma-yora de los procedimientos bajo competencia de este tribunal. Dicho esto, deben acudir al juez en asuntos que desde el punto de vista le-gal requieren mayor aclaracin, como por ejemplo la determinacin de la constitucionalidad de una disposicin pertinente o la aplicacin de una ley extranjera. Tambin, el juez del tribunal de ejecucin in-terviene cuando las medidas de ejecucin infringen ciertos derechos constitucionales del deudor, como por ejemplo una bsqueda de una vivienda sin consentimiento del deudor, as como la detencin de este. Por otro lado, es el juez del tribunal de primera instancia quien ordena que el deudor realice, tolere o se abstenga de determinadas acciones y tambin aplica sanciones al deudor.

    Del mismo modo, en el modelo mixto de Inglaterra, se requiere que el tribunal apruebe rdenes para embargar bienes inmuebles, sueldos, o dinero que un tercero debe al deudor196. Los ejecutores no parti-cipan en este tipo de medidas, ms all de que puedan recomendar al acreedor que las solicite, algo que puede ocurrir, por ejemplo, si descubren que el embargo de bienes muebles no ser sufi ciente para satisfacer el monto debido. Cabe sealar que en el caso de que el deudor no se oponga a la reclamacin y por lo tanto haya un juicio en defecto (default judgment), es el secretario judicial quien puede realizar estas rdenes de ejecucin. Solo en un caso de oposicin por parte del deudor, se requiere que el juez dicte las rdenes. Ms tarde, se llevan a cabo estas medidas por otros actores, por ejemplo a travs de un proceso administrativo o por abogados.

    196 Para una descripcin detallada de estas medidas de ejecucin, vase Andenas, supra nota 112, pp. 138-145.

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  • Por otro lado, como sabemos, en el caso de la ejecucin sobre bienes muebles, esta es efectuada por los ejecutores a travs de la obtencin por el acreedor de un mandamiento de ejecucin (en el tribunal de condado) o un mandamiento de fi eri facias (en la Corte Superior), rdenes que por regla general se fi rman por los secretarios judiciales, sin la necesidad de la intervencin del juez. No obstante, es posible que en ciertos casos excepcionales se requiera una revisin judicial antes de otorgar esta orden, por ejemplo cuando han pasado ms de seis aos desde la fecha de la sentencia u orden. En estos casos, el acreedor debe demostrar al tribunal que hay razones demostra-blemente justas para extender el tiempo de la ejecucin197. Luego, durante el procedimiento de ejecucin, puede haber intervencin judicial si una de las partes solicita peticiones al juez, por ejemplo, la solicitud de un resumen de evaluacin detallada de la reclama-cin. Sin embargo, este tipo de solicitudes suelen ser poco frecuentes. Cualquiera que sea el tipo de orden solicitada, es importante sealar que el tribunal en Inglaterra no tiene poderes independientes para avanzar la ejecucin, acta nicamente en respuesta a la peticin de una parte198.

    En contraste a estos ejemplos, en Suecia no se requiere autorizacin judicial para llevar a cabo las medidas de ejecucin. En este pas, a travs de su modelo administrativo, la Autoridad de Ejecucin inde-pendientemente puede decidir las medidas de ejecucin a llevar a cabo, se trate del embargo de bienes muebles, bienes inmuebles o sueldo. Los ejecutores de esta agencia incluso cuentan con la auto-ridad de realizar bsquedas en el domicilio del deudor, solicitndole ayuda a la polica si este se opone. Como se examinar prximamen-te, solamente en el caso de que estas medidas sean apeladas se lleva-r un caso ante un juez.

    3. Supervisin y control disciplinario

    Se observa que en varios pases el Poder Judicial tiene un importante grado de supervisin sobre los ejecutores. A pesar de que ellos pue-den llevar a cabo sus funciones de manera autnoma da a da, pue-den ser posteriormente sujetos a control judicial. De esta manera, los jueces tienen un rol en la supervisin y el control disciplinario de los

    197 Ibd., p. 167, citando los casos Duer vs. Frazer (2001) 1 All ER 249 (QBD) y Patel vs. Singh (2002) EWCA Civ. 1938 (CA).

    198 Cuestionario Consejo Consultivo de Jueces Europeos, supra nota 187, Respuesta Reino Unido, respuesta n 11.

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    ejecutores, conociendo de las quejas sobre su comportamiento. Mu-chas veces, este rol del juez tiene un carcter residual.

    Como ya hemos visto, en los sistemas con ejecutores que trabajan de forma independiente, la autoridad disciplinaria generalmente provie-ne de la asociacin profesional y del Ministerio de Justicia, pero tam-bin se pueden llevar casos ante el tribunal. Por ejemplo, en Francia, aunque la supervisin se lleva a cabo formalmente por el Procureur de la Rpublique, y en la prctica principalmente por las cmaras profesionales, dependiendo de la gravedad del caso se puede iniciar un procedimiento disciplinario ante los tribunales por haber violado las normas profesionales.

    Como se pudo observar en los modelos mixtos de Alemania e Inglate-rra, existe una relacin ms cercana entre la ejecucin y el Poder Ju-dicial debido a esta estructura y, en particular, a que un determinado tipo de ejecutor en estos pases es empleado del tribunal. En Alema-nia, por un lado, si bien los ofi ciales de ejecucin trabajan fuera del tribunal y llevan a cabo sus funciones da a da de manera indepen-diente, estn sujetos a un control relativamente estricto por el tribunal de ejecucin, por ejemplo, siendo sujetos a inspecciones sobre sus registros y fi nanzas. Esta supervisin se puede realizar por un juez su-pervisor o por un funcionario especial designado a la tarea. Por otro lado, los funcionarios judiciales estn sujetos a control disciplinario en temas como sus horas de trabajo. No obstante, debido a la inde-pendencia que se les ha otorgado, no estn sujetos a la supervisin del juez en el tribunal de ejecucin en materia ejecutiva.

    De igual manera, en Inglaterra los aguaciles del tribunal de condado deben rendir cuentas al Juez del Distrito de los tribunales que emitie-ron la orden de sentencia pero, por otro lado, los Ofi ciales de Ejecu-cin de la Corte Superior son supervisados y disciplinados principal-mente por su asociacin profesional. A pesar de ello, estn sujetos a control por el Secretario de Justicia bajo regulacin, quien delega sus poderes al Juez Procesal de la Corte Superior, quien controla la auto-rizacin y disciplina de estos ejecutores. En la prctica, el rol discipli-nario se lleva a cabo por la asociacin, y en un caso grave la asocia-cin puede escribirle al juez y recomendar la destitucin del ejecutor.

    Por ltimo, en Suecia se observa una excepcin en este punto, pues el juez no cuenta con un rol de supervisin o control sobre los eje-cutores ni sobre la Autoridad de Ejecucin. Como hemos vistos, este papel se lleva a la prctica por la propia agencia o por entes estatales.

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  • 4. Control sobre la modalidad del pago

    En la experiencia comparada puede ocurrir que el juez tenga algn grado de poder sobre la modalidad de pago de la deuda.

    Como punto de partida, se debe sealar que en Francia, Alemania e Inglaterra los ejecutores pueden negociar planes de pago con el acreedor y deudor, con anterioridad al inicio del proceso de ejecu-cin forzosa. Se puede llegar a estos acuerdos sin la involucracin o aprobacin del juez. En este sentido, a partir del 1 de enero de 2013 se expanden los poderes del ofi cial de ejecucin alemn de intentar una conciliacin amistosa, creando un plan de pago en cuotas de hasta 12 meses o aplazando la ejecucin, negociando esto directa-mente con las partes. En contraposicin a lo anterior, en Suecia los ejecutores no pueden negociar planes de pago. All, solamente el acreedor puede acordar un plan de pago, en cuyo caso debe retirar el caso de la responsabilidad de la Autoridad de Ejecucin y el pago se debe realizar directamente al acreedor o a su agente de cobranza.

    Vale la pena sealar dos ejemplos de maneras en que el juez puede intervenir en la modalidad de pago. En primer lugar, en el modelo liberal de Francia los ejecutores intentan negociar acuerdos entre el acreedor y el deudor con bastante fl exibilidad y, si ambas partes lle-gan a un acuerdo, el huissier de justice supervisar su cumplimiento. En el caso de que no se pueda llegar a un acuerdo, por ejemplo debi-do a la incapacidad de pagar de parte del deudor, este ltimo puede acudir al juez, quien tiene varias opciones a su disponibilidad: puede aplazar el pago hasta un periodo de dos aos, fi jar tasas de inters menores o fi jar otra forma o plan de pago segn lo que considere apropiado199. A pesar de esta opcin del deudor, un porcentaje baj-simo (estimado a 1%) de deudores recurren al juez por esta va, pues termina alargando el proceso200. Es ms comn recurrir a la comisin de sobreendeudamiento, que con posterioridad al comienzo de un proceso ejecutivo podr intentar renegociar la deuda deteniendo el proceso ejecutivo. Si esta comisin no puede llegar a la solucin de pago, podr redirigir el caso a un juez para que declare al deudor en bancarrota.

    199 Cdigo Civil francs, Art. 1244-1, creado por la Ley n 91-650 de 9 de julio de 1991.

    200 Entrevista con Bernard Menut, realizada el 3 de abril de 2013.

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    En segundo lugar analizaremos Inglaterra, donde el juez cuenta con una discrecin amplia para imponer la modalidad de pago, ante una solicitud de una parte. Esto ocurre principalmente en los tribunales de condado. El juez puede, segn lo que considera razonable bajo las circunstancias, fi jar un cronograma de pago de una deuda a tra-vs de un plan de pago a plazos, as como aplazar o suspender la ejecucin201. Durante este periodo, mientras el deudor cumpla con lo impuesto por el juez, el acreedor no podr solicitar medidas de ejecucin. Sin embargo, ante un incumplimiento del deudor, el saldo de la deuda ser debido en su totalidad sin la necesidad de una orden judicial adicional y, en este momento, el acreedor podr iniciar un proceso de ejecucin forzosa. Por ltimo, en casos excepcionales, el juez podr modifi car el monto de la deuda, segn la evidencia pre-sentada ante l y luego de escuchar las partes202.

    5. Labores durante la fase declarativa con impacto en la ejecucin

    Por ltimo, las acciones del juez durante la fase declarativa tienen vital importancia ya que el trabajo del ejecutor es justamente ejecutar lo ordenado por el tribunal y, por lo tanto, el sistema judicial tiene un gran inters en que sus resoluciones se ejecuten. Es en esta fase cuando el juez podr balancear los intereses de las partes para llegar a una resolucin judicial que podr ser ejecutada.

    Cabe sealar que es en esta etapa cuando el juez debe aplicar las medidas cautelares que justamente por su carcter pueden infl uir en la efectividad de la ejecucin. Como hemos visto, en los cuatro pa-ses estudiados el juez es responsable para aplicar estas medidas.

    Relacionado con esto, en la fase declarativa el juez puede obtener informacin sobre el patrimonio del deudor. Esta gestin puede servir para lograr una mejor decisin en la sentencia y adems facilitar la ejecucin si se fuera a llegar a esa etapa. Por ejemplo, en Inglaterra el juez puede ordenar que el deudor presente una declaracin de bienes (statement of means) y utilizar esa informacin para determinar la capacidad del deudor de pagar la deuda. De esa manera, puede esta-blecer un cronograma de pago especial para el deudor, cuestin que puede fi jar directamente en la sentencia.

    201 County Court Act 1984, Seccin 71(2). 202 The Civil Procedure Rules 1998, Rule 3.3.

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  • II) Buenas prcticas en la ejecucin civil

    A partir de esta investigacin, es posible extraer algunas buenas prc-ticas para lograr un sistema de ejecucin efi ciente pero que tambin funciona de manera justa para las partes involucradas. Estas se pue-den examinar a partir de cuatro conceptos que se interrelacionan: Primero, los incentivos apropiados para los ejecutores respecto de su remuneracin y la estructura de su negocio. Segundo, las medidas de control y requisitos profesionales del ejecutor. Tercero, la colabora-cin estatal para otorgar acceso a la informacin sobre el patrimonio del deudor. Cuarto, la relacin de trabajo entre el juez y el ejecutor.

    1. Incentivos de remuneracin y negocio

    En primer lugar, para el desarrollo de cualquier profesin es impor-tante examinar los incentivos de desempeo de los individuos en el ejercicio del cargo. En este mbito, los incentivos requieren ser cuidadosamente controlados para incentivar que la ejecucin de sen-tencias se lleve a cabo de manera efi ciente y justa, contribuyendo a un Estado de Derecho y al mismo tiempo limitando el potencial de abusos. Los incentivos de los ejecutores se tornan en bsicamente dos aspectos que estn vinculados con su estatus (pblico o privado): la estructura de su remuneracin y la estructura de su negocio.

    Cuando se trata de ejecutores de estatus pblico, su sueldo es ge-neralmente bajo y fi jo, no obstante los resultados. Esto puede tener impactos de variados niveles. Por un lado, esto se puede ver como un desincentivo para llevar a cabo sus tareas de forma efi ciente, pues no son remunerados por los resultados. Esto ocurre, por ejemplo, en In-glaterra y Gales con los aguaciles del tribunal de condado, a quienes los acreedores no ven como una opcin efectiva, y cuando se presen-ta la opcin los acreedores tienden a llevar sus casos a los Ofi ciales de Ejecucin de la Corte Superior quienes, si bien cuentan con cargos pblicos y son estrictamente regulados por el Estado, trabajan en for-ma privada. Aunque son ms caros, suelen ser ms efectivos. Cabe sealar que debido a la estructura de la divisin de competencia en-tre los ejecutores en este pas, esto es, por el monto de la sentencia, puede ser que esto tenga un impacto discriminatorio en los ejecutores que un determinado acreedor pueda acceder.

    Luego, un caso interesante se encuentra en Alemania, cuyos ofi ciales de ejecucin son remunerados por salario pero tambin reciben un porcentaje de las tarifas que cobran, hasta un lmite, y en general

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    se considera que ganan un buen salario considerando su nivel de educacin. Esta estructura sirve como un incentivo para el trabajo efi ciente hasta el alcance de dicho limite. Adems, como los ofi ciales de ejecucin en Alemania tienen la competencia exclusiva sobre la ejecucin en los distritos asignados, no cuentan con incentivos de competir en base a la calidad del servicio que otorgan. En el mismo pas, los funcionarios judiciales son remunerados a travs de un suel-do fi jo, siendo funcionarios pblicos trabajando en los tribunales, y por lo tanto no cuentan con incentivos fi nancieros para su labor de ejecucin.

    Por otro lado, ejercer las funciones de un ejecutor como funcionario pblico de una entidad gubernamental puede servir como un control para balancear los derechos de las partes. Un ejemplo se encuentra en Suecia, donde los ejecutores de nivel ms alto (kronofogde) son abogados. Reciben menos dinero en relacin a otros abogados y no tienen una posicin alta en la sociedad, en contraste, por ejemplo, con los ejecutores franceses. No obstante, el modelo administrativo en este caso permite que se maximice la posicin del deudor en de-trimento del acreedor, porque los ejecutores no estn incentivados por cobrar dinero. Sin perjuicio a lo anterior, en otros pases que siguen el modelo administrativo, esta estructura puede prestarse para corrupcin (por ejemplo, esto ocurre en Georgia, en donde actual-mente se est intentando capacitar a los ejecutores por la agencia ejecutiva de ejecucin para minimizar la corrupcin).

    Por su parte, los ejecutores de estatus privado o cuasi privado tienen un claro incentivo para realizar sus funciones en forma efi ciente y, adems, en forma correcta. Los ejecutores que ejercen sus funciones a travs de una profesin liberal obtienen su vivienda dependiendo del xito de su negocio. Esto es el caso con los huissiers de justice en Francia y los Ofi ciales de Ejecucin de la Corte Superior en Inglate-rra, quienes son remunerados por los honorarios que cobran, y por lo tanto su negocio depende de sus resultados. Debido a que estos honorarios son regulados estrictamente por el Estado, y estos ejecuto-res trabajan en forma competitiva, ellos compiten por el servicio que otorgan a sus clientes. Es decir, si un acreedor no esta satisfecho con el trabajo de uno de estos ejecutores, podr llevar su caso a un com-petidor. Esto, en combinacin con las estrictas regulaciones que rigen a estos actores, minimiza la posibilidad de corrupcin, pues es un alto riesgo perder un negocio.

    Sin embargo, es fundamental notar que los mecanismos de control y las consideraciones culturales no son mnimas en estos ejemplos. En

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  • Francia e Inglaterra, los ejecutores de estatus privado funcionan den-tro de un sistema de una profesin regulada, son altamente capacita-dos y ejercen sus funciones en culturas que exigen un trato igualitario y una tolerancia limitada frente a la corrupcin. Desde otro punto de vista, cabe mencionar que a pesar de estos ejemplos, los ejecu-tores que llevan a cabo sus funciones en un modelo liberal quedan bastante dependiente en sus clientes. Esto tambin puede implicar instancias de corrupcin, y justamente por esto es importante recor-dar la existencia de las medidas de control, especialmente un juez imparcial que esta presente para resolver confl ictos en un proceso de ejecucin, as como para controlar ciertas medidas de ejecucin.

    Los incentivos derivados de la estructura de negocio de los ejecu-tores tambin se ven infl uidos por la competencia geogrfi ca de los ejecutores. Por ejemplo, los huissiers de justice franceses tienen competencia en distritos determinados por el distrito del tribunal re-gional (tribunal de grande instance), y estn en competicin con otros ejecutores en sus distritos. De esta manera, pueden referir casos a ejecutores en otros distritos si no estn bajo su jurisdiccin asignada, y por esa razn hay incentivos para colaborar con otros ejecutores. Por otro lado, los Ofi ciales de Ejecucin de la Corte Superior tienen competencia nacional desde la transicin de los poderes del sheriff (quienes trabajaban en distritos exclusivos) a ellos en el ao 2004. En Inglaterra y Gales, esto ha resultado en que se han formado grandes empresas de ejecucin y la competencia es fuerte: las cinco empresas ms grandes tienen a su cargo aproximadamente 90% del trabajo de ejecucin de los mandamientos bajo su competencia203.

    En la siguiente tabla se resume la competencia geogrfi ca y forma de remuneracin de los ejecutores en los pases estudiados.

    203 Un punto para futuro estudio, es que en los Pases Bajos una reforma del ao 2001 ha liberalizado la profesin de ejecutores ms all de estos dos ejemplos. En adi-cin a tener competencia nacional, tambin se les permite negociar sus honorarios con sus clientes. Esto ha tenido varios impactos que han sido sujetos a crtica. Por cambiar la competencia al mbito nacional, ha resultado en la creacin de gran-des empresas de ejecutores. Al mismo tiempo, porque pueden negociar sus tarifas, resulta en que los ejecutores pueden competir en cuanto a los honorarios que cobran: son capaces de disminuir mucho sus honorarios en relacin a los servicios que otorgan, o por el contrario, aumentar mucho los servicios que otorgan en re-lacin a los honorarios que cobran. Esto ha resultado en una fuerte competencia entre los ejecutores, incluso al punto en que los ejecutores se sobreendeudan, y tambin ha resultado en cuestiones sobre los incentivos de un negocio tan liberali-zado con respecto a tomar en cuenta los derechos de los deudores.

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    Competencia geogrfi ca y remuneracin de ejecutores en Francia, Alemania, Inglaterra y Suecia

    Competencia geogrfi ca Remuneracin

    FranciaHuissiers de justice tienen competencia no exclusiva en el distrito del tribunal de grande instance.

    Honorarios que cobran (regulados)

    Alemania

    Gerichtsvollziehers tienen competencia exclusiva en un determinado distrito geogrfi co dentro del distrito del tribunal local.

    Salario del Estado y honorarios limitados

    Rechtspfl egers trabajan en sus tribunales designados. Tambin ejercen funciones cuasi judiciales aparte de la ejecucin.

    Salario del Estado

    Inglaterra

    High Court Enforcement Offi cers tienen competencia nacional.

    Honorarios que cobran (regulados)

    County court bailiffs trabajan en sus tribunales designados.

    Salario del Estado

    Suecia Kronofogde y kronoinspektr son funcionarios pblicos en agencia nacional, por lo tanto pueden trabajar a nivel nacional.

    Salario del Estado

    2. Medidas de control y una profesin capacitada

    Segundo, el Consejo de Europa recomienda que los ejecutores de-ben ser honorables y competentes en el desempeo de sus funciones y deben actuar, en todo momento, de acuerdo con las normas reco-nocidas de alto nivel profesional y tico... [,] deben ser imparcial en sus relaciones con las partes y ser sometidos a escrutinio profesional y seguimiento que puede incluir el control judicial204. En este sen-tido, un sistema de ejecucin debe contar con medidas de control y requisitos profesionales del ejecutor. Independiente de su estatus, los ejecutores cuentan con un rango amplio de responsabilidades que son una mezcla de tareas administrativas y de acciones de ejecucin, que permiten un poder discrecional relativamente amplio205. Por esta razn es fundamental contar con regulaciones claras, un sistema de supervisin y control que apoye a operaciones efectivas y limite la posibilidad de abuso, y ejecutores profesionales y capacitados.

    En general, se puede observar que cuando se trata de ejecutores de estatus privado, los entes principales que cuentan con la autoridad disciplinaria son, principalmente, el organismo profesional, luego el

    204 Recomendacin Comit de Ministros, supra nota 4, IV. 4.205 Gramckow, supra nota 6, p. 8.

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  • Ministerio de Justicia que otorga la licencia para ejercer en la profe-sin (y de la misma manera lo puede retirar), y por ltimo, en casos residuales, el juez. Por otro lado, cuando se trata de ejecutores que ejercen independientemente, pero son ms vinculados al sistema judicial pues no ejercen en una profesin liberal, estos pueden ser controlados por el Ministerio de Justicia o el Consejo de la Judicatura, y tambin tendr el juez un rol residual en la supervisin.

    En los cuatro pases estudiados, los ejecutores estn sujetos a regula-ciones y control estricto, a pesar de su independencia o autonoma para llevar a cabo sus funciones da a da. Este grado de control es importante en cuanto la responsabilidad de estos actores ante el Estado. En tanto que al ejecutar resoluciones judiciales, los ejecuto-res ejercen una funcin pblica, es necesario que el Estado otorgue mtodos efectivos de control sobre estas funciones y/o que haya un organismo profesional con esta capacidad. Como hemos visto, en la prctica, la supervisin y control de las actividades de los ejecuto-res en Europa proviene de una combinacin de varias autoridades, incluyendo la organizacin profesional, el Ministerio de Justicia, los tribunales y fi scales.

    Ahora bien, tambin es crtico contar con ejecutores capacitados y profesionales. El Consejo de Europa recomienda que los ejecutores deben ser capacitados acorde a criterios bien defi nidos, y que la con-sideracin en la designacin de ejecutores debe darse respecto a los estndares morales de los candidatos, el conocimiento legal y la ca-pacitacin en componentes tericos y prcticos206.

    En las reformas actuales en Europa, existe un movimiento para profe-sionalizar a los ejecutores por mltiples razones: generar confi anza en los ciudadanos sobre su trabajo, balancear los derechos de los acreedores y los deudores y minimizar el potencial de abuso. De igual manera, como se examinar prximamente, contar con ejecuto-res capacitados y profesionales contribuye a generar confi anza en las autoridades pblicas, que se relacionan con ellos permitindoles el acceso a la informacin, as como en los jueces, quienes deben con-tar con ellos para implementar sus decisiones.

    Como ejemplos de esta profesionalizacin, se puede destacar dos ca-sos del presente estudio. En Francia, los ejecutores aumentaron su ni-vel de educacin en el siglo XX y actualmente requieren un mster 1

    206 Recomendacin Comit de Ministros, supra nota 4, IV. 8.

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    en Derecho para ejercer la profesin de huissier de justice. Asimismo, en Inglaterra, en el ao 2004, los Ofi ciales de Ejecucin de la Corte Superior al pasar a ser una profesin liberal, tambin se profesionali-zaron por estatuto, detallando sus requisitos de entrada a la profesin y por un fuerte control de parte de su asociacin profesional con respecto al mismo. En ambos pases, es comn que estos ejecutores hayan ejercido como abogado previo a la obtencin de su puesto, y ellos se capacitan bajo criterios bien defi nidos a travs de una forma-cin terica y prctica. Siguiendo estos ejemplos, es la tendencia en Europa que a los candidatos para ejecutores se les requieran estudios en Derecho207.

    Finalmente, en la siguiente tabla se resume el nivel de educacin re-querido para realizar la funcin de un ejecutor en los cuatros pases estudiados.

    Nivel de educacin requerido en Francia, Alemania, Inglaterra y Suecia

    Francia Alemania Inglaterra Suecia

    Ejecutor #1

    Huissier de justice: Mster 1 en derecho y escuela de procedimientos

    Gerichtsvollzieher: Mittlere reife (10 aos de educacin, comparable al colegio hasta el segundo medio; no se puede asistir a la universidad con solo este ttulo)

    High Court Enforcement Offi cer: Diploma de Nivel 5 (equivalente a ttulo universitario) en programa especializado para la carrera

    Kronofogde:Ttulo de Derecho

    Ejecutor #2

    n/a

    Rechtspfl eger: Califi cacin de entrada para estudios universitarios

    County court bailiff: Diploma de colegio

    Kronoinspektr:90 crditos, que corresponde a 3 semestres de estudios universitarios.

    3. Colaboracin del Estado para otorgar acceso a la informacin del patrimonio del deudor

    Tercero, es importante que los Estados otorguen a los ejecutores acce-so sobre los bienes del deudor para poder llevar a cabo efectivamente la tarea de ejecucin. El CEPEJ recomienda que se preste al ejecutor acceso directo a informacin sobre el patrimonio del deudor, a travs

    207 Encuesta UIHJ, supra nota 6, Seccin 2.

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  • del acceso a bases de datos (con acceso controlado) y la colabora-cin de las autoridades pblicas para este fi n208. Para este objetivo, tambin, se debe mantener registros de deudores y de los activos de ellos y otorgarles acceso especial a los ejecutores a estos. Adems, se deben tener en consideracin protecciones de informacin, sin embargo, estas se deben adaptar para permitir procedimientos efi -cientes. El ejecutor, por su parte, debe ser requerido para mantener la confi dencialidad respecto de la informacin que encuentra, y debe encontrarse sujeto a control disciplinario y a responsabilidad legal en caso de incumplimiento de este deber.

    El desafo ms comn entre los pases estudiados, se relaciona con la falta de acceso a la informacin sobre el patrimonio del deudor. Por lo anterior, vale la pena revisar el estado actual de estos pases en la materia.

    Alemania presenta el ejemplo con menos acceso a la informacin, debido a las fuertes protecciones para el deudor. Bajo el sistema ac-tual, se puede identifi car varios problemas en este respecto. Primero, el acreedor es el nico encargado de investigar activos del deudor, y los ejecutores no tienen poderes especiales de investigacin. Segun-do, muchos de los registros de informacin que existen en Alemania, tal como el de direcciones y bienes inmuebles, no estn centraliza-dos. Por lo tanto, en el sistema actual, si el deudor no proporciona informacin acerca de sus activos durante un procedimiento de eje-cucin, corresponde al acreedor investigar esa informacin a travs de los registros existentes, que funcionan a nivel local. Solo despus de un intento fallido de un embargo de bienes por el ofi cial de ejecu-cin, ser el deudor obligado a proporcionar informacin acerca de sus activos a travs de una declaracin jurada, lo cual es un mtodo efectivo debido a la consecuencia de registrar al deudor en un regis-tro de insolvencia. Algunos de estos desafos sern abarcados por la Ley de Reformar el Esclarecimiento de los Hechos en la Ejecucin Forzosa de 29/07/2009 que entr en vigor el 1 de enero del ao 2013 y ampla los poderes de investigacin de los ofi ciales de ejecu-cin. Sin embargo, algunos desafos, por ejemplo el mtodo descen-tralizado de los registros de informacin, an continan debido a las fuertes protecciones al deudor.

    208 Guidelines for a Better Implementation of the Existing Council of Europes Recom-mendation on Enforcement, supra nota 21, 39-46 (2009).

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    Francia tambin se ha enfrentado con desafos en cuanto al nivel de acceso a la informacin, a pesar de los poderes amplios de investi-gacin que tienen sus ejecutores. Se ha logrado dar acceso directo y rpido (frecuentemente a travs del Internet) a registros y a informa-cin de entidades pblicas al huissier de justice. Una reciente reforma tambin permiti el acceso a los espacios comunes de los edifi cios. Sin embargo, Francia tambin cuenta con el problema de tener va-rios registros de informacin descentralizados. Esto es el caso con el registro de propiedad, los cuales son numerosos y organizados a nivel local. Pero en este caso, la barrera no es tanto la proteccin de los deudores sino la incompatibilidad entre sistemas informticos que existen en el pas. Un desafo actual para abarcar en los prximos aos en Francia, es desarrollar un software que permita acceder a re-gistros o compartir informacin entre diferentes sistemas informticos. Un ejemplo exitoso en este respecto es la plataforma comn que ges-tiona el acceso directo a la informacin bancaria a travs del registro nacional FICOBA.

    Inglaterra, por su parte, cuenta con un mecanismo interesante en cuanto al acceso a la informacin, en que el acreedor tiene el dere-cho de solicitar la orden para obtener informacin del deudor, quien tendr que responder bajo juramento. Adems, con su nueva reforma del ao 2007, an no implementada, se agrega un nuevo mecanis-mo para la obtencin de informacin sobre el acreedor, a travs de los tribunales. En este caso, con la solicitud del acreedor al tribunal correspondiente, el tribunal podr emitir una orden de informacin a departamentos gubernamentales o bien rdenes de informacin a terceros. Sin embargo, cabe sealar que en Inglaterra los ejecutores no cuentan con acceso especial a bases de datos o registros estatales (con la excepcin del registro de vehculos), y esto es un desafo ac-tual y real para la ejecucin en este pas.

    Por ltimo, al otro lado del espectro de la transparencia de los activos del deudor se encuentra Suecia, en donde los ejecutores tienen el de-ber de investigar, y tienen acceso a una cantidad extensa de informa-cin sobre el deudor. Una experiencia interesante en este pas es que este acceso se otorga a travs de un registro informtico de ejecucin central, por lo cual el ejecutor puede acceder una multiplicidad de registros pblicos y privados. Adems, el deudor es obligado a otor-gar informacin al ejecutor a travs de la entrega de una lista de sus bienes con la afi rmacin en su honor que la informacin es correcta. En el evento que el deudor no coopere, se puede realizar una audien-

    364

  • cia ante la Autoridad de Ejecucin. Finalmente, se puede realizar una bsqueda en la residencia y locales del deudor.

    De estos resmenes se puede retomar lo destacado en la Parte 1 de este informe, esto es que desde una perspectiva comparada, exis-ten dos mecanismos centrales para otorgar informacin del deudor: primero, el sistema de declaracin de patrimonio sobre el deudor, y segundo, el permitir acceso a bases de datos de informacin. Como se puede observar, Alemania e Inglaterra cuentan con este primer sistema, pero no con el segundo. Francia cuenta solamente con el se-gundo, y Suecia cuenta con los dos (y ms). Cabe sealar, sobre este punto, que el funcionamiento del sistema de declaracin del deudor solamente funcionar en una sociedad en donde haya respeto para el tribunal y para el Estado de Derecho. Como hemos visto, esto puede ser incentivado a travs de mecanismos de control como sanciones por no cooperar con lo solicitado. Por lo contrario, en una cultura donde los deudores se sienten capaces o dispuestos a mentir bajo juramento por la falta de medidas de control, la implementacin de este mecanismo tendr poca relevancia.

    4. Una relacin de trabajo entre el juez y el ejecutor

    Cuarto, en un contexto en donde se pretende desjudicializar la ejecu-cin es importante generar condiciones para que exista confi anza en-tre el juez y el ejecutor. Sin una relacin de trabajo entre ellos existe el riesgo de que incluso en un modelo desjudicializado, se confunda la separacin de roles entre estos entes, requiriendo por ejemplo, permisos del juez para llevar a cabo acciones de competencia del ejecutor. Desde este punto de vista, es imperioso que el juez tenga confi anza en el ejecutor a realizar sus funciones en una manera pro-fesional y justa y que el ejecutor tenga la capacidad de hacerlas con autonoma.

    En un modelo de ejecucin desjudicializado donde el ejecutor tiene estatus pblico, trabajando con un nivel de cercana al Poder Judicial (por ejemplo, los aguaciles del tribunal de condado en Inglaterra y los ejecutores en Alemania), un problema que puede infl uir en la relacin entre el juez y el ejecutor es el grado de deferencia que los ejecutores le otorgan a los jueces. En este sentido, el ejecutor podr considerar necesario solicitar instrucciones del juez para la toma de decisiones, acercndose a lo que ocurre en un modelo judicial. En un proceso de transicin de un modelo judicial a un modelo desjudicia-lizado, pero con ejecutores vinculados a los tribunales, este tema es

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    MODELOS DE EJECUCIN DE SENTENCIAS CIVILES EN EUROPA: EXPERIENCIAS PARA LA IMPLEMENTACIN DE REFORMAS

  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    particularmente clave a considerar. Los jueces no estarn acostumbra-dos a tener confi anza a un ejecutor independiente, y los ejecutores no estarn acostumbrados a llevar a cabo sus funciones de manera in-dependiente sin supervisin o aprobacin por parte del juez. Esto es debido principalmente a la estructura jerrquica del sistema judicial que pueda tener el pas, as como a la tradicin.

    Por ello, es de especial importancia que el ejecutor sea capacitado de acuerdo con sus responsabilidades. Cuanto menor sea la califi cacin del ejecutor, menor ser la confi anza que tendr el juez en que este ejecutor pueda implementar sus decisiones adecuadamente. Por esta razn, cuanto mayor grado de autoridad tenga un ejecutor, le debe ser exigible una mayor califi cacin. Por tanto, se debe requerir una capacitacin posterior al nombramiento como ejecutor, especialmen-te si este tiene un nivel de autonoma y poder de tomar decisiones procesales. Sumado a lo anterior, con el objetivo de mejorar la rela-cin entre el juez y el ejecutor, una opcin que se podr considerar es llevar a cabo esta capacitacin de manera conjunta. Esto es debido a que, como hemos visto, el juez tiene ciertas funciones en la eje-cucin. La realizacin de tales sesiones conjuntas de capacitacin promover un ambiente de colaboracin y, a la vez, el juez ser ms propenso a confi ar en los ejecutores si se han capacitado conjunta-mente. Esto se aplica especialmente en un proceso de transicin.

    Por otro lado, en un sistema de ejecucin de modelo liberal, la re-lacin entre el ejecutor y el juez suele ser menos compleja. En la experiencia de Europa, se presume la legitimidad de los ejecutores que reciben una potestad pblica por ejercer una profesin liberal de ejecucin209. Como los ejecutores del modelo liberal son profe-sionales altamente capacitados y tpicamente califi cados en derecho, la relacin tiende a ser ms semejante a aquella entre abogados y el juez. En el caso de este estudio, esta situacin se aplica a los ejecuto-res en Francia y a los Ofi ciales de Ejecucin de la Corte Superior en Inglaterra. Ahora bien, esto no signifi ca que no se deban aprovechar instancias de colaboracin entre estos profesionales, pudiendo dialo-gar sobre temas de la actualidad que afecten la ejecucin (por ejem-plo, un aumento de insolvencia por parte de los deudores, entre otros problemas).

    209 International Union of Judicial Offi cers, Position Paper, The judicial offi cer in Eu-rope, diciembre de 2010.

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  • Por ltimo, cabe sealar que en el modelo administrativo de Suecia no existe en la prctica ningn tipo de relacin entre el juez y los ejecutores debido a la estructura independiente de la Autoridad de Ejecucin. No obstante, el prestigio de esta agencia al realizar sus la-bores tendr gran infl uencia en las decisiones judiciales que se tomen en relacin a las disputas que llegan al tribunal. Efectivamente, cual-quiera sea el modelo de ejecucin que se siga, el inters del ejecutor es llevar a cabo sus funciones de manera justa y no cometer abusos, lo que implicar una perdida de confi anza por el juez.

    PARTE 4CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTA-CIN DE REFORMAS EN MATERIA DE EJECUCIN

    Como se ha visto a lo largo de este informe, la experiencia de los sistemas de ejecucin de Francia, Alemania, Inglaterra y Suecia no es esttica. Ha habido mucha discusin sobre la materia y estos pases han desarrollado varios procesos de reforma a partir de los desafos que han enfrentado. Estas experiencias, por lo tanto, son claves a te-ner en cuenta cuando se considera reformas a otros pases.

    A grandes rasgos se puede decir que en Francia hay una percepcin de que el sistema funciona bien y el ejecutor (quien ejerce una profe-sin liberal) es una persona de alto nivel educacional y respetado en la comunidad. Sin embargo, no se cuenta con datos empricos que permitan ilustrar este desempeo, y por tanto, una meta en este pas es mejorar las instancias del intercambio de informacin a travs de sistemas informticos. En Alemania, recurrir a los ejecutores (quie-nes son de estatus pblico) es generalmente la ltima opcin de los acreedores porque no cuentan con muchos poderes de ejecucin. Sin perjuicio de lo anterior, los ofi ciales de ejecucin s cuentan con el poder de tomar una declaracin de bienes jurada y a partir del ao 2013 tendrn ms poderes en relacin a la ejecucin. Es debatible si el sistema actual alemn se mantendr ya que se ha propuesto en numerosas ocasiones liberalizar el sistema pero esto no ha sido rati-fi cado por el Gobierno. En Inglaterra, la liberalizacin del ejecutor que remplaz al sheriff y la expansin de su competencia a nivel nacional supuso la aparicin de un nuevo ejecutor profesional que compite por brindar un mejor servicio como manera de captar ms clientes, lo cual ha sido una experiencia exitosa. Sin embargo, an existen diversos tipos de ejecutores y el pas est en pleno proceso de reforma para unifi car las diversas regulaciones sobre la materia y modifi car la estructura de honorarios de la ejecucin. Por ltimo, en Suecia, la Autoridad de Ejecucin lleva a cabo la ejecucin de forma

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    MODELOS DE EJECUCIN DE SENTENCIAS CIVILES EN EUROPA: EXPERIENCIAS PARA LA IMPLEMENTACIN DE REFORMAS

  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    efi caz y ha desarrollado procesos y prcticas para la proteccin de los derechos del deudor. Este pas se ha preocupado de evaluar el sis-tema desde el punto de vista de los usuarios y, adems, de desarrollar avances en relacin a sus sistemas informticos. En todos los pases, salvo Suecia, se han propuesto reformas respecto a los desafos que suponen el acceso a la informacin del patrimonio del deudor.

    A raz de esta investigacin se puede concluir que no es sufi ciente copiar un modelo de otro pas sin analizar cuidadosamente las condi-ciones que permiten que sea exitoso en esa realidad. En este sentido, la tendencia observada actualmente en Europa de pasar a modelos liberales de ejecucin no ha sido sin obstculos. Una experiencia interesante de exploracin se encuentra en los pases de Europa del Este donde actualmente varios se encuentran en este tipo de procesos de reforma, introduciendo al ejecutor privado con la intencin de desjudicializar sus sistemas.

    En estos procesos, los desafos muestran que la ejecucin forma parte de un sistema jurdico-econmico ms amplio, por lo que no puede ser vista de manera aislada respecto de otros problemas co-nexos como el acceso y control del crdito as como la existencia de sistemas efi cientes de quiebra personal entre otros mecanismos. Por ejemplo, en Macedonia, un pas ubicado en el sureste de Europa, se introdujo la fi gura del ejecutor privado, cuyo modelo de negocio no se pudo sostener de la manera en que fue organizado210. Esto fue debido a que un tiempo despus de la reforma se descubri que una gran cantidad de las deudas en los ttulos ejecutivos se relacionaban al impago de servicios bsicos por cuantas menores, cuestin que no resulta atractiva para los ejecutores privados. Este tipo de deudas (que las personas afectadas no podan pagar por su nivel de pobreza) deban haber sido negociadas de otra manera, por ejemplo a travs de sistemas administrativos ms capaces a responder a la quiebra personal. Por tanto, sin la realizacin de este tipo de consideracin, se podr terminar desplazando el problema que se intente resolver al iniciar procesos de reforma.

    Un ejemplo del funcionamiento de este tipo de sistema se encuentra en Francia, donde existe una comisin de sobreendeudamiento a la que una cantidad importante de deudores acuden. En este pas, es ms comn que los deudores declaren su incapacidad de pagar ante esta comisin que intenten evadir el proceso de ejecucin forzosa

    210 Entrevista con Violaine Autheman, realizada el 18 de septiembre de 2012.

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  • que es llevado a cabo por ejecutores con amplios poderes de investi-gacin y embargo.

    Adicionalmente, la forma en que un modelo de ejecucin puede fun-cionar mejor en un pas que en otro se relaciona con los mecanismos de control adecuados que a su vez, lleven a que la gente coopere con los procesos ejecutivos. Gracias a estos sistemas se puede lograr que la ejecucin sea ms efi ciente y efi caz. Por ejemplo, en Alemania, los deudores suelen cooperar con el ofi cial de ejecucin previamente a la realizacin de la declaracin jurada sobre sus bienes, para evitar ser inscritos en el registro de deudores. En este pas, al igual que en Inglaterra, se puede adems ordenar como apremio la detencin de una persona que no coopera con la declaracin de bienes. Estos m-todos sirven como fuertes incentivos de cooperacin al mismo tiempo que contribuyen a la efi ciencia y efi cacia de la ejecucin.

    Para fi nalizar, se deben recordar las lecciones aprendidas de los de-safos enfrentados en los pases estudiados: las razones detrs de la profesionalizacin del ejecutor, los impactos del modelo de negocio de este ente en relacin a sus incentivos, la necesidad de sistemas de control y supervisin efectivos, la relevancia de contar con un sistema de honorarios y remuneracin adecuado, y la importancia de contar con acceso a la informacin del patrimonio del deudor sea a travs de registros de deudores, bases de datos, declaraciones del deudor u otras medidas. Para llevar a cabo procesos de reforma en la mate-ria se debe apuntar a tener regulaciones claras sobre la temtica as como a tener en consideracin los problemas correlacionados que tengan implicancia en ella y contar con mecanismos que incentiven la cooperacin de los actores involucrados. En consecuencia, ser necesario cuantifi car la necesidad de un cambio, y tomar en cuenta cules son las caractersticas dentro de los modelos existentes ms adecuadas para cada pas en particular, sin dejar de lado los desafos enfrentados dentro de ellos.

    ANEXOMETODOLOGA

    La ejecucin inefi caz de las sentencias ha comenzado a ser estudia-da como uno de los problemas que enfrentan los pases de Amrica Latina, especialmente en sus procesos de transicin y reforma211. Un

    211 Vase, e.g., Subsecretara de Justicia, Informe Final: Diseo de un Modelo de un Ofi cial de Ejecucin, Escuela de Derecho, Pontifi cia Universidad Catlica de Val-

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    MODELOS DE EJECUCIN DE SENTENCIAS CIVILES EN EUROPA: EXPERIENCIAS PARA LA IMPLEMENTACIN DE REFORMAS

  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    estudio llevado a cabo en varios pases de Amrica Latina ha identifi -cado obstculos comunes para la ejecucin justa y efi caz, que inclu-yen: (1) el excesivo formalismo y los retrasos, (2) los costos excesivos, (3) la falta de acceso a la informacin, (4) la falta de voluntad poltica y de rendicin de cuentas de los actores en el proceso de ejecucin y en el sistema de justicia, y (5) la inefi ciencia debido a factores cultu-rales y socioeconmicos, y a la corrupcin212.

    En este contexto, este informe fue elaborado en el marco del Proyecto Apoyo a los Procesos Regionales de Dilogo para Fomentar Refor-mas en el Derecho y Reformas Judiciales en Amrica Latina llevado a cabo por el Centro de Estudios de Justicia de las Amricas (CEJA) en conjunto con la Cooperacin Alemana (GIZ). Esta investigacin, que se realiz entre agosto y diciembre del ao 2012, tuvo el prop-sito de relevar informacin sobre aspectos orgnicos de sistemas de ejecucin civil en el derecho comparado, en particular, en Europa. A partir de una reunin entre la autora y el equipo de CEJA, se decidie-ron los cuatros pases centrales de estudio, que fueron elegidos por sus distintas experiencias de reformas en la actualidad y por pertene-cer a modelos de ejecucin distintos e interesantes de estudiar. Como fue escrito con la intencin de apoyar a los pases de Amrica Latina que estn considerando reformas en sus sistemas de ejecucin de mo-delo judicial, la investigacin se centr principalmente en el estudio de los otros tres modelos existentes.

    La investigacin consisti en tres pasos principales. En primer lugar, se estudi la normativa pertinente a la ejecucin civil en los cuatro pases elegidos: Francia, Alemania, Inglaterra y Suecia. Este paso fue realizado para establecer un punto de partida para luego estudiar con mayor profundidad los aspectos orgnicos, y cmo funcionan estos en la prctica, en el modelo de ejecucin.

    En segundo lugar, se revisaron los documentos y sitios institucionales de las organizaciones profesionales de ejecutores en estos pases, o en el caso de Suecia, la organizacin encargada de la ejecucin mis-ma. Tambin, dentro de este paso, se realiz una extensa bsqueda de fuentes secundarias que se trataban de estos temas, dando especial

    paraiso, Chile (2012) (realizando un diagnstico del actual sistema de ejecucin civil y comercial en Chile, analizando los sistemas de ofi ciales de ejecucin en la experiencia comparada, proponiendo distintos modelos de negocios viables que sustenten las labores del futuro ofi cial de ejecucin en Chile y realizando recomen-daciones para el dise de un futuro modelo de ofi cial de ejecucin en Chile).

    212 Henderson, Regional Best Practices, supra nota 11.

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  • importancia a otros estudios realizados por organizaciones interna-cionales.

    En este paso cabe sealar que la informacin a nivel europeo fue re-copilada principalmente a travs de tres organizaciones que otorgan informacin comparada: la Union Internationale des Huissiers de Justice (UIHJ - www.uihj.com/), el Consejo Europeo para la Efi cacia de la Justicia (CEPEJ - http://www.coe.int/T/dghl/cooperation/cepej/default_en.asp), y Executin judiciare en Europe (EJE - www.europe-eje.eu), este ltimo siendo un proyecto cofi nanciado por la Union Europea.

    En particular, en el contexto de esta investigacin, la Union Inter-nationale des Huissiers de Justice otorg acceso especial a la autora para acceder los resultados de una encuesta compresiva an no pu-blicada, dirigida a las autoridades de la ejecucin a nivel global en el ao 2011.

    En tercer lugar, se realizaron entrevistas con actores clave dentro de los modelos de ejecucin, a quienes se le agradece su gran aporte a este proyecto. Estos, quienes estn enlistados a continuacin, incluye-ron expertos en la ejecucin a nivel comparada, ejecutores practican-tes, representantes de las organizaciones profesionales de ejecutores y acadmicos. Para destacar el alcance de esta fase, fue posible obte-ner informacin de cuatro representantes de la Union Internationale des Huissiers de Justice, incluyendo dos huissiers de justice franceses; del Vicepresidente de la Asociacin Alemana de Ofi ciales de Eje-cucin (DGVB); de tres Ofi ciales de Ejecucin de la Corte Superior, quienes son directores en tres de las cinco empresas ms grandes de ejecucin en Inglaterra y Gales, incluyendo el Presidente de la asociacin profesional de estos ejecutores (HCEOA); del Coordina-dor Internacional de la Autoridad de Ejecucin Sueca y varios otros expertos y acadmicos en Europa, incluyendo una experta a nivel in-ternacional de la ejecucin civil que esta trabajando directamente en reformas en la materia en Europa del Este.

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    MODELOS DE EJECUCIN DE SENTENCIAS CIVILES EN EUROPA: EXPERIENCIAS PARA LA IMPLEMENTACIN DE REFORMAS

  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    Expertos entrevistados durante la investigacin

    Europa - general Violaine Autheman, Experta en Ejecucin de Sentencias, National Center for

    State Courts, EE.UU. Mathieu Chardon, Primer Secretario de la Union Internationale des Huissiers de

    Justice y huissier de justice en Francia Wendy Kennett, Experta en Ejecucin de Sentencias, profesora en la Universi-

    dad de Central Lancashire Cyprus Luis Ortega, Procurador en Espaa, miembro del bureau directivo de la Union

    International des Huissiers de Justice, miembro del Consejo General de Procu-radores de Espaa y Decano del Colegio de Zaragoza

    Marc Schmitz, Representante de Blgica de la Union Internationale des Huis-siers de Justice

    Francia Bernard Menut, Primer Vicepresidente de la Union International des Huissiers

    de Justice, ex Presidente de la Cmara Nacional de Huissiers de Justice y un huissier de justice en Francia

    Alemania Karl-Heinz Brunner, Vicepresidente del Deutscher Gerichtsvollzieherbund -

    DGVB (Asociacin Alemana de Ofi ciales de Ejecucin) Burkhard Hess, Director, Max Planck Institute Luxembourg for International, Eu-

    ropean and Regulatory Procedural Law y ex Juez en la Corte de Apelaciones de Karlsruhe, Alemania

    Christoph Kern, Profesor, Centre of Comparative, European and International Law (CDCEI), Universidad de Lausanne en Suiza y Chair for German Law (CDA)

    Inglaterra Martin Leyshon, Presidente del High Court Enforcement Offi cers Association,

    High Court Enforcement Offi cer autorizado y Director del High Court Enforce-ment Group

    Claire Sandbrook, High Court Enforcement Offi cer autorizado, Gerente General de Shergroup Limited (empresa matriz de Sherforce), ex Presidente del High Court Enforcement Offi cers Association y primera mujer Under Sheriff en un condado de Inglaterra bajo el antiguo sistema de ejecucin

    Andrew Wilson, Vicepresidente del High Court Enforcement Offi cers Associa-tion, High Court Enforcement Offi cer autorizado y Director de Andrew Wilson & Co.

    Suecia Lars Klint, Coordinador Internacional de la Autoridad de Ejecucin Gun Svensson, Funcionario en la Autoridad de Ejecucin

    Borradores iniciales de los captulos de Francia, Alemania e Inglaterra fueron revisados por un ejecutor practicante entrevistado o experto local, y el captulo de Suecia fue realizado en colaboracin con una pasante fi nlandesa con especializacin en derecho civil. Adems, a modo que se estim necesario durante la revisin de los resultados de la investigacin, se reentrevistaron expertos a posterioridad del perio-do de investigacin.

    372

  • La autora, durante el periodo de elaboracin de esta investigacin, particip como miembro del panel de expertos del Ministerio de Jus-ticia de Chile, convocado para abordar el modelo orgnico para la incorporacin del Ofi cial de Ejecucin a la Reforma Procesal Civil, a partir de julio de 2012. Tambin, durante esta investigacin, particip como miembro de la mesa de trabajo del Instituto de Estudios Judicia-les y la Asociacin Gremial de Abogados Laboralistas sobre la modifi -cacin del proceso de ejecucin laboral en Chile, proyecto llevado a cabo desde mayo de 2012. La participacin en estas mesas ha podido contribuir a la obtencin de ms informacin a travs del intercambio de experiencias de distintos actores relacionados con los sistemas de ejecucin, tanto en la regin latinoamericana como afuera.

    Finalmente, los resultados preliminares de esta investigacin se pre-sentaron en el Seminario Internacional Dilogo Nueva Justicia, llevado a cabo el 26 y 27 de noviembre de 2012, en Quito, Ecuador. Alrededor de 300 personas, representativas de 14 pases, asistieron al evento. Tambin se presentaron en el CEJAWEBINAR, sobre el Siste-ma de Ejecucin en procesos judiciales no penales, realizado el 10 de diciembre de 2012.

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    MODELOS DE EJECUCIN DE SENTENCIAS CIVILES EN EUROPA: EXPERIENCIAS PARA LA IMPLEMENTACIN DE REFORMAS

  • MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIN DE CONFLICTOS EN AMRICA LATINA. DIAGNSTICO Y DEBATE EN UN CONTEXTO DE REFORMAS

    ALEJANDRA MERA1

    RESUMEN EJECUTIVO

    Amrica Latina cuenta con una experiencia extensa de implementa-cin de mecanismos alternativos de solucin de confl ictos (MASC) durante los ltimos treinta aos. En un comienzo, estos mecanismos fueron percibidos principalmente como herramientas idneas para descongestionar los atiborrados e inefi cientes tribunales, pero tam-bin se fundamentaron en el derecho de acceso a la justicia y por re-presentar vas de solucin pacfi cas, que suponen el dilogo entre las partes a travs de los acuerdos a que estas mismas arriban. Aunque todos los pases de la regin cuentan con legislacin y experiencias de este tipo, lo cierto es que el impacto que han tenido, tanto desde el punto de vista cuantitativo, como del logro de los objetivo anterior-mente expresados, no ha sido siempre el esperado. En este trabajo se hace un diagnstico del estado actual de los MASC en materias no penales y se esbozan parmetros a considerar para incorporar estos mecanismos de manera exitosa en el contexto de las reformas a la justicia civil que se debaten actualmente en la regin.

    1 Chilena. Abogada de la Universidad de Chile. Magster en Justicia Criminal y De-rechos Humanos, Universidad de Queen's, Belfast, UK. Candidata a Doctora de la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Actualmente, se desempea como Profesora e Investigadora de la Universidad Diego Portales, Chile.

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  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    INTRODUCCIN

    Este trabajo da cuenta del estado general de los mtodos alternativos de resolucin de confl ictos en Amrica Latina en materias civiles (no penales) y analiza la experiencia llevada adelante en la materia, espe-cialmente desde la perspectiva del debate sobre reformas a la justicia civil que se lleva adelante actualmente en la regin.

    Amrica Latina cuenta con una experiencia extensa de implementa-cin de mecanismos alternativos de solucin de confl ictos durante los ltimos treinta aos. En un comienzo estos mecanismos fueron percibidos principalmente como herramientas idneas para descon-gestionar los atiborrados e inefi cientes tribunales, pero tambin se fundamentaron en el derecho de acceso a la justicia, en el entendido de que quienes no contaban con los medios necesarios para acceder a tribunales, pudieran obtener una solucin a su confl icto sin mayor costo. En fi n, tambin se han incorporado por representar vas de so-lucin pacfi cas, que suponen el dilogo entre las partes a travs de los acuerdos a que estas mismas arriban.

    Aunque todos los pases de la regin cuentan con legislacin y expe-riencias de este tipo, lo cierto es que el impacto que han tenido, tanto desde el punto de vista cuantitativo como del logro de los objetivos anteriormente expresados, no ha sido el esperado. Este trabajo ana-liza el estado de implementacin de estos mecanismos en materias no penales en diversos pases de Amrica Latina que han sido instau-rados o modifi cados dentro de los ltimos 10 aos, especialmente la conciliacin y la mediacin.

    Para estos efectos, en primer lugar se describen las principales carac-tersticas de los mecanismos de resolucin alternativa de confl ictos en 11 pases de Amrica Latina, los cuales muestran diversas realidades en trminos de ubicacin geogrfi ca, nivel de ingresos, etc., como asimismo en cuanto a la institucionalizacin de los MASC. Los pases que se analizan son Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Mxico, Panam, Per y Uruguay. Los ejes del anlisis dicen relacin con la existencia de una reforma global a la justicia civil en el pas y la eventual incorporacin de estos mecanis-mos en la nueva institucionalidad, las iniciativas legislativas o de po-ltica pblica en materias o procesos especfi cos, su carcter estatal o privado, su naturaleza obligatoria o voluntaria, el fi nanciamiento, las materias susceptibles de ser resueltas a travs de ellos, los principales mecanismos, las vas para ejecutar los acuerdos y reconocimiento y vinculacin con la justicia formal o tradicional.

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  • Luego, y en orden a profundizar el anlisis, se exponen con mayor de-talle las experiencias de MASC implementadas en tres pases: Colom-bia, Argentina y Chile. Estos pases cuentan con diversas experiencias lo sufi cientemente representativas de la regin latinoamericana, pero adems muestran diferencias relevantes entre ellos, lo que permite comparar sus resultados. Adems, al momento de la seleccin, se tom en consideracin la informacin disponible sobre la materia en cada pas, as como la existencia de evaluaciones que permitieran sa-car conclusiones acerca de la base de la experiencia emprica.Colombia muestra una serie de iniciativas en el mbito de las causas no penales que son interesantes de analizar. Institucionalmente con-templa diversas instancias donde se instalan iniciativas de concilia-cin. Asimismo, tiene un Programa Nacional de Conciliacin, que ya cumpli 20 aos. La conciliacin, adems, cuenta con reconocimien-to constitucional y una variada muestra de legislaciones particulares como tambin manifi esta una interesante experiencia en conciliacin en equidad.

    Argentina cuenta con mediacin obligatoria en diversas materias ci-viles desde 1995 (Ley 24.573, sobre mediacin y conciliacin). Esta normativa ha sido reformulada en diversos aspectos con el tiempo, recogiendo los resultados de la experiencia prctica, pero expan-diendo siempre los lmites de la utilizacin de la mediacin. Esta, en Argentina, ha sido propiciada de manera importante desde la socie-dad civil, lo que adems ha contribuido a crear un rico cuerpo de anlisis sobre la institucin y tambin desde el Poder Judicial, lo que representa una caracterstica interesante con respecto a los dems pases.

    Chile, fi nalmente, cuenta con una vasta pero tambin dispersa expe-riencia en programas de resolucin alternativa de confl ictos en las ltimas dcadas. En la actualidad existe mediacin previa (u obliga-toria) en materias de familia (pblica y privada), instancias de me-diacin en confl ictos de salud, laborales, derechos del consumidor, un programa de justicia vecinal, etc., pero no existe un cuerpo legal general sobre mediacin, lo que lo diferencia de las experiencias an-teriores.

    El anlisis de los MASC en estos pases incluye, en primer trmino, una caracterizacin de los sistemas, tanto desde el punto de vista normativo como de su funcionamiento. Adems, se hace referencia al contexto que motiv la introduccin o cambios respecto de los m-todos alternativos de resolucin de confl ictos y los objetivos que se tuvieron en vista al implementarlos. Asimismo, se describe cmo se

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    MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIN DE CONFLICTOS EN AMRICA LATINA. DIAGNSTICO Y DEBATE...

  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    desarrollan los mtodos de resolucin alternativa de confl ictos y sus hitos principales, como de los principales aspectos organizativos que estn directamente vinculados con ellos, y en especial se hace un anlisis de su vinculacin con la justicia formal o tradicional.

    Tambin se muestran de manera general los resultados de impacto de los mtodos alternativos de resolucin de confl ictos y se analizan las situaciones problemticas que presentan. En especial, se aborda la obligatoriedad de participar en instancias de solucin alternativa de confl ictos que se ha instalado en algunos de los pases materia de anlisis, cules son las materias susceptibles de ser resueltas por estos mecanismos, su fi nanciamiento y su vinculacin con los sistemas de justicia formal o tradicional.

    Finalmente, en el apartado de conclusiones, el trabajo contiene una sistematizacin de los resultados de los pases seleccionados, ana-lizados dentro del contexto regional descrito con anterioridad. Se exponen sus diferencias y similitudes, se comparan las distintas situa-ciones problemticas observadas y los distintos grados de avance en sus intentos de solucin.

    Asimismo, se avanzan hiptesis sobre las condiciones necesarias para el xito de los mtodos alternativos de resolucin de confl ictos y se sugieren propuestas generales de mejora.

    MASC EN AMRICA LATINA

    Para hacer un diagnstico de los MASC en Amrica Latina, se llev a cabo, en primer trmino, un anlisis preliminar del estado de si-tuacin de estos mecanismos en 11 pases: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Mxico, Panam, Per y Uruguay.

    Se recopilaron principalmente antecedentes legislativos de cada uno de ellos, que permitieran comprender el lugar que ocupan los MASC dentro de su institucionalidad. De este anlisis fue posible arribar a las conclusiones que se exponen a continuacin2.

    2 Se incorpora como anexo un cuadro con informacin especfi ca por pas relativo a la legislacin especfi ca en mediacin, para ser consultada.

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  • Los MASC en Amrica Latina se han incorporado a las legislaciones nacionales, con mayor o menor nfasis, durante las ltimas tres d-cadas. En la mayora de los pases existe legislacin especfi ca, ya sea con respecto a una determinada materia (por ejemplo, mediacin familiar) o bien leyes generales de mediacin o conciliacin, que abarcan diversas materias. Tambin, existen innumerables iniciativas, tanto estatales, como privadas y comunitarias, que no siempre tienen sustento legal.

    En ningn pas, sin embargo, la integracin de los MASC ha sido parte de una reforma estructural de la justicia civil. As, los MASC se han desarrollado de manera previa al actual debate de reformas estructura-les a la justicia civil en la regin. Cuando ha habido reformas impor-tantes, por ejemplo en Honduras el ao 2006, donde se introduce un proceso de corte acusatorio, los MASC no se contemplan de manera sistemtica. En el Proyecto de Cdigo Procesal Unifi cado en materias no penales de Ecuador (ao 2012), especialmente en lo que se refi ere a la justicia de pequeas causas, se puede encontrar la inclusin de estos mecanismos en una propuesta de reforma ms estructural.

    Otros pases que han llevado adelante reformas en la justicia civil no han modifi cado estructuralmente la fi sonoma de sus procesos (por ejemplo Per en 1993 o Ecuador en 2005) y tampoco han integrado sistemticamente a los MASC como parte de esas reformas.

    As, el desarrollo de los MASC ha seguido un camino independiente al de las reformas a la justicia civil.

    Con todo, se constata que en todos los pases objeto de anlisis existe legislacin sobre mecanismos de resolucin alternativa de confl ictos en estas materias.

    Estas legislaciones difi eren tanto en las materias que cubren, como el tipo de mecanismo, la obligatoriedad de acudir a l como un requi-sito de acceso a la justicia formal, el fi nanciamiento, la vinculacin con la justicia formal, etc.

    En cuanto a las materias que incluyen, las legislaciones optan por in-corporar algn mecanismo alternativo en algunas temas especiales, o bien, establecer una legislacin general de mediacin o conciliacin, con algunas excepciones referidas a temas especiales. La mayora de los pases examinados cuentan con legislaciones de mediacin o con-ciliacin para un conjunto importante de materias, fundamentalmente

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    MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIN DE CONFLICTOS EN AMRICA LATINA. DIAGNSTICO Y DEBATE...

  • APORTES PARA UN DILOGO SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y REFORMA CIVIL EN AMRICA LATINA

    civiles y familiares, estableciendo siempre algunas excepciones. Este es el caso de Argentina, Colombia, Uruguay, Costa Rica, Honduras, Ecuador, Mxico, Per, Panam y Bolivia. Chile es el nico pas que no tiene una Ley de Mediacin o Conciliacin, aunque cuenta con legislacin de mediacin especfi ca para algunas materias, como se ver ms adelante en el ap