Estatuto Funcionario Público

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    El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesin del pasado da 21 de diciembre de 2006 ha aprobado, con el texto que se inserta a continuacin, el Proyecto de Ley del Estatuto Bsico del Empleado Pblico.

    Se ordena la publicacin en cumplimiento de lo pre-visto en el artculo 97 del Reglamento de la Cmara.

    Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de diciembre de 2006.P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

    PROYECTO DE LEY DE ESTATUTO BSICO DEL EMPLEADO PBLICO

    Exposicin de motivos

    El Estatuto Bsico del Empleado Pblico establece los principios generales aplicables al conjunto de las relaciones de empleo pblico, empezando por el de servicio a los ciudadanos y al inters general, ya que la finalidad primordial de cualquier reforma en esta mate-ria debe ser mejorar la calidad de los servicios que el ciudadano recibe de la Administracin.

    El Estatuto Bsico del Empleado Pblico contiene aquello que es comn al conjunto de los funcionarios de todas las Administraciones Pblicas, ms las normas legales especficas aplicables al personal laboral a su servicio. Partiendo del principio constitucional de que el rgimen general del empleo pblico en nuestro pas es el funcionarial, reconoce e integra la evidencia del papel creciente que en el conjunto de administraciones

    pblicas viene desempeando la contratacin de perso-nal conforme a la legislacin laboral para el desempeo de determinadas tareas. En ese sentido, el Estatuto sin-tetiza aquello que diferencia a quienes trabajan en el sector pblico administrativo, sea cul sea su relacin contractual, de quienes lo hacen en el sector privado.

    El Estatuto Bsico es un paso importante y necesa-rio en un proceso de reforma, previsiblemente largo y complejo, que debe adaptar la articulacin y la gestin del empleo pblico en Espaa a las necesidades de nuestro tiempo, en lnea con las reformas que se vie-nen emprendiendo ltimamente en los dems pases de la Unin Europa y en la propia Administracin comu-nitaria.

    Las Administraciones y entidades pblicas de todo tipo deben contar con los factores organizativos que les permitan satisfacer el derecho de los ciudadanos a una buena administracin, que se va consolidando en el espacio europeo, y contribuir al desarrollo econmico y social. Entre esos factores el ms importante es, sin duda, el personal al servicio de la Administracin.

    El sistema de empleo pblico que permite afrontar estos retos es aquel que hace posible atraer los profe-sionales que la Administracin necesita, que estimula a los empleados para el cumplimiento eficiente de sus funciones y responsabilidades, les proporciona la for-macin adecuada y les brinda suficientes oportunida-des de promocin profesional, al tiempo que facilita una gestin racional y objetiva, gil y flexible del per-sonal, atendiendo al continuo desarrollo de las nuevas tecnologas.

    Para eso, la legislacin bsica de la funcin pblica debe crear el marco normativo que garantice la selec-

    BOLETN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

    VIII LEGISLATURA

    Serie A: 2 de enero de 2007 Nm. 94-14PROYECTOS DE LEY

    APROBACIN POR EL PLENO

    121/000094 Estatuto Bsico del Empleado Pblico.

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    cin y la carrera sobre la base de los criterios constitu-cionales de mrito y capacidad y que establezca un justo equilibrio entre derechos y responsabilidades de los empleados pblicos. Adems, la legislacin bsica ha de prever los instrumentos que faculten a las diferen-tes Administraciones para la planificacin y ordenacin de sus efectivos y la utilizacin ms eficiente de los mismos.

    Ahora bien, en nuestro pas especficamente, esta legislacin debe tener en cuenta el amplio proceso de descentralizacin administrativa que ha tenido lugar durante las ltimas dcadas. En virtud de l, la Admi-nistracin General del Estado es, de los tres niveles territoriales de gobierno, la que cuenta en la actualidad con menor nmero de empleados. La progresiva y drs-tica reduccin de sus efectivos, unida a los cambios en las funciones que realiza, no puede dejar de afectar a la estructura y articulacin de la funcin pblica a su ser-vicio. En paralelo, la emergencia de las Administracio-nes autonmicas, que hoy cuentan prcticamente con la mitad de los empleados pblicos del pas, ha hecho aflorar sus propios problemas y necesidades de gestin de personal. Algo semejante puede decirse de las enti-dades locales, que presentan por lo dems hondas dife-rencias entre ellas, en las que el nmero de empleados ha experimentado tambin un importante crecimiento.

    Quiere eso decir que el rgimen de la funcin pbli-ca no puede configurarse hoy sobre la base de un siste-ma homogneo que tenga como modelo nico de refe-rencia a la Administracin del Estado. Por el contrario, cada Administracin debe poder configurar su propia poltica de personal, sin merma de los necesarios ele-mentos de cohesin y de los instrumentos de coordina-cin consiguientes. Por tanto, la densidad de la legisla-cin bsica en materia de funcin pblica debe reducirse hoy en da, en comparacin con pocas pasa-das, teniendo en cuenta en todo caso las determinacio-nes de los Estatutos de Autonoma y la doctrina estable-cida por el Tribunal Constitucional.

    De otra parte, la apertura de mayores espacios a la autonoma organizativa en materia de personal es tam-bin necesaria para posibilitar la regulacin diferencia-da de los sectores del empleo pblico que lo requieran. Asistimos hoy, en efecto, a una gradual multiplicacin de las formas de gestin de las actividades pblicas dentro de cada nivel territorial de gobierno, que persi-gue responder adecuadamente a las exigencias que plantea, en cada caso, el servicio eficaz a los ciudada-nos. La organizacin burocrtica tradicional, creada esencialmente para el ejercicio de potestades pblicas en aplicacin de las leyes y reglamentos, se ha frag-mentado en una pluralidad de entidades y organismos de muy diverso tipo, dedicadas unas a la prestacin de servicios directos a la ciudadana y otras al ejercicio de renovadas funciones de regulacin y control. Esta diversidad de organizaciones ha contribuido igualmen-te a la heterogeneidad actual de los regmenes de empleo pblico. La correcta ordenacin de este ltimo

    requiere soluciones en parte diferentes en unos y otros sectores y, por eso, la legislacin general bsica no puede constituir un obstculo ni un factor de rigidez. Antes al contrario, ha de facilitar e impulsar las refor-mas que sean necesarias para la modernizacin admi-nistrativa en todos los mbitos.

    En fin, la manifestacin ms significativa de esa tendencia a la diversidad viene siendo el recurso por muchas Administraciones pblicas a la contratacin de personal conforme a la legislacin laboral. Si bien por imperativo constitucional no puede ser ste el rgimen general del empleo pblico en nuestro pas, ni existen razones que justifiquen hoy una extensin relevante de la contratacin laboral en el sector pblico, no debe desconocerse que un porcentaje significativo de los empleados pblicos tienen la condicin de personal laboral, conforme a la legislacin vigente. La flexibili-dad que este rgimen legal introduce en el empleo pblico y su mayor proximidad a los criterios de ges-tin de la empresa privada explican la preferencia por l en determinadas reas de la Administracin.

    Esta dualidad de regmenes, presente tambin con unas u otras peculiaridades en la mayora de los Esta-dos europeos, suscita no obstante algunos problemas jurdicos y de gestin de personal, que no pueden dejar de contemplarse y regularse, en sus aspectos esencia-les, por una ley que aspira a ordenar el sistema de empleo pblico en su conjunto. Es ms, como la expe-riencia demuestra y la jurisprudencia de los Tribunales subraya, la relacin laboral de empleo pblico est sujeta a ciertas especificidades y por eso algunos prin-cipios, como los de mrito capacidad en el acceso, y ciertas normas de derecho pblico, como el rgimen de incompatibilidades, vienen siendo de aplicacin comn al personal estatutario y al laboral. Ms aun, la negocia-cin colectiva del personal al servicio de las Adminis-traciones pblicas, aunque separada para uno y otro tipo de personal hasta este momento, ha tenido como consecuencia una creciente aproximacin de las condi-ciones de empleo que les afectan. Por eso, sin merma de la aplicacin de la legislacin laboral general en lo que proceda y siguiendo las recomendaciones de los expertos, conviene regular en el mismo texto legal que articula la legislacin bsica del Estado sobre la fun-cin pblica aquellas peculiaridades de la relacin laboral de empleo pblico. El presente Estatuto contie-ne, pues, tambin las normas que configuran esta rela-cin laboral de empleo pblico, en virtud de la compe-tencia que atribuye al Estado el artculo 149.1.7 de la Constitucin.

    En desarrollo de este Estatuto Bsico, el legislador estatal y el de las Comunidades Autnomas, en el mbito de sus respectivas competencias, habrn de aprobar o modificar las leyes de funcin pblica de sus Administraciones, as como las normas aplicables a la Administracin local, respetando en este ltimo caso la autonoma organizativa de las entidades locales. Dichas leyes podrn ser, asimismo, generales o referirse a sec-

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    tores especficos de la funcin pblica que lo requieran. Entre estas ltimas habr que contar necesariamente las que afecten al personal docente y al personal estatutario de los servicios de salud, constituyendo, en relacin a este ltimo colectivo, norma vigente la Ley 55/2003, de 14 de diciembre del Estatuto Marco del Personal Esta-tutario de los Servicios de Salud, y asimismo su norma-tiva de desarrollo, con independencia de la vocacin universal de aplicacin y de norma de referencia, en definitiva, del Estatuto Bsico del Empleado Pblico. Por lo que se ref