Voces Nº 37 Octubre 2011

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    22-Mar-2016

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Noticias y Actualidad de Cajamrca

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  • N 37 Cajamarca Octubre 2011 Precio S/0.50

    Marco Arana opina sobre

    Cerro Quilish y Minas

    Conga

    Aguas movidasAguas movidasAguas movidasEscasez de agua y renovado inters de Minera Yanacocha por

    explotar el Cerro Quilish, genera movilizaciones

  • INFORMES:

    Asociacin SERCajamarca: Tel.: (076) 368710

    Lima: Tel.: (01) 472-7937E-mail: postmaster@ser.org.pe

    Asociacin SER presenta:

    Guas y cartillas en gestin municipal y participacin ciudadana

    GUA OPERATIVACartilla para la Vigilancia

    Ciudadana Conformacin e implementacin de Comits de

    Vigilancia

    CARTILLA OPERATIVACmo elaborar proyectos de inversin pblica en marco del SNIP?

    CARTILLA OPERATIVACmo elaborar proyectos de inversin pblica en marco del SNIP?

    CARTILLA TCNICAGua bsica de

    Gestin Municipal

    GUA TECNICA PARA EQUIPOS MUNICIPALESIdentificacin y priorizacin de problemas y resultados en el Presupuesto Participativo

    GUA TECNICA PARA EQUIPOS MUNICIPALESIdentificacin y priorizacin de problemas y resultados en el Presupuesto Participativo

  • 3Revista de Opinin y Anlisis

    EDITORIAL

    El inicio del gobierno del Presidente Humala ha generado ya algunos cambios en relacin al tema minero en nuestro pas. De un lado, se encuentra la definicin de un gravamen a las

    empresas mineras que slo est pendiente de apro-bacin en el Congreso de la Repblica, a pesar de algunas resistencias del gremio minero. De otro, la aprobacin de la Ley de Consulta Previa a los pue-blos indgenas, que significa un avance significativo luego de cinco aos en los que el gobierno anterior no mostr la ms mnima vocacin para el dilogo y, por el contrario, se puso al lado de la gran inversin privada, sin recoger las preocupaciones y demandas de la poblacin.

    La imposicin del nuevo gravamen significar ma-yores recursos para el tesoro pblico, sin embargo, algunos expertos han sealado que esto podra traer consigo la disminucin de los ingresos de los go-biernos regionales y locales por concepto de canon, debido al nuevo diseo impositivo que se ha previs-to. Este hecho generar tensiones entre los gobier-nos regionales -que hasta la fecha han mostrado poca capacidad de gasto- y el gobierno nacional, que busca tener la mayor cantidad de recursos para cumplir con sus promesas de inclusin social.

    De otro lado, la consulta previa a los pueblos indge-nas significa un hito en la historia de la lucha por los derechos en nuestro pas, pero a la vez un enorme reto para el Estado y para los mismos pueblos in-dgenas, ya que implica no slo reformas institucio-nales, sino un cambio de actitud, luego de casi dos dcadas de confrontacin permanente.

    En nuestra regin, siempre se ha dicho que la con-sulta previa no es aplicable porque la gente no se

    reconoce como indgena salvo en las comunidades nativas de San Ignacio y Jan- y porque nadie ha-bla quechua, aunque existen algunas comunidades campesinas, a las que la ley abre la posibilidad de ser sujeto de este derecho. Pero es posible que con el paso del tiempo, y si la norma demuestra xito, emerjan antiguas identidades o que algunas organi-zaciones se reinventen como el caso de las Rondas Campesinas.

    Frente a esto, hay voces que desde el gremio mine-ro, han comenzado a dar un discurso que niega el derecho a que las comunidades campesinas de la sierra tengan derecho a la consulta previa, e incluso hay quienes como Roque Benavides, hombre fuer-te de Buenaventura, han argumentado que las co-munidades seran una consecuencia del proceso de Reforma Agraria de 1969, incurriendo en una falacia histrica, y desconociendo la compleja relacin en-tre los pueblos indgenas y el Estado a lo largo de casi dos siglos de repblica.

    Creemos que es importante no caer en posiciones maximalistas de ningn lado, ni meramente jurdicas y mucho menos que se confunda a la poblacin, al decir que la consulta previa es un derecho al que to-dos podemos apelar y que se reduce a referndums, consultas vecinales o asambleas en las que se dice No a la minera.

    La consulta previa abre un nuevo momento y si el Estado -en particular el Viceministerio de Intercultu-ralidad- no cumple con dar los pasos que correspon-den para su correcta aplicacin, como el proceso de identificacin y registro, lo nico que tendremos en adelante sern ms conflictos. Esperamos que eso no ocurra.

    Cajamarca Octubre 2011

    Nro. 37

    PresidenteAsociacin SERRoger Agero Pittman

    Comit editorialMara Luisa BurneoRonald OrdezPaulo Vilca

    DirectorJavier Torres Seoane

    EditorChristian Reynoso

    ReporterosJuan ArribasplataLeonidas Ramos

    ColumnistasMirtha VsquezMiguel GarnettFernando RomeroRicardo Morel

    FotografiaAsociacin SER

    Distribucin, ventas y publicidadCajamarca: Pilar Cabanillas076 368710995053788

    Lima: Clarita Espinoza01 4727937 995053868

    Impresin - DiagramacinGiacomotti Comunicacin Grfica

    Voceses unapublicacinde laAsociacinSER

    OficinasLima:Jr. Mayta Capac 1329 Jess Mara01 472 7937www.ser.org.pe

    Cajamarca:Jr. Sullana 270 2do piso076 368710sercajamarca@ser.org.pe

    Las opiniones expresadas en los artculos firmados no representan necesariamente la posicin editorial de la revista.

  • 4Revista de Opinin y Anlisis

    ANLISIS POLTICO REGIONAL

    Aguas movidas

    JAVIER TORRES SEOANE

    Luego de varios meses en los que el debate central sobre la minera en Cajamarca haba estado enfocado a la discusin entre el gremio empresarial y el gobierno regional sobre el proceso de Zonificacin Econmica Ecolgica (ZEE), el eje del debate ha sufrido un cambio. Hemos ingresado a una dinmica de movilizaciones y protestas relacionadas al uso del agua que hace Minera Yanacocha y a los problemas de desabastecimiento y contaminacin del recurso en la provincia de Cajamarca.

    El tema no es nuevo, ha sido parte de la agenda de algunos actores crticos al sector minero, como Marco Arana de GRUFIDES, quien luego de su frustrado intento de inter-venir en la arena electoral, ha regresa-do a Cajamarca con una postura crtica al presidente regional Gregorio Santos. ste ha tenido seales poco claras fren-te al gremio minero, incluso retirando de su funciones al gerente de Recursos Naturales, Sergio Snchez, quien haba liderado el proceso de ZEE y que aho-ra, liberado de la funcin pblica, se ha convertido en un protagonista habitual en las diferentes acciones de vigilancia de las comunidades y rondas campesi-nas en relacin al recurso agua.

    El problema y las denuncias por el tema del agua, tambin tienen a otro actor en el Congresista Jorge Rimara-chn, que desde hace buen tiempo vie-ne denunciando a la empresa pblica

    Presidente regional, Gregorio Santos en cerro Quilish. Tras perder liderazgo ha retomado las movilizaciones por el agua, contando para ello adems con la base del Sute-Cajamarca.

  • 5Revista de Opinin y Anlisis

    de saneamiento SEDACAJ por irregu-laridades y acuerdos bajo la mesa con Minera Yanacocha. Ante esta situa-cin, el presidente regional ha tenido que reaccionar y ponerse a la cabeza de las movilizaciones por el agua, con-tando para ello adems con la base del Sute-Cajamarca, siempre orgnica al mandato de su lder.

    Sin embargo, adems de esta compe-tencia de carcter poltico por el lide-razgo del movimiento social crtico a la minera, lo que reactiv el conflicto por el agua, fueron las diferentes sea-les que Minera Yanacocha ha venido dando desde el mes de abril: el Vicepre-sidente de Operaciones Newmont Sud Amrica, Carlos Santa Cruz, anunci en una presentacin fuera del pas, que el 2016 el proyecto minero Cerro Qui-lish entrara en funcionamiento. Este hecho gener la inmediata reaccin y rechazo de diversos actores, comenzan-do por el presidente regional, frente a lo cual la empresa slo guard silencio.

    A esto se sum el rumor sobre equi-pos de relaciones comunitarias de la empresa que venan acercndose a los pobladores de la zona para convencer-los de las bondades del proyecto, que siete aos atrs gener el rechazo ge-neralizado de la poblacin del lugar y de la ciudad de Cajamarca. Por ltimo, un grupo de activistas, pobladores y au-toridades constat in situ en las con-memoraciones de la defensa del cerro Quilish la presencia de la minera en la zona.

    Algunas preguntas que surgen de inmediato son: Tiene alguna viabili-dad un proyecto frente al cual hubo un rechazo masivo? Tanto ha cambiado la opinin de la poblacin sobre Mi-nera Yanacocha? No era acaso el Ce-rro Quilish el lmite simblico que la poblacin haba puesto a la actividad minera en la regin? Parecera ser que la evaluacin de la empresa es bastante optimista, quiz pensando en el xito que tuvo la empresa de comunicacio-nes Toronja en el logro de la licencia social y la aprobacin del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que Yana-

    5OPININ

    Buenos anuncios:slo son el primer paso

    El mensaje del Presidente del Consejo de Ministros ha sido bien recibido por los ms diversos sectores; prueba de ello ha sido que todas las bancadas par-lamentarias, salvo el fujimorismo, le han dado su voto de confianza. La presentacin del Gabinete en el Congreso junto a las acciones de los primeros 45 das del nuevo go-bierno, en trminos generales, deja una buena impresin. Ha mostrado la decisin de cumplir con las pro-mesas de Gana Per, y ahora queda iniciar la implementacin de las pro-puestas contenidas en ese mensaje.

    Por lo anunciado, el gobierno ha priorizado la implementacin de medidas dirigidas a atender en primer lugar las necesidades de las poblaciones que viven en situacin de pobreza o de quienes han sido desatendidos. Atacar la desnutricin infantil, ampliar la cobertura de la educacin inicial y de los servicios de energa elctrica son acciones que, de cumplirse incorporando un en-foque intercultural, van a producir cambios efectivos en las condiciones de vida de quienes viven en situacin de pobreza, principalmente en el rea rural.

    El anuncio del reconocimiento de la Asamblea Nacional de Gobier-nos Regionales, el gravamen que reemplazar el bolo minero y la promulgacin de la Ley de Con-

    sulta Previa son otras seales de la disposicin a producir cambios en la forma de gobernar. Una relacin de cooperacin entre los tres niveles de gobierno es clave para que la accin del Estado llegue a toda la poblacin y responda a las distintas realidades. Reconocer el derecho de los pueblos indgenas amaznicos y andinos a ser consultados es un paso impor-tante en el camino de superacin de la desconfianza existente frente al Estado.

    Pero, sera un error pensar que estas medidas son suficientes para vencer las que existen en el pas. Hay que superar la mirada capita-lina con la que se implementan las polticas sociales. Debe cuestionar-se cualquier sesgo asistencialista y hacer el mayor esfuerzo para que predominen los programas dirigi-dos a crear condiciones locales que fomenten la organizacin social y la generacin de ingresos. Hay que trasladar competencias y recursos a los gobiernos subnacionales y com-prometerse de verdad en el fortale-cimiento de sus capacidades. Hay que demostrar que efectivamente no se van a permitir inversiones que atenten contra la biodiversidad y los derechos humanos y que se va avanzar en los cambios necesarios para que nuestra economa no de-penda, como sucede hoy, del precio internacional de nuestras materias primas.

    OJOS ABIERTOS

    FERNANDO ROMERO

  • 6Revista de Opinin y Anlisis

    En su reciente discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Humala hizo explcita referencia a la decisin del gobierno nacional de promover un proceso de Ordenamiento Territorial

    Sergio Snchez, ex gerente de Recursos Naturales del Gobierno Regional, se ha convertido en un protagonista habitual en las diferentes acciones de vigilancia en relacin al recurso agua.

    Carlos Santa Cruz, Vicepresidente de Operaciones Newmont Sud Amrica, anunci que el 2016 el proyecto minero Cerro Quilish entrara en funcionamiento.

    Congresista Jorge Rimarachn, viene denunciando a SEDACAJ por irregularidades y acuerdos bajo la mesa con Minera Yanacocha.

    ANLISIS POLTICO REGIONAL

    cocha le encarg que hiciera para el proyecto Minas Conga, con el lema de El agua primero, la mina despus.

    Minas Conga: proyecto clave

    Minas Conga, como lo ha afirmado Carlos Santa Cruz, es un proyecto clave para la continuidad de Minera Yanaco-cha, que cuenta con reservas aproxima-das de 12 millones de onzas de oro y 3 mil millones de libras de cobre. Asimis-mo, su desarrollo es clave para las po-lticas de captacin de nuevos ingresos para el tesoro pblico, en un contexto en el cual el gobierno nacional ha rea-firmado la apuesta por la promocin de la gran inversin minera.

    Pero Minas Conga tiene sus crticos y detractores, entre los cuales se cuentan Arana, Snchez y la Plataforma Inte-rinstitucional de Celendn, que viene cuestionando incluso las condiciones en las que se dio la aprobacin del EIA. Tambin cuestionan que la poltica de construccin de reservorios de agua funcione como una suerte de canje por las lagunas que desaparecern con el desarrollo del proyecto, argumentando que no es suficiente compensacin a los impactos que generar.

    Frente a esta situacin la empresa ha respondido, como es su costumbre, sealando que todo est en regla, que las acusaciones son falsas y deben ser probadas, y que cuentan con la apro-bacin de las comunidades realmente afectadas. Mientras tanto, la posicin del gobierno regional ha sido, en un inicio, un tanto ambigua. Pero el pre-sidente Gregorio Santos ha dado un giro probablemente como una mane-ra de mantener su liderazgo y opacar el

    creciente protagonismo de Snchez y el retorno de Arana a la escena regio-nal, exigiendo que se revise el EIA y dando declaraciones que cuestionan los acuerdos a los que la empresa haba lle-gado con las comunidades.

    Nadie sabe para quin trabaja

    Mientras esto ocurre en Cajamar-ca, en el gobierno nacional todava no hay claridad sobre cmo se va a mane-jar los cuestionamientos a los diversos proyectos mineros. La negociacin con las mineras para el cobro del gravamen ha mostrado que el Presidente Ollanta Humala tiene la iniciativa poltica fren-te a un gremio empresarial que no logra adecuarse del todo al nuevo contexto. Sus representantes pasan de expre-sar su voluntad para colaborar con las polticas de inclusin social, a buscar por todos los medios que no haya ma-yores cambios en la poltica del sector Energa y Minas. En este contexto, el Ministerio del Ambiente, con Ricardo Giesecke a la cabeza, y sus viceminis-tros Hubo Cabieses y Jos De Echave estn planteando la reforma del sistema de evaluacin ambiental, que es perci-bida como una amenaza por el sector minero.

  • 7Revista de Opinin y Anlisis

    Pero en Energa y Minas los vientos de cambio an no han llegado. El mi-nistro Carlos Herrera Descalzi anda ms concentrado en temas energticos mientras que la viceministra Susana Vilca, ex congresista por Puno, no ha planteado nada nuevo. La plana de Alta Direccin sigue siendo la misma y, como se ha recordado en las ltimas semanas, el Director General de Asun-tos Ambientales Mineros es Felipe Ra-mrez, quien fuera Gerente de Asuntos Externos y Comunicaciones de Yana-cocha entre los aos 2006 y 2009; y an se le recuerda cuando acompaaba las vigilias a favor de la empresa en me-dio del conflicto de Combayo en agosto del 2006.

    Con todo ello, cabe preguntarse, qu sector ser el que imponga la nueva po-ltica en dicha materia? Es algo que to-dava est por verse. Sin embargo, un dato interesante es que en su recien-te discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Huma-la hizo explcita referencia a la decisin del gobierno nacional de promover un proceso de Ordenamiento Territorial (OT) donde los gobiernos regionales establezcan en qu zonas se hara agri-cultura y en cules minera.

    Lo curioso es que en un contexto en el que el gobierno nacional es favorable a los procesos de ZEE y OT, el gobierno regional haya optado por el canal de la movilizacin social y no por el proceso institucional (la ZEE-OT de Cajamar-ca) que la anterior gestin promovi y que el actual Consejo Regional ratific a pesar de las presiones del gobierno de Garca y las crticas de su Ministro Brack. Pero la ZEE-OT, luego de la salida de Sergio Snchez, ha perdido el impulso con el que vena desarrolln-dose. Quiz Gregorio Santos debera reevaluar el tema, ya que como bien sabemos, el conflicto llevado a las ca-lles no lleva a soluciones. A la larga, ello genera un gran desgaste que las empresas con gran poder como Yana-cocha pueden soportar y enfrentar in-cluso revirtiendo las crticas, sobre todo cuando quienes atacan a la minera no plantean alternativa alguna.

    7OPININ

    Petroaudios o mineroaudios?

    La quincena de agosto re-cib una notificacin de la Segunda Sala especializa-da en delitos de Corrupcin de Lima que tramita el caso Bussines Track (BTR), en la que se me cita-ba a declarar como parte agravia-da. S, resulta que en este escan-daloso caso, GRUFIDES y varios miembros de la institucin somos agraviados, pues por largo tiem-po, por lo menos desde el 2006, habramos sido interceptados en nuestras comunicaciones por par-te de esta empresa.

    Pero quin es BTR o porque estuvo interesada en las comuni-caciones de una organizacin de provincia? BTR no es ms que una de las tantas empresas for-madas por los ex militares de los servicios de inteligencia de la poca de Fujimori y Montesinos que luego de acabado el rgimen se dedicaron a ofrecer servicios ilegales de interceptacin y es-pionaje a favor de privados. En suma BTR slo es una operadora de servicios que se dedica a violar comunicaciones a quien ofrece el mejor precio.

    La Fiscala Suprema que ve el caso insisti en mi presencia y de-claracin, aduciendo que nosotros seramos uno de los pocos casos consistentes, y es que al margen del escndalo de Rmulo Len y Alberto Quimper por el que este caso fue bautizado como el de

    los petroaudios, parece que los principales clientes de estas em-presas no eran las petroleras sino las empresas mineras. La lista de agraviados a quienes se ha inter-ceptado de manera permanente y sistemtica incluye a gran nmero de organizaciones y personas de-dicadas a la defensa de comunida-des afectadas por minera.

    Llama la atencin que los au-dios incautados que correspon-den a GRUFIDES, son de las mismas fechas en que se realiz el operativo de espionaje deno-minado Diablo en contra de nuestra institucin. Tienen rela-cin ambos hechos? Todo parece indicar que s ya que se prob que el Operativo Diablo fue dirigido por FORZA -la empresa que le brindaba seguridad a Minera Ya-nacocha-, que a su vez era cliente de BTR. Adems, Wilson Gmez Barrios que dirige FORZA es pa-dre de los hijos de Giselle Gianot-ti, la misma que era una de las principales operadoras de BTR.

    Ms all de los operadores, im-porta saber quines estn detrs del asunto, quines pagaron por la informacin. En ese sentido, nos preguntamos si la justicia ser capaz de actuar con firmeza en este caso e ir a la mdula del asunto o ser que los delitos de importantes inversionistas en este pas tienen el privilegio de que-dar impunes.

    CAVILANDO

    MIRTHA VSQUEZ

  • 8Revista de Opinin y Anlisis

    ENTREVISTA POLTICA

    Santiago Pedraglio, reconocido periodista y analista poltico, columnista de Per 21, hace un balance del nuevo gobierno y opina sobre otros temas como la conflictividad social, la sierra productiva y el perro del hortelano.

    CHRISTIAN REYNOSO

    Qu evaluacin o puntos a destacar se pueden tener a dos meses del nuevo gobierno?

    El primer balance es positivo, aunque recin hayan pasado dos meses de ges-tin. Se ha compuesto un gobierno de ancha base con sectores nacionalistas e izquierdistas, con militares muy vin-culados al presidente y un sector de la derecha como es el caso del Ministro de Economa. Un punto importante es el viraje del eje de la poltica peruana, de haber estado anclada en la derecha en los ltimos veinte aos, el vrtice se ha movido a una centroizquierda modera-da. A esto se suma que Ollanta Humala ha comenzado cumpliendo con algunos compromisos: el gravamen minero, la Pensin 65, el Lote 88 de Camisea que est a punto de salir, entre otros. Es in-teresante que el Presidente no aparezca en primer plano, dando mayor protago-nismo al primer ministro, que es un esti-lo bastante diferente al de Alan Garca.

    El perfil de centro izquierda se va a mantener?

    Eso es muy difcil de decirlo porque no hay un partido poltico detrs. La inexistencia de partidos polticos en el Per hace muy precaria y de escasa previsin la poltica peruana. Lo que se espera es eso, que se mantenga este centroizquierda moderado pero es di-fcil asegurarlo porque hay presiones muy fuertes, hay tensiones de la crisis mundial que no sabemos cunto pueda golpear al Per. Adems hay una oposi-cin meditica muy fuerte que creo que

    El gobierno debe replantearse el modelo de explotacin extractiva

  • 9Revista de Opinin y Anlisis

    ENTREVISTA POLTICA

    Estilo diferente. Es interesante que el Presidente no aparezca en primer plano, dando mayor protagonismo al primer ministro Lerner, opina Pedraglio.

    As como lo han planteado no me pa-rece bien, no se puede decir que se va a investigar todo el gobierno de Garca. Se deben precisar y fundamentar cules son los rubros que se quiere investigar porque hay indicios serios y rigurosos sino va a ser como buscar de todo bajo la alfombra. Adems, polticamente, va a ser un favor para Garca, porque lo convierte inmediatamente en cabeza de oposicin. Cada cosa que no le prueben va a ser un punto a favor suyo.

    Sierra productiva y gravamen minero

    En una de tus ltimas columnas hablas del potencial de la sierra. Por qu sigue postergada en relacin a la costa?

    La sierra es invisible para la elite de Lima y de las capitales de departamen-to que son centralistas, entonces no se percibe el potencial que existe y hay razones de sobra para dejar de seguir mirando a la sierra como simplemen-te minera y eventualmente petrolera y algunos capullitos para la exportacin. Hay que mirar y reprogramar la imagen productiva del pas desde la sierra.

    El perro del hortelano est instalado, es parte de una medida cultural e ideolgica, es como un autorretrato que est deformado y que hay que reprogramar.

    apuesta a que el gobierno fracase con Correo y Expreso como cabezas ms vi-sibles, pero no slo son ellos, y un sector del fujimorismo.

    Pasando a un tema que preocupa a la regin, cmo cree que el gobierno manejar los conflictos sociales?

    Me parece clave que el Estado deba dar seales de que es dialogante, que no quiere decir dbil. Es decir, un Estado que se coloque no siempre del lado de la inversin, sino que puede colocarse en el centro y actuar como un regu-lador y dar a veces la razn a unos y a otros. Un Estado que tenga capacidad para anticiparse y que maneje una pol-tica de garantizar derechos.

    En ese sentido, qu opinas de la reciente promulgada Ley de Consulta Previa? Ayudar a evitar conflictos?

    Es un gran avance. Y creo que va a terminar siendo de aplicacin extensiva porque mucha gente va a sentir que se le tiene que consultar, aunque no sean pueblos indgenas u originarios. En ese sentido, el gobierno debe replantearse el modelo de explotacin extractiva. El Per tiene que seguir explotando mine-ra pero el asunto es cmo vas a hacer-lo. All est el tema. Entonces Estado, inversin, medio ambiente y poblacin son elementos claves para el rediseo de una poltica porque durante los l-timos aos se ha venido construyendo un sentimiento anti minero en grandes sectores a consecuencia de la poltica del perro del hortelano. Y Garca ha sido uno de los principales agitadores y propagandistas de este sentimiento y cambiar eso me parece un gran reto.

    Hay que desterrar la idea del perro del hortelano?

    Yo creo que s pero ser difcil porque ese perro del hortelano est instalado, es parte de una medida cultural e ideo-lgica, es como un autorretrato que est deformado y que hay que reprogramar.

    Se va a investigar a Garca. Qu opina?

    En cuanto al gravamen minero, es lo mejor que se poda conseguir?

    Siempre puede ser mejor, pero de los 500 millones que recaudaba el gobierno aprista bajo el modelo del bolo a los 2800 millones o lo que finalmente se recaude me parece bien. Es un avance importante. Eso casi llega a ser el 0.8% del PBI. Esto expresa la fuerza que tiene el tema del gobierno y la inversin.

  • 10

    Revista de Opinin y Anlisis

    INFORME

    Expansin minera y gestin estatal de los conflictos

    Iniciado el nuevo gobierno, uno de los temas centrales de la agenda poltica es el de los conflictos sociales relacionados con las industrias extractivas. En est breve artculo plantearemos, de manera general, algunos de los temas abordados en las propuestas para la gestin estatal de conflictos que ha elaborado la Asociacin SER.1

    De acuerdo a la percepcin de la poblacin2, entre lo peor de la gestin del presidente Alan Garca, el manejo de los conflictos se ubica en tercer lugar con un 28%, de-trs de la corrupcin y la delincuencia. As durante su gobierno aumentaron los conflictos de 70 en el 2005 (14 so-cioambientales) a 246 en el 2010 (117 socioambientales)3 y ocurrieron los penosos hechos de Bagua, Ta Mara y Puno. La gran mayora de medios de comunicacin tiende a mostrar la foto del conflicto y de sus protagonistas, pero ello no ayuda a comprender por qu se genera descontento en la pobla-cin ante la presencia de un proyecto extractivo de gran escala, o incluso, cuando slo existe la concesin minera.

    Conflictos mineros por usos y ocupa-cin del territorio4

    Los problemas que estn en la base de este tipo de conflictos trascienden el mbito local y los intereses de los actores directamente involucrados. No se trata slo de llegar a acuerdos sobre cmo se distribuir la futura renta ex-tractiva, el acceso a los recursos de un fondo social o los futuros puestos de trabajo. Esta es una parte importante

    Pobladores cajamarquinos en cerro Quillish celebran los 7 aos de resistencia a la explotacin minera en dicha zona. Adems, el Quillish es la principal fuente de agua para Cajamarca.

    VOCES

  • 11

    Revista de Opinin y Anlisis

    INFORME

    del asunto, pero no es la nica. Desde que la poblacin conoce que el rea que habita est concesionada; o peor an, desde que el personal de un pro-yecto minero llega buscando lograr el acuerdo con el propietario del terreno para explorar, el descontento y la incer-tidumbre que se genera tiene que ver, entre otras cosas, con el hecho que la comunidad ha estado al margen del proceso de toma de decisiones sobre el futuro de ese territorio.

    Segn diversas entrevistas realizadas en zonas de expansin minera, la pobla-cin percibe la existencia de las conce-siones como una amenaza o una luz de alerta que anuncia que su entorno y su forma de vida podran verse afectados; no slo a nivel geogrfico (paisaje, re-mocin de tierras, uso de aguas, etc.), o por el riesgo de contaminacin, sino tambin por los cambios institucionales y socioeconmicos (reubicacin, prdida de capital social, fracturas sociales por diferencias frente a la minera, fragmen-tacin territorial, surgimiento de nue-vos liderazgos, conflictos y tensin en la zona, riesgos e inseguridad y otros).5

    A ello se suma que la poblacin ha

    tenido muy poca o ninguna informacin sobre: 1) Qu implica que la zona est concesionada; 2) Cules son los pasos que debe seguir una empresa que llega a hacer exploracin; 3) Cules son sus derechos como propietarios de la tierra; 4) Cules son las etapas del proyecto y

    las formas de participacin en cada una; 5) A dnde acudir en caso de verse afec-tados por alguna accin del proyecto, de tener reclamos o dudas sobre la marcha de ste; entre otros temas.

    Conversado con algunos funciona-rios del Ministerio de Energa y Minas (MINEM), queda en evidencia que su apreciacin es que estos son temores infundados o inculcados por agentes externos que buscan manipular a la poblacin y que la empresa no ha he-cho bien su tarea de informar.6 Nuestro punto de vista es que sta es responsa-bilidad del Estado, que debe asumir un papel mucho ms activo y coordinado entre el gobierno nacional y los go-biernos regionales, requirindose una poltica de comunicaciones que defina funciones entre las distintas instancias involucradas. Sin embargo, si bien el acceso a la informacin es central, no es suficiente para mejorar el tratamien-to de este tipo de conflicto.7

    La forma en que se viene implemen-tando la participacin ciudadana tam-bin genera descontento entre la pobla-cin. Ello tiene que ver la concepcin misma que se tiene de este derecho en el sector minero, que la considera, b-sicamente, como entrega y recepcin de informacin.8 El derecho de partici-pacin ciudadana implica una relacin con el Estado en la que los ciudadanos y ciudadanas son parte de un proce-so de toma de decisiones sobre asun-

    tos pblicos. Sin embargo, el MINEM aprueba el plan de participacin ciu-dadana elaborado por la empresa que incluye mecanismos de participacin listados en el reglamento del sector varios de los cuales son solo mecanis-mos de informacin y define a quienes alcanzar este derecho.

    La privatizacin de la participa-cin ciudadana genera desconfianza en la poblacin, a lo que se suma la falta de vas institucionales para canalizar los desacuerdos, dudas o reclamos que se dan a lo largo de la exploracin, y que al acumularse, empeoran la situa-cin. De otro lado, la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indgenas, siendo una norma de suma importancia, no se aplicar en todos los casos (ni mbitos) donde se busca extraer mineral, y no excluye la necesidad de hacer cambios y modificaciones en las normas de par-ticipacin ciudadana.

    Otro problema es el de las compe-tencias de cada nivel de gobierno. Los gobiernos regionales reclaman mayor participacin en varios momentos de la ruta de un proyecto minero. Algunos argumentan que deberan tener una ma-yor participacin en la aprobacin de los petitorios de concesiones mineras; otros, que deberan ser consultados para emitir opinin tcnica. Uno de los pro-blemas que hace difcil un accionar ms ordenado es la falta de coordinacin en-tre el ejecutivo nacional y los gobiernos

    Caricaturizando un poco, para las empresas la ZEE-OT es una amenaza para la expansin de sus operaciones, o un instrumento manejado polticamente para oponerse a la minera

    Panormica de las operaciones que se realizan en Minera Yanacocha.

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    Revista de Opinin y Anlisis

    INFORME

    Segn diversas entrevistas realizadas en zonas de expansin minera, la poblacin percibe la existencia de las concesiones como una amenaza o una luz de alerta que anuncia que su entorno y su forma de vida podran verse afectados.

    subnacionales. Conocemos testimonios de funcionarios regionales y locales que sealan que ni el Instituto Geolgico Minero y Metalrgico (INGEMMET) ni el MINEM coordinan con ellos, y que por dicha razn deben buscar la publica-cin oficial respectiva en el diario oficial o alguno de circulacin local, para ha-cer seguimiento a las concesiones en sus mbitos de gobierno.

    Los ltimos conflictos evidencian que se ha llegado a una situacin lmi-te, y por tanto. INGEMMET debe re-formular su poltica de informacin, as como el mecanismo de entrega de con-cesiones, que debera contar con mayor consulta a sectores o entidades espe-cializadas del Estado entre ellas, el Ministerio del Ambiente (MINAM), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), entre otras-. Y en los casos donde los gobiernos regionales tengan una Zoni-ficacin Ecolgica y Econmica (ZEE) aprobada o planes de Ordenamiento Territorial (OT), estos instrumentos deberan ser tomados en cuenta para evaluar la entrega de una concesin. El diseo institucional es un tema clave y una mejor articulacin intersectorial e intergubernamental contribuira a re-ducir el desorden y la conflictividad.

    Un ltimo tema que queremos se-alar es el de la ZEE y OT.9 Son varios los sentidos comunes que se han cons-truido al respecto. Caricaturizando un poco, para las empresas la ZEE-OT es una amenaza para la expansin de sus operaciones, o un instrumento mane-jado polticamente para oponerse a la minera.10 Para algunos gobiernos re-gionales, la ZEE es el instrumento para entrar a un proceso de negociacin tanto con el gobierno nacional como con el sector privado. Para ciertos sec-tores de la poblacin de zonas rurales de expansin minera, la ZEE-OT gene-ra la expectativa de ser un instrumento que podra frenar la minera.

    La negociacin no ser fcil: como ha sealado ms de un especialista, estos procesos no tendrn mucho sentido sin un consenso amplio entre los diversos actores econmicos y polticos. El go-bierno del presidente Garca, a travs del MINAM, cuestion procesos regio-nales de ZEE-OT, como el de Cajamar-ca, y se crearon nuevas tensiones entre los niveles de gobierno y las empresas. La nueva gestin tendr que mejorar estas relaciones y revisar la propuesta Estrategia nacional para un ordena-miento territorial, resolucin del MI-NAM (Junio, 2011) que plantea que ste otorgue conformidad tcnica a los procesos subnacionales, restndole poder a las regiones. Esta norma debe-ra apuntar a fortalecer la coordinacin y el rol de asistencia tcnica del MI-NAM y no generar mayores distancias.

    Como hemos visto, son varios los temas de la poltica minera que hace falta revisar. La Ley de Consulta Pre-via y el Ordenamiento Territorial son parte fundamental dentro de un con-junto de cambios necesarios. Asimis-mo, el actual gobierno deber trabajar para mejorar sustancialmente la gestin misma de los conflictos. La Oficina de Gestin de Conflictos de la Presiden-cia del Consejo de Ministros tendr que elaborar reformas para una mayor coordinacin con los gobiernos regio-nales, ampliar capacidades de anlisis y desarrollar estrategias multisectoriales, hasta ahora inexistentes.

    Pobladores de la comunidad de San Andrs de Negritos del distrito de La Encaada, provincia de Cajamarca en la plaza de Armas de Cajamarca protestan por el uso de sus tierras por parte de las empresas mineras, entre ellas Yanacocha.

    1 Recomendaciones para la gestin estatal de los conflictos. Conflictos mineros por usos y ocupacin del territorio. Aso-ciacin Servicios Educativos Rurales (SER). Lima, 2011.

    2 Encuesta urbana nacional de Ipsos Apoyo, julio de 2011. http://www.rpp.com.pe/2011-07-17-ipsos-apoyo-lo-bueno-y-lo-malo-del-gobierno-de-alan-garcia-noticia_385516.html

    3 Reportes de conflictos sociales de la Defensora del Pueblo, aos 2005 2010.

    4 As hemos llamado a aquellos conflictos vinculados con la expansin de la gran minera.

    5 Programa de investigacin Territorios, Conflicto y Desarrollo en los Andes. Universidad de Manchester-CEPES. Archivos internos de la investigacin, 2009. (www.cepes.org.pe). En-trevistas realizadas por equipos regionales de SER en Ayacu-cho, Cajamarca y Puno.

    6 Esta afirmacin se sustenta en el estudio realizado durante el 2010: El Estado y la gestin del conflicto 2006-2011; conflictos mineros por usos del territorio. Documento de trabajo disponible. Asociacin SER, 2011.

    7 Otro tema es que hay conflictos donde la poblacin tiene, de manera mayoritaria, una postura frente al desarrollo de la minera en su zona (y no solo de un proyecto) no por falta de informacin, sino por la defensa de modos de vida, del control territorial o la proteccin de ecosistemas frgiles.

    8 La participacin ciudadana en la minera peruana. Oxfam internacional, 2009.

    9 En la normativa peruana estn relacionados ya que la ZEE est considerada como el insumo principal para la elabora-cin de planes del OT

    10 Entrevistas realizadas en el marco del estudio El Estado y la gestin del Conflicto 2006-2011; conflictos mineros por usos del territorio. Documento de trabajo disponible. Aso-ciacin SER, 2011.

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    Revista de Opinin y Anlisis

    ENTREVISTA

    Minas Conga va a ser el nuevo espacio del conflicto socio ambiental

    Marco Arana, conocido crtico a la actividad minera y lder de Tierra y Libertad, opina sobre las primeras medidas del nuevo gobierno nacional y el trabajo que viene desarrollando el gobierno regional de Cajamarca. Adems habla sobre dos proyectos claves para Minera Yanacocha: Minas Conga y Cerro Quilish.

    CHRISTIAN REYNOSO

    Qu nos puede decir de estos primeros meses del gobierno de Ollanta Humala?

    Estamos ante un nuevo escenario. Los anuncios del primer ministro Ler-ner en el Congreso expresan un nue-vo lenguaje cuando dice, por ejemplo, que todas las polticas pblicas ten-drn un enfoque de cambio climtico y sostenibilidad ecolgica. Antes ningn ministro ha hablado as en el pas. En-tonces la pregunta es: Cunto de eso se implementar? Eso lo sabremos en los prximos meses porque todava es muy pronto para decir que la conflic-tividad social en el pas ha disminuido.

    Habr la capacidad necesaria para poder implementar todo lo ofrecido?

    Hay que tener en cuenta que este es un gobierno que no ha llegado con el respaldo y la legitimidad poltica para hacer todos los cambios que ha dicho. En principio hay un problema de equi-librio de poderes sobre todo con los grupos empresariales. Por ejemplo, el hecho de que se promulgue la Ley de Consulta y que luego Roque Benavi-des diga que las comunidades no exis-ten o no tienen derecho o que diga que ya permitieron la Ley de Consulta, el gravamen y ahora esperan que el go-bierno sea su mejor aliado. Entonces, qu implica eso? Un segundo tema es, de capacidades. Hay el personal tcnico y poltico para introducir re-formas de este tamao? Cmo se van a hacer? Quin tiene la potestad de hacerlo? En ese sentido, podra haber

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    Revista de Opinin y Anlisis

    ENTREVISTA

    Laguna Azul en Celendn se encuentra amenazada de desaparecer con las actividades mineras del Proyecto Minas Conga.

    Santos debe retomar su liderazgo y no verse opacado por el vicepresidente Aliaga como ha sucedido en varias oportunidades

    un problema de competencias ministe-riales y profesionales.

    Cajamarca es una regin con muchos conflictos socio ambientales. Qu evaluacin tiene del trabajo del Gobierno Regional en los procesos de Zonificacin Econmica y Ecolgica (ZEE) y Ordenamiento Territorial (OT)?

    En la gestin de Gregorio Santos hay dos momentos. El primero est marcado por la afirmacin de conti-nuar con las polticas que implement el gobierno regional anterior en ma-teria ambiental y en la gestin de la gerencia de Recursos Naturales y Me-dio Ambiente (RENAMA). Fue una excelente seal. Tambin fue bueno que intentara liderar esos procesos no slo en la regin sino a nivel macro re-gional y nacional como cuando sali a defender su proceso de ZEE y OT que el ex Ministro Brack intent recortar. Sin embargo, en un segundo momen-to, hay una presin de las empresas en relacin a que esos procesos podran limitar la expansin minera en la re-gin, y al mismo tiempo se produce

    presin desde las comunidades que le piden que se pronuncie sobre proyec-tos concretos como el caso de Puln, donde finalmente, logran arrancarle una declaracin de proteccin de ca-beceras de cuenca en relacin al Pro-yecto La Zanja, pese a no haber termi-nado el proceso de OT.

    Cmo ha actuado el gobierno regional en medio de estas presiones?

    Por un lado tiene competencias pro-pias y un proceso de OT en curso, y de otro lado tiene limitaciones en sus competencias con respecto a la ley nacional. Entonces para salir del paso dice: Nosotros no tenemos compe-tencias, que en trminos jurdicos-administrativos es cierto pero hay que recordar que Santos tiene un respaldo popular y su anclaje es el movimiento campesino, las rondas, los Frentes de Defensa, entonces es el momento en que se desengancha de esa dinmica y comienzan a dar seales errneas. Esto est generando una tensin in-necesaria porque est menoscabando su legitimidad. En ese sentido, Santos debe retomar su liderazgo y no verse opacado por el vicepresidente Aliaga como ha sucedido en varias oportuni-dades, porque no asumi las decisio-nes que le tocaban como presidente.

    Las conmemoraciones por los siete aos de las movilizaciones en contra de la explotacin del Cerro Quilish trajeron algunas sorpresas como las denuncias de desaparicin de lagunas por parte de Minera Yanacocha.

    Este ao a diferencia de los ante-riores ha habido mayor participacin de la gente. Es importante porque se ha vuelto a poner en primera plana el tema del derecho al agua y la minera en Cajamarca. Se ha visibilizado la destruccin de las fuentes de agua, se ha verificado que Cajamarca ya no se abastece de fuentes naturales sino de aguas tratadas y bombeadas, que gene-ran un terrible sobrecosto que nos hace preguntarnos: Quin lo est pagando y qu pasar cuando se deje de bom-bear? Preguntas y cuestionamientos que han llevado a la renuncia del di-rectorio de SEDACAJ porque adems han salido a la luz tratos oscuros entre esta empresa y Minera Yanacocha.

    Es viable el proyecto Minas Conga tal como seala Minera Yanacocha?

    Minas Conga est en la cabecera de cuenca y necesita mucha agua, mien-tras que los pobladores que seran afectados estn exigiendo la prohibi-cin de la actividad minera, de modo que Minas Conga va a ser el nuevo espacio del conflicto socio ambiental en Cajamarca. Sera interesante que el gobierno nacional emita su opinin, en qu condiciones est esperando que Conga prospere o en qu condi-ciones debera ser revisado el proyecto porque es muy preocupante. A travs de la plataforma interinstitucional de Celendn que agrupa a ms de cua-renta instituciones, se supo que la au-diencia donde se aprob el EIA haba restringido la participacin ciudadana, asimismo que no se realizaron estudios

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    Revista de Opinin y Anlisis

    OPININ

    Los siete retos para una minera responsable

    Con el ingreso de las nuevas autoridades en el Ejecutivo y Legislativo, encontramos va-rios temas en la agenda minera que deben ser encarados y trabajados de manera participativa por todos los actores: Gobierno, sociedad civil y empresa. En el Instituto de Desa-rrollo Social los hemos denominado Siete retos para una minera res-ponsable y son los siguientes:

    1. Consulta Previa: Ley reciente-mente promulgada. Hay gran discusin alrededor de ella, so-bre todo sobre si es vinculante, cuando en realidad la prctica nos ensea que ya es hora de hablar de licencia social, trmino que va ms all de la consulta y que de hecho es vinculante, pues si no se consigue apoyo social para un proyecto, ste resulta inviable.

    2. Concesiones: Si bien el trabajo tcnico que realiza el INGEM-MET es muy bueno, existen per-cepciones sobre la superposicin de las concesiones con terrenos agrcolas, plazas e iglesias. Es pre-ferible hacer un alto y replantear el tema para evitar ms conflictos.

    3. Zonificacin Econmica Ecolgica y Ordenamiento Territorial: Pro-ceso clave que debe ser trabajado por todos los actores con criterios tcnicos y no con el nimo de vetar actividades, sino con el de promo-ver un real mejor uso del territorio.

    4. Distribucin de beneficios: La mayor parte de los conflictos en

    el pas nace de una mala distribu-cin de los beneficios que traen los proyectos mineros. Desde to-dos los actores debemos promover que stos lleguen a los primeros anillos cercanos a los proyectos y asegurarnos que las poblaciones los reciban y perciban.

    5. Monitoreo socio ambiental: As

    como ya es prctica comn el monitoreo ambiental, debemos incorporar el seguimiento a los compromisos y temas sociales como parte del trabajo de todos los actores, reduciendo as las cau-sas de conflictos.

    6. Estudios de Impacto Ambiental: Que deben pasar de ser un mero y costoso trmite para obtener la li-cencia en el ministerio a un proce-so participativo, que pueda servir como una verdadera herramienta de gestin y permita la construc-cin de capital social desde los inicios del proyecto.

    7. Gestin descentralizada del con-flicto: Donde, desde la Presiden-cia del Consejo de Ministros se establezca la estrategia nacional y los conflictos se trabajen a nivel regional, actuando preventiva-mente y con conocimiento de la realidad de cada zona; logrando pensar globalmente y actuar local-mente.

    Todos estos retos deben asu-

    mirse, adems, en un marco de legitimidad, legalidad, sostenibili-dad y viabilidad.

    TENDIENDO PUENTES

    RICARDO MOREL

    hidrogeolgicos o que iban a ser pre-sentados tres aos despus, tambin que se iban a destruir tres lagunas, que el director general de Asuntos Am-bientales del Ministerio de Energa y Minas que aprob el EIA fue ex ge-rente de Relaciones Comunitarias de Minera Yanacocha. Es decir, una serie de cosas que hacen que este proyecto no goce de legitimidad. Por ello, espe-ramos que pueda ser revisado por las instancias correspondientes.

    Qu papel han venido desarrollando los congresistas de Cajamarca en estos temas?

    Est claro que Jorge Rimarachn tie-ne una sintona con los Frentes Regio-nales y sus demandas. El congresista Mesas Guevara ha presentado algu-nas iniciativas en relacin al Quilish y los temas forestales y de reserva. Joa-qun Ramirez ha sorprendido grata-mente presentando un proyecto de ley para la intangibilidad del Quilish. La congresista Chacn brillando por su ausencia, y como sabemos haciendo lobby en Lima respecto a las empresas mineras. Mientras que de los congre-sistas Segundo Tapia y Cristbal Llatas se conoce poco.

    Has sido blanco de un atentado en Huancabamba, Piura. Cree que es un hecho fortuito o parte de una estrategia en contra de los crticos a la minera?

    Hay que admitir que desde que la actividad minera se ha instalado en el norte del pas, hay un sector de la poblacin que siente que tiene que respaldar esa actividad, que es leg-timo. Y por otro lado, hay sectores mayoritarios que no quieren expan-sin de la minera o ninguna minera como en Huancabamba. All, entre estas dos posiciones surge un conflic-to. Entonces me preocupa que haya una profundizacin de las estrategias de las mineras para enfrentarse ya no slo socialmente sino delictivamente a la poblacin, es decir, una especie de terrorismo minero.

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    Revista de Opinin y Anlisis

    LOCAL

    JUAN ARRIBASPLATA

    El nuevo Hospital Regional y los mdicos cubanos

    Han pasado casi dos aos desde que el ex presidente regional de Cajamarca, Jess Coronel recibiera las escrituras del terreno de 5,551 hectreas, para la construccin del nuevo Hospital Regional de Cajamarca con un rea construida de 22,567 metros cuadrados y una inversin de 100 millones de soles financiada por el Gobierno Regional y la empresa privada.

    Continuando con la obra, el nue-vo presidente regional, Grego-rio Santos se comprometi a terminar la infraestructura. Asimismo, inici el equipamiento de los diversos ambientes con aparatos mdicos de ltima generacin, ya que segn el ex-pediente tcnico el Hospital est con-siderado en la categora A-3. Con todo ello se estima que funcionar a ms tardar a partir del mes de noviembre prximo. As, en adelante funcionarn tanto el nuevo hospital como el anti-guo Hospital Regional de Salud.

    En julio pasado, Santos y sus direc-tores regionales de Salud y Educacin viajaron a Cuba. En reunin con el Ministro de Salud y el responsable de Salud para Amrica Latina, de dicho pas, se firmaron importantes acuerdos entre ellos, que 10 mdicos cubanos vengan a trabajar a Cajamar-ca. Adems se precis que existen ms de 50 mdicos peruanos forma-dos en Cuba dispuestos a trabajar en el nuevo hospital. Santos tambin se preocup en decir que nadie se que-dara sin trabajo.

    Posiciones encontradas

    Sin embargo, al parecer no todos estaran contentos. Diversas opinio-nes de trabajadores de la salud en Cajamarca, por un lado, destacan la importancia para nuestra regin de la construccin del nuevo hospital que servir para que mucha gente sea atendida sin tener que dirigirse a otros lugares, como viene sucediendo. No podemos ponernos en contra de algo que es beneficioso para todos noso-tros. Este nuevo hospital tiene equipos de ltima generacin, entonces tam-bin queremos mdicos buenos como los que el presidente regional piensa traer de Cuba, indic Olinda Cabe-llos, tcnica en enfermera.

    Por otro lado, estn las opiniones que expresan el desacuerdo de la ubicacin del nuevo hospital, ya que resultar costoso trasladarse hasta dicho lugar. El hospital est ubicado en la urbani-zacin Los Eucaliptos, en la zona de Mollepampa, a aproximadamente 15 a 20 minutos del centro de la ciudad. Es una zona muy alejada y muchas de las personas que trabajan en salud no ga-nan lo suficiente para poder pagarse los pasajes hasta all, en taxi todos los das, ya no saldr a cuenta, dijo otra tcnica en enfermera, Gladis Villatty, adems de cuestionar las obras inconclusas del acceso al hospital.

    Ante ello, el director del Hospital Regional de Salud, Armando Alfa-ro Bazn, inform a Voces que se ha venido gestionando con la Municipa-lidad Provincial de Cajamarca la pavi-mentacin de las principales calles que comunicarn al nuevo nosocomio. Es competencia de la municipalidad as-

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    Revista de Opinin y Anlisis

    faltar las calles para el acceso al nuevo hospital y realizar los trabajos de des-age para as empezar a trabajar, ha dicho.

    Paro de salud

    Por estos motivos, el personal de salud realiz un paro el da 7 de sep-tiembre, exigiendo la nivelacin de sus incentivos laborales para poder trasladarse a la zona del nuevo hos-pital. Demanda que an no tiene respuesta de parte de las autoridades encargadas.

    Pedro Pablo Vigo Limay, trabajador administrativo del Hospital Regional y ex candidato a la alcalda por Ca-jamarca, seala que traer mdicos cubanos es un insulto al profesio-nal peruano. El mdico peruano es muy competitivo no solamente en el Per sino en el extranjero y est muy bien capacitado para desempearse en cualquier parte del mundo, dijo. Tambin mencion que mantener el nuevo hospital ser muy caro y que una consulta mdica costara un pro-medio de 20 soles, en comparacin a los que cuesta en el antiguo hospital que slo es de 5 soles. Ciertamente el precio de la consulta lo determinan las autoridades del sector a travs de una resolucin mientras que es el Go-bierno Regional quien tiene las facul-tades para la contratacin de perso-nal calificado.

    17OPININ

    Revista de Opinin y Anlisis

    Internet, la red social y twitter

    El da 31 de julio, en La Re-pblica, se public un art-culo de Mario Vargas Llosa titulado Ms informacin, menos conocimiento. Fue una reflexin sobre el uso del internet y el des-uso de la lectura de libros. Claro est, el internet nos trae benefi-cios indiscutibles y don Mario pre-gunta: Quin podra negar que es un avance casi milagroso que, ahora, en pocos segundos, hacien-do un pequeo clic con el ratn, un internauta recibe una informa-cin que hace pocos aos le exiga semanas o meses de consultas en bibliotecas y a especialistas? Este es el aspecto positivo del internet, y de otros medios contempor-neos de comunicacin.

    Lamentablemente, hay lo nega-tivo. Se deja de lado el uso activo del cerebro. Para qu mantener fresca y activa la memoria si toda ella est almacenada en algo que se ha llamado la mejor y ms grande biblioteca del mundo? Sin embargo, parece que est comprobado que el picotear en la computadora para extraer infor-macin va destruyendo la capaci-dad del cerebro de concentrarse, de pensar y de construir estruc-turas estables de conocimientos. Entonces, sucede con el cerebro lo que pasa con los msculos cuando no los usamos. Se atrofia. Venimos a depender ms y ms de una ayuda externa, sea para movilizarnos fsicamente o para

    pensar; y, cuanto ms inteligen-te sea nuestro ordenador (com-putadora), ms tontos seremos. Cabe notar que la falta de lectura no es slo un problema peruano: durante los disturbios en Lon-dres hace un mes, los saqueado-res asaltaron tiendas de artefactos elctricos y de ropa, pero no toca-ron las libreras.

    Detrs de todo esto hay la idea de que la lectura es slo para ex-traer informacin. No se lee por el placer de hacerlo o para enrique-cerse intelectual y culturalmente. Como sucede con la alimentacin fsica; para mucha gente, la nica importancia de la comida es que sirve de combustible. Entonces, lo ms prctico es la comida de chatarra, servida en platos descar-tables, que se puede consumir ca-minando por la calle y conversan-do por celular Cun diferente es gozar de una buena comida, servi-da en porcelana, en un ambiente apacible y civilizado para sostener una conversacin interesante e in-tercambio de ideas!

    He hecho una referencia a los disturbios en Londres y stos han revelado otro aspecto negativo de la red social y twitter. Ellos sirvie-ron para propagar noticias velo-ces de las revueltas y para animar a que las hagan en otros lugares. La maldad se extendi literal-mente como un incendio incon-trolable.

    A OJO DE PJARO

    MIGUEL GARNETT

    El nuevo Hospital Regional de Cajamarca contar con ser-vicios de consultora externa, emergencias, laboratorio clnico y emergencias, medicina fsica y rehabilitacin, centro obsttrico y quirrgico. Tendr las especialida-des de ginecologa pediatra, obs-tetricia, odontologa, dermatolo-ga, entre otras. Contar con 185 camas, 5 salas quirrgicas, 5 salas de partos y 48 consultorios.

    Sabe que

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    Revista de Opinin y Anlisis

    LECTURAS RECOMENDADAS

    En estos tiempos, Latinoam-rica se caracteriza por la gran cantidad de protestas sociales, que se dan, en los diversos pases que la conforman. Desde Mxico hasta Chile, ecologistas, defensores de de-rechos humanos, feministas, etctera, han realizado acciones de protesta utilizando las ms variadas formas como los cacerolazos, la caminata o la movilizacin. La respuesta estatal ha sido la criminalizacin, afectando de esta manera la libertad de expresin, valor fundamental en sociedades que se precian de ser democrticas y, en varios casos, la estigmatizacin de quienes lideran las mismas, de parte de los medios de comunicacin hege-mnicos.

    Esta es la trama argumental que articula el conjunto de artculos es-critos por profesionales dedicados a la comunicacin social en 17 pases latinoamericanos, reunidos en el tex-to Vamos a portarnos mal, Protes-ta social y libertad de expresin en Amrica Latina, editado por Eleono-ra Rabinovich, Ana Magrini y Omar Rincn y publicado por el Centro de Competencia en Comunicacin para Amrica Latina Frierich Ebert Sti-tung.

    Protesta social y libertad de expresin

    LEONIDAS RAMOS

    Uno de los artculos Mucha protes-ta, pocos cambios escrito por Javier Torres Seoane, director de Noticias SER, versa sobre las dinmicas de la protesta en el Per. Segn plantea el autor, los ms importantes movimien-tos sociales en los ltimos aos han sido el indgena amaznico, el de las poblaciones afectadas por la minera y los proyectos energticos, y el mo-vimiento cocalero. Frente a stos, To-rres sostiene que los grandes medios de comunicacin han respondido con campaas de demolicin mediante las cuales se han estigmatizado estas formas de accin social, mientras que el gobierno principalmente en la se-gunda gestin de Alan Garca tom represalias contra las las organizacio-nes que apoyaron a los movilizados, adems de cerrar medios de comuni-cacin local que informaron sobre las protestas, asimismo intent expulsar del pas a misioneros extranjeros afi-nes a las poblaciones afectadas, todo ello como parte del discurso conocido como El perro del hortelano.

    Vamos a portarnos malProtesta Social y libertad de expresin en Amrica Latina.Friedeich Ebert Stiftung Bogot, 2011. 344 pp.

    La ONPE ha publicado un va-lioso estudio sobre los con-flictos electorales registrados en el mbito local en el 2006. El primer captulo define este tipo de conflicto; el siguiente es un anlisis cuantitativo que intenta descubrir asociaciones estadsticas de este fenmeno con algunas variables es-tructurales y asimismo plantea sus posibles causas, mientras que el ter-cer captulo revisa cinco casos en los que se realiza un anlisis causal del fenmeno desde una perspecti-va cualitativa.

    En cuanto a Cajamarca, esta es la regin que ms conflictos elec-torales registra con un nmero de 30 durante el 2006. Uno de estos casos, analizado en el libro se de-sarroll en el distrito de Namora, donde varios partidos y sus militan-tes violentaron los centros de vota-cin y quemaron material electoral en protesta por la posible eleccin del candidato por Accin Popular, Jos Briones Dvila.

    Conflictos electorales

    Conflictos electorales en el mbito local Estudio de las acciones violentas y elaboracin de un mapa nacional.ONPE. Lima 2010.136 pp.

  • Lunes a Viernesde 9:00 a 10:00pm

    ConduccnPedro Snchez Legras

    CAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCA

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